El proyecto sobre despenalización del aborto sufriría cambios para poder avanzar en Diputados

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Esta semana, durante el último plenario de las comisiones de Salud, Legislación General, Familia y Mujer, y Legislación Penal,  se emitirán los dictámenes para que la iniciativa sea tratada en el recinto a partir del próximo miércoles 13 de junio.

Para conseguir las adhesiones que faltan para lograr el dictamen favorable mayoritario y ser aprobado en el recinto, el proyecto impulsado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito podría sufrir algunos cambios.

Entre ellos, se analizaría la posibilidad de introducir la objeción de conciencia para los profesionales de la medicina que se amparen en sus creencias religiosas y modificar algunas situaciones contempladas cuando se trate de pacientes menores de edad, en especial, en aquellos casos en los que estén involucradas menores de 13 años.

Debido a la cantidad de oradores que pueden llegar a anotarse para brindar sus argumentos en el plenario, es posible que la sesión se divida en dos partes. Comenzaría el miércoles 13 y luego de una cantidad de horas y un número de expositores a determinar se llamaría a un cuarto intermedio para continuar con su análisis el día posterior.

Habría aproximadamente 200 legisladores interesados en exponer, sobre un total de 257. 

El total de integrantes que hay en esas comisiones es de 102 diputados, de los cuales 79 integran sólo una comisión, y 23 se repiten en más de una. En este último caso, cada legislador firmará dictamen por cada comisión que integre.

La suma total de las cuatro comisiones es la que determinará, finalmente, qué dictamen gana la compulsa y se trata en primer término en el recinto. 

El proyecto indica que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos:

1. Si fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente.

2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano.

3. Si existieren malformaciones fetales graves.

La iniciativa permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional e indica que esa práctica podrá realizarse en cualquiera de los servicios del sistema de salud (hospital público, obras sociales y prepagas), en un plazo máximo de 5 días desde que la gestante lo requiera, y no necesitará autorización judicial previa.

Por otro lado, destaca que “antes de realizarse esta intervención, la mujer deberá firmar una planilla en la que brinde su consentimiento informado (en el que declara conocer las consecuencias y los riesgos de la práctica a la que se someterá)”.

El proyecto realiza una distinción entre las pacientes menores de edad, mujeres con capacidades restringidas o declaradas incapaces judicialmente, y señala lo siguiente:

- En el caso de las adolescentes, entre los 13 y los 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir y prestar el consentimiento para que se les efectúe esta práctica.

- En las mayores de 16 años, se considerará que tienen plena capacidad para ejercer los derechos que otorgaría la ley.

- Si la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) debe practicarse en una menor de 13 años, se requerirá su consentimiento y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o de un representante legal. Este punto también podría ser revisado para poder avanzar en el tratamiento.

- Si se tratase de una persona con capacidad restringida y si su incapacidad no tiene relación con el ejercicio del derecho al aborto, podrá prestar su consentimiento informado y requerir, si lo desea, la asistencia del sistema de apoyos (anteriormente, denominados “curadores”) previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

- Si es una persona declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, ante la falta o ausencia de este, la de un allegado.

Quedan incluidas en esta ley las personas con capacidad de gestar de acuerdo con lo normado en la ley de identidad de género.

 

Situación actual

El Código Penal vigente despenaliza el aborto cuando se trata de un caso de embarazo producto de una violación o de un atentado al pudor de una mujer demente o idiota, o cuando corren peligro la vida y la salud de la mujer.

No obstante, en 2012, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, en el caso “F. A. L”, que trataba de una adolescente que había quedado embarazada luego de ser abusada por su padrastro, en el que sostiene:

a. Que el caso previsto en el artículo 86, inciso 2), debe interpretarse como comprendiendo toda violación, ya sea que se trate de una mujer idiota o demente o de cualquier mujer.

b. Que no hace falta autorización judicial para la realización del aborto en tal caso.

c. Que no se necesita ningún tipo de prueba de la violación; basta una mera declaración jurada.

d. Que deben dictarse protocolos para la realización de estos abortos no punibles en todo el país, que contemplen la objeción de conciencia de los profesionales, pero que obliguen a todas las instituciones de salud a dar cumplimiento a estos supuestos.

 

Repercusiones

La especialista Lily Flah, colaboradora de la Editorial Erreius, consideró que “el acceso al aborto seguro forma parte de las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer decisiones sobre su propia fecundidad, libres de violencia o imposiciones”.

En tanto, Jorge Berbere Delgado, profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho (UBA) y director de la revista Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, explica que el proyecto establece los dos aspectos más importantes que deben ser tomados en cuenta: plazo y condiciones para establecer su procedencia.

De acuerdo con el experto, la propuesta normativa dispone la despenalización abortiva hasta la semana 14, lo que considera que podría tratarse de un plazo muy largo para poder decidir si abortar o no. 

Y considera que el proyecto debe ser más claro en cuanto a ciertas definiciones, como por ejemplo, cuando habilita a practicar un aborto para los casos de “malformaciones graves”. 

Asimismo, finaliza al explicar que para que la mujer pueda brindar el consentimiento informado, debe saber sobre los riesgos de esa práctica y, además, si tiene otras alternativas para no sufrir consecuencias traumáticas.