JURISPRUDENCIA

 

 

 

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  En la ciudad de Buenos Aires, el 01 de Febrero del 2018, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación. Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora, la codemandada Pirelli Neumáticos SAIC, y Gestión Laboral S.A. en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivos escritos de expresión de agravios (ver fs. 486/487; 490/492 y fs. 493/495). A su vez, el perito contador cuestionó la regulación de honorarios profesionales efectuada en su favor, por baja (ver fs. 488). La representación letrada de la parte actora, por su propio derecho, criticó la regulación de honorarios efectuada en su favor, por reducida (ver fs. 492). La codemandada Gestión Laboral S.A. se queja porque considera elevados los honorarios regulados en favor de la representación letrada de la parte actora y los del perito contador, por elevados (ver fs. 496 pto. IV).

Al fundamentar el recurso, la codemandada Pirelli Argentina SAIC se agravia porque la a quo la consideró empleadora del accionante y la condenó en los términos del art. 29 LCT; porque la sentenciante “le quitó” efecto extintivo al acuerdo celebrado en los términos del art. 241 LCT y porque, según dice, se omitió considerar el medio utilizado para concretar la desvinculación en el contexto de la norma citada (la escritura pública). También cuestiona “el monto por el que prospera la acción”; porque si bien desestimó la “multa del art. 80 LCT” y las horas extra, estos conceptos fueron incluídos en la liquidación practicada por el perito contador y fueron diferidos a condena. A su vez, critica el modo en que fueron impuestas las costas del proceso.

La parte actora se agravia porque la Sra. Juez de la anterior instancia no consideró nulo el acuerdo liberatorio celebrado entre el actor y la demandada; porque rechazó la indemnización del art. 80 LCT y porque, según dice, se omitió condenar solidariamente a las codemandadas a hacer entrega del certificado previsto en la norma referida.

La codemandada Gestión Laboral S.A. se agravia porque la Sra. Juez a quo la consideró solidariamente responsable junto con las restantes coaccionadas y, en base a ello, la condenó a abonar las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 LCT. También se queja porque se viabilizó el reclamo efectuado con fundamento en los arts. 1º y 2º de la ley 25.323 y por la base de cálculo que tuvo en cuenta la judicante a fin de determinar los rubros de condena. A su vez, critica la tasa de interés aplicada por la judicante.

Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan que se modifique, en tales aspectos, la sentencia recurrida, con costas.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios en el orden que se expondrá.

La parte actora se agravia porque la Sra. Juez de la anterior instancia no consideró nulo el acuerdo liberatorio celebrado entre el actor y la demandada.

En primer lugar, corresponde señalar que el acuerdo celebrado por ambas partes en los términos establecidos en el art. 241 LCT, contrariamente a lo sostenido en la sentencia de grado anterior, no requiere homologación alguna conforme lo dispone el art. 15 LCT.

En el caso, conforme surge de la escritura pública adjuntada por la codemandada Pirelli Neumáticos S.A. (ver fs. 81/82), con fecha 27/3/2012, ambas partes (el accionante y la mencionada codemandada) celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral en los términos establecidos en el art. 241 LCT a través del cual se pactó el pago de una suma en concepto de bonificación extraordinaria de $ 23.372,61.- en favor del Sr. Maurente, que se hizo efectiva mediante transferencia bancaria.

La Sra. Juez de la anterior instancia sólo le otorgó eficacia al acuerdo celebrado entre el actor y la accionada el día 27/3/12 “como acto extintivo” (tal como se desprende de lo explicado a fs. 483 de la sentencia) fecha ésta que, por otra parte, también fue considerada por el actor en el inicio como de extinción del vínculo (ver fs.5). Sin embargo, sólo consideró a la suma allí pactada como “pago a cuenta” y condenó a las demandadas al pago de las indemnizaciones reclamadas en la liquidación de fs. 9 (con excepción de las horas extra, incidencia del SAC e indemnización del art. 80 LCT, rubros éstos cuya desestimación causó agravio de la parte actora que serán abordados más adelante). Tal como se desprende de lo dispuesto en el fallo de grado, la judicante consideró que el acuerdo en cuestión “carecía de efecto liberatorio” y que no implicó la renuncia del demandante a reclamar lo que por derecho le correspondía (cfr. art. 12 LCT).

En tal contexto, el segmento recursivo del accionante carece de todo sustento pues no se advierte explicado cuál sería el perjuicio que, en definitiva, le ocasiona el resultado del fallo, en este punto (cfr. art. 116 LO), por lo que propicio desestimar el segmento recursivo; ello sin perjuicio de lo que he de explicar a continuación al tratar los agravios de las codemandadas.

El planteo recursivo de las codemandadas Pirelli Neumáticos S.A. y Gestión Profesional dirigidos a cuestionar la conclusión de la a quo que, a pesar de no haber considerado nulo el acuerdo celebrado entre ambas partes, desconoció que haya tenido carácter extintivo, a mi juicio, debe tener favorable acogida.

En el caso, las apelantes sostienen que la sentencia resulta incongruente pues, si bien por un lado considera que el acuerdo no resultó nulo por no haber mediado vicios en el consentimiento del actor, luego terminó por “quitarle” efecto extintivo por no haber sido realizado ante autoridad administrativa o judicial.

Como reiteradamente he sostenido en diversos pronunciamientos anteriores que, evidentemente, fueron considerados por la Sra. Juez a quo, ya que a fs. 482/483 transcribió textualmente mi opinión sobre el tema, “No encuentro que la propuesta extintiva de la empleadora, efectuada en la forma que describe el accionante, constituya en modo alguno el ejercicio de una fuerza irresistible, ni de la intimidación a que hacen referencia los arts. 936, 937 del Código Civil y subs. y actualmente arts. 276 y 277 y subs. del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como para que pueda considerarse que aceptó suscribir el acuerdo sin intención, discernimiento o libertad (arg. art. 897 Código Civil y actualmente art. 260 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación). En doctrina se distingue la libertad "de contratar" o de concluir el convenio, de la libertad de configuración del contenido del contrato o "contractual". La primera supone la facultad de contratar o de no hacerlo y, en su caso, de elegir con quién; mientras que la libertad para determinar el contenido, consiste en la posibilidad de las partes de "crear" las normas a las que ha de estar sujeto el acuerdo. Como es sabido la restricción a la libertad de configuración del contenido que dimana de normas imperativas o de ciertas relaciones especiales (vgr.: en materia de contratos de trabajo, de locaciones en ciertas épocas, de contratos de transporte y de contratos de adhesión en general), no afecta a la denominada libertad de contratar ni el esquema básico de formación del consentimiento contractual (Conf. Alterini, Atilio A. "Formas modernas de contratar" en L.L.Nro.199, 10-10-80, pág.1/3; conf. Lehmann, Spiess, Ennerceus-Nipperdey, Staudinger y Betti, citados por Ignacia Moyano en "Las relaciones contractuales fácticas" en J.A. 1961- IV, Sec. Doctrina, pág.29 y subs. donde, además de la opinión de estos autores, se reseñan interesantes casos jurisprudenciales). Con ello he querido decir que las restricciones que haya tenido el actor para determinar el contenido del acuerdo y, acaso, la imposibilidad de modificar los términos de la instrumentación, no implican en absoluto que haya estado viciado su consentimiento, mientras no se haya afectado -y así surge de su propio relato- la libertad de adherir o no a la propuesta. Aún cuando se haya tratado de una renuncia "negociada", ello no invalida ese acto extintivo, si no se demuestra que medió un vicio en la voluntad del renunciante; y ya se ha dicho que en estos autos no hay elemento que conduzca a admitir que la actora haya decidido firmar el acuerdo sin plena intención, discernimiento o libertad, ni “bajo presión” (como adujo a fs. 5). La posibilidad de aceptar una suma de dinero con motivo de una rescisión por mutuo acuerdo no implica, sin más, que se trate de un acto encubierto que provenga de la volASuntad unilateral del empleador; pues bien pudo tratarse de una ruptura pactada de ese modo por mutua conveniencia. Trabajador y empleador pueden estar de acuerdo en poner fin a una relación laboral, sin el pago de suma de dinero alguna (arg. art. 241 LCT) o bien mediante un pago dinerario, lo cual dista mucho de ser un despido injustificado (que presupone la sola voluntad patronal); y siempre, claro está, que no se demuestre que la voluntad del trabajador para celebrar el acuerdo haya estado afectada por maniobra fraudulenta o vicio alguno -lo cual, como se vio, no se da en esta causa-“ (cfr. S.D. Nº95.142 del 07/08/07, in re: "Teich, Alejandra Ileana c/De la Torre, Carlota María s/Despido" y “Pavlou M. c/ Asociaciòn Mutual Círculo de Suboficiales del Ejèrcito s/ despido”; S.D. Nº 95.948, del 25/7/08, del registro de esta Sala).

Por lo demás, cabe destacar que la extinción se concretó a través de uno de los medios que prevé el art. 241 LCT (escritura pública), que no hay evidencia alguna de que se tratara de un despido “encubierto” y que el referido acto extintivo no afecta el principio de “irrenunciabilidad” ni requiere homologación administrativa ni judicial.

En efecto, si la propia ley contempla la posibilidad de que el vínculo se extinga por mutuo acuerdo (cfr. art. 241 LCT) y no existe por tanto, un despido incausado, no puede considerarse que el actor haya renunciado a ningún crédito indemnizatorio que se hubiera devengado en su favor con anterioridad al acuerdo de extinción. Por lo demás, el art. 241 LCT no exige, en modo alguno homologación administrativa, ni judicial, lo cual sólo está previsto con respecto a los “acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios” a los que se refiere el art. 15 LCT (cfr. “Iribarne, J. A. c/ Mercedes Benz Argentina S.A. s/despido”; S.D. nº 104.008, del 18/12/14 y “Bastos F. c/ Compañía Argentina de Markerting S.A. S/ despido, S.D. Nª 110.474, del 16/5/17 del registro de esta Sala).

En consecuencia, al haberse extinguido el vínculo por voluntad concurrente de las partes (cfr. art. 241 LCT), no hubo despido ni proceden por lo tanto las indemnizaciones e incrementos que la Sra. Juez admitió (“indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, SAC s/preaviso, SAC s/ integración del mes de despido, multa del art. 1 ley 25.323 y multa del art. 2º ley 25.323” sic, según de la liquidación efectuada a fs. 9). Por ello, propicio acoger el agravio de las codemandadas y revocar el decisorio recurrido en cuanto condenó a las demandadas al pago de los rubros mencionados y rechazar la pretensión por dichos conceptos (cfr. art. M (art. 499 del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sra. Juez de grado también condenó a las demandadas al pago de las sumas en concepto de “vacaciones proporcionales al despido” y “sac s/vacaciones proporcionales al despido”, por un total de $ 1.507,57.- ($ 1.391,60 + $ 115,97.-), rubros éstos cuya admisión no fue objeto de agravio alguno por parte de las codemandadas (cfr. art. 116 LO), por lo que arriban firmes y consentidos y deben ser diferidos a condena.

El agravio de la codemandada Gestión Profesional S.A. que gira en torno a cuestionar la remuneración que tuvo en cuenta la a quo, no cumple, en modo alguno, los recaudos de admisibilidad previstos en el art. 116 LO en la medida que sólo señala que el importe establecido por la judicante resultó “arbitrario” sin explicar las razones por las cuáles así lo sería o acaso en cuál desacierto habría incurrido al determinar el sueldo mensual del actor. Por otra parte, tampoco especifica cuál debió haber sido, a su criterio, la remuneración mensual que debió haber considerado la judicante, por lo que propicio desestimar el agravio de la parte demandada apelante y mantener lo decidido en la instancia a quo en el punto.

Se queja la parte actora porque la Sra. Juez de la anterior instancia no hizo lugar al reclamo por horas extra adeudadas.

Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que el actor señaló en el escrito inicial que trabajaba en favor de las demandadas “alrededor de 2 horas por encima de la jornada pactada, las cuales le eran debidas por el período no prescripto al 100%” (ver fs. 7 vta.) Agregó que trabajaba 2 horas semanales en exceso al 100%, los días sábados después de las 13 horas.

Las demandadas negaron la jornada de trabajo invocada (ver fs. 51, 94 vta. y fs.114 vta.), por lo que a cargo del demandante se encontraba acreditar la jornada laboral invocada en el inicio.

El testigo Milocco (fs. 412) describe una jornada de trabajo diferente a la invocada en la demanda pues, si bien el actor afirmó que trabajaba con una rotación de “4x3” es decir 4 días trabajaba y tres días eran franco, con una jornada de 6 a 18 horas, los días que trabajaba, lo cierto es que el deponente al comienzo de la declaración señaló que, dicha jornada, era cumplida “cuando pasaron a Gestión” y que cuando “estaban en Pertenecer era 6 x 1” , con turnos rotativos de 8 horas. Como se observa la jornada que señala el testigo no concuerda en absoluto con la invocada en la demanda, por lo que no puede aportar evidencia objetiva acerca de la jornada laboral que efectivamente cumplía el demandante.

Finalmente, el testigo Rodríguez (fs.200) tampoco describe una jornada como la invocada en el escrito inicio, en la medida que afirmó que podían trabajar de 6 a 18 horas o de 18 horas a 6, circunstancia ésta que no fue especificada en la demanda cuando, recordemos, que afirmó que “los días que prestaba tareas, lo hacía en el horario de 6 a 18 horas” (sic, ver fs. 4 vta.). Por otra parte, el dicente afirmó haber trabajado sólo 6 meses en el mismo sector del actor, por lo que, esta circunstancia, sumada a la discordancia antes descripta, le restan toda eficacia probatoria a su declaración (cfr. art. 90 L.O)

Al tratarse de una condición extraordinaria de labor (la que supone la prestación en tiempo suplementario), no basta con saber a qué hora ingresaba el trabajador y a qué hora se iba sino que es menester que éste demuestre acabadamente cuánto tiempo estuvo a disposición de su empleador en cada día y durante cada semana porque sólo este tiempo es computable a los fines de establecer su jornada de labor (conf.CNAT, Sala II, 18-4-02, S.D.Nº90.368, “Castro Cecilia G.c/ Arte y Moda SA”). En el caso, no está evidenciado que el actor haya puesto su capacidad de trabajo a disposición de la empleadora más allá de los límites que emanan de la ley 11.544 y de su decreto reglamentario, por lo que concluyo que no está acreditada la realización de las horas extras por las que reclama. Por ello, propicio desestimar el segmento recursivo de la parte actora y mantener lo decidido en la instancia a quo en cuanto desestimó el reclamo por horas extra adeudadas (cfr. art. 499 del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Se queja la parte actora porque la judicante no hizo lugar a la indemnización establecida en el art. 80 LCT.

Tal como fue precisado en el escrito de inicio (ver fs. 7vta.) el actor requirió en la audiencia celebrada en la instancia administrativa, la entrega del certificado del art. 80 LCT (ver fs.2). Al respecto, cabe señalar que el reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art.80 de la LCT debe considerarse razonablemente constitutivo de la intimación que prevé la norma citada. Habida cuenta de la gestión conciliatoria que se llevó a cabo en ese organismo, estimo prudencial considerar que la intimación referida a la entrega del certificado, en un caso como el de autos, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 25/3/2014 (ver fs.2). Indudablemente, el actora cumplió con los recaudos previstos en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 -ésta última norma modificatoria del art. 80 de la LCT- porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que la empleadora haya hecho entrega de la certificación respectiva, la trabajadora intimó en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, conforme la modificación que introdujo esta norma el art. 45 de la ley 25.345, sin que la requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. En consecuencia, propicio, acoger el segmento recursivo de la parte actora y modificar en este punto el decisorio recurrido.

Se agravian las codemandadas Pirelli Neumáticos S.A. y Gestión Laboral S.A. porque la sentenciante decidió condenarlas en forma solidaria.

Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que el actor señaló en el escrito inicial que ingresó a trabajar para la codemandada Pirelli Neumáticos S.A., el día 10/7/05, contratado a través de la coaccionada Pertenecer S.R.L quien lo destinó desde un comienzo a prestar servicios en forma exclusiva y excluyente para Pirelli, en el establecimiento ubicado en la calle Cervantes 1901, Merlo, Pcia. de Buenos Aires. Destacó que allí cumplió tareas como operario de producción, con un salario de $3.700 y de acuerdo a la jornada laboral que describe. Indicó que, con fecha 19-5-07, fue contratado por la codemandada Gestión Profesional S.A. sin respetar la antigüedad ganada en Pertenecer SRL para seguir prestando las mismas tareas en Pirelli S.A. Agregó que, posteriormente, Pirelli lo incorporó como empleado propio pero lo registró con una falsa fecha de ingreso, primero el 1/7/08 y luego el 19/5/07. Afirmó que PIRELLI S.A. siempre revistió el verdadero carácter de empleadora y que, realidad, existió un fraude en la contratación ya que no existió motivo alguno para la contratación por parte de Pertenecer S.A. y Gestión Profesional S.A., por lo que solicitó que se las condene en forma solidaria. Señaló, asimismo, que la codemandada Pirelli S.A. conocía el vicio registral por lo que lo que decidió poner fin a la relación laboral mediante la figura de la desvinculación por mutuo acuerdo del art. 241LCT y encubrió así la figura de despido directo.

La codemandada Gestión Profesional S.A. (ver fs. fs.50/55) reconoció la relación laboral y también que con el objeto de brindar servicios de mantenimiento y limpieza a la firma Pirelli S.A. le dio ingreso al actor con fecha 19/5/07. Indicó que el día 30/6/08 el actor les remitió telegrama de renuncia.

La codemandada Pirelli Neumáticos S.A. (ver fs. 94/101), reconoció que en el año 2008 contrató los servicios de Pertenecer SRL a los fines de la provisión del servicio de limpieza, motivo por el cual el actor se desempeñó en su establecimiento desde el 19/5/07 hasta el 30/6/08. Indicó que, posteriormente, con fecha 1/7/08, el accionante se incorporó a la plantilla de Pirelli S.A, sin perjuicio de lo cual se le reconoció al accionante la antigüedad que tenía en Gestión Profesional.

La codemandada Pertencer SRL (ver fs.114/118), en el responde, reconoció la relación laboral invocada por la parte actora y que, en tal contexto, el demandante limpiaba en diversos predios o establecimientos ocupados por empresas a los que era destinado.

La Sra. Juez de la anterior instancia, luego de analizar la prueba testimonial rendida en la causa, a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. art. 90 LO), concluyó que “de acuerdo con la directiva que emana del art. 29 de la LCT, es indudable que, tanto las intermediarias Pertenecer SRL y Gestión Profesional como la empresa usuaria PIRELLI NEUMATICOS S.A. SA resultan responsables solidariamente de las obligaciones emergentes del vínculo establecido con el accionante.

El testigo Rodríguez (fs. 200) dijo conocer al actor desde julio de 2005, cuando aquél ingresó a trabajar para la codemandada Pirelli. Indicó que Pertencer fue la primer empresa que trabajó para Pirello y que a través de ella trabajó el actor. Precisó que veía trabajar al actor y que para trabajar allì había que renunciar a una agencia para pasar a otra agencia para seguir trabajando en Pirelli. Explicó que Pertenecer SRL y Gestión Profesional S.A. eran contratadas por PIRELLI y así se proporcionaba personal para trabajar en la fábrica. Señaló que mientras el actor estuvo contratado por Pertencer SRL y por Gestiòn Profesional S.A. concurría el supervisor de cada agencia y le entregaba el recibo de sueldo. Afirmó que las órdenes de trabajo al actor se las daba el supervisor de compuesto que trabajaba para Pirelli S.A.

El testigo Milocco (fs. 412) dijo conocer a la demandada Pirelli SA. porque trabajó allí desde junio de 2006 y que ingresó a dicha empresa a través de Pertenecer SRL y que luego fue contratado por Gestión Profesional. Explicó que, cuando ingresó en Pirelli el actor ya estaba trabajando y que, en mayo de 2007 pasó de trabajar para Pertenecer para hacerlo en favor de Gestión Profesional. Destacó que tuvo que renunciar a Pertenecer para poder ser contratado por Gestión Profesional y que, tanto el actor como el deponente, lo hicieron en forma contemporánea. Aclaró que las órdenes para prestar tareas se las daba el supervisor llamado Bustamante que trabajaba para Pirelli. Precisó que les armaban un grilla con la producción diaria y así les daban las órdenes de cada día. Manifestó que, cuando el deponente dejó de trabajar para Pirelli, el accionante continuó trabajando allí, en la empresa de Pirelli.

No encuentro razón para descalificar los testimonios de Rodríguez y Milocco porque sus manifestaciones resultan coherentes y objetivas y no denotan una intención o un interés personal de los testigos en perjudicar a las codemandadas. Nada prueba en autos que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia los codemandados que los indujera a declarar del modo en que lo hicieron. Ello me persuade que Rodríguez y Milocco no han declarado en esta causa con el deliberado ánimo de perjudicar a los codemandados sino, simplemente, diciendo la verdad.

Valorado los testimonios señalados, a la luz de la sana crítica (art. 386 CPCCN y art. 90 LO), entiendo que se encuentra acreditado que el actor trabajó con sujeción a las facultades de organización y dirección de la demandada Pirelli Neumáticos S.A. y en el establecimiento de ésta, aún cuando haya mediado la intermediación, efectuada por Pertenecer SRL y de Gestión Profesional S.A. Además, a la luz de la testimonial antes analizada, cabe concluir que el actor estuvo afectado al desempeño de servicios que forman parte de la actividad ordinaria y normal de Pirelli S.A. y no a una necesidad ocasional y transitoria.

En definitiva, los testimonios precedentemente reseñados acreditan que el actor trabajó dentro de un establecimiento utilizado por Pirelli S.A. para cubrir necesidades ordinarias con sujeción a la facultad de organización y de dirección de personal perteneciente a la sociedad demandada. La circunstancia de que haya prestado servicios dentro de un establecimiento utilizado por Pirelli S.A., aun para la posición doctrinaria más restrictiva respecto del alcance que corresponde otorgar a la presunción del art. 23 de la L.C.T., implica la prueba directa de la subordinación de los servicios pues, éstos, en definitiva, se llevaron a cabo en un ámbito sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección ajeno (conf. Justo López, “La presunción del contrato de trabajo. Art. 23 LCT” en L.T.XXIX, pág. 481).

De los elementos de juicio antes reseñados se desprende inequívocamente que la prestación del actor constituyó uno de los medios personales que Pirelli SA organiza y dirige en el marco de la actividad ordinaria y normal que se desarrolla dentro del establecimiento a su cargo (arg. art. 5 LCT).

En consecuencia, en el caso, no cabe sino concluir que la prestación del actor en favor de la mencionada accionada, tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf. art. 21, 23, 25 y 26 LCT).

En tales condiciones, es evidente que no se trató de una típica contratación efectuada a través de una agencia de colocación de personal, sino que quien era beneficiaria directa de los servicios, interpuso en la relación con el actor a ambas empresas intermediarias (Pertenecer SRL y Gestión Profesional S.A.), por lo que tal interposición constituyó una maniobra pergeñada en fraude a los derechos del trabajador, a la cual el art. 14 LCT declara sin valor alguno frente a los beneficios que emergen de las normas imperativas.

Aun cuando se considerara -por hipótesis- que no medió maniobra de interposición fraudulenta sino que existió una real intermediación de la empresa "proveedora" de servicios, estimo que es ineludible reconocer que Pirelli S.A. fue empleadora directa y que con Pertenecer SRL y Gestión Profesional S.A. son solidariamente responsables frente a las obligaciones contraídas con el accionante.

En efecto, el texto del art.29 y el art.29 bis de la LCT (modif.por ley 24.013), no autorizan en ningún caso a considerar a la usuaria de servicios prestados por trabajadores contratados por intermedio de terceros liberada de la responsabilidad que compete a un empleador (ni siquiera cuando se trate de servicios eventuales y la intermediaria hubiera sido una agencia autorizada), por lo que es indudable que, en un caso como el de autos, la usuaria se encuentra comprendida en la directiva general que emana de esas normas según las cuales debe ser considerada como “empleadora” directa de los servicios del accionante.

En consecuencia, el caso de autos se inscribe en las directivas que emanan de los párrafos 1ro. y 2do. del arts. 29 de la LCT, por lo que, a mi juicio las co-demandadas deben ser consideradas como integrantes de un sujeto “empleador” pluripersonal (art. 26 L.C.T.); afirmación esta última que sólo dejo expuesta como opinión personal ya que, seguidamente, he de fundar mi conclusión en el criterio mayoritario de esta Sala.

En orden a ello, creo necesario puntualizar que la mayoría de esta Sala integrada por la Dra. Graciela A. González y el Dr. Miguel Á. Maza, entiende que, aún cuando se tratara de una agencia autorizada a suministrar mano de obra a terceros, cuando no se prueba la eventualidad de los servicios, no cabe considerar a la intermediaria como “empleadora” sino como simple responsable solidaria por haber intermediado en forma fraudulenta-. De todos modos, independientemente de mi opinión personal en cuanto al rol que corresponde atribuir a la intermediaria, el criterio emergente del voto de la mayoría, también conduce a desestimar los agravios de las recurrentes. En efecto, de la doctrina que emana de la posición mayoritaria adoptada por la Dra. González y por el Dr. Maza al fallar en la causa “Vasquez, María L. C/ Telefónica de Argentina y Otro s/ dif. de salarios” (S.D. Nº 96061 del 25/9/08 del registro de esta Sala), a cuyas consideraciones me remito en mérito a la brevedad, se desprende claramente que, cuanto no está probada la eventualidad de los servicios, es indiscutible que la usuaria asumió el carácter de empleadora directa de éstos y que, tanto la intermediaria como la usuaria, resultan solidariamente responsables por las obligaciones derivadas del vínculo.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas propicio desestimar el recurso de las accionadas relacionado con la cuestión analizada y confirmar la sentencia recurrida en el punto.

Se agravia la parte actora porque la Sra. Juez de grado habría omitido condenar a las demandadas a hacer entrega del certificado del art. 80 LCT.

Considero que le asiste razón. En efecto, tal como se desprende de lo expuesto a fas. 12 del escrito inicial, la parte actora solicitó que se condene a las demandadas a hacer entrega del certificado de trabajo, sin que se avinieran a cumplir con tal requerimiento.

Cabe memorar que conforme lo establece el art. 80 LCT, la empleadora y las obligadas solidarias (como en el caso) están obligadas a entregar al trabajador un certificado de trabajo en el que deben constar: a) el tiempo de prestación del servicio, b) la categoría y tareas desempeñadas, c) las remuneraciones percibidas, d) los aportes y contribuciones efectuadas a los organismos de seguridad social y e) la calificación profesional obtenida en los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado (cfr. ley 24.576). Ahora bien, en el caso no cabe considerar cumplida la obligación en cuestión con el instrumento que la demandada Pirelli S.A. acompañó a fs. 89/93 (formulario PS.6.2), pues éste no se ajusta a los términos de la normativa aplicable, desde el momento que no refleja el cumplimiento de los requisitos precedentemente expuestos (carece de constancia de aportes previsionales y a la seguridad social). En consecuencia y dado que se acompañó a las presentes actuaciones un certificado incompleto, no cabe eximirla de la obligación en cuestión; por lo cual propicio que se haga lugar al agravio de la parte actora y se condene a las codemandadas, en forma solidaria, con arreglo a las circunstancias que se han tenido por acreditadas en esta causa-, a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, dentro del plazo de 5 días de notificada de la liquidación prevista por el art. 132 de la LO., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiere imponer la Sra. Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Código Civil).

Se queja la codemandada Gestión Profesional S.A. por la tasa de interés determinada en el fallo recurrido.

Considero que no le asiste razón. En efecto, cabe señalar que la tasa fijada por la sentenciante de grado, se estableció en virtud de las facultades que expresamente le otorgaba el art. 622 del Código Civil de Vélez Sarsfield y arts. 767 y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación; y, a la luz de la evolución de la situación económica, no resulta irrazonable.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, por Acta Nro. 2601 de fecha 21.5.2014 esta Cámara recomendó la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino para el plazo de 49 a 60 meses que utiliza el Banco Nación, desde que cada importe se haya hecho exigible hasta su efectivo pago; criterio éste que, con cierta variante, se mantuvo a través del Acta 2630/16 que debe aplicarse sólo hasta el 30-11-17 pues a partir del 1-12-17 deberá aplicarse la tasa prevista en el Acta Nº 2658/17. Por lo tanto, en el estricto marco en que fuera expresado el agravio, corresponde desestimar este aspecto de la queja y confirmar este aspecto de la sentencia apelada, con la salvedad antes efectuada.

De acuerdo al modo en que propuse resolver el agravio con relación a la indemnización del art. 80 LCT, corresponde establecer que las codemandadas deberán abonar al trabajador la suma de $ 14.910.- ($ 4.970.- x 3) en concepto de indemnización art. 80 LCT, con más la suma de $ 1.507,57.- en concepto de “vacaciones proporcionales al despido y SAC s/vacaciones proporcionales al despido” (determinados en primera instancia), todo lo cual arroja un total de $ 16.417,57.- al que debe reducirse el monto diferido a condena, con más los intereses establecidos en el fallo recurrido, con la aclaración de que, cesada la publicación de la tasa prevista en el Acta 2601/14, debe aplicarse la tasa que contempla el Acta Nº 2630/16 hasta el 30-11-17 y, a partir del 1-122017, deberán calcularse a la tasa establecida en el Acta 2658/17.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación; por lo que devienen cuestión abstracta los planteos efectuados al respecto.

En orden a ello, cabe señalar que, reiteradamente he sostenido que, en los supuestos en los que la demanda prospera parcialmente, aquéllas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN pues, aún cuando puede considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de su reclamo; por lo que no habría fundamento objetivo para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. esta Sala, sent. 72.160, del 26/10/93 in re Soria, Carlos D. C/ Butomi SRL). Desde tal perspectiva, y toda vez que no se advierten elementos que justifiquen apartarse de la directriz establecida en la norma mencionada y que la cuestión no debe ser analizada desde una perspectiva meramente aritmética, propongo que las costas de ambas instancias se impongan en el 80% a cargo de la actora y en el 20% restante a cargo de las codemandadas condenadas en forma solidaria (cfr. art. 71 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada, al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839 y art. 16 de la ley 27.423 y del art. 38 de la LO, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el …%; de la codemandada Gestión Profesional en el …%, de la codemandada Pirelli S.A. en el …%, de la codemandada Pertenecer SRL en el …% y de la perito contadora en el …% a calcularse sobre el capital reclamado (sin intereses), pues entiendo que dicho monto refleja el valor razonablemente involucrado en el litigio (cfr. CSJN, 31/10/06 “Romero S.A. s/ quiebra” R. 528.XXXVII).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de las codemandadas Pirelli S.A. y Gestión Profesional S.A. propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el …%, …% y …%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado y reducir el monto diferido a condena a la suma total de $ 16.417,57.- con más los intereses dispuestos en la sentencia de grado anterior, con la aclaración de que, cesada la publicación de la tasa prevista en el Acta 2601/14, debe aplicarse la tasa que contempla el Acta Nº 2630/16 hasta el 30-11-17 y de que, a partir del 1-12-2017, deberán calcularse a la tasa establecida en el Acta 2658/17; 2) Imponer las costas de ambas instancias en un 80% a cargo del actor y en un 20% a cargo de las codemandadas, en forma solidaria; 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el …%; de la codemandada Gestión Profesional en el …%, de la codemandada Pirelli S.A. en el …%, de la codemandada Pertenecer SRL en el …% y los de la perito contadora en el …% a calcularse sobre el capital reclamado sin intereses; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de las codemandadas Pirelli S.A. y Gestión Profesional S.A. en el …%, …% y …%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior; 5) Condenar a las codemandadas en forma solidaria a hacer entrega al actor del certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT dentro del plazo de 5 días de notificada de la liquidación prevista por el art. 132 de la LO., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiere imponer la Sra. Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el considerando respectivo. 6) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

 

  Correlaciones:

Ley 20744 - BO: 27/9/1974

Sobral, María Cristina c/Peugeot Citroën Argentina SA s/despido - Cám. Nac. Trab. - SALA X - 14/02/2017 - Cita digital IUSJU017107E

Mendoza, Ramón Alberto y otros c/Scania Argentina SA s/cobro de pesos - Cám. Trab. Tucumán - SALA IV - 21/04/2015 - Cita digital IUSJU004375E