JURISPRUDENCIA

Obras sociales. Baja por jubilación. Desafiliación unilateral. Ilegitimidad

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar al reclamo de la devolución del importe que tuvo que abonar la actora para continuar afiliada a la obra social demandada desde el momento en que obtuvo el beneficio de la jubilación, pues la accionada procedió unilateral y abusivamente a darla de baja, y dejarla sin cobertura médico-asistencial.

 

 

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En Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dijo:

I.- La señora Dora Haydee E., por derecho propio, inició la presente acción de daños y perjuicios contra la Obra Social Unión Personal de la Unión Personal Civil de la Nación reclamando la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ($182.933), con más los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, costos y costas del proceso.

En concreto reclama la devolución del importe que tuvo que abonar para continuar afiliada en la obra social demandada desde el mes de agosto de 2009, momento que obtuvo el beneficio de la jubilación y la accionada procedió unilateral y abusivamente a darla de baja, dejándola sin cobertura médico asistencial, hasta noviembre 2013, fecha en que en el proceso de amparo iniciado previamente se reconoció su derecho al mantenimiento de la afiliación preexistente. Asimismo, solicita se reconozca el daño moral que padeció en consecuencia y se imponga una multa por daño punitivo (ver fs. 18/23).

Al progreso de esta pretensión se opuso la Obra Social demandada. Expuso que no le asiste razón a la actora, pues la Sra. E. se afilió voluntariamente como socia adherente un día después de haberse cumplido los tres meses de cobertura establecidos por el art. 10 de la Ley N° 23.660, habiendo abonado la totalidad de las cuotas mensuales sin ningún tipo de reparo. De allí que no corresponde la devolución de los montos pagados oportunamente por cuanto el derecho a mantener la afiliación anterior nació en noviembre de 2013 con el dictado de la sentencia en el proceso de amparo, sin que pueda ejercerse retroactivamente. Asimismo, impugna los rubros indemnizatorios reclamados –daño moral y punitivo- y plantea la inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley N° 24.240 por considerar que resulta violatorio de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional (ver fs. 35/39 vta.).

II.- En el pronunciamiento de fs. 144/157, el señor Magistrado de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda interpuesta, condenando a la Obra Social Unión Personal de la Unión Personal del Personal Civil de la Nación a pagar a la actora la suma de pesos OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($82.636,56) con más los intereses fijados en el considerando sexto e impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).

Para decidir de eso modo, sostuvo que el derecho a mantener la cobertura obligatoria al tiempo de la jubilación de la actora surgía del propio imperio de la ley (conf. arts. 8 y 20 de la Ley N° 23.660 y su reglamentación; art. 16 de la Ley N° 19.032 y Decreto N° 292/95), por lo que la facultad de optar no provino del dictado de la sentencia, pues ésta ha sido simplemente el acto jurisdiccional que declaró y reconoció un derecho preexistente. De allí que admitió la pretensión resarcitoria en relación a la devolución de las sumas pagadas como afiliada adherente cuando no debía serlo, por el total de $32.636,56.

Respecto del daño moral, consideró que debía rechazarse por no haberse acreditado ni siquiera mínimamente la entidad de los desmedros espirituales que la actora dijo haber padecido.

Finalmente, en lo relativo a la fijación de una multa por daño punitivo (art. 52 bis de la Ley N° 24.240) remarcó que se trata de un instituto necesario para poner coto a las conductas desaprensivas por parte de los proveedores que generan perjuicios a los usuarios, como en el caso de autos, donde la demandada resulta deudora de una obligación asistencial, a cuyo cumplimiento se había comprometido en virtud de un contrato de salud que debía respetar. Máxime, cuando la accionada tenía pleno conocimiento de las obligaciones legales a su cargo y los derechos de los afiliados que obtienen el beneficio de la jubilación a mantenerse en la misma cobertura desde el año 2001, tras el precedente “Albónico” en el que la Corte Suprema de Justicia falló en su contra en un caso análogo. Por ende, compartiendo los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal Federal a fs. 139/141, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley N° 24.240 y fijó la multa por dicho concepto en la suma de $50.000.

III.- La sentencia referida fue materia de apelación por parte de la accionante a fs. 158, quien expresó agravios a fs. 170/172, sin que fueran replicados por la demandada. Ésta, a su vez, apeló la sentencia a fs. 160 y fundó su recurso a fs. 173/175 vta., el que fue contestado por la actora a fs. 177/178 vta.

Las quejas de la actora se centran en cuestionar: a) el escaso monto fijado por el a quo en concepto de indemnización por daño punitivo, dado que la Obra Social incumplió sus obligaciones con malicia y dolo, demostrando un total desprecio al consumidor; y b) el rechazo íntegro del rubro de daño moral. En tal sentido, entiende que yerra el Magistrado al considerar que pudo ser tolerado el malestar producto del pago indebido de un canon mensual, cuando el hecho de haber tenido que instar una acción judicial para que cese un acto antijurídico, resulta per se suficiente para generar un resarcimiento en concepto de daño moral, sin que deba ser probado.

Por su parte, los agravios de la demandada se sustentan en que: a) La sentencia yerra al disponer que se debe devolver el importe abonado por las cuotas pues el Magistrado no ha considerado que la actora voluntariamente se afilió como socia adherente y accedió a todos los beneficios de la cobertura, pagando por tal los cánones mensuales de forma voluntaria y espontánea por un plazo de 4 años. Ello así, no puede desconocerse que rige la teoría de los actos propios; b) Resulta erróneo que proceda la multa por daño punitivo cuando no se configuró ilícito civil alguno. Aduce que no se probó la existencia de dolo o como mínimo una grosera negligencia imputable. Ello, teniendo en cuenta que su parte brindó a la actora todas las atenciones médicas que la misma necesitaba; y c) Subsidiariamente, cuestiona el elevado monto dispuesto para resarcir el daño punitivo.

IV.- Así planteada la cuestión, es oportuno comenzar por señalar que el Tribunal sólo se ocupará de los aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias para resolverlas, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos: 262:222; 278:271; 291:309; 308:584 y 331:2077).

V.- Así las cosas, corresponde aclarar que de la lectura de los escritos de inicio surge que no se encuentra discutido que la Sra. Dora Haydee E., una vez que obtuvo el beneficio de la jubilación, estuvo afiliada como socia adherente a la obra social demandada desde el 01.08.2009 al 30.11.2013, abonando en contraprestación una cuota mensual.

El meollo de autos consiste en dilucidar si el pago por tal prestación fue ajustado a derecho -como plantea la demandada- o bien, si nunca correspondió haber abonado dichas sumas, debiendo proceder la Obra Social a su devolución, tal como sostuvo el a quo en su sentencia.

VI.- Sobre tales bases, corresponde examinar, en primer término, las quejas articuladas por la Obra Social en cuanto a la procedencia de la acción, toda vez que de prosperar resultaría inoficioso expedirse acerca de los demás agravios traídos a la Alzada.

Al respecto, debo decir que de conformidad a lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal a fs. 180/181 vta., no encuentro que este apelante haya realizado una crítica idónea de los fundamentos del fallo, que permita revisar la sentencia de grado. El art. 265 del Código Procesal dispone que la debida fundamentación del recurso de apelación implica una crítica concreta y razonada del decisorio que se ataca. Ello requiere un análisis serio que demuestre, de manera apropiada, que aquél es erróneo o contrario a derecho. Es indispensable, a tal fin, que se indiquen las deficiencias atribuidas al fallo (confr. esta Sala, causas 7628/99, 26/IV/00, 1884/04, 28/XII/06, entre otras; FASSI – YÁÑEZ, Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado, T° 2, pág. 483). Dicha exigencia, de acuerdo con el propio texto legal, no se cumple repitiendo argumentos expuestos en presentaciones anteriores ni reiterando que su postura es la adecuada sin ningún tipo de justificación (conf. esta Sala, causa n° 870/2014 del 14.6.17).

En el caso es evidente que el escrito de fs. 173/175 vta. no reúne los requisitos mínimos de fundabilidad previstos en las normas rituales. En efecto, el apelante insiste en sostener que la actora “voluntariamente se afilió como socia adherente”, sin hacerse cargo que, tal como sostuvo el Magistrado de grado, existe una sentencia dictada en el proceso de amparo -confirmada en Alzada-, donde ya se dispuso que la Obra Social tuvo un obrar compulsivo y abusivo al desvincular a la actora por ingresar en el régimen de jubilación (ver fs. 5/17). De conformidad, insiste en sostener que el derecho a no abonar las cuotas como socia adherente nació con el dictado de dicha sentencia del amparo, haciendo caso omiso de la fundamentación otorgada por el a quo referida a que el derecho de optar por mantener la afiliación nace del imperativo de la ley, por lo que la sentencia sólo reconoció el derecho preexistente de la actora.

Lo mismo ocurre con los agravios relativos a cuestionar la procedencia de la multa por daño punitivo. Reitera que su accionar no constituye un ilícito civil porque igualmente brindó a la actora las prestaciones médico asistenciales, cuando la conducta que sanciona el Juez de grado no es la falta de cobertura, sino la gestión de desvincular unilateralmente a la actora por la obtención de la jubilación. Ello así, teniendo en cuenta que la demandada tenía o al menos debió tener pleno conocimiento que su obligación era mantenerla afiliada.

De allí que el recurrente debió cuestionar los sustentos fácticos y normativos utilizados por el a quo y no simplemente insistir en su tesitura. En consecuencia, el memorial que cuestiona la procedencia de la acción y el rubro de daño punitivo reconocido, no alcanza a satisfacer las exigencias de la ley de rito, de modo que no cabe sino declarar desierto su recurso (arts. 265 y 266 Código Procesal).

VII.- Sin perjuicio de ello, a mayor abundamiento y a los fines de despejar toda duda, creo oportuno señalar que igualmente las quejas esgrimidas por la demandada no hubiesen podido prosperar.

Tal como surge de la sentencia de amparo que dio sustento a la presente acción, el hecho de que la actora afiliada a la obra social demandada durante su etapa laboral activa haya obtenido la jubilación, no significó que el vínculo antedicho debiera finalizar de manera forzosa, sino que subsistía en la esfera de la autonomía de su voluntad el derecho a permanecer bajo la cobertura de la accionada, tal como lo ha señalado el magistrado preopinante, y lo viene diciendo este Tribunal desde la causa nº 39.356/95 del 13.2.96 y en numerosos casos resueltos con posterioridad, habiéndose pronunciado en idéntico sentido tanto las restantes salas de esta Cámara como la Corte Suprema (Fallos: 324:1550; Sala 3, causa 5899/01 del 26.10.04; Sala 1, causa 10.844/05 del 14.3.06, entre muchos otros).

Por lo tanto, los fundamentos relativos a que no puede proceder la devolución de los importes abonados porque la actora “voluntariamente” se afilió como socia adherente al ser dada de baja forzosamente de su plan -por el mero hecho de jubilarse- como así que “voluntaria y espontáneamente” quiso abonar los cánones correspondientes a la nueva prestación, no merecen el más mínimo análisis. Es que no cabe dudas que la actora no tuvo otra opción que afilarse y abonar dichas cuotas si quería mantener la cobertura médico-asistencial que gozaba mientras trabajaba. Por ende, la discrecionalidad alegada dista de la realidad descripta.

Ahora bien, la demandada, a su vez plantea que resultó erróneo disponer la devolución del valor de los períodos donde gozó de un plan de salud contratado porque el derecho de la actora a recuperar su afiliación anterior nació recién con el dictado de la sentencia de amparo. Al respecto, considero que lo que se debe determinar es si la sentencia dictada en el proceso referido, que fue confirmada por esta Sala (ver fs. 5/17), tiene carácter constitutivo o declarativo del derecho. Es decir, si se creó una nueva situación jurídica que antes no existía, que no nació sino hasta el momento de la decisión final de la Litis -sentencia constitutiva- o bien, si se estableció la existencia o inexistencia de un derecho -sentencia declarativa- (conf. Chiovenda, Giuseppe (1954), Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. Vol. III. pp. 148-149.)

Sobre este punto, resulta pertinente esbozar que la normativa vigente al momento en que la accionada procedió a desvincular a la Sra. E. disponía el derecho a la conservación de la afiliación obligatoria de los trabajadores que acceden a la jubilación a la obra social correspondiente al servicio prestado en actividad. El art. 16 de la Ley N° 19.032 lo establece, así como los derechos y deberes derivados de esa relación, a menos que los pasivos hayan ejercido la opción de recibir la atención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, supuesto en que quedarían canceladas las obligaciones recíprocas de las obras sociales a las que pertenecían (C.S.J.N. Fallos: 324:1550), situación que no acaeció en autos. De conformidad, la Ley N° 23.660 en sus arts. 8 y 20 reconoce el carácter de afiliado a los jubilados como así que los organismos que tengan a cargo la liquidación de tales prestaciones deban deducir los aportes de los haberes jubilatorios y transferirlos a la orden de la respectiva obra social.

Lo expuesto implica necesariamente reconocer que el derecho a mantener la afiliación con posterioridad a la obtención del beneficio de jubilación tiene un origen normativo incuestionablemente previo, siendo vulnerado en el mismo momento en que la demandada desvinculó unilateralmente a la Sra. E. por dicho motivo. Proceder de manera contraria, entendiendo que el derecho se constituye con el dictado de la sentencia de amparo, implicaría consentir un enriquecimiento sin causa de la demandada que estuvo cobrando una cuota mensual cuando, tal como fue demostrado, la legislación vigente se lo prohibía. De allí que, sin perjuicio de considerar que el recurso debe ser declarado desierto, corresponde confirmar el reconocimiento de este rubro por la suma fijada en la instancia de grado -cuyo monto ($32.636,56) no fue materia de agravios-.

VIII.- Establecida la procedencia de la acción, corresponde examinar los agravios que cuestionan el rechazo del daño moral requerido como así también el otorgamiento y monto reconocido por el daño punitivo.

Con relación al reclamo por daño moral, debe tenerse en cuenta que se trata de aquel que afecta al sentimiento -dolor, aflicción, pesar, conmoción de envergadura en el equilibrio habitual- y que es consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido, el humillado, el afligido, etc., tenía un interés reconocido por la ley (conf., Zannoni, E., El daño en la responsabilidad civil, pag.232 y sus citas).

Por tratarse de un supuesto de incumplimiento contractual, la pretensión de su resarcimiento se rige por el art. 522 del Código Civil, y en éste ámbito la doctrina y jurisprudencia coinciden en que la interpretación y aplicación debe ser restrictiva (conf., Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de la Obligaciones, T.I, pag.382, Cichero, N., La reparación del daño moral en la reforma de 1968, E.D., T.66-157, Borda, G.A., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T.I, pag.195, Nº175, Belluscio- Zannoni, Código Civil, T.2, pag.733, Nº4, Cam.Nac. Civil, Sala E, LNº364.O86, De Souza, R.A. c/Pacenza, A. s/Cumplimiento de contrato, 2/4/2OO3 y sus citas, Sala G., L.Nº264.6OO, 21/11/198O, Sala F., L.L., 1978-B-521, entre otros).

En el caso en análisis y como en todos los supuestos de este tipo, la existencia del daño moral es, entonces, de acreditación indispensable y si éste no se comprueba, no puede otorgarse ningún tipo de indemnización. Un daño no probado no existe para el derecho (ver, Llambías, J.J., Código Civil Anotado, T.II-A, Art.519, N*19, pag.159; idem, Cam. Nac. Civil, Sala D, LN*287.O58. 6/6/1983). Por ende, es necesaria la constatación de molestias o padecimientos que hieren las afecciones legítimas de la víctima. Es decir, que excedan la mera contrariedad por la frustración de la relación convenida y esperada (conf. Sala I de este fuero, causa N° 7.170/01 del 20.10.05), pues la finalidad del rubro no es engrosar la cuantía de la indemnización por daños materiales, sino mitigar, mediante una “compensación de bienes”, los males o las heridas causados a las afecciones más estrechamente ligadas a la dignidad y a la plenitud del ser humano (conf. Sala I, causa N° 16.407/03, del 29.03.07).

Así las cosas, de las constancias de autos surge que la actora simplemente se limitó a referir de manera genérica al “sufrimiento, frustración y padecimiento psíquico” que le ha causado el accionar de la demandada con su incumplimiento contractual. Por ende, resultan inadmisibles sus agravios al sostener que “el mero hecho de tener que instar una acción judicial a los fines de lograr el cese de un accionar antijurídico, resulta per se generador de un resarcimiento en concepto de daño moral” (ver fs. 170) pues, tal como fue expuesto, debe acreditarse que realmente se generó un menoscabo susceptible de reparación. Caso contrario, siguiendo el razonamiento planteado en el memorial, todo reclamo jurisdiccional, por el mero hecho de incoarse, debería ser integrado por este rubro como compensación al tener que litigar, desnaturalizándose el instituto en estudio.

Sobre tales bases, no hallo circunstancias razonablemente idóneas y motivos suficientes para el resarcimiento del daño moral, que superen evidentemente lo que serían las meras molestias, inquietudes o perturbaciones propias de cualquier contingencia provocada por tener que acudir a una vía judicial (conf. esta Sala, Causa n° 5742/2008 “S. M. D. Y OTROS c/ OSDE s/INCUMPLIM.DE PREST.DE OBRA SOC./ MED.PREPAGA” del 27.02.15). Por lo tanto, corresponde confirmar el rechazo del daño moral requerido por la actora.

IX.- Por último, en relación al daño punitivo, habiéndose declarado desierto los agravios de la demandada que cuestionan su procedencia, resta analizar las quejas de la actora respecto al monto reconocido.

Para ello, debo tener en cuenta la naturaleza del instituto. Tal como expuse en mi voto en la causa n° 5270/2013 “ZAMUDIO” del 08.11.2017, si bien los daños punitivos son excepcionales, la doctrina Argentina es prácticamente unánime en aceptar la procedencia de los daños punitivos, que buscan sancionar, castigar, en definitiva punir -como lo indica su nombre- determinadas conductas de acuerdo a pautas de valoración establecidas por el ordenamiento legal o libradas al discernimiento judicial, que no dejan de revestir un carácter excepcional en el ámbito civil.

Dicho de otro modo y toda vez que, se reclama en estas actuaciones con fundamento en lo dispuesto por el art. 52 bis de la Ley N° 24.240 y sus modificaciones, no puede desconocerse que, no cabe duda que la relación que ligara a las partes se encuentra alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor Nro. 24.240 y su modificatoria nro. 26.631. Ello es así a poco que se repare que conforme claramente lo dispone el art. 1 de la normativa citada en primer término, con la modificación que le introdujera la segunda, dicha ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

A su vez, la Ley N° 26.361 introduce como art. 52 bis a la Ley N° 24.240 el siguiente precepto: "Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan....". De lo dicho se sigue, la facultad tanto del damnificado de reclamar, como del juez de admitir -si correspondiere-, además de la reparación daño directo la de condenar el pago del daño punitivo, arribándose de tal forma una reparación integral.

La Ley N° 26.361 incorporó las figuras del daño directo y del daño punitivo a favor del consumidor damnificado, que operan de modo distinto pero concurrentemente con armonía, sustentando el principio de reparación integral del daño que se consagra y que en el caso del punitivo agrega un objetivo sancionatorio y preventivo. Su límite estará dado por el enriquecimiento sin causa, que la ley no reconoce ni alienta. Así la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inciso b) de dicha ley. Esta figura reconoce su antecedente en los precedentes de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América y tiene una finalidad disuasiva y ejemplificadora a través del reconocimiento de una indemnización incrementada para la víctima en casos de grave inconducta del proveedor de bienes o servicios. Y como consecuencia de la integralidad, el daño que se reconozca deberá comprender tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial o moral (conf. Bustamante Alsina, J., Los llamados "daños punitivos" son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil, L.L. 1994B-680).

Por otro lado, el daño punitivo participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores en los que se condene en calidad de daños y perjuicios y se encuentra destinada, en nuestra regulación, en principio, al propio damnificado. Esta pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y también, al castigo y al desbaratamiento, a futuro, de los efectos ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (conf., Cám. Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, 27-05-2009 en autos "Machinandearena Hernandez Nicolás c/ Telefónica de Argentina").

Así las cosas, verificándose en la especie por parte de la demandada las conductas antes señaladas, considero correcto el reconocimiento de la procedencia del rubro. Es que sin duda alguna resulta descalificable y reprochable su reiterada conducta de incumplir una obligación asistencial cuando tenía o al menos debió tener pleno conocimiento de su obligación de mantener afilados y no desvincular unilateralmente a aquellos que adquirían el beneficio de la jubilación; pues, tal como fue expuesto, ello surgía de la normativa vigente al momento de su obrar y lo resuelto con anterioridad a su actuar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Albónico” del 2001, donde se falló en su contra en una causa que versaba sobre la misma materia.

Por lo tanto, sin perjuicio de advertir que una de las cuestiones que más complejidad reviste es la cuantificación de la sanción en su traducción a términos numéricos, a los fines de compensar la naturaleza sancionadora del instituto referida con el enriquecimiento sin causa de la actora vedado en nuestro ordenamiento jurídico, estimo razonable el monto reconocido de $50.000 en concepto de daño punitivo.

X.- En virtud de lo expuesto, oído el Sr. Fiscal General a fs. 180/182, propongo confirmar la sentencia apelada, en lo que fue materia de agravios, imponiendo las costas de Alzada también a la demandada, que ha resultado vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

El doctor Alfredo Silverio Gusman, por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhiere a su voto.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada, en lo que fue materia de agravios, imponiendo las costas de Alzada también a la demandada, que ha resultado vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Difiérase la regulación de honorarios devengados en esta instancia, hasta tanto se practique la propia en el juzgado de origen.

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal General en su público despacho- y devuélvase.

 

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

 

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