JURISPRUDENCIA

Reajuste de haberes. Movilidad jubilatoria. Haber inicial. Remuneración. Actualización. Doctrina de la Corte. Tope

 

Se hace lugar a la acción por reajuste de haberes interpuesta por el actor, por lo que se ordena a la ANSeS el recálculo del haber inicial y la movilidad jubilatoria de acuerdo con las doctrinas pacíficas elaboradas por la CSJN (“Elliff” y “Badaro”). Asimismo, se difiere para la etapa de ejecución la aplicabilidad del artículo 26 de la ley 24241, declarándose inaplicable al caso la doctrina del precedente “Villanustre” de la CSJN.

 

 

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Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017

EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:

I.

De las constancias de autos surge que la Sra. Juez a cargo del Juzgado nro. 4 del fuero hizo lugar parcialmente a la pretensión, por lo que ordenó recalcular el haber inicial de la prestación acordada al amparo de la ley 24.241 (en atenció n a los servicios dependientes acreditados con F.A.D. al 11.07.05) y su posterior movilidad según los lineamientos desarrollados en sus considerandos.

Contra lo así resuelto se dirigen los recursos de apelación de la parte demandada y de la actora, que fueron concedidos libremente y sustentados a fs. 78/80 y fs. 81/83, respectivamente.

En su memorial la nombrada en primer término se agravia de la cuestión de fondo, haciendo especial hincapié en la movilidad ordenada cfr. “Badaro” y de lo decidido en torno al 26 de la ley 24.241.

Por su parte, la actora lo hace de la tasa de interés dispuesta, las costas, la aplicación del precedente “Villanustre”, la movilidad posterior al 1.01.07, cuestiona las leyes 26.198 y 26.417 y solicita se regule los honorarios de su dirección letrada por lo actuado en esta instancia.

Corresponde a la Sala pronunciarse al respecto en la medida que resulta conducente para dilucidar la controversia de autos, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 265, 266, 271 y 277 del CPCCN.

II.

En aras a alinear la decisión sobre la revisión del haber inicial de la prestación y su movilidad posterior con el criterio pretorianamente establecido por el Superior, este Tribunal viene haciendo remisión a las pautas establecidas por la C.S.J.N. en los precedentes “Elliff, Alberto José c/Anses s/reajustes varios” (11.8.09) y “Badaro, Adolfo Valentín (8.8.06 y 26.11.07). (Ver, en cuanto resulta pertinente, sentencias definitivas 130.259 del 5.5.10,131.523 del 10.8.10, 132394 del 15.9.11, 137.428 del 12.8.11, 137.428 del 12.8.11, in re 56446/07 “Martínez, Juan Carlos c/ANSeS s/reajustes varios”,95365/09 “Taboada Enrique A. c/ANSeS s/reajustes varios”, 86029/09 “Tocchi Erminio Gustavo c/ANSeS s/reajustes varios” y 39165/08 “Matiacich Simón Albino Roberto c/ ANSeS s/reajustes varios”, entre otras, respectivamente).

De acuerdo a ese lineamiento y según corresponda en atención a las particularidades del caso, las remuneraciones base de cálculo de las prestaciones habrán de ajustarse por aplicación del ISBIC hasta la fecha de adquisición del derecho (cfr. “Elliff”); y para la movilidad posterior habrá de estarse: a) del 1.1.02 al 31.12.06, a las variaciones anuales del Índice de Salarios, Nivel General elaborado por el I.N.D.E.C. (cfr. “Badaro”); b) del 1.1.07 al 28.2.09 a los aumentos de alcance general otorgados por la ley 26.198 y decretos del P.E.; y c) desde el 1.3.09 en adelante a los incrementos dispuestos por la ley de movilidad 26.417.

III.

Hasta tanto no se practique la liquidación correspondiente que permita determinar el haber mensual reajustado que debió ser abonado por la demandada por cada uno de los meses adeudados, no existe evidencia alguna que permita sostener que el art. 26 de la ley 24.241 es aplicable al caso y, menos aún, el perjuicio que ello pueda significar para quien demanda, por lo que corresponde -a esta altura del proceso- (cfr. C.S.J.N. in re G.2275.XL, “García Felipe c/ANSeS s/reajustes varios”, sentencia del 7.3.06, publ. en Revista Jubilaciones y Pensiones pág. 436) diferir el tratamiento de la mentada disposición para la etapa de ejecución.

IV.

No ha de prosperar el embate de la parte actora contra la validez de la movilidad aplicada en virtud de las leyes 26.198 y 26.417 a partir de su entrada en vigencia, habida cuenta que no demuestra fehacientemente el perjuicio sufrido por el empleo de esa mecánica de ajuste.

A mi juicio, no suple ese recaudo las argumentaciones dogmáticas vertidas en torno a los elementos de la fórmula de que se trata.

V.

A mi juicio, no resulta aplicable a las prestaciones del S.I.J.P., la doctrina elaborada por la C.S.J.N. en “Villanustre, Raúl Félix s/jubilación” a propósito de la ley 18.037, visto las diferencias sustanciales que pueden observarse entre las prestaciones previstas por ambos regímenes y sus muy disímiles reglas de cálculo para la determinación del haber inicial.

Esta posición sostenida en gran cantidad de casos por la mayoría de este Tribunal fue objeto de cuestionamiento por la demandada mediante recursos extraordinarios que la C.S.J.N. desestimó con invocación del art. 280 C.P.C.C.N., como ser, por sentencias recaídas el 28.3.17 in re “Vaccare, María Inés c/ANSeS s/Reajustes varios”, Sallago, Alberto Oscar c/ANSeS s/Reajustes varios”, “Alvarez, Luisa Orfinda c/ANSeS s/Reajustes varios”, entre muchos otros, por lo que así resuelto quedó firme.

VI.

Que, en otro orden de cosas, considero que no asiste razón a la actora en cuanto a la argüida invalidez del art. 21 de la ley 24463, disposición que compatibiliza la exención de que goza el organismo, que fuera establecida por el art. 1 de la ley 18477 y 11 de la ley 23473, por un lado, con la gratuidad del procedimiento del reclamo de prestaciones previsionales para los demandantes, por el otro.

Sin perjuicio de ello he de agregar que, conforme reiterada jurisprudencia en la materia, la constitucionalidad de la exención apuntada ha sido invariablemente admitida. (Véase, entre otros, sentencia 15169 del 21.11.91 de la Sala II, en autos 13537/90 "Colotto Victorio c/CNPICyAC." y C.S.J.N., 20.8.08, in re F.444 XXXVIII. “Flagello, Vicente c/ANSeS s/interrupción de prescripción”).

Por ello, en concordancia con la opinión vertida por el Ministerio Público sobre el punto, (ver, entre otros, dictamen nro. 7773 del 24.4.97 de Fiscalía General Nro. 1, causa 6694/97 "Martínez Anita c/ANSeS s/dependientes: otras prestaciones"), me pronuncio por desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido y confirmar la imposición de costas por su orden.

VII.

Por lo demás, lo dispuesto sobre la tasa de interés a aplicar por los créditos originados con posterioridad al 1.4.91 y hasta el 31.12.01 ha de ser confirmado por ser ajustado a la doctrina reiterada del Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 14.9.93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine", oportunidad en que se revocó lo decidido por esta Sala por Sentencia nro. 26115 del 16.6.92, con fundamento que aún hoy sostengo.

Ahora bien, visto que el criterio marcado por la jurisprudencia del Superior conserva aún vigencia, (ver entre otros sentencias del 21.5.02 in re A.376.XXXV.R.O. “Aguilar, Froilán contra Anses s/ Reajustes por Movilidad”, del 14.9.04 in re “Spitale”, Fallos 327:3721, y pronunciamiento por mayoría del 18.04.2017 recaído en la causa CSJ 928/2005 (41-C)/CS1 R.O. “Cahais, Rubén Osvaldo c/ANSeS s/reajustes varios”), deberá continuar aplicándose la misma tasa aún para las acreencias devengadas con posterioridad al 1.1.02, por lo que en este punto y con el alcance indicado cabe confirmar lo resuelto.

VIII.

Corresponde regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación ante esta Cámara en el …% de lo establecido en la instancia de grado (art. 14 de la ley 21839).

IX.

Encuentro suficiente para la correcta solución de las cuestiones litigiosas sometidas a consideración de esta alzada lo hasta aquí expuesto, porque “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio”, (cfr. “Tolosa, Juan C. c/Compañía Argentina de Televisión S.A.”, fallado el 30.4.74, pub. L.L. T. 155, pág. 750, nro. 385). Ello es así en el marco de la conocida doctrina en virtud de la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para decisión de la causa. (Fallos 272:225; 274:113; y causa “Wiater c/Ministerio de Economía”, L.L. 1998AA, pág. 281, entre otros).

Por lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmente admisibles los recursos deducidos; 2) hacer lugar parcialmente a los mismos y por ello, a) dejar sin efecto lo decidido sobre el art. 26 de la ley 24.241 difiriendo su tratamiento para la etapa de ejecución; b) declarar inaplicable al caso la doctrina del precedente “Villanustre”; y 3) confirmar la sentencia apelada en lo demás que decide y fue materia de agravios. Costas de alzada por su orden (arts. 68, segundo párrafo, del CPCCN y 21 de la ley 24.463). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el …% de establecido en la instancia de grado. (art. 14 de la ley 21.839). Naf.

EL DR. RODOLFO M. MILANO DIJO:

Adhiero a las conclusiones a que arriba el Dr. Fasciolo.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) declarar formalmente admisibles los recursos deducidos; 2) hacer lugar parcialmente a los mismos y por ello, a) dejar sin efecto lo decidido sobre el art. 26 de la ley 24.241 difiriendo su tratamiento para la etapa de ejecución; b) declarar inaplicable al caso la doctrina del precedente “Villanustre”; y 3) confirmar la sentencia apelada en lo demás que decide y fue materia de agravios. Costas de alzada por su orden (arts. 68, segundo párrafo, del CPCCN y 21 de la ley 24.463). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el …% de establecido en la instancia de grado. (art. 14 de la ley 21.839).

Cópiese, protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

 

RODOLFO M. MILANO

JUEZ DE CAMARA

NESTOR A. FASCIOLO

JUEZ DE CAMARA

-SUBROGANTE-

 

SE DEJA CONSTANCIA, QUE EL DR. MARTIN LACLAU NO FIRMA LA PRESENTE POR ENCONTRARSE EN USO DE LICENCIA (ART. 109 DEL R.J.N.).

 

ANTE MI:

ELOY A. NILSSON

SECRETARIO DE CAMARA

JAVIER B. PICONE

SECRETARIO DE CAMARA

 

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