JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En Mendoza, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil trece, reunidas en la Sala de Acuerdo las señoras juezas de esta Excma. Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 173.789, caratulados: "C.M.R. ARGENTINA C/ GIMENO ALBORNOZ, ANDREA p/ EJECUCION TIPICA (P.V.E.)”, originarios del Primer Juzgado de Paz Letrado, de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 86, contra la sentencia de fs. 78/80.

Llegados los autos al Tribunal, se sustanció el recurso y se llamó autos para sentencia a fs. 107.

Practicado el sorteo de ley, queda establecido el siguiente orden de estudio: Dras. Alejandra Orbelli, Silvina Miquel y Marina Isuani.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: Costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Dra. Alejandra Orbelli dijo:

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes:

I. Se alza la actora contra la resolución que en la instancia precedente hizo lugar a la excepción de prescripción promovida por la demanda, ordenó el archivo de las actuaciones, impuso las costas a cargo de la vencida y reguló los honorarios profesionales correspondientes.

Para resolver como lo hizo, la magistrada de primera instancia tuvo en cuenta que desde la interposición de la demanda en fecha 31 de agosto de 1998 hasta el requerimiento de pago al demandado transcurrió en exceso el plazo para considerar operada la prescripción de la acción.

Estimó que la actora demoró casi catorce años en lograr requerir de pago a la accionada lo que constituye un ejercicio abusivo del derecho a la jurisdicción.

Adhiere a la doctrina y jurisprudencia que considera que si bien la interposición de la demanda interrumpe el plazo de prescripción, conforme a lo dispuesto por el art. 3986, ello no puede ser interpretado de modo que lleve a considerar una suerte de estado de latencia sine die que el acreedor pueda obtener mediante la solo interposición de la demanda sin notificarla, recomenzando un nuevo cómputo del plazo, toda vez que no debe fomentarse que se burlen los plazos de prescripción que son de orden público, por medio de demandas no notificadas.

II. A fs. 90 el Dr. Abraham Néstor Majul, por la parte actora, funda recurso, solicitando rechace la excepción de prescripción admitida por la Juez del Tribunal de Paz Letrado.

Se agravia la recurrente porque considera que la sentencia carece de fundamentos factico-jurídico, por entender que se apartó de lo establecido por el Código Civil, al considerar que la interposición de la demanda que interrumpió el plazo de prescripción no lo mantiene durante todo el proceso o hasta que se produzca alguno de los supuestos previstos en el art. 3987 del CC.

III. Corrido traslado a la contraria, a fs.96, contesta la demandada, quien solicita el rechazo del recurso de apelación y la confirmación del decisorio de primera instancia, por las razones que allí expone y a las que me remito.

Finalmente a fs.103 toma intervención el Fiscal de Cámaras, quien aconseja la confirmación del fallo en crisis sosteniendo que existió abandono de la instancia, ya que por más de una década no medió actividad alguna que permitiera sostener la in-tención de mantener vivo el proceso.

A fs.107 se llama autos para sentencia y a fs.107 vta. se practica sorteo, quedando la causa en estado de resolver;

IV. Solución del caso.

IV.a. Adelanto desde ya que propiciaré la confirmación de la resolución recurrida en cuanto admite la excepción de prescripción con el fundamento principal que el actor demoró casi 14 años en notificar la demanda, considerando ello abusivo del derecho.

En principio cabe recordar que la prescripción liberatoria según nuestro Código Civil es: una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (art. 3949).

A su vez la prescripción es considerada una institución de orden público, que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las incertidumbres (Código Civil de la República Argentina Explicado tomo VIII Aída Kemelmajer de Carlucci, Claudio Kiper y Féliz A. Trigo Represas).

Es sabido que el fundamento último de la prescripción liberatoria es la seguridad jurídica, dando solución a un conflicto de intereses, eliminando incertidumbre en ciertas situaciones jurídicas y obligando a los titulares de los derechos a no ser negligentes en su ejercicio (Borda, Guillermo “Tratado de Derecho Civil” “Obligaciones Tomo II”, Actualizado por Borda Alejandro, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008).

Ello por cuanto al derecho le interesa sobremanera liquidar las situaciones inestables y asegurar el orden y paz social y ello se logra impidiendo que determinadas situaciones de hecho puedan ser objeto de revisión después de pasado cierto tiempo, imposibilitando la utilización de la acción prescripta se da certeza a los derechos y se aclara la situación de los patrimonios, que se ven descargados en su pasivo de las obligaciones(LS396-132).

IV.b. El plazo de prescripción puede ser interrumpida de diversas maneras, entre éstas, el artículo 3986 del Código Civil establece que “la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio”.

En algunas oportunidades se ha negado efecto interruptivo a la demanda promovida al solo fin de interrumpir la prescripción, que no expresa ninguna pretensión ni cumple con los requisitos exigidos para la demanda, ni contiene el pedido de traslado a la contraparte. Maurino, aprobando uno de los fallos comentados, dice que la demanda no debe carecer de contenido y debe motorizar el contradictorio (Abeledo Perrot Nº: 9999/003564- TRATADO DE LA PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA- López Herrera, Edgardo).

Ahora bien, por la expresión “demanda”, Llambías indica que no solo debe entenderse como la acción formalmente entablada, sino también como todo acto procesal que demuestre en forma auténtica que el acreedor no ha abandonado su crédito y que tiene el propósito de hacerlo valer; C. Nac. Civ., sala A, 22/12/1995, JA 1999-I, síntesis, LL 1997-D-89; C. Nac. Com., sala C, 31/12/1997, JA 1998-II-499 (JA 2002-II-708-Citar Abeledo Perrot Nº: 1/56922).

Una calificada doctrina y jurisprudencia-aunque minoritaria-, ha dicho que el efecto interruptivo de la demanda no se prolonga en el tiempo, hasta que opere la extinción del proceso. A partir de ella comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, el cual puede, lógicamente, quedar completado antes que la demanda se notifique. En tal supuesto, la defensa de prescripción que alegue el demandado será procedente. (PIZARRO, Ramón Daniel, “La interrupción de la prescripción por demanda en la jurisprudencia del Tribunal Superior de justicia de Córdoba”, La Ley Córdoba, 2.007 - 145 y sgtes. Citado en los autos nº 34.263/117.019 caratulados “Canizo, Gustavo Luis c/YPF SA p/ejecución de resol. Jud. (honorarios)”.

En este sentido, se ha observado que en algunos casos la demanda se notifica tarde por negligencia del actor, que no insta el trámite, pero en otros tal desidia no existe. La cuestión, como se ve, sólo reviste interés científico cuando con posterioridad a la interposición de la demanda, pero previo al traslado de la notificación, transcurre la totalidad del plazo de prescripción. La pregunta a responder es: ¿la demanda interpuesta antes del vencimiento del plazo de prescripción, pero notificada fenecido ese plazo, es apta para interrumpir la prescripción? En nuestro derecho existen dos posturas: una afirmativa, que entiende que es necesario notificar la demanda y la otra postura que entiende que se extiende a toda la duración del proceso (ABELEDO PERROT Nº: 9999/003807).

Ahora bien, para resolver el caso concreto, más allá de la discusión doctrinaria que existe respecto a que si la demanda no notificada es interruptiva, o si sus efectos duran todo el proceso, en base a las particularidades de la presente causa, es acertado –como ya lo hizo la Juez a-quo- invocar la teoría del abuso del derecho y relatividad de los mismos de acuerdo al extenso tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda hasta su notificación.

Dentro del marco teórico, Alberto G. Spota en su obra afirma que los derechos subjetivos han de ejercerse guardando la debida concordancia con los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico. Los derechos absolutos o incausados constituyen un conjunto tan reducido que su ámbito va siendo más en más estrechado, sólo se justifican por una valoración de la seguridad jurídica que agota en sí misma todo el fin social o económico perseguido en el precepto o institución en juego (Rev. De Derecho Privado y Comunitario 2012-2 pag.90).

Esta teoría se introduce a partir del año 1.968 con la ley 17.711 que como se vio, fue un avance de las ideas renovadoras en el ámbito del derecho privado, tanto patrimonial como extrapatrimonial, y que en particular incorporó al derecho positivo el principio de la buena fe, el abuso del derecho en el artículo 1071, la lesión subjetiva en el artículo 954 , instituciones todas que se encuentran vinculadas en la medida en que reflejan la idea de que los derechos subjetivos no son absolutos, sino relativos, y que deben ejercerse dentro de ciertas pautas impuestas básicamente por el principio de buena fe. (Abeledo Perrot Nº: 9202/006514 Abuso del derecho-generalidades- Lexis-Nexis 2007).

IV.c. Conforme a los principios antes reseñados que subsumidos en los hechos de la causa, me conducen a que la resolución de grado debe confirmarse en atención a todo el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda (19 de agosto de 1998) hasta su notificación al demandado (21 de marzo de 2012) (Art. 4017 del Código Civil).

Cabe aclarar que debido al extenso lapso temporal señalado up-supra, entiendo que resulta innecesario entrar en el tratamiento de la dicotomía existente en cuanto al plazo de prescripción que se debe tomar, porque ya sea el de tres, cuatro o diez años, cualquiera de ellos se encuentra cumplido.

Del juego armónico del instituto de la prescripción liberatoria con el abuso del derecho, resulta inconcebible ante la oposición de la demandada- aceptar dar trámite al reclamo de la actora que notifica su demanda casi catorce años después de su interposición, ya que con ello quedó demostrado la actitud despreocupada de la accionante, un abandono de la instancia que dejarlo pasar significaría burlar el instituto de la prescripción, usando la interrupción en forma abusiva, contrariando los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos.

Es decir, si bien el plazo de prescripción puede interrumpirse, ello no implica que se utilice el instituto de forma desmedida tornando la acción casi imprescriptible o alargando los plazos de prescripción que son de orden público.

En el caso, la posición asumida por la actora revela su negligencia, falta de interés y voluntad para hacer valer su derecho, como bien dice Maurino (autor citado) “la demanda debe motorizar el contradictorio”, lo que no ocurrió en la presente causa, dejando pasar la actora casi 14 años para instarlo.

Del balance de estas dos pautas (prescripción y abuso del derecho), sumado a la inexistencia de prueba sobre situaciones excepcionales que impidieran a la actora continuar con su causa desde la interposición de la demanda, conducta vacilante de la parte actora, me impone considerar que la acción en este caso concreto se encuentra prescripta.

IV.d. Por otra parte, ante tal inacción, sería un exceso de rigor formal manifiesto rechazar la defensa de prescripción por el solo hecho de exigirle al demandado plantear conjuntamente la perención de instancia, que es de un año, cuando transcurrió –vuelvo a repetir- casi 14 años para notificar el requerimiento de pago. Ello contraría los principios generales de la prescripción, orden público, seguridad jurídica, estabilidad y firmeza a los negocios, no permitiendo disipar las incertidumbres de las obligaciones, lo cual es un instrumento de seguridad que impide que los conflictos humanos se mantengan indefinidamente latentes.

Está solución está reforzada por la aplicación de la ley de defensa del consumidor, toda vez que la relación de las partes a través de un contrato de tarjeta de crédito se presenta como una relación de consumo, por lo que la aplicación de la ley 24.240 es imperativa en beneficio de quien contrata.

La ley 24.240 ha establecido como regla obligatoria de interpretación que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable y menos gravosa para el consumidor (arts. 3 y 37), recurriendo, en pos de tutelar a los consumidores y usuarios en sus relaciones contractuales, a una moderna aplicación de la regla favor debitoris, vale decir que para interpretar las obligaciones de los usuarios, debe echarse mano a dicho principio entendido como "favor al débil", siendo dicho principio orientador insoslayable para interpretar la ley, atento al carácter de orden público que ostenta la norma en análisis (Juz. Civ. y Com. Quilmes nro. 3, 29/12/1997, "Parody, Alejandro A. v. Telefónica de Argentina SA", LLBA, 1998-447).

En conclusión, y si quedara algún destello de duda respecto a lo decidido en autos, entiendo que por aplicación del principio de interpretación pro consumidor o más favorable al mismo, aparece como desmesurado, contrario a los principios de la prescripción y del abuso del derecho, que después casi 14 años el deudor se notifique de una ejecución reclamando el saldo deudor por el uso de tarjeta de crédito de compras realizadas en el año 1997.

IV.e. Por lo expuesto, propicio se rechace el recurso de la actora y en consecuencia confirmar la resolución de fs. 78/80, en los términos que resultan de estos considerandos.

Así voto.

Las doctoras Silvina Miquel y Marina Isuani adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Dra. Alejandra Orbelli dijo:

Las costas de la alzada deben ser soportadas por la recurrida vencida, en la medida del vencimiento (arts. 35 y 36 inc. I C.P.C.).

Los honorarios deben regularse teniendo en cuenta los montos en juego y a tenor de lo dispuesto por los arts. 15 y 31 de la ley arancelaria.

Así voto.

Las doctoras Silvina Miquel y Marina Isuani adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar sentencia la que en su parte resolutiva dice:

SENTENCIA.

Mendoza, 21 de mayo de 2013.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de apelación promovido a fs. 86, contra la resolución de fs. 78/80, la que en consecuencia se confirma en todos sus términos.

II. Imponer las costas de alzada a la recurrente vencida.

III. Regular los honorarios correspondientes a la Dra. María Gabriela Aguilar en la suma de pesos ... ($...), a los Dres. Jorge Antonio Salazar y Abrahan N. Majul en la suma de pesos ... ($...) por su actuación en el presente recurso (arts.15 y 31 LA).

COPIESE. REGISTRESE NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

 

Dra. Alejandra Marina Orbelli

Juez de Cámara

Dra. Silvina MIQUEL

Juez de Cámara

Dra. Marina Isuani

Juez de Cámara

 

 

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