Aumenta la tasa de interés para los juicios laborales de la Capital Federal

Imagen del articulo

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo informó que la tasa activa efectiva anual vencida -conforme al acta nº 2658- publicada por el Banco Nación es del 38,48% desde el pasado 8 de mayo.

Esto implicará un incremento en el monto de las sentencias dictadas por los tribunales laborales nacionales. También indicó que desde 1 de diciembre del 2017 hasta 04 de ese mes el interés aplicable fue del 29,32%, mientras que desde el 5 de diciembre hasta 07 de mayo fue del 30,60%.

Cada jurisdicción determina la tasa de interés aplicable, por lo que hay provincias que -por ejemplo- aplican la activa del Banco Nación; y otras, la pasiva, ya sea de esa entidad o de bancos provinciales.

Esto provoca que se vayan presentando reclamos en los diferentes territorios que -de acuerdo con el caso concreto- anticipen una situación más favorable para el demandante.

Los abogados de empresas piden una única tasa de actualización en todo el país, ya que así se evitaría que el empleado elija la jurisdicción en donde va a demandar, porque aquella estipula un interés mayor.

Y ponen como ejemplo la situación que se da en aquellos casos en que los empleados buscan demandar (si la ley se lo permite) en los tribunales nacionales en lugar de los bonaerenses para obtener un monto indemnizatorio mayor. Es que en la provincia de Buenos Aires se emplea un porcentaje mucho menor.

Esto se debe a que si bien el Congreso bonaerense dictó la Ley provincial 14.399 que fijaba la tasa de interés activa para todos los créditos morosos de naturaleza laboral como, por ejemplo, salarios, indemnizaciones, multas y sanciones, la Suprema Corte provincial, en la causa "Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos", la declaró inconstitucional y los juzgados bonaerenses volvieron a utilizar la tasa pasiva.

Varios de ellos comenzaron a aplicar la tasa pasiva "digital" BIP (que surge del interés que la entidad bancaria paga a través de la Banca Internet Provincia, diferente de la que abona a quienes efectúan sus colocaciones en forma presencial). Pero este monto dista bastante del estipulado por el Banco Nación.

En cuanto a sus efectos, esto implica una mejora en los créditos laborales, ya que la tasa pasiva que aplica el Tribunal duplica la tasa pasiva promedio, sin que ello signifique el apartamiento de la doctrina legal de la SCBA en la materia.

En Mendoza, el Máximo Tribunal provincial permitió utilizar la tasa del Banco de la Nación Argentina, denominada de "Libre Destino" a 36 meses que, al momento de la sentencia, era del 37% anual. En la actualidad, ronda el 45%.

En ese aspecto, señalan que -con los nuevos porcentuales- las pymes y medianas empresas condenadas en la Ciudad de Buenos Aires por reclamos laborales tendrán problemas financieros, ya que, además están pagando tasas del 40% mínimo por préstamos.

Y remarcan que si bien algunas empresas multinacionales pueden tener espalda financiera para hacer frente a una sentencia en contra, dicho incremento puede poner al borde del fin de la existencia a las compañías más chicas.

Desde el lado de los trabajadores, sus defensores aseguran que "no son prestamistas forzosos”, por lo que es injusto que vean reducido su crédito como consecuencia de los vaivenes económicos.

La discusión sobre la tasa a aplicar implica que mientras hay quienes sostienen que el daño por compensar es la privación al trabajador de su derecho de depositar su dinero en el banco y obtener un beneficio por ello, lo que implicaría reconocerle como compensación adecuada la tasa pasiva, otro sector plantea que lo que se debe compensar es la necesidad en que se ve habitualmente el trabajador de recurrir a préstamos para enfrentar las deudas a las que no puede responder con el dinero que el empleador no le ha abonado, por lo que corresponde reconocerle la tasa activa, que es en definitiva la que el banco le cobra”, explica Guillermo Pérez Crespo en artículos doctrinarios de Erreius.

 

Proyecto de unificación frustrado

En ese sentido, el Gobierno intentó impulsar una tasa única en todo el país en el primer proyecto de reforma laboral que presentó en noviembre del año pasado.

Allí se indicaba que "las cifras indemnizatorias determinadas tras un litigio deben ser actualizadas por la tasa fijada por el Banco Nación para las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), desde la fecha en que debieron abonarse hasta la fecha de su efectivo pago".

En concreto, la propuesta buscaba modificar el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sobre el método de ajuste que, en la actualidad, especifica que "los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados cuando resulten afectados por la depreciación monetaria".

De acuerdo con los fundamentos del Gobierno, esa modificación iba a permitir terminar con las asimetrías en jurisdicciones próximas.

Sin embargo, el mecanismo propuesto -es decir, el que ajusta por UVA - podía terminar generando el efecto contrario.

Es que cuando surgió, el oficialismo apuntaba a que la tasa ajustable por UVA se mantuviera muy cerca del interés más bajo para incentivar la toma de créditos hipotecarios.

Contrariamente, el incremento generalizado de precios hizo que se colocara más cerca de la tasa activa.

Este proyecto no fue totalmente descartado, porque los empresarios consideran que es indispensable el dictado de una ley nacional que determine qué tasa de interés debe aplicar cada fuero, ya que hoy esto depende de la discrecionalidad de los magistrados.

Esto, argumentan, permitiría dar certidumbre ante reclamos y se evitaría que se desvirtúe la elección voluntaria de la jurisdicción más favorable, lo que en la actualidad genera una sobrecarga de ingresos de litigios en ciertas jurisdicciones.

En el Congreso Nacional hubo varios proyectos sobre este tema. Uno, incluso, tuvo media sanción de la Cámara de Senadores e indicaba que todos los juicios laborales se actualicen a la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino para un plazo de 49 a 60 meses. Sin embargo, no fue tratado por Diputados y perdió estado parlamentario.