JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril de 2018, para dictar sentencia en estos autos caratulados “Collaud Oscar Edgardo c/ Nestle Argentina S.A. s/ Despido”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs.8/20 se presenta la actora e inicia demanda contra Nestle Argentina S.A., en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Señala que ingresó a laborar a las órdenes de la demandada, realizando tareas de viajante de comercio en exclusividad con la empresa.

Explica las características y condiciones en que se desarrolló la relación laboral, hasta que se produjo la denuncia del mismo por parte de la empleadora sin invocación de causa.

Reclama diferencias salariales e indemnizatorias, multas y demás rubros establecidos en la normativa vigente.

Afirma que el salario abonado era deficiente, y que la relación laboral se ha desarrollado con distintas irregularidades.

A fs.70/82 Nestle Argentina S.A., realiza una pormenorizada negativa de las cuestiones planteadas en el escrito de inicio.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 355/366, en la cual el “a-quo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las principales pretensiones de la actora.

Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la parte demandada (fs.359/372) y por el perito contador quien cuestiona la regulación de sus honorarios.

II- Aduce la quejosa que la actividad de la actora no reunía las características de una viajante de comercio, y que el sentenciante ha llegado a una conclusión errada, por realizar una errónea apreciación de la prueba.

En primer lugar cabe tener en cuenta que el art. 1 de la Ley 14.546 expresamente dice: “...Quedan comprendidos en la presente ley los viajantes, exclusivos o no, que haciendo de ésa su actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes y/o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados, mediante una remuneración...”.

No obstante que el propio texto de la ley realiza sólo una enumeración de requisitos a los efectos de la admisión del carácter de viajante sin una definición concreta, la jurisprudencia y la doctrina han armado un andamiaje imprescindible para la determinación del encuadre de la relación en el estatuto particular.

La actividad del viajante de comercio, básicamente se centra en la información y persuasión de la clientela, a fin de lograr la obtención de un pedido de un producto ya existente o la introducción de uno nuevo y en la búsqueda e incorporación de nuevos clientes. El viajante de comercio es un sujeto que actúa como intermediario entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y se encuentra vinculado con la empresa a través de un vínculo de dependencia laboral.

Al abordar mi trabajo “EL CONCEPTO DE VIAJANTE DE COMERCIO A LA LUZ DE LA EVOLUCIÓN QUE SIGNIFICÓ EL ADVENIMIENTO DE NUEVAS FIGURAS” (Errepar, DLE, nº227 pág.613) tuve oportunidad de señalar que cuando se dictó el Estatuto del Viajante de Comercio, no existían determinadas modalidades de trabajo. Por ejemplo quien se dedica a la afiliación a las A.F.J.P., a la venta de “tiempos compartidos”, a la venta de planes de ahorro, a la cesión de parcelas en cementerios privados, a la promoción y venta de servicios de medicina prepaga, etc. Se trata de nuevos trabajadores dependientes con la modalidad de cumplimiento de las funciones de venta fuera de la sede de la empresa y, a veces, invitando a la concurrencia de la misma a los efectos del perfeccionamiento de la operación.

Veo con claridad que una interpretación razonable y discreta de lo establecido en el art. 1º de la ley 14.546 conduce a sostener que se encuentran comprendidos las tareas que realizaba el actor.

Los testigos dan cuenta de ello al señalar que el actor, visitaba distintos clientes con el objetivo de venderles y reponer productos de la compañía, que tenía una cartera de clientes y que el actor debía venderles los objetivos que la compañía proponía, que sus tareas eran la venta y promoción de los productos de la empresa (Vargas fs. 172, Cainero fs.182, Ocaranza fs. 183).

En este sentido, a mi juicio resultan claros y concordantes en sus declaraciones relativas a las tareas desplegadas , por lo que constituyen prueba testifical idónea (art. 90 de la ley 18.345 y 386 del Código Procesal); en este punto cabe aclarar que el hecho que alguno de ellos, tengan juicio pendiente con la demandada, no implica que dichos testimonios resulten inválidos, sino que deben ser analizados con mayor cuidado, más en el presente caso, los testigos indican como tarea de la actora la venta de productos, no son solo el que mantiene juicio pendiente, sino que también se orientan en la misma dirección la totalidad de ellos, tal como se ha indicado anteriormente.

A mayor abundamiento, cabe destacar que de los propios recibos acompañados por la accionada a fs. 63 se consignaba la categoría de preventista y se incluyó el rubro “indemnización por clientela”, característica de los viajantes de comercio.

Por los argumentos antes enunciados es que propicio la confirmatoria del fallo en este segmento.

III- Pretende se descuente del monto de condena el concepto de “diferencias salariales por comisiones por ventas y cobranzas”.

En este punto cabe puntualizar, que no surge de la demandada incoada el tales rubros hayan sido integrativos de la pretensión del actor, como asi tampoco que el sentenciante haya condenada al pago de suma alguna con dicho fundamento.

Por lo tanto, no cabe hacer lugar a su reclamo, ya que lo que se pretende no guarda relación, ni con lo demandada ni con lo resuelto por el sentenciante.

IV- Se agravia, también, por la liquidación practicada por el “a quo”.

Adelanto que sus planteos en este aspecto, no han de tener favorable acogida.

Ello de este modo, ya que, no se advierte efectuada una crítica concreta y razonada de dicho aspecto del decisorio pues, sólo se vierten manifestaciones dogmáticas de disconformidad sin expresar en forma concreta cuál es la medida de su interés de ser atendido su agravio.

Digo ello pues, el apelante no explica qué incidencia tendrían sus agravios en el resultado del juicio cuando precisamente se halla cerrado el proceso de conocimiento y las partes cuentan con todos los elementos necesarios para sostener sus respectivas tesituras y la medida de su interés en la alzada, con lo que deviene una carga inexcusable para expresar agravios ("Melazzi Antonio c/Law Care SA", sent. 23.181 del 9.5.94; "Rocha Olga B. c/ Corporación Médica del Sud Soc. Coop. Ltda.", sent. 30.308 del 12.2.98; Bravo, Eduardo J. c/EFA", sent. 30.317 del 17.2.98; "Requena Marcela Verónica c/ Klahr Ricardo y otro", sent. 33.716 del 21.6.2000, entre muchos otros).

De este modo el agravio es inidóneo para el fin que persigue por lo que propongo desestimar el recurso en el punto (art. 116 de la Ley 18.345).

V- En relación a la multa establecida en el art. 80 de la L.C.T. y a la confección del mismo, entiendo que de acuerdo a la solución arribada en el pleito, no cumple con la obligación de entrega la circunstancia de que la accionada haya confeccionado una constancia de acuerdo a los datos que figuraban en su registro.

Digo ello pues, la obligación se encuentra cumplida cuando los certificados contienen las circunstancias verídicas de la relación habida entre las partes, extremo que, en el caso, recién salió a la luz al dictarse la sentencia.

En este aspecto, cabe puntualizar tal como lo señala el sentenciante, de las constancias obrantes en la causa surge que el actor ha cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo cual no encuentro argumento fáctico ni jurídico que me permitan apartar de lo decidido en grado en relación a la condena a la entrega de los certificados establecidos en el art. 80 LCT.

VI- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales, opino que - por aplicación de los porcentajes regulados en su favor - sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo mantenerlos (arts. 6, 7, 9 y 39 ley 21.839 y art. 38 de la ley 18.345 - modificada por ley 24.635 ).

VII- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada vencida, teniendo en cuenta la suerte que ha merecido el recurso, (art. 68 2do párrafo del Código Procesal Civil y Comercial) y se regulen honorarios para la representación letrada de la actora y demandada en el 30% de los determinados en primera instancia (art. 30 ley 27.423).

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto de la Dra. Estela Milagros Ferreirós.

EL DR. HECTOR CESAR GUISADO: No vota (art. 125. de la Ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Declarar las costas de esta instancia a cargo de la demandada vencida. 3) Regular honorarios por su actuación en la alzada para la representación letrada de la actora y demandada el 30% (treinta por ciento) para cada uno de ellos, de los determinados para la instancia anterior. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1ª de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

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Rodríguez, Leonardo Gonzalo c/Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA s/otras ind. prv. en est. - Ley 14546 -Cám. Nac. Trab. - SALA X - 27/08/2015 - Cita digital IUSJU008496E