Se viene una nueva Ley de Mercado de Capitales: cuáles serán los cambios en la CNV

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La Cámara de Diputados aprobará en los próximos días la nueva ley de financiamiento productivo (antes denominada mercado de capitales) en la que, entre otras cuestiones, elimina la facultad que desde 2013 tiene la Comisión Nacional de Valores (CNV) de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.

Será el último paso que dará el Congreso sobre este tema. La discusión parlamentaria comenzó en octubre del año pasado en la mencionada Cámara, que aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En marzo de este año, el Senado le introdujo algunas modificaciones, como la forma de designación del presidente de la CNV.

Según el texto aprobado en Diputados, el funcionario queda confirmado si la Cámara alta no se expide después de 60 días de elevado el nombre del candidato por parte del Gobierno. La modificación elimina ese acuerdo, adoptándose en cambio el texto del artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central.

El otro cambio alude a las excepciones al pago del impuesto a las Ganancias para operaciones de compraventa de acciones, debido a que este punto se contradecía con la ley de reforma tributaria ya aprobada, en la que sí se gravaban esas operaciones.

La iniciativa, que ya fue avalada en comisiones de la Cámara baja y será convalidada en el recinto, modifica las siguientes leyes e incorpora cambios a las siguientes regulaciones:

- Ley de Mercado de Capitales 26.831;

- Ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción;

- Ley 20.091 de Entidades de Seguros y su Control;

- Ley 24.083 de Fondos Comunes de Inversión y sus modificatorias;

- Ley 23.576 de Obligaciones Negociables y sus modificatorias;

- Ley 20.643 de Régimen de Desgravación Impositiva de Títulos Valores Privados y sus modificatorias en lo que refiere a Caja de Valores;

- Ley 27.264 de Programa de Recuperación Productiva y sus modificatorias en lo que refiere a la regulación del pagaré;

- Ley 25.246 y sus modificatorias en lo que refiere a las personas obligadas a brindar información a la Unidad de Información Financiera;

Además, incorpora regulaciones relativas a los instrumentos derivados y a la promoción de un programa de inclusión financiera.

 

El papel de la CNV

En cuanto a las potestades de la CNV, el texto busca eliminar algunas funciones que le fueron conferidas por la Ley 26.831. Esa norma, sancionada el 29 de noviembre de 2012, implicó un “rediseño” del “mercado”. 

Se concentraron en la CNV las mayores facultades y se trasladaron competencias que antes tenían las Bolsas a los Mercados de Valores. Todo ello invocándose la necesidad de una mayor transparencia y protección de los pequeños inversores y de los consumidores financieros”, señaló Eduardo M. Favier Dubois, colaborador de Erreius. 

Dicha ley le otorgó a la CNV facultades muy amplias para supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar tanto a los agentes autorizados como a las empresas cotizantes”, agregó el especialista.

Precisamente, uno de los objetivos de la iniciativa que está a punto de ser aprobada es modificar el artículo que actualmente otorga a la CNV la facultad de designar veedores con poder de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de las entidades emisoras, y separar a los órganos de administración por un plazo máximo de 180 días.

Por otro lado, se incorpora la facultad del organismo de instruir sumarios e imponer sanciones en los términos de la Ley de Mercado de Capitales y se elimina el inciso i del artículo 19 que le daba la potestad de declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean contrarios a la ley, a las reglamentaciones de la comisión, a los estatutos o a las disposiciones dictadas por entidades y aprobadas por la CNV.

Conforme el nuevo texto, cualquiera de dichas declaraciones deberá ser fundada y requerirá previamente una instrucción sumarial.

El texto también propone un aumento de las fuentes de financiamiento del organismo para optimizar su funcionamiento, incorporando los aranceles de autorización de la oferta pública de valores negociables y de registración de agentes, mercados, cámaras compensadoras y entidades de registro de derivados, y los provenientes de la prestación de otros servicios, los cuales deberán ser fijados por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas.

Pero el proyecto aclara que los recursos provenientes de las multas que imponga la CNV ya no serán considerados como fuente de financiamiento y deberán ser transferidos al Tesoro Nacional. 

De esta manera, se tiende a evitar un posible conflicto de intereses entre las potestades sancionatorias de la comisión y sus propios recursos.

El nuevo texto también modifica el artículo 82, que refiere a los objetos y sujetos de la oferta pública, otorgando a la CNV la facultad de dictar normas que establezcan bajo qué supuestos se considerará que una oferta de valores negociables no constituye una oferta pública, sino privada (private placement), para lo cual podrá tomar en consideración medios y mecanismos de difusión, ofrecimiento y distribución, y el número y tipo de inversores a los cuales se destina la oferta.

En el marco de las funciones de contralor de la CNV sobre los auditores externos de todas las entidades sometidas a su regulación, se incorporan nuevas facultades, entre las que se destacan:

1) la implementación de un registro en donde se encuentren inscriptos tales agentes;

2) la organización de un sistema de supervisión de las auditorías externas, en el que la CNV estará facultada para requerir información, realizar inspecciones y solicitar aclaraciones;

3) la imposición de sanciones, las que podrán consistir en apercibimientos (con o sin publicación en el Boletín Oficial), multas, inhabilitación de hasta 5 años para ejercer sus funciones, entre otras.

Por otro lado, se revierte la modificación introducida por la ley del 2012 y estable la competencia del fuero federal comercial para la revisión de resoluciones o sanciones impuestas por la CNV en lugar del contencioso-administrativo.

Asimismo, amplía el plazo para interponer y fundar los recursos directos interpuestos contra la comisión, de cinco a diez días hábiles desde la notificación del acto recurrido.

Y prevé la concesión con efecto suspensivo del recurso contra la imposición de multas, mientras que la actual normativa concede este tipo de recursos, en todos los casos, con efecto devolutivo.