JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Accidente de tránsito. Poder de policía de la Municipalidad. Delegación en un ente descentralizado

 

Se confirma el rechazo de la demanda de daños deducida contra la Municipalidad por el accidente sufrido por la actora al chocar un cantero no señalizado, pues la Comuna carecía de legitimación pasiva, ya que mediante la Ordenanza 14.411 fue creado en el ámbito del Partido de General Pueyrredón el Ente Municipal de Vialidad, Servicios Urbanos y Gestión Ambiental (EMVISUR y GA), asignándosele funciones con carácter de organismo descentralizado.

 

Ver correlaciones

En la ciudad de Mar del Plata, a los 28 días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-7459-MP2 “SANDOVAL MARIO NERY c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PRETENSION INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó la demanda promovida por Mario Nery Sandoval contra la Municipalidad de General Pueyrredon, impuso las costas del proceso al accionante vencido y reguló honorarios en favor de los profesionales intervinientes en autos [cfr. fs. 343/349].

II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por el accionante a fs. 356/363, y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. fs. 374], corresponde votar las siguientes:

CUESTIONES

1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 356/363?

Resuelto ello,

2. ¿Es fundado el recurso de apelación deducido a fs. 355 por la Municipalidad de General Pueyrredon contra la regulación de honorarios practicada en favor del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti por las labores cumplidas en la instancia inferior?

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

I.1. El juez de grado resolvió rechazar la pretensión indemnizatoria entablada por Mario Nery Sandoval contra la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante la cual persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios originados a raíz del siniestro relatado en demanda, cuya responsabilidad endilga a la Comuna accionada.

Para así decidir ponderó que, según surge de los fundamentos expuestos en el libelo inicial, la tarea jurisdiccional encomendada debía ser acometida bajo los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales sentados con relación a la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilegítima. Siendo ello así, y tras admitir como acreditada la consumación de los hechos que el accionante narra en la pieza liminar de fs. 25/35 (a saber, que entre las 20:00 y las 20:15 horas del 14-8-2005 circulaba en el automóvil de su propiedad, modelo Ford Focus Lx 1.8 -dominio ECV 636-, por la avenida Juan B. Justo de esta ciudad, a una velocidad aproximada de 30 km/h, con sentido este-oeste y que, en la numeración 4140 de la citada arteria, embistió -pese a los intentos por esquivarlo- un cantero o derivador que se encontraba sobre la calzada, generando diversas roturas en el vehículo), se encaminó a desentrañar si concurrían en autos los presupuestos necesarios para configurar la obligación de responder por parte de la enjuiciada.

Abocado a tal faena, identificó los factores de atribución de responsabilidad conforme a los cuales se estructura el reclamo indemnizatorio, precisando que el actor -de un lado- se refirió explícitamente a lo normado en el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil [t.a.], en torno a la responsabilidad del Municipio en su calidad de dueño o guardián de la cosa (en la especie, la calle y el derivador), y -de otro- se apuntaló en incumplimientos relativos al poder de policía, atinentes al servicio de señalización horizontal y de mantenimiento vial, en los términos de la doctrina construida en torno a lo prescripto por el art. 1112 del citado digesto. Establecido -entonces- que la endilgada responsabilidad se asienta en un doble orden de factores de atribución, consideró el a quo que el cuestionamiento formalizado por la demandada, en torno a la aptitud para que le sean atribuidas las consecuencias del siniestro verificado, impone el examen de su legitimación pasiva desde tales perspectivas.

Siendo ello así ilustró que, en lo concerniente al factor de atribución derivado de la condición de dueño o guardián, es criterio de esta Alzada, según lo desprende de lo sentenciado en la causa C-2658-MP1 “De Cecco”(sent. de 17-4-2012), que su aplicación se encuentra limitada exclusivamente a los eventos dañosos producidos como consecuencias de accidentes de tránsito con participación de vehículos de propiedad estatal, fijándose que para el resto de los reclamos fundados en la responsabilidad extracontractual del Estado debería invocarse y probarse que resulta aplicable el factor de atribución normado en el art. 1112 del Código Civil [t.a.], acreditándose -de tal modo- la falta de servicio imputable al Estado o ente denunciado. Desde tal mirador, contempló que en el supuesto de marras la colisión se ha producido entre un vehículo automotor y una cosa inanimada (un derivador de material ubicado en el medio de una avenida), razón por la cual concluyó que -a la luz del precedente citado- la pretensión resarcitoria promovida con dicho motivo no puede ser siquiera propuesta, correspondiendo sea receptada la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada.

En paralelo, al meritar el reclamo indemnizatorio en contra del Municipio de General Pueyrredon a la luz del factor de atribución conocido como “falta de servicio”, encontró que se halla ausente la posibilidad de imputar al demandado el incumplimiento de la obligación de prestar un servicio que el régimen normativo atribuye a otro sujeto. En concreto, reparó en que la responsabilidad que el demandante adjudica a la Comuna, con sustento en la falta o anormal funcionamiento del servicio de conservación y mantenimiento de las calles, ha sido asignada -en el ámbito del Partido de General Pueyrredon- al Ente Municipal de Vialidad, Servicios Urbanos y Gestión Ambiental mediante la Ordenanza 14.411 que dispuso su creación, asignándole funciones con carácter de organismo descentralizado, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y las disposiciones allí contenidas (conf. su art. 1).

Tras cotejar los cometidos estatales que la normativa citada asignó al referido sujeto de derecho (sucedido -luego- por el EMVIAL y el ENOSUR, según Ordenanza 19.019), apreció que reunía (al igual que los que lo sucedieron) las características de un ente descentralizado -o autárquico- en los términos de los arts. 204 a 217 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Zanjado ello, estimó que la conclusión sentada patentiza la diferente personalidad jurídica que poseen -de un lado- la Municipalidad de General Pueyrredon y -del otro- la entidad autárquica legalmente creada (EMVISUR Y GA), las que siendo reconocidas como personas jurídicas de carácter público -distintas entre sí-, resultan susceptibles de demandar o ser demandadas en juicio en forma independiente.

Bajo tales postulados, juzgó que habiendo delegado la Municipalidad la ejecución y mantenimiento de la red vial del Partido en un ente autárquico con autonomía funcional y manejo de recursos, es éste último quien resulta titular de la relación jurídica sustancial que motiva la pretensión ventilada en la presente litis, y no así el Municipio demandado; descartando, para más, relación alguna entre la responsabilidad que se intenta adjudicar a la Comuna y el cobro de tasas que pudieran pasar a componer el patrimonio del ente, aun cuando tal cobro lo sea a los efectos del mantenimiento y cuidado de las calles.

En definitiva pronunció que, en atención al carácter de persona jurídica de derecho público que ostenta el EMVISUR Y GA, su responsabilidad para con los terceros es siempre directa, excluyendo -en principio y por fuera de excepcionales supuestos que no concurren en la especie- toda otra responsabilidad del Municipio generada por la presunta omisión en el cumplimiento de las competencias que le fueron legalmente atribuidas; por lo que la excepción de falta de legitimación pasiva, en la parcela del reclamo que se atribuye responsabilidad a la Comuna por la denunciada falta de servicio, debía también ser receptada.

2. Disconforme con el reseñado fallo, el actor se alzó mediante recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 356/363.

Da inicio a su embate agraviándose de que el sentenciante de grado emprendiera su labor jurisdiccional conforme los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales sentados con relación a la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilegítima, ello por cuanto entiende que ni la doctrina, ni la jurisprudencia, resultan contestes en que una situación fáctica como la ventilada en autos se encuadre en la actividad legítima o ilegítima del Estado. No obstante ello, indica que la Administración debe responder por los daños producidos en el ejercicio de su accionar, ya sea lícito o ilícito [cfr. fs. 356 y vta.].

Continúa en su crítica reprochando que en el fallo apelado se hiciera aplicación de los principios que emergen de lo sentenciado por esta Cámara en las causas C-1987-MP1 “Gonzalez” (sent. de 15-7-2010) y C-2658-MP1 “De Cecco” (sent. de 17-4-2012), cuyas conclusiones no comparte. En efecto, manifiesta que la limitación de la responsabilidad de la Municipalidad a los eventos dañosos en los que participen vehículos comunales, determinándose que en los demás casos debe aplicarse el factor de atribución normado en el art. 1112 del Código Civil [t.a.], resulta una elaboración impropia que viola la doctrina unánime y mayoritaria en la aplicación del art. 1113 del citado cuerpo legal. En tal sentido sostiene que limitar la responsabilidad del Estado a la actividad ilegítima de sus funcionarios deviene absurdo, arbitrario y no encuentra andamiaje en nuestro sistema constitucional.

Por otro lado, señala que la decisión recurrida violenta la aplicación del principio rector en todo sistema republicano de gobierno, a saber, la “pirámide jurídica” o “prelación de normas”, anteponiendo disposiciones municipales a normas constitucionales y de orden público. Especifica que tras enunciar que mediante la Ordenanza 14.411 se creó el EMVISUR Y GA, el a quo reconoció que -al momento de dictarse la sentencia recurrida- dicho ente ya no existía, siendo sucedido por el EMVIAL y el ENOSUR, por lo que mal podría desligarse de responsabilidad a la accionada, endilgándosela a un sujeto ya inexistente, creado por dicha Comuna. Apreciando tal circunstancia, aduce que la conclusión alcanzada en la instancia de grado consagra la impunidad de la Municipalidad enjuiciada, por cuanto crea un órgano descentralizado asignándole tareas propias de su competencia sobre bienes municipales, lo sustituye -luego- por otros, mantiene para sí el cobro de las tasas municipales y, para más, maneja su presupuesto. Con ello en vista, concluye que el Municipio ha erigido una gran cantidad de entes para el desempeño de actividades propias, no ya con el objeto de la prestación de un mejor servicio, sino con el único afán de desvincularse de las responsabilidades que le imponen normas superiores. Como corolario, afirma que la actividad de los órganos se imputa directamente al Estado, en tanto que la actividad de los entes -con personalidad jurídica propia- se imputa indirectamente al Estado central, condicionamiento que -según vislumbra el recurrente- se robustece en el supuesto de marras ante la denominación de “ente municipal” que ostenta el organismo descentralizado en cuestión, en tanto -señala- llevaría al particular a la creencia de que se trata de un órgano que compromete al Estado Municipal.

Seguidamente enrostra que el juzgador de grado no ha verificado en autos, respecto de la norma que crea al ente en cuestión, el cumplimiento lo normado en los arts. 204 a 217 de la Ley Orgánica de la Municipalidades. Agrega que, de una rápida lectura de los mentados preceptos, se evidencia su dependencia del Municipio, fundamentalmente en el aspecto económico, lo que demuestra -en visión del apelante- que no son organismos autárquicos sino descentralizados, por lo que -estima- la Comuna puede disolverlo, intervenirlo, no aprobarle su presupuesto y -consecuentemente- insolventarlo. En concordancia con lo expuesto, esgrime que si bien están previstos por el legislador para cumplir una función, ello en modo alguno releva al Municipio que lo crea, no existiendo en la normativa citada pasaje alguno que determine la irresponsabilidad municipal por el actuar del organismo descentralizado.

En paralelo, opina que en atención a que el lugar donde ocurrió el hecho dañoso (calle municipal) no cumplía con las condiciones de seguridad exigida por la reglamentación, la Comuna demandada deviene responsable -de un lado- por no haber fiscalizado dicha irregularidad y -de otro- por la falta de señalización en el lugar de los hechos, sin perjuicio de que el organismo encargo de la labor referida en último término lo sea el EMVISUR Y GA. Reafirma tal parecer al decir que el a quo efectúa una aplicación parcial de la Ordenanza 14.411, obviando la obligación del ente municipal asumida -entro otros preceptos- por su art. 3 inc. “a” ap. 2 y siguientes.

Finalmente, censura por incongruente la situación jurídica en la que la Comuna percibe tasas por manutención de las calles, empero al entablarse una contienda por dicho servicio se ampare bajo el ropaje de un organismo descentralizado que -según asevera- no es autárquico. Contemplando dicho escenario, alega que si percibe las tasas retributivas, el Municipio debe cargar con las consecuencias del mantenimiento de la red vial y de las obstrucciones que ocasionen daños a los particulares.

3. A fs. 366/369 la Municipalidad de General Pueyrredon replica los agravios vertidos por el apelante y solicita el rechazo del recurso interpuesto.

II. El recurso no prospera.

1.1. A tenor de los agravios reseñados precedentemente, la materia sometida a resolución en la presente instancia revisora radica en dilucidar, a la luz de las circunstancias del caso y los fundamentos de hecho y de derecho que se esgrimen en el memorial, si corresponde -o no- responsabilizar al Municipio de General Pueyrredon por las consecuencias dañosas del siniestro vial sufrido por el accionante el 14-8-2005, ocasión en la que embistió un cantero o derivador situado sobre la calzada, en la numeración 4.140 de la calle Juan B. Justo de esta ciudad.

Tal como se desprende del escrito inicial de fs. 25/35, el reclamo resarcitorio de autos encuentra su fundamento, de un lado, en la ostentada condición del Municipio accionado de dueño y guardián del espacio público en el que tuvo lugar el suceso perjudicial, en los términos del art. 1113 segundo párrafo del Código Civil (t.a.) [cfr. fs. 28 vta. y 29] y, de otro, en la denunciada falta de servicio al incumplirse con el deber de atender al cuidado y mantenimiento de las calles [cfr. fs. 26/28].

1.2. Dichos planteos fueron desestimados por el sentenciante de grado al justificar, respecto del enunciado en primer término, que en relación al factor de atribución derivado de la condición de dueño o guardián es criterio de esta Alzada que su aplicación “se encuentra limitada exclusivamente a los eventos dañosos producidos como consecuencias de accidentes de tránsito con participación de vehículos de propiedad estatal”, sin que tal sustrato fáctico se verifique en el supuesto de autos [cfr. fs. 347 vta./348]; y que, con relación al enarbolado en segundo lugar, “se halla ausente la posibilidad de imputar al accionado el incumplimiento de la obligación de prestar un servicio, que el régimen normativo atribuye a otro sujeto” ilustrando -seguidamente- que, “habiendo delegado la Municipalidad la ejecución y mantenimiento de la red vial del Partido de General Pueyrredón en un ente autárquico con autonomía funcional y manejo de recursos, es éste último quien resulta titular de la relación jurídica sustancial que motiva la pretensión deducida en esos términos” [cfr. fs. 348 y vta.].

1.3. De las postulaciones emergentes de la pieza impugnatoria, el recurrente procura mudar la decisión adoptada en el fallo de grado al esgrimir, en lo sustancial, que: i) limitar la responsabilidad estatal a los eventos dañosos en los que hayan participado vehículos de propiedad estatal, “determinando que en los demás casos debe aplicarse el factor de atribución normado en art. 1112 del C.C. ... es una elaboración impropia, que viola la doctrina unánime y mayoritaria en aplicación del art. 1113 del C.C.” [cfr. fs. 356 vta./357]; ii) el criterio jurisdiccional adoptado “...violenta la aplicación del principio rector en materia de derecho en nuestro país, y en todo sistema republicano de gobierno, cuál es la PIRÁMIDE JURÍDICA O PRELACIOÓN DE NORMAS, anteponiendo disposiciones municipales a normas constitucionales...” [cfr. fs. 358 vta.]; iii) no se ha verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos en los arts. 204 a 217 del decreto ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), en tanto “no existe ninguna referencia, análisis serio y concreto en la sentencia de autos, ni en el caso citado como antecedente, de la formación de las ordenanzas que crearon los entes descentralizados (no autárquicos)” [cfr. fs. 359 vta.]; iv) en atención a que el lugar en que acaeció el siniestro analizado “... no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la reglamentación ... la Comuna de General Pueyrredon es responsable por no haber fiscalizado dicha irregularidad ...” como así también “... por la falta de señalización en el lugar de los hechos, sin perjuicio de que el organismo directamente encargado de tal labor sea el EMVISUR y GA ...” [cfr. fs. 360 y vta.]; y que v) “... si la Municipalidad percibe tasas retributivas, debe cargar con las consecuencias del mantenimiento o si se quiere de las obstrucciones existentes en las mismas y que causan daño a los particulares ...” [cfr. fs. 363].

2.1. Delimitada de tal modo la controversia planteada ante esta instancia de apelación, habré de dar comienzo al tratamiento del remedio ensayado meritando la responsabilidad que se adjudica al Municipio de General Pueyrredon con exclusivo sustento en la teoría del riesgo creado, dada su condición de dueño de la cosa riesgosa que habría provocado el accidente vial en ciernes (conf. arts. 1113 segunda parte, 2340 inc. 7 y ccds., Cód. Civil -t.a.-).

En dicha labor, se impone aclarar que la perspectiva jurídica desde la cual el demandante dirige su reclamo resarcitorio contra el Municipio debe desestimarse de plano, pues, a la luz de la consolidada doctrina de este Tribunal, no cabría sino descalificar la aplicación del art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil [t.a.] como único sustento de la responsabilidad asignada a la Administración por eventos dañosos ocurridos en dependencias alcanzadas por el concepto de dominio público, según la enumeración formulada por el art. 2340 del mentado digesto (cfr. doct. esta Cámara causa C-2658-MP1 “De Cecco”, sent. de 17-4-2012 -por mayoría-).

En el citado precedente, efectuándose un examen del conjunto de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a saber, Fallos 317:832 (“Olmedo” -en calle urbana-), 317:144 (“Bullorini” -en ruta provincial-), 323:3564 (“Fabro” -en aeródromo provincial-), Fallos 326:1910 (“Cebollero” -en ruta provincial-); Fallos 327:2764 (“Roque Reymundo e Hijos S.A.C.I.F.A.I.” -desvío de conformación inapropiada en ruta provincial-) y 333:1623 (“Bea” -en lago artificial dentro del perímetro de un complejo turístico propiedad del Estado nacional-), se puso de resalto que -en este particular universo de casos- bien podía extraerse una fórmula común a la que recurría el Alto Tribunal Federal, con mayor o menor precisión terminológica, para disponer la imputación jurídica: “pesa sobre el Estado, en su carácter de propietario de los bienes destinados al uso público, el deber de asegurar que ellos posean un mínimo y razonable estado de conservación y/o explotación que permita a los habitantes usufructuarlos bajo normales pautas de seguridad y sin riesgos extraordinarios”.

Se puntualizó, asimismo, que en ninguno de tales precedentes al analizar las circunstancias fácticas que se verificaban en ellos, había recurrido la Corte Suprema de Justicia Federal al encuadre normativo del art. 1113, segunda parte, del Código Civil [t.a.] para imputar responsabilidad estatal (a pesar de que en alguno de ellos, la accionante lo había invocado en sustento de su pretensión), sino que se abocó a comprobar si surgían acreditadas violaciones o incumplimientos a marcos normativos o de actuación que, directa o indirectamente, hubieran desoído el deber de seguridad que le tocaba garantizar en uso de tales bienes.

Así, y luego de descartar las implicancias que sobre el asunto pudieran proyectar los precedentes “Pose” (Fallos 315:2834); “Olmedo” (Fallos 317:832) y “Bullorini” (Fallos 317:144), se postuló -en línea con el precedente acuñado por la Corte Federal en la causa “P.194.XLVI “Periopontis S.A. c. Estado Nacional - Ministerio de Economía s. Daños y Perjuicios” (sent. de 4-10-2011)- que cuando el evento dañoso tuviere lugar en un predio, lugar, o establecimiento de aquellos que se enmarcan en la definición del art. 2340 del Código Civil [t.a.], la responsabilidad estatal de su propietario o explotador público deberá ser anclada además en la violación o desatención “del deber del Estado de asegurar que tales bienes posean un mínimo y razonable estado de conservación y/o explotación que permita a los habitantes usufructuarlos bajo normales pautas de seguridad y sin riesgos extraordinarios”. En otras palabras, deberá alegarse y demostrarse la falta de servicio incurrida por la Administración demandada, esto es, la atención irregular, defectuosa o nula al deber de seguridad que, por imposición normativa expresa o por el marco de actuación implícito que surja de sus competencias propias o delegadas, le es exigible como titular o explotador de los bienes del dominio público. Así -en definitiva-, se concluyó que el encuadre normativo aplicable sería el art. 1112, en conjunción con el art. 2340 ambos del Código Civil [t.a.] y no el art. 1113 del mismo ordenamiento.

2.2. No obsta al criterio bosquejado el precedente jurisprudencial dictado por el Superior Tribunal de la Nación in re “Meza, Dora c/ Corrientes Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” (sent. de 14-07-2015). Si bien es cierto que en dicho fallo la Corte Suprema de la Nación citó el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil [t.a.] en oportunidad de examinar si cabía -o no- atribuir responsabilidad al Estado Nacional, la Universidad Nacional del Nordeste y la Provincia de Corrientes a partir de un siniestro acaecido en el Hospital Escuela de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste “José Francisco de San Martín”, no lo es menos que, al fundar su pronunciamiento condenatorio, el Superior Tribunal desarrolló su análisis -en fin- en torno a circunstancias que no resultarían determinantes sino de la configuración de un supuesto de falta de servicio, pues concluyó que cabía responsabilizar a las mencionadas codemandadas a partir del hecho de que el evento dañoso en cuestión derivaba del incumplimiento de los deberes de las codemandadas de controlar y mantener en adecuado estado de conservación las instalaciones de dicho nosocomio, concretamente las maquinarias afines a los aires acondicionados [cfr. considerando 18° del citado antecedente jurisprudencial].

2.3. A tenor de las razones expuestas, y en concordancia con la solución adoptada el juez de la instancia de grado, corresponde desestimar la petición actoral dirigida a responsabilizar extracontractualmente a la demandada a la luz del factor de atribución relativo a la teoría del riesgo creado, contemplado en el art. 1113, segunda parte, segundo párrafo, del Código Civil [t.a.].

Debe prevenirse que la conclusión alcanzada en el apartado precedente no encuentra, a mérito de lo que seguidamente se expondrá, valladar alguno en el hecho que el peticionante haya complementado su argumentación jurídica postulando la presencia -en el supuesto sub examine- de una falta de servicio reprochable a la Comuna accionada, al enrostrársele de un lado la falta de señalización adecuada en el lugar de los hechos y de otro no haber fiscalizado dicha irregularidad, ello frente a su obligación de atender al cuidado y mantenimiento de las calles [cfr. fs. 26/28], omisión que -según se pretende- permitiría responsabilizar al Municipio por los daños aquí reclamados en los términos del art. 1112 del Código Civil [t.a.].

3.1. Con el objeto de abordar debidamente los embates direccionados a la parcela del fallo en crisis en la que el a quo resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredon no revestía la calidad de legitimada pasiva desde el mirador del factor de atribución de responsabilidad contemplado en el art. 1112 del Código Civil -t.a.-, estimo provechoso rememorar que la legitimatio ad causam implica la posibilidad de ser parte en un proceso concreto, aptitud que viene determinada por la posición respecto de la pretensión procesal, de tal modo que únicamente las personas que se encuentran en cierta relación con la acción pueden ser partes en el pleito en que ella se deduce (argto. doct. S.C.B.A. causas B. 56.460 “Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de 30-8-2000 y B. 59.538 “Rapagnini”, sent. de 9-5-2001).

Con tal figura, se trata de determinar tanto si el que pone en marcha determinada pretensión como aquel contra quien se la dirige forman parte de la relación jurídica sustancial en que se la funda (cfr. doct. Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, Sala II in re“Ciochini de Moreno”, sent. de 4-5-2000). En definitiva, al decidir sobre la legitimación es necesario verificar si existe un nexo lógico entre el status del litigante y el reclamo que se procura satisfacer (conf. doct. C.S.J.N. Fallos 331:2287; S.C.B.A. causas B. 62.428 “Costadinoff”, sent. de 26-8-2009 y B. 65.394 “Aristi”, sent. de 28-9-2005; esta Cámara causas G-953-MP1 “Saralegui”, sent. de 25-11-2009 y A-1193-NE1 “Sindicato de Empleados Municipales”, sent. de 16-5-2010).

De tal manera, para practicar el examen de legitimación activa resulta necesario analizar el tipo de pretensión blandida y, simultáneamente, para definir quién o quiénes serán los legitimados pasivos habrá de identificarse al sujeto público o privado partícipe de la relación jurídica que motiva el planteo jurisdiccional del accionante (cfr. doct. esta Cámara causa C-1653-NE1 “López”, sent. de 21-5-2010). Si como resultado de tal indagación se concluye que quien acciona o resulta demandado no tiene relación alguna con el tema en debate, faltará ese nexo lógico que permita concluir sobre la presencia de un caso o controversia susceptible de ser examinado por la jurisdicción (cfr. Corte Sup. EE.UU. Flast v. Cohen, 392 U.S. 83).

3.2. Partiendo de lo precedentemente expuesto, habré de coincidir con el juzgador de grado en cuanto dispuso desestimar la investidura procesal de sujeto pasivo que la actora adjudica a la Municipalidad de General Pueyrredon a la luz de lo normado por el art. 1112 del Código Civil [t.a.].

Es que -tal como acertadamente resaltara el sentenciante- mediante la Ordenanza 14.411 fue creado en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el Ente Municipal de Vialidad, Servicios Urbanos y Gestión Ambiental (EMVISUR y GA), asignándosele funciones con carácter de “organismo descentralizado”, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y las disposiciones allí contenidas (conf. art. 1). El mentado ente fue luego continuado, en la materia que aquí concierne, por su sucesor EMVIAL (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público), teniendo éste a su cargo la concreción de políticas municipales en materia de servicios públicos e infraestructura, siendo sus funciones -en lo que interesa- proyectar, ejecutar y mantener por sí o por terceros la red vial del Partido de General Pueyrredon.

Para cumplir tales fines -como bien se ha apuntado en el fallo apelado- posee su propio presupuesto de gastos y recursos, está representado legalmente por su Presidente, quien tiene -entre otras- la función de administrar los recursos del ente. De allí que, de conformidad a la normativa que regula la creación y el funcionamiento del ente, las atribuciones que le han sido asignadas, su autonomía funcional, la asignación y el manejo de sus propios recursos -entre otros aspectos- (conf. Ordenanzas 14.411 y 19.019), se concluye que el EMVIAL -continuador del EMVISUR y GA- reúne las características de un ente descentralizado -o autárquico- en los términos de los arts. 204 a 217 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6769/58; cfr. doct. S.C.B.A. B. 68.987 “Castiglione”, res. de 7-3-2007).

Con todo, queda patentizada la diferente personalidad jurídica que poseen -de un lado- la Municipalidad de General Pueyrredon y -del otro- la entidad autárquica legalmente creada (actualmente EMVIAL, continuador del EMVISUR y GA, cuya alegada inexistencia actual -cfr. fs. 358 vta./359- deviene lógicamente inatendible), ambas reconocidas como personas jurídicas de carácter público -distintas entre sí- en el art. 33, primera parte, incs. 1 y 2 del Código Civil (t.a.) [cfr. arg. doct. esta Cámara causa P-802-MP1 “Villanueva”, sent. de 21-8-2008], y -consecuentemente- susceptibles de demandar o ser demandadas en juicio en forma independiente (cfr. doct. esta Cámara causa C-1987-MP1 “González”, sent. de 15-7-2010).

De tal modo, y desde el mirador del título jurídico aquí examinado [falta de servicio por omisión en el cumplimiento de la obligación de mantener y conservar en buen estado las calles de la ciudad de Mar del Plata], habiendo delegado la Municipalidad demandada la ejecución y mantenimiento de la red vial del Partido de General Pueyrredon en un ente autárquico con autonomía funcional y manejo de recursos, resulta acertado postular que es éste último -y no el Municipio- el titular de la relación jurídica sustancial que motiva la pretensión deducida por el accionante (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 321:3434). De ahí que siendo el ente autárquico una persona jurídica de derecho público facultada para adquirir derechos, contraer obligaciones y manejar los fondos asignados (doct. C.S.J.N. Fallos 308:1651, 340:151), su responsabilidad para con los terceros es siempre directa y descarta toda otra responsabilidad del Municipio generada por la presunta omisión en el cumplimiento de las competencias que le fueron legalmente atribuidas (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 277:225, 314:1248; esta Cámara causas R-519-MP1 “Oliver”, sent. de 15-09-2009; C-2790-MP1 “Gutiérrez”, sent. de 29-05-2012; C-3119-MP2 “Pérez”, sent. de 16-06-2013; C-4068-MP2 “Affricani”, sent. de 25-03-2014 y C-3299-MP2 “Ibañez”, sent. de 9-10-2014).

3.3. Cabe adicionar que pese al razonamiento que el apelante blande al exponer que el Municipio mantiene para así el cobro de las tasas municipales para la manutención de las calles [cfr. fs. 362 vta./363], no varía la suerte adversa del remedio impetrado.

Es que aun cuando el patrimonio de las entidades autárquicas (en el sub examine, el EMVISUR y GA) se encuentra constituido por los recursos asignados presupuestariamente por la Administración central, no por ello se ha de confundir el patrimonio del ente con el Estado. En efecto, ha de destacarse que en virtud de su creación normativa, y a tenor de la supra explicitada calidad jurídica que ostenta, su responsabilidad es directa frente a los terceros, no resultando admisible proyectar [a tenor de la recaudación de las rentas públicas] una responsabilidad solidaria del Estado central por su actuación u omisión, toda vez que dicha carga obligacional se erige sobre su propia existencia, distinta de la persona del Municipio accionado (cfr. argto. S.C.B.A. Ac. 53.077 “Provincia de Buenos Aires”, sent. de 27-6-1995 y Ac. 53.841 “Apolo 21 S.A.”, sent. de 28-12-1995).

Así, coincidiendo con la conclusión que brota del fallo de grado, pongo de resalto la imposibilidad -atento la existencia de un ente descentralizado con atribuciones específicas- de proyectar sobre la Municipalidad de General Pueyrredon [desde la faz pasiva] la condición de titular de la relación jurídico procesal que se desprende de la pretensión deducida por la accionante con anclaje en el art. 1112 del Código Civil (cfr. doct. esta Cámara causas C-2647-MP1 “Enriquez”, sent. de 1-12-2011 y C-2973-MP2 “Mongez”, 31-5-2012), cabiendo, en consecuencia, rechazar el agravio en tratamiento.

3.4. Tampoco pierdo de vista que el recurrente ha impugnado tanto la falta de verificación de la estricta observancia de los preceptos contenidos en los arts. 204 a 217 del decreto ley 6769/58 en la consolidación de las ordenanzas municipales que instituyeron los entes descentralizados ya nombrados, como así también su constitucionalidad, empero es factible advertir que tales cuestionamientos, no exentos de dogmatismo y huérfanos de argumentos técnicos de peso hábiles como para descalificar jurídicamente aquel razonamiento estructurado por el sentenciante respecto de la normativa que estimó aplicable al caso (en tanto no se da cuenta de falencia legisferante alguna que evidencie una reglamentación incongruente al ejercerse por parte de la Comuna dicha facultad prevista en legislación provincial citada, ni una contradicción palpable con los textos constitucionales invocados en la pieza recursiva de fs. 356/363), distan de conformar una crítica concreta y razonada del segmento del fallo hacia el cual se dirige, requisito este que -impuesto por el art. 56 inc. 3 del CPCA- exige hacerse cargo de los fundamentos de la sentencia, a través de un memorial que exponga en forma seria, fundada, concreta, objetiva y puntual sus errores, junto con la demostración de los motivos para considerarla errónea, injusta o contraria a derecho (argto. esta Cámara causa C-5062-MP1 “Mangini”, sent. de 17-3-2015 -y sus citas-), por lo que tal agravio debe ser desestimado de plano.

III. Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación intentado por el demandante a fs. 356/363 y, consecuentemente, confirmar el fallo apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de Alzada se deberían imponer a la parte recurrente en su objetiva condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1, CPCA -texto según ley 14.437-).

Voto a la primera cuestión planteada por la negativa.

El señor Juez doctor Mora, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

I.1. Por auto de fs. 350 y vta., el magistrado de primera instancia reguló honorarios profesionales en favor del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, tomando como base el monto demandado ($ 20.981,00), en la suma de pesos setecientos ($ 700,00) y, en caso de corresponder, con más el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

2. A fs. 355 y vta. la Comuna accionada se agravió del monto de los estipendios correspondientes al perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti por reputarlo elevado.

Al fundar su embate adujo que, en tanto la actuación del perito interviniente no fue necesaria para resolver el pleito, la cuantía de dichos emolumentos resulta alta y corresponde -en su visión- reducirla.

3. El mentado recurso fue concedido a fs. 365 -ap. 1-, replicando dicho embate a fs. 370 el Dr. Jorge Omar Felices, letrado interviniente por el Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia.

II. El recurso no se estima.

1. A los fines de ejercer la tarea revisora respecto de los honorarios fijados en favor del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, corresponde recordar que los emolumentos por la labor pericial deben adecuarse, a más del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los estipendios que han sido fijados a los restantes profesionales intervinientes en la causa, proceder que no configura infracción alguna a las garantías superiores de propiedad e igualdad ante la ley (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 49.967 “La Jirafa Azul S.A.”, res. de 19-6-1991; L. 46.986 "Abella”, sent. de 17-3-1992; B. 49.297 “Ingenieros Costamagna”, res. de 10-12-1992; B. 49.638 “Freidemberg”, res. de 15-12-1992).

Así, la judicatura debe armonizar la preeminencia de las pautas mencionadas a fin de obtener una remuneración que, a la par de justa, resguarde debidamente el derecho de propiedad del beneficiario y del obligado al pago y no consagre un monto totalmente distorsionado con la tarea cumplida que, en definitiva, es lo que se debe retribuir (cfr. art. 17 Const. Nac.; doct. esta Cámara causas R-1130-MP2 “Irastorza”, sent. de 3-7-2009; C-4854-MP1 “Gayoso”, res. de 1-7-2014; entre otras).

2. Desde tal plataforma, teniendo en cuenta las pautas jurisprudenciales reseñadas, las normas arancelarias propias de las profesiones del ingeniero, y atendiendo a la labor desarrollada por el referido perito en estos autos (cfr. fs. 208/211), aparecen ajustados a derecho los honorarios regulados en favor del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, correspondiendo -consecuentemente- rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 355 por la Municipalidad de General Pueyrredon.

III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 355 contra el monto de los estipendios fijados en favor del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti y, consecuentemente, confirmar dichos emolumentos.

Voto a la segunda cuestión planteada por la negativa.

El señor Juez doctor Mora, con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la negativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Rechazar el recurso de apelación intentado por el demandante a fs. 356/363 y, consecuentemente, confirmar el fallo apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de Alzada se imponen a la parte recurrente en su objetiva condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1, CPCA -texto según ley 14.437-).

2. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 355 contra el monto de los estipendios fijados en favor del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti y, consecuentemente, confirmar dichos emolumentos.

3. Estese a la regulación de honorarios de Alzada que se efectúa por auto separado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase por Secretaría al Juzgado de origen.

 

  Correlaciones

Balbuena, Estela c/Municipalidad de San Isidro y o. s/pretensión indemnizatoria - Cám. Civ. y Com. San Martín - 17/08/2017 - Cita digital IUSJU022452E

 

Cita digital:IUSJU021624E