OPINION

De qué tratan las iniciativas que el Presidente quiere que trate el Congreso

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El presidente Mauricio Macri inauguró las sesiones ordinarias del Congreso nacional. En poco más de una hora dio su punto de vista sobre la realidad del país y le pidió a las cámaras que conforman el Poder Legislativo que avancen con las leyes que considera fundamentales para su plan de gobierno.

 

Además, reclamó el pronto tratamiento de diversos proyectos que presentó hace un año, que abarcan diversas áreas y temas, desde económicas y tributarias hasta laborales y penales. En 2016, anunció el envío de 17 propuestas, de las cuales se le aprobaron nueve. Del resto, algunas lograron media sanción y otras ni siquiera se trataron.

 

En estas últimas se encuentra una iniciativa que es determinante para concretar su plan político económico, como es el denominado proyecto de Primer Empleo y Reforma laboral, que se encuentra trabado en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

 

Además, insistirá en avanzar en proyectos que fueron desestimados por la oposición como la reforma electoral y la creación de un Instituto de Calificación Docente.

 

Este año estará marcado por la campaña con vista a las elecciones legislativas de octubre, por lo que se estima que habrá menos sesiones que el año pasado.

 

Por lo pronto, el Gobierno ya tiene marcada sus prioridades. En el Senado, durante el primer plenario, que podría llevarse a cabo a mediados de este mes, se tratarían el proyecto para crear un régimen de protección a víctimas de delitos, la iniciativa para dictar una ley de emprendedores y otra sobre formación docente.

 

Este año, también anunció que buscará avanzar con una reforma tributaria integral y debatir con los gobernadores y legisladores la nueva ley de Coparticipación, que debió haberse sancionado hace más de 20 años.

 

Las propuestas más destacadas

 

Emprendedores

El año pasado, Diputados aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo que crea las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) para facilitar los trámites y el acceso al crédito para emprendedores. Una semana después, el Senado decidió la vuelta a comisión. Este año, Macri abogó por su inmediato tratamiento.

 

De acuerdo a Daniel Roque Vitolo, director del Código Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado, publicado por la editorial Erreius, si se aprueba la iniciativa, la SAS “podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, lo que implicaría la aceptación de la unipersonalidad societaria bajo un nuevo tipo”.

 

Es sin duda alguna un nuevo tipo societario -independiente- que se agrega a los ya existentes en la ley 19550, el cual ha sido estructurado tomando en cuenta el régimen de la sociedad de responsabilidad limitada -el que actúa como normativa residual y supletoria en todo aquello no establecido en la ley o el instrumento constitutivo de la SAS- aunque su capital se divide en “partes alícuotas” denominadas “acciones”.

 

Es un nuevo tipo social que combina elementos de las sociedades por cuotas sociales y de las por acciones conformando un tipo más de las denominadas sociedades de capital, caracterizadas por el hecho de que, bajo dichos tipos, el o los socios que forman parte de la sociedad responden -en principio- en forma limitada solo por la integración del capital suscripto”, agregó el especialista.

 

Régimen Penal Juvenil

La actual legislación establece que un menor es imputable desde los 16 años y a partir de esa edad puede afrontar una causa penal. Uno de los puntos que analiza el Gobierno en la reforma que le encargó a una comisión de expertos es de bajar esa edad a los 14 años para delitos graves porque considera que un adolescente ya puede comprender la criminalidad de sus actos a esa altura de su vida.

 

Horacio Romero Villanueva, coordinador del Suplemento sobre Derecho Penal de Erreius, explica que el criterio legal adoptado por el legislador en fijar una edad cuenta con la salvaguarda del principio de seguridad, institucionalmente referido a la legalidad penal, porque cierra el paso al arbitrio judicial.

 

El umbral de 16 años hoy aparece superado por la realidad porque la temprana sociabilización, el acceso masivo al mundo de la informática y la comunicación desde los primeros años -entre otros factores-, hacen que la persona tenga capacidad de raciocinio y decisión a una edad más temprana, aún tratándose de un ser en desarrollo que todavía no ha internalizado enteramente las normas sociales imperantes”, remarcó el experto.

 

Primer empleo y blanqueo laboral

El Ejecutivo buscaría las exenciones de pagos de aportes y contribuciones patronales para determinadas edades y por tiempo determinado.

 

Hay quienes señalan que la iniciativa dará lugar a un retroceso y los que entienden que contribuirá a ponerle fin a un escenario adverso. Se buscaría solventar los aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado laboral en los próximos tres años, subsidiar una parte de los salarios si se toman nuevos trabajadores, hasta la condonación de multas y capital por cargas y contribuciones impagas a quienes regularicen dependientes, entre otros puntos destacados.

 

Juan Carlos Cerutti, miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, explica que el blanqueo laboral “es muy bueno y debería dejarse para un tiempo largo, es decir que no tenga un vencimiento pronto” ya que requiere que “las empresas puedan tener perspectiva de crecimiento porque el incorporar empleados en blanco implica un mayor gasto”.

 

Quizás sería aconsejable que incorpore un régimen más fuerte de baja de aportes y contribuciones durante al menos 5 años a partir de la incorporación, para empresas con menos de 5 o 10 empleados”, indicó y remarcó que es un buen proyecto porque no se incluyen los denominados contratos “basura”.

 

Ley de Responsabilidad Empresaria

Cuando el Presidente habló sobre corrupción ante la Asamblea Legislativa pidió que se debata el proyecto que presentó el 20 de octubre pasado, llamado Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

 

Dicha propuesta establece una responsabilidad de la empresa más allá de las personas físicas que pudieran haber actuado en casos de corrupción. Estos delitos pueden haber sido cometidos por sus dueños, socios, accionistas, directores, gerentes o empleados.

 

Las compañías podrían ser multadas o suspendidas parcial o totalmente en sus actividades, de acuerdo a la gravedad del delito y a la intervención, conocimiento o tolerancia de la alta dirección. También, se podrán suspender sus patentes y marcas; quitar subsidios o beneficios estatales, impedir el acceso a concursos o licitaciones públicas y hasta la cancelar la persona jurídica, entre otras sanciones.

 

Marcelo Perciavalle, director de la revista Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor de la editorial Erreius, indica que el proyecto tiene una clara finalidad: “prevenir” cualquier acto de corrupción que pudiera existir en el seno de la sociedad, ya sea que provenga de sus socios, accionistas, directores, representantes, mandatarios o apoderados, mediante la actuación de la persona jurídica fuera del país.

 

De ser sancionado, quedarían fuera del régimen las personas jurídicas públicas, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, los consorcios de propiedad horizontal y cualquier otra persona jurídica contemplada en las disposiciones del Código Civil y Comercial o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

 

Extinción de dominio

Busca recuperar bienes provenientes del delito. Fue aprobado en Diputados, pero en el Senado la iniciativa sólo obtuvo dictamen de comisiones y nunca llegó al recinto.

 

El Gobierno destaca que la propuesta “es de carácter civil” y no se basa en el proceso penal. Según explicaron, la idea es que vuelvan a las arcas públicas los fondos involucrados en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, entre otros delitos federales.

 

Régimen de ejecución de la pena

El oficialismo y parte de la oposición lo llama “el fin de la puerta giratoria” porque prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a los autores de delitos graves. Ya tiene media sanción de Diputados. El Senado lo debatirá junto con la propuesta para fortalecer el rol de las víctimas en el proceso penal.

 

Humedales

El Senado aprobó un proyecto que establece los presupuestos mínimos para la protección de esos ecosistemas. Se buscará inventariar cada uno de los humedales del país y luego evaluar qué actividades se pueden autorizar dentro de esos espacios de acuerdo a sus características particulares. Debe tratarlo Diputados.