JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Empleador. Pluripersonal. Responsabilidad solidaria. Antigüedad. Injuria grave. Conjunto económico

 

Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por el actor, quien trabajara como bailarín en el comercio explotado por la demandada, habida cuenta de que acreditó la prestación de servicios personales dentro de una organización empresarial ajena, característica típica de la relación de trabajo. En el presente caso, el tribunal consideró que las demandadas configuraban un caso de empleador “pluripersonal”, por lo que las condenó solidariamente a todas (art. 26, LCT).

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, el 26 de Abril del 2018 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. (fs. 433/437)

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación Quetra SA y Carlos Alberto Taccari en los términos y con los alcances que explicitan en sus expresiones de agravios (fs. 438/442 y fs. 443/456, respectivamente), cuya replica por el actor obra a fs. 452/456.

Al fundamentar el recurso, las recurrentes se agravian por cuanto el sentenciante de grado tuvo por acreditado que el actor se desempeñó bajo la dependencia de la sociedad y la persona física codemandadas. Cuestionan la valoración de la prueba efectuada en la anterior instancia y la aplicación al caso de la presunción contenida en el art. 55 LCT. Se quejan porque el magistrado a quo tuvo por acreditado el salario, las horas extra y las vacaciones no gozadas 2011, denunciadas en el escrito de inicio. Discuten, asimismo, la condena al pago de las sanciones derivadas de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, art. 80 (cfr. art. 45 ley 25.345) y art. 2 de la ley 25.013. Por último, cuestionan los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales actuantes en autos, por estimarlos elevados y apelan la tasa de interés dispuesta en la sentencia en crisis.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios en el orden y del modo que se detalla a continuación.

El actor manifestó en su escrito de inicio que ingresó a trabajar bajo las órdenes y dirección de los demandados el 01/10/2010, contratado personalmente por el Sr. Carlos Alberto Taccari para desempeñarse como bailarín profesional en el local que gira en el comercio con el nombre de fantasía “Señor Tango” sito en Vieytes ... Indicó que cumplió una jornada “...todos los días sin francos en un horario de aproximadamente 21 hs. al cierre con cuadros de coreografías...”, en algunas ocasiones hasta las 4 de la madrugada para ensayar y que, por ello, percibió una remuneración mensual de $ 5.400 bajo la modalidad denominada “en negro”. Relató que desde el inicio se le exigió la presentación de facturas extendidas a nombre de la codemandada Quetra S.A. las que debió confeccionar con numeración correlativa y por el mismo importe durante varios meses. Explicó, que durante unos meses, lo hicieron aparecer como dependiente de la empresa Buenos Aires City S.A. -que dijo, era también propiedad de los demandados- y que fue obligado a renunciar bajo promesa de continuar trabajando, lo que debió aceptar por la necesidad de conservar la fuente de trabajo. Contó que, ante las irregularidades registrales -anteriormente referidas- y negativa de trabajo, inició el reclamo telegráfico que transcribió y ante el rechazo a sus requerimientos se consideró injuriado y despedido mediante TCL del 05/03/12. (fs. 5/13)

A fs. 45/52 se presentan a fin de contestar la acción Quetra SA y Carlos Alberto Taccari.

La sociedad codemandada negó categóricamente la relación laboral invocada por el actor. Explicó que explota un local comercial con servicio de gastronomía y que, anteriormente, estuvo a cargo de los shows artísticos de tango hasta febrero de 2011, momento a partir del cual no resultó rentable por lo que se dedicó a la actividad gastronómica. Relató que el actor, hizo presentaciones esporádicas en dicho local entre los meses de noviembre de 2010 y enero de 2011 para ciertos espectáculos que se han presentado en Quetra S.A. Las citadas contrataciones se realizaron mediante contratos de actuación artística abonándosele por las funciones que realizaba contra entrega de factura por honorarios. Negó categóricamente que el actor haya prestado servicios en forma ininterrumpida y, adujo que se contrató a Foronda para presentaciones esporádicas entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 y afirmó que, con posterioridad, Quetra SA dejó su actividad en el espectáculo y continúo la firma Buenos Aires City SA.- Destacó que desde marzo de 2011 hasta enero de 2012 el actor se desempeñó como bailarín en relación de dependencia de Buenos Aires City SA y que, en enero de 2012, fue despedido sin causa con motivo de lo cual se arribó a un acuerdo ante el SECLO, y éste percibió la indemnización correspondiente.

Por su parte Carlos Alberto Taccari negó la relación laboral. Reconoció ser accionista de Quetra S.A. y dijo que no utilizó dicha empresa para realizar fraude laboral, conforme los extremos expuestos por el actor en el escrito de inicio.

El magistrado de grado, luego de evaluar las pruebas producidas en autos -conforme los términos en que ha quedado trabada la litis, sostuvo que “...(h) a quedado claro que las prestaciones eran efectuadas en forma personal y dentro del establecimiento de la codemandada Quetra S.A. es decir que eran llevadas a cabo dentro de una organización empresaria ajena, y que el actor a cambio percibía una contraprestación contra la entrega de facturas. Por todo lo hasta aquí analizado tengo por acreditado que la relación que vinculara a las partes no es otra que una relación laboral de dependencia configurándose los presupuestos característicos de la misma. Ello así, toda vez que la relación de dependencia no es un hecho que puede probarse. Es una inferencia lógica que deben realizar los jueces cuando valoran una situación de hecho, que es la que debe ser demostrada: que una persona física realiza actos, ejecuta obras o prestas servicios integrando los medios personales de una empresa ajena. Y es justamente esa situación de hecho la que ha sido probada por las testificaciones referenciadas por lo que la negativa del vínculo laboral es injuria suficiente para proceder a colocarse en situación de despido indirecto (art. 242 LCT), lo que conduce a hacer lugar a la demanda...” (ver fs. 436)

De acuerdo con los términos en los cuales quedó trabada la litis, correspondía al accionante acreditar que prestó servicios en favor y/o en beneficio de alguno de los codemandados (conf. art. 377 CPCCN); y, valorados los elementos reunidos en esta causa, en el marco de los agravios planteados por los codemandados, estimo que lo ha logrado.

La testigo Chimento (fs. 376) señaló que conocía al actor de diferentes trabajos y que “...fue empleada cinco años, en dos etapas, del 97 al 2001 y del 2010 al 2011...” de la codemandada Quetra SA. Refirió que “...conoce a Carlos Alberto Taccari...de Señor Tango, como dueño de ese lugar, con el seudónimo o nombre artístico de Fernando Soler...”. Indicó que realizó tareas de bailarina y que “....cuando entró en noviembre de 2010 el actor ya estaba trabajando...el actor también hacia tareas de bailarín...”. Explicó que “...tenían que entrar a las 9 de la noche y que dependía si había ensayos o reuniones (,) el horario de salida...no había horario de salida...a veces se quedaban hasta las cinco de la mañana...de lunes a lunes...”. Manifestó que “...las órdenes de trabajo se las daba Fernando Soler o Carlos Alberto Taccari...” -a quien sindicó como propietario de “Señor Tango”- y que “...facturaban como monotributistas y...a veces(,) les pagaban en efectivo...(...) un mes antes que la echaran (...)facturó a otra empresa que era Buenos Aires City...”.

Por su parte, Zanabria (fs. 378), explicó que conocía al actor “...de cuando trabajaban en Señor Tango....el actor entró un tiempo después que el dicente en el 2010 o 2011....” y que conoce “...a Taccari Carlos Alberto...por el nombre artístico que era Soler...”. Detalló que el actor realizó tareas de bailarín profesional y que “...los citaban a las 21 horas y el horario de salida era cuando el Sr. Taccari decía ´pueden ir a su casa´...era de madrugada, tres o cuatro de la mañana, por los ensayos, que no había horario de salida definido...trabajaban de lunes a lunes...”. Refirió que las órdenes de trabajo “...las daba el Sr. Taccari o sea Soler...”. A ello, agregó que “...trabajaban en negro,...se hacía una facturación quincenal o mensual...se facturaba a Taccari o a Buenos Aires City y a Quetra...el monto se los decían ellos en la oficina...iba cambiando...”. Dijo que trabajó hasta el 2011, antes que se fuera el actor por lo que no pudo dar detalles de la desvinculación del Sr. Foronda.

Bisceglia (fs. 372) contó que conoce “....al actor... porque son colegas...”. Explicó que “... Señor Tango es una casa de tango y...que se hace un show de tango...” y que lo conoce porque “...fue a ver el show y porque audicionó unas cuantas veces...el actor trabajaba en el show de Señor Tango...lo sabe porque lo vio...el actor bailaba...lo vio más o menos en el 2011...”. Detalló que “...los shows de tango son desde las 9 de la noche y que terminan a la una o las 12(,) depende.. .en el caso de Señor Tango...salen a la hora que el Sr. Taccari o Soler decide...no tienen horario porque se quedan ensayando....” y la testigo agregó que “...le piden factura a los bailarines y que lo sabe porque...(,) cuando fue a audicionar le han comentado la forma de pago...”.

Por último, Beidenegl (fs. 374) dijo que conoce al actor “...de organizar eventos, de contratarlo para algún evento...”. Agregó que el actor trabajó en Señor Tango “...y que esto lo sabe porque fue a verlo varias veces...el actor era...bailarín de tango...”. Detalló que “...vio al actor en el 2011...a la noche, durante un espectáculo que era cena show,...más o menos a las 21, en el horario de la cena....podía ir cualquier día a verlo,...lo podía ir a ver un lunes....”.

Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los testimonios de Bisceglia, Beidenegl, Chimento y Zanabria (conf.art.386 CPCCN y 90 LO), entiendo que está suficientemente acreditado que el actor prestó servicios indistintamente en favor y en beneficio de Quetra SA y de Carlos Alberto Taccari, dentro del establecimiento denominado Señor Tango que explotaban en forma conjunta la sociedad y la persona física codemandadas, y que lo hizo con sujeción a las facultades de dirección y organización de ambas; desde el mes de octubre/10 y hasta principios de 2011; y que, a partir de entonces, continuó desarrollando la misma tarea y en el mismo lugar, bajo las facultades de dirección del propio Taccari y de Buenos Aires City SA.

Asimismo, de la prueba informativa obrante a fs. 197/227 (IGJ) y fs. 147/163 (Boletín oficial de la República Argentina) se observa, tanto Quetra SA como Buenos Aires City SA (esta última, se sumó a la explotación del establecimiento en el que trabajaba el actor a partir del mes de marzo/11 y asumió el rol formal de empleadora; ver fs. 46 vta.), compartieron idénticos domicilios (Vieytes Nº ..., CABA) y los distintos directorios sociales tuvieron personas en común (Fernando Javier Obaya, fs. 160/161/vta. y fs.204 como presidente de Quetra SA y a fs. 152 y 154, en calidad de director suplente de la Buenos Aires City SA; Graciela Beatriz Martínez - cónyuge del codemandado Taccari conforme surge del poder acompañado al responde por el propio accionado a fs. 38- en calidad de vicepresidenta de Buenos Aires City SA, fs. 147/150 y fs. 216). De igual manera, de la citada prueba surge que el codemandado Taccari invistió la calidad de presidente de la sociedad Buenos Aires City SA (ver fs. 147/151 y fs. 215).

Desde esa perspectiva, y en el marco del iura curia novit, es evidente que tanto Quetra S.A como Carlos Alberto Taccari y también Buenos Aires City SA a partir del momento en que asumió la explotación junto con la persona física codemandada, resultaron ser beneficiarias en forma conjunta -como “empleador” pluripersonal- de los servicios prestados por el actor. Tal como lo expuse en mi trabajo “Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria” (en Revista de Derecho Laboral 2001-1 Ed.Rubinzal-Culzoni, pág.397), se trata de un caso en el cual dos personas jurídicas y una persona física han utilizado en forma conjunta e indistinta, los servicios de un trabajador por lo que, aplicando analógicamente la solución que contempla el art.26 de la LCT (cuando actúan conjuntamente varias personas físicas), es evidente que todas ellas asumieron en forma conjunta el rol de “empleador” (pluripersonal) que describe la norma y las consecuencias de su obrar como tal. No se trata de varios contratos diferentes ni de tres empleadores, sino de uno solo de carácter plural pues está integrado por dos personas jurídicas y una física; y, como la totalidad del objeto de las obligaciones laborales emergentes de ese único vínculo puede ser reclamado por el trabajador in solidum a cualquiera de ellos, es indudable que las dos deben responder en forma solidaria por las obligaciones emergentes del contrato (arg. arts. 690 y 699 del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 827 y 828 del Código Civil y Comercial de la Nación). Algunos precedentes jurisprudenciales también llevan a considerar que, cuando dos o más personas físicas o jurídicas actúan en forma conjunta e indistinta como “empleador” de una misma prestación, debe admitirse la responsabilidad solidaria de todas ellas (CNAT, Sala III, 17-5-99, “Robert, Andrea K. C/Carmio, Jorge y otros s/ despido”, en T y SS, 1999, pág. 1078; CNAT, Sala IV, 27-10-95, “Esteves, Adalverto c/ Asistencia Odontológica Integral SA”, en D.T. 1996-A, pág. 439; Sala II, 21-4-97, S.D. Nº 80.867, “Hechem, Estela c/ Mapro SA”, S.D. Nº 94.258 de fecha 31/05/06 “Gómez Crespo, Daniel Jorge c/ San Sebastián S.A. y Otros s/ Despido”, S.D. Nº 96.666 de fecha 11/05/09 “Diez Karina Alejandra c/ Leco´s SRL y Otro s/ Despido, SD Nº 103.806 de fecha 22/10/14 “Duarte Cabrera, Emilio c/ VLQ Construcciones S.A. y Otro s/ Despido”. También surge, a contrario sensu, de: CNAT, Sala III, 31-5-96, “Ríos, Héctor c/ Simpro SRL y otros” en D.T. 1996-B, pág. 2761).

Ahora bien, aún cuando la conclusión antedicha es determinante de la solidaridad de la sociedad demandada y de Taccari, habida cuenta del agravio que éstas expresan contra la conclusión del sentenciante referidas a la que el actor fue registrado como dependiente de Buenos Aires City SA y que no trajo a este juicio a esa persona jurídica, cabe agregar que esa genérica alegación no alcanza para desvirtuar la evidencia que surge de los testimonios antes reseñados de cuyos términos uniformes y concordantes, se desprende que, a partir del mes de octubre /10 y hasta la extinción del vínculo, el actor siempre trabajó en un mismo establecimiento (Señor Tango) bajo las facultades de dirección y de organización que en forma conjunta ejercieron las sociedades y el codemandado Taccari.

Por otro lado, no asiste razón a las recurrentes en el argumento según el cual la facturación realizada por el actor a Quetra SA no sería correlativa ya que de fs. 343 se observa que las fechas de las facturas detalladas por el perito contador, conforme el libro IVA Compras Nº... de Quetra SA, fueron emitidas mensualmente o quincenalmente y, esta temporalidad se encuentra corroborada con el testimonio prestado por Zanabria (fs. 378) “...trabajaban en negro,...se hacía una facturación quincenal o mensual...”.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, existe una razón adicional que justifica la responsabilidad solidaria de las codemandadas, aún respecto de las obligaciones nacidas después que Buenos Aires City SA se sumó a Taccari en la explotación del negocio.

En efecto, los elementos antes reseñados, conjuntamente con la identidad de la actividad a la que se dedicaban las codemandadas recurrentes en el establecimiento en el cual se desempeñó el accionante (y luego Buenos Aires City SA), llevan a tener por acreditada la existencia de un grupo económico de carácter permanente conformado por Quetra S.A., Carlos Alberto Taccari, Buenos Aires City SA , y la asunción del carácter de “empleadora” de los servicios del actor de esta última a partir de un determinado momento de la relación evidencia a las claras la implementación por parte de las distintas componentes del grupo de una conocida maniobra de fraude tendiente a lograr la “fragmentación” de la antigüedad del trabajador. Tal como lo expuse en el citado trabajo “Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria “ (en Revista de Derecho Laboral 2001-1 Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 397), dicha fragmentación de la antigüedad del actor, -mediante la cual se pretendió ocultar una parte de la antigüedad correspondiente a un mismo vínculo laboral-, constituye una maniobra defraudatoria tendiente a eludir no sólo obligaciones contractuales, sino además a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales , y a defraudar el sistema de la seguridad social; por lo que entiendo que, sin perjuicio de la conclusión basada en el art. 26 LCT, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto, dado que se justifica plenamente la condena en forma solidaria a la totalidad de las codemandadas que integraron el grupo económico en los términos del art. 14 y 31 de la LCT. ((conf. "Bristot Alberto Martín y otro c/ Dialog San y otros s/ Despido" SD Nº: 96679 del 19/5/09 del registro de esta Sala y "Guzmán, Marciano Eugenio c/ Vidrio Y Diseño SRL y Otros s/ Despido ", S.D.Nº98.702 del 11/11/10, del registro de esta Sala).

Por otra parte, la sentenciante de anterior instancia, frente a la falta de puesta de disposición de los demandados de los libros y elementos necesarios para la realización de la pericia, consideró operativa la presunción contenida en el art. 55 de la LCT en favor de la antigüedad denunciada y de la remuneración invocada en la demanda; y lo cierto es que el recurrente no formuló crítica concreta y razonada alguna pues sólo mantienen en sus recursos la negativa cerrada respecto de la existencia de la relación laboral con el actor, por lo que este segmento del decisorio llega incólume a esta instancia.

Por los argumentos expuestos precedentemente, y en tanto los recurrentes no indican qué prueba desvirtuaría la citada presunción del art. 55 LCT, corresponde tener por acreditada la fecha de inicio de la relación y que la remuneración abonada alcanzó a $5.400 (según fs. 8/vta y fs.340/343 ), y, en esa inteligencia, propicio desestimar este segmento del recurso y confirmar lo decidido en la sede de origen, lo que torna inoficioso el tratamiento de cuestionamiento referido a la viabilidad decretada en grado del incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323, toda vez que deviene asociado a la suerte del agravio principal.

También se agravian las accionadas porque el magistrado a quo viabilizó el reclamo por horas extra, deducido por el actor. Argumentan que, al momento de cursar el intercambio telegráfico, Foronda denunció que cumplió una jornada laboral de lunes a lunes de 9 a 01:30 hs. y que del escrito de demanda no puede identificarse los detalles del reclamo por horas suplementarias (fechas, cantidad de días, horas, etc). A mi entender, asiste razón a las recurrentes por los fundamentos que expondré.

Los términos del recurso imponen memorar que el art. 65 de la ley 18.345 establece como requisitos de la demanda que en ella se designe la cosa demandada con precisión (inc. 3º), a la vez que exige una explicación clara de los hechos en que se funda (inc. 4º) y la realización de la petición en términos claros y positivos (inc. 6º). Ahora bien, el actor se limitó a señalar a fs.7 respecto a la jornada laboral que “...todos los días sin francos en un horario de aproximadamente de 21 hs al cierre...muchas veces los mismos debían o bien concurrir antes o bien quedarse hasta las 4 de la madrugada para ensayar...” e incluyó dicho rubro como “Horas Extras (3 horas semanales 100% valor 105 x 68)...” en la liquidación de fs. 12/vta., sin explicación ni discriminación alguna que permita apreciar cuál era la real extensión de cada jornada diaria ni semanal, razón por la que la mera inclusión del rubro en la liquidación, sin explicar claramente los hechos en los cuales se funda el reclamo, imponen desestimar su viabilidad (conf. arts. 34 inc. 4, 163, inc. 6 y 277 CPCCN).

Evidentemente, los términos en los que el actor reclamó una suma de dinero por “...muchas veces...debían o bien concurrir antes o bien quedarse hasta las 4 de la madrugada......”, no resultan suficientemente constitutivos de una "demanda" en la medida que no explicó en forma clara y precisa cuáles serían las circunstancias de hecho y de derecho en las que se basaría su pretensión.

La ausencia de una clara fundamentación por parte de la actora de las circunstancias de hecho y de derecho que justificarían la referida pretensión obsta decisivamente a la posibilidad de que, tal solución, sea viabilizada en este pleito, no sólo porque existe un incumplimiento a las claras previsiones contenidas en el art. 65 inc. 3), 4) y 6) de la LO que afecta al ejercicio del derecho de defensa de la contraparte, sino porque, además, exigiría el análisis de cuestiones que no fueron introducidas adecuadamente a la litis (conf. art. 34 inc. 4 y 163, inc. 6 CPCCN).

Por lo expuesto, propicio se revoque la sentencia de anterior instancia en este aspecto.

Las demandadas cuestionan, asimismo, la condena al pago de las sanciones normadas por los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, dispuesta en la anterior instancia. Las apelantes argumentan que el actor intimó a las demandadas a fin de que regularizaran la relación laboral con posterioridad a su extinción y, por lo tanto, no correspondería la viabilización de los citados rubros.

Al respecto, cabe señalar que el Sr. Juez a quo consideró que la ruptura del vínculo laboral se produjo por despido indirecto dispuesto por el actor respecto de las codemandadas en autos y que se concretó en fecha 05/03/12 (ver consid. VI), pàrr. 3, fs. 436). El citado segmento de la sentencia en crisis no ha merecido un agravio puntual y concreto por parte de las accionadas, por lo que llega firme a esta Alzada (cfr. art. 116 LO).

A partir de ello, cabe considerar que la relación laboral habida entre Foronda y las demandadas en autos se encontraba vigente al momento en que el trabajador cursó las intimaciones a Quetra SA y a Taccari, a través de TCL del 09/02/12 (cfr. informativa Correo oficial fs. 234/236 e informe de fs. 239).

Cabe señalar que la negociación llevada a cabo ante el SECLO con Buenos Aires City SA, no involucró a las codemandadas en estos autos, por lo que el vínculo con éstas se mantuvo vigente hasta que el actor decidió colocarse en situación de despido indirecto.

En consecuencia, estimo que tampoco en este aspecto de la queja asiste razón los recurrentes; por lo cual propicio que se confirme el decisorio recurrido en el punto.

También cuestionan las demandadas la viabilización dispuesta por el magistrado a quo del rubro correspondiente a “vacaciones 2011”. Sin embargo, estimo que no asiste razón a las recurrentes en atención a que, al momento del distracto (05/03/12), no se encontraba vencido el plazo del art. 154 de LCT, y no obra en autos constancia alguna de la que se extraiga la comunicación cursada por el empleadora al trabajador en los términos de la mencionada norma. En consecuencia, propicio desestimar el agravio y confirmar lo decidido en la instancia a quo.

El agravio deducido por las demandadas con relación al viabilidad de la sanción prevista en el art. 45 de la ley 25.345, a mi entender, no debe tener favorable acogida.

Cabe señalar liminarmente que la gestión conciliatoria que se llevó a cabo ante el SECLO, es constitutiva de la requisitoria referida a la entrega del certificado, y, en el caso, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 29/10/12 (ver fs. 2). Indudablemente, Foronda cumplió acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que el empleador haya hecho entrega de la certificación respectiva, el trabajador a través de la actuación administrativa ante el Seclo (el 29/10/12) requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, ( conf. art. 45 de la ley 25.345), sin que ninguna de las requeridas se avinieran a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. En tales condiciones, corresponde confirmar la sentencia de grado en el punto.

Se quejan las accionadas por la tasa de interés que ordenó aplicar el Sr. Juez a quo sobre el monto diferido a condena. Argumentan que la aplicación del Acta 2601 triplicaría el capital de condena y, por lo tanto, solicitan su morigeración.

En primer término, corresponde señalar que las recurrentes no esgrimen fundamento alguno sobre el cual evaluar la viabilidad de sus alegaciones, en atención a que refieren a que “...(u)na aplicación indiscriminada...hace que la sentencia sea contraria a la moral...” (ver fs. 441/vta y fs. 449/vta). Tampoco explican cuáles serían las circunstancias de hecho o de derecho para morigerar la tasa de interés aplicable al monto de condena.

Asimismo, cabe señalar que la tasa fijada por la sentenciante de grado, se estableció en virtud de las facultades que expresamente le otorga el art. 622 del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación; y, a la luz de la evolución de la situación económica, no resulta irrazonable.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, por Acta Nro. 2601 de fecha 21.5.2014 esta Cámara recomendó la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales de libre destino para el plazo de 49 a 60 meses que utiliza el Banco Nación, desde que cada importe se haya hecho exigible hasta su efectivo pago.

Por lo tanto, corresponde desestimar este aspecto de la queja y confirmar la sentencia apelada en el punto, con la aclaración de que, una vez cesada la publicación de la tasa que prevé el Acta Nº 2601/14, debe implementarse la tasa contemplada en el Acta Nº 2630/16 hasta el 30/11/2017; y, a partir del 01/12/2017 y hasta el efectivo pago, debe aplicarse la tasa de interés dispuesta por el Acta CNAT Nº 2658/17.

En otro orden de ideas, cabe señalar que las accionadas manifiestan que Buenos Aires City SA, al momento de celebrarse la audiencia en la instancia conciliatoria del SECLO, abonó al actor la suma de $20.902 (acreditado mediante prueba informativa banco Francés; fs. 181/183) pero, de la lectura de sus escritos, no se evidencia que las recurrentes solicitaran -siquiera tangencialmente- el descuento de dicho monto al total diferido a condena.

En atención a la forma en que dejo propuesta se resuelvan las apelaciones, entiendo que corresponde modificar la sentencia de anterior instancia del siguiente modo: $140.874 (conforme sentencia de fs.437) - $21.420 (en concepto de horas extra, fs. 436); lo que hace un total de $119.454, al que se debe reducir el monto diferido a condena con más los intereses que -en la oportunidad prevista en el art. 132 LO- se calculen desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés, conforme el modo en que dejo propuesto mi voto en el anterior acápite.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación.

En orden a ello, y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de las codemandadas vencidas en los aspectos principales de la controversia, en forma solidaria (art. 68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6° y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del dec. 16.638/57 y del art. 38 de la LO (actualmente contempladas en sentido análogo en el art. 16 de la ley 27.423), estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor en el ...%, los de la representación y patrocinio letrado de las demandadas en el ...%, y perito contador en el ...%, porcentajes, éstos, que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total diferido a condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839 (en la actualidad en sentido análogo en el art. 30 de la ley 27.423), habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado del actor y demandadas, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el ...% y ...%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, grado y reducir el monto diferido a condena a la suma de PESOS CINETO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($119.454.-), monto al que -en la oportunidad prevista en el art. 132 LO- deberán adicionarse los intereses devengados desde la exigibilidad de cada crédito hasta su efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta CNAT Nº 2601/14; y, cesada la publicación de está, en base a la tasa establecida en el Acta N° 2630/16 hasta el 30/11/17 y, a partir del 01/12/2017, se debe aplicar la contemplada en el Acta Nº2658/17; 2°) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas en forma solidaria; 3º) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor en el ...%, los de la representación y patrocinio letrado de las demandadas en el ...%, y perito contador en el ...%, porcentajes, éstos, que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total diferido a condena -capital e intereses-; 4º) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor y de las demandadas, por los trabajos de Alzada en el ... por ciento (...%) y ... por ciento (...%), respectivamente, de lo que, cada una deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 5º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 

Graciela A. González

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

 

  Correlaciones:

Insua, Norberto José c/Fundación Argeninta y otros s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala I - 09/08/2013 - Cita digital IUSJU212873D

 

 

Cita digital:IUSJU028428E