JURISPRUDENCIA

Quiebra. Estado de cesación de pagos. Prueba. Juicio ejecutivo. Cheques

 

Se confirma la resolución que tuvo por demostrado el estado de cesación de pagos invocado por la acreedora peticionaria de la quiebra al juzgarse que había logrado demostrar que su deudora se encontraba en cesación de pagos, ante la prueba sumaria de los hechos reveladores de aquella situación de impotencia patrimonial, respecto de un juicio ejecutivo en el que recayó sentencia firme mediante la cual la pretensa fallida fue condenada al pago de las sumas reclamadas, con sustento en dos cheques rechazados por el banco girado en ocasión de presentarse al cobro.

 

 

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Buenos Aires, 10 de octubre de 2017.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 92/93 en cuanto rechazó las explicaciones brindadas por la citada en los términos del art. 84 LCQ y tuvo por demostrado el estado de cesación de pagos invocado por la peticionante de la quiebra.

El memorial obra a fs. 96/100 y fue contestado a fs. 102/4.

II. El recurso será rechazado.

Bueno es recordar que en una expresión de agravios no basta el quantum discursivo sino la qualitae razonativa y crítica. No alcanza el disentimiento con la sentencia, pues disentir no es criticar al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

La refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que el juez de la primera instancia basa su pronunciamiento y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de equivocadas las conclusiones del fallo, son presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una auténtica expresión de agravios, de lo que se sigue que discutir el criterio de valoración judicial, o pretender introducir lo que no dice la sentencia o debiera haber dicho, sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no es expresar agravios.

En rigor procesal, pues, correspondería declarar la deserción del recurso, por ausencia de crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas (art. 265 CPCC).

III. No obstante ello, la decisión recurrida debe ser confirmada dado que la peticionante de la quiebra ha logrado demostrar que su deudora se encuentra en estado de cesación de pagos, extremo que no ha sido suficientemente desvirtuado.

Tiene dicho el Tribunal que si bien la cesación de pagos constituye un estado de impotencia patrimonial que impide al deudor cumplir regularmente sus obligaciones (arg. art. 78, Ley 24522), no puede soslayarse que el art. 83 de la ley citada sólo requiere del acreedor peticionario de la falencia la prueba sumaria de los hechos reveladores de aquella situación de impotencia patrimonial (art. 79 inc. 2° L.C.) ("Nicenboim José Eduardo s/pedido de quiebra por Kaunzinger Freir Alfredo Hans”, 8.11.11; “Comsul SRL s/ pedido de quiebra por Obra Social de Empleados de Comercio y actividades civiles”, 13.02.14).

A estos efectos, la verosimilitud de ese extremo debe ser ponderada a la luz de las pautas que proporcionan los arts. 78 y 79 LCQ.

Ese recaudo, por ende, debe prima facie tenerse por cumplido en el caso a poco que se repare en la naturaleza de los elementos acompañados, idóneos para exhibir el incumplimiento que se imputa a la demandada.

Se trata de las constancias emergentes de un juicio ejecutivo en el que recayó sentencia -que se encuentra firme- mediante la cual la pretensa fallida fue condenada al pago de las sumas reclamadas, con sustento en dos cheques rechazados por el banco girado en ocasión de presentarse al cobro.

Repárese que aun cuando la propia recurrente sostiene que no se encuentra en estado de cesación de pagos sino que tan sólo habría incurrido en mora con relación a la deuda que aquí se esgrime, ninguna prueba, tendiente a desvirtuar la razón de ese incumplimiento y a restar entidad a la denuncia del acreedor acerca de su impotencia patrimonial, ha aportado a la causa.

IV. Además, la recurrente reitera los argumentos que brindó para cuestionar el obrar de la accionante al acudir a este mecanismo para obtener el cobro de un crédito cuando, según sostiene, debió agotar por la vía individual.

Sin embargo, la acreedora habría solicitado la inhibición general de bienes de la cesante, medida que supone que el embargo no podría hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor (conf. art. 228 CPCC).

Asimismo, adviértase que fue denunciado en autos que existirían otros incumplimientos de la cesante con la actora que permiten descartar que mediante la promoción de este pedido de quiebra hubiera obrado de modo abusivo, como se denuncia.

En efecto: tales elementos permiten descartar que la peticionante de la quiebra hubiera utilizado este proceso como un medio alternativo de aquella ejecución la que, según se señaló, resultó infructuosa.

V. Por lo expuesto, se resuelve: Rechazar el recurso deducido por la demandada y confirmar la resolución recurrida. Con costas (art. 68 CPCC).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

 

JULIA VILLANUEVA

EDUARDO R. MACHIN

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

 

  Correlaciones:

Ley 24522 - BO: 20/7/1995

Raspall, Miguel A.; Taborda, Débora; Raspall, María Laura, “Pedido de quiebra con título ejecutivo. Evolución jurisprudencia de Rosario”, Compendio Jurídico; Boletín 40, pág. 105, Mayo 2010, Editorial Errepar - Cita digital IUSDC282080A

 

Cita digital:IUSJU021660E