JURISPRUDENCIA

Alimentos. Hijos menores. Capacidad económica del alimentante. Actualización de la cuota alimentaria. Reducción de la cuota alimentaria. Necesidades del menor

 

Se modifica la decisión recurrida y se reduce el importe del pago en dinero de los alimentos mensuales debidos por un padre a su hijo menor de muy corta edad, ya que, si bien era cierto que el padre no había aportado ningún elemento a los fines de acreditar sus ingresos y que ello no podía redundar en su beneficio, no podía dejar de ponderarse que los alimentos debían limitarse a las necesidades del alimentado. Asimismo, se deja sin efecto la dispuesta actualización semestral de la cuota, al concluirse que ello vulneraba la prohibición de indexar.

 

 

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Buenos Aires, 08 de febrero de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. - Que vienen estos autos a la Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de fs. 1258/1261, respecto de los alimentos allí establecidos: a) por el demandado a fs. 1268, fundado a fs. 1271/1278 y contestado el traslado por la actora a fs. 1288/1291 y por la Sra. Defensora de Menores de Cámara a fs. 1325/1326; y b) por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces interviniente en la anterior instancia a fs. 1294 vta., fundado por el Ministerio Público Tutelar de Cámara a fs. 1325/1326.

II. - Liminarmente, cabe señalar que el establecimiento de la pensión alimentaria no ha de ser mero corolario de la interposición de la respectiva demanda, sino que debe constituir la culminación de un proceso de valoración de todas las circunstancias determinantes de la cuota, ponderación a la que no son ajenas la prudencia y la objetividad, máxime cuando la primera descansa, preponderantemente, en la segunda (esta Sala, R. 592.004, del 15/2/12; ídem, R. 35.321, del 15/3/88).

En consecuencia, habrá de señalarse que, más allá de las posibilidades que puedan brindar los ingresos del obligado, el monto del canon tiene un límite dado por las necesidades del beneficiario que debe solventar. Con lo cual, aún en la hipótesis de que sus ingresos le permitiesen hacer frente a uno superior, ello no autoriza per se a que así se disponga (Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 500/501).

Asimismo, es oportuno recordar que, en lo que hace a la valoración de la prueba producida en el proceso de alimentos, no es necesario que la misma sea directa de los ingresos de los alimentantes o de sus patrimonios, sino que basta con un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la pensión. La prueba del caudal económico de los alimentantes puede, entonces, surgir de la prueba directa en su totalidad, o en parte de prueba directa y de indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que les son propias, aunque valoradas con criterio amplio, en favor de la pretensión del demandante (esta Sala, R. 534.473, del 8/9/09, íd. R. n° 34.299, del 23-2-88; id. R. 80.513, del 14-2-91; id. R. 140.708, del 21-2-94; id. R. n° 186.317, del 11-3-96).

III. - La demandante promovió la presente acción a fin de que se estableciera la cuota alimentaria que el demandado debe afrontar mensualmente respecto de la hija de las partes, T. M. K. G., de tres años de edad actualmente.

Respecto de los gastos para el mantenimiento de la niña, cabe destacar que en su escrito inicial la actora ensayó una cuenta en la que de forma pormenorizada estimó cada uno de los gastos que debían efectuarse mensualmente en favor de T. El demandado se limitó a cuestionarlos sin ofrecer una liquidación alternativa.

Ahora bien, las partes, en abril de 2017, celebraron un acuerdo en el que establecieron un régimen de comunicación (la niña pasaría con el padre los martes y los jueves de 12:30 a 17:00 horas y los fines de semana, alternadamente, el sábado o el domingo desde las 10:00 hasta las 9:30 o 10:00 horas del día siguiente) y el pago de una cuota alimentaria que consistía en: pago del 25% del alquiler, expensas y ABL, luz, gas y Telecentro del inmueble donde la menor de edad residía con su madre; el 100% de la cuota del jardín al que concurría T. ($5.800 a esa fecha) y la matrícula; 50% del sueldo de la niñera (que representaba la suma de $ 3.500); el 50% de la medicina prepaga ($ 717); el 50% de los pañales y elementos de higiene; el 50% de la alimentación; el 50% de los medicamentos que excedieran lo que cubría la medicina prepaga; el 50% de la ropa de la niña (fs. 50/54).

En junio de 2017 celebraron un nuevo acuerdo en el que realizaron algunos ajustes a raíz del viaje al exterior del demandado entre el 08/06 y el 03/08 (fs. 55).

En agosto de 2017 reformularon algunos de los términos del acuerdo anterior: más tiempo con el padre (también dormiría en su casa la noche del martes) y algunos aumentos de los montos fijados con anterioridad (fs. 56/57).

En diciembre de 2017 se fijaron alimentos provisionales en la suma de $ 10.800 más el pago directo del establecimiento educativo al que asistía T., lo que fue confirmado por esta Alzada (fs. 1316/1317).

Según surge del informe de fs. 150, T. es beneficiaria de Osde. Su plan médico tenía un costo de $ 1.671 en diciembre de 2017.

En lo que atañe a la situación económica del demandado, no puede pasarse por alto que el demandado no ha denunciado ni acompañado prueba alguna acerca de cuáles serían sus ingresos. De acuerdo con el informe de AFIP agregado a fs. 1067, no es contribuyente de impuesto alguno ni registraba, al 21/02/2018, relación de dependencia.

Es relevante, entonces, que al absolver posiciones, el demandado afirmara haber sido el mayor proveedor de los gastos durante la convivencia con la actora (fs. 1176). Debe destacarse también que muchos de los resúmenes de las tarjetas de crédito cuya titular es la actora dan cuenta de gastos del período en que las partes no estaban separadas. Es decir, que muestran el cómodo nivel de vida que llevaba la pareja.

Ahora bien, la testigo E. G. G. declaró que el demandado tenía un hostel para extranjeros y turistas, con un socio de nombre M., que el lugar se ubicaba en la calle A., esquina S. F., que fue invitada a un evento allí, que K. le mostró el lugar y le explicó que recibían extranjeros, sobre todo, estudiantes (fs. 1099/1100).

Por su parte, la testigo P. C. K. sostuvo que M. vivía en el mismo edificio que ella, en la calle B. Agregó que el demandado, junto con su ex marido, M. H., se dedicaban al alquiler temporario de habitaciones a extranjeros. También aseguró que aquel tenía departamentos en Suecia y que si bien en el edificio donde ella vivía, M. alquilaba el departamento ..., tenía otro -creía que en el piso ...- que había pasado a nombre de la madre. Manifestó que el accionado tenía un muy buen nivel de vida, que siempre estaba muy bien vestido, con relojes de marca y que el valor de un alquiler de un departamento de tres ambientes en su edificio rondaba los $ 25.000 o $ 30.000 (fs. 1120/1123).

A fs. 1168/1172 se encuentra agregado un contrato de locación por el cual el locador alquiló el inmueble de la calle A de esta ciudad a D. I. G. (madre de M. H.) y a M. E. A. K. con fines comerciales. En el 2018 se abonaba la suma de $ 79.751 mensuales en concepto de alquiler.

En consonancia con ello y a fs. 1179/1180 depuso D. I. G. Entre otras cosas, afirmó que su hijo le había comentado que M. (el demandado) estaba bien económicamente, que la familia tenía mucho dinero, que si bien “no reconocía en qué calidad había firmado”, sí reconocía la firma inserta en el contrato en el que figuraba locataria junto con el accionado como propia.

Asimismo, se observan los asiduos viajes que el demandado realizó al exterior durante el período entre 14/02/2015 al 30/08/2017, según surge de las constancias de fs. 1054/1055.

A fs. 1206/1209 se encuentra glosada copia de la escritura mediante la cual M. E. A. K. le vendió a su madre, M. L. D., el inmueble de la calle B..., piso ..., departamento ..., en la suma de U$S 98.000, el 17/07/2015, esto es, cuando la actora ya se encontraba embarazada de T., quien nació el 15/12/2015 (fs. 3). El demandado no ha ofrecido una explicación razonable sobre ello ni ha acreditado que perdió el dinero de la venta por haber fracasado su emprendimiento comercial, como alegó en su contestación de demanda (fs. 123).

Por lo demás, la actora es licenciada en marketing y trabaja en la empresa A enero de 2018 su salario era de $ 38.475 (fs. 1050/1052).

Ahora bien, aun cuando se advierte la falta de prueba directa de los ingresos que percibe el demandado, se encontraba a su cargo aportar constancias a la causa que pudieran controvertir los dichos de la actora, lo que no ha ocurrido en el presente caso. En ese sentido, el art. 710 del Código Civil y Comercial de la Nación establece un principio especial de distribución de la prueba en los procesos de familia, conforme con el cual "La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar". Es decir, si bien se mantienen las reglas generales en materia de distribución del onus probandi, el demandado no puede refugiarse en ello y quedarse inmóvil: debe intentar aportar certeza sobre los hechos debatidos en la causa, máxime frente a la prueba que ha aportado la demandante respecto de las necesidades de los alimentados.

Como sea, y más allá del esfuerzo argumental desarrollado por el alimentante, lo cierto es que las circunstancias de autos resultan suficientes como para descartar las quejas que se dirigen a cuestionar la forma en que ha sido valorada la prueba aportada por la actora. En ese sentido, resulta llamativo que el demandado pretenda que se ajuste la cota alimentaria a “su verdadera situación económica” cuando en ninguna oportunidad ha denunciado -y mucho menos probado- cuáles serían sus ingresos.

Dicho ello, dado que el accionado insiste en que no solo él debe suministrar los alimentos de su hija sino que también debe hacerlo la madre y llegado a este punto del análisis, se advierte que la cuota establecida en la anterior instancia ($ 20.000 más el pago de los gastos vinculados con la escolaridad de la T.) resulta algo excesiva si se tienen en cuenta las necesidades de la niña, que hoy tiene tres años de edad.

En suma, es cierto que el padre no ha aportado ningún elemento a los fines de acreditar sus ingresos y que ello no puede redundar en su beneficio, como sostiene la Sra. Defensora de Menores de Cámara. Sin embargo, no puede dejar de ponderarse, tal como se ha enunciado supra, que los alimentos deben limitarse a las necesidades del alimentado: la hija de las partes, que tiene -a la fecha- tres años de edad.

Es por esta última circunstancia que resulta prudente reducir la suma asignada en dinero de la cuota alimentaria a la de $ 17.000. Este monto, junto con el pago en especie por parte del padre de los gastos vinculados con la escolaridad de la niña y aquello que la madre aporta no solo en dinero sino con el cuidado personal de T. -que tiene un valor económico-, aparece como equitativo a la luz el régimen de comunicación pactado -que se ve en oportunidades modificado por viajes que efectúa el padre al exterior- y el nivel socioeconómico de ambos progenitores.

IV. - Finalmente, se agravia el demandado de la fecha desde la cual se manda a abonar la cuota alimentaria fijada. Considera que debe pagarse desde la fecha de la mediación celebrada en noviembre de 2017 y no desde el 11/04/2017, ya que en abril, junio y agosto se celebraron convenios, que ya fueron cumplidos y abonados.

Al respecto, cabe decir que a pesar de no surgir expresamente del texto de los acuerdos celebrados en abril, junio y agosto de 2017, que la cuota alimentaria pactada en ellos era provisional, de la interpretación de sus términos puede inferirse que sí revestían tal carácter.

En efecto, el acuerdo celebrado en abril tuvo una vigencia de 60 días, oportunidad en la que las partes volverían a reunirse “para conversar acerca del desarrollo de lo acordado y convenir las modalidades a seguir”. En ese contexto se fijó una nueva fecha para el 08/06/2017. En junio también acordaron una nueva reunión para el 08/08/2017. En esta última, de igual modo, pactaron una vigencia de 90 días respecto de las cláusulas convenidas. Estas modalidades denotan que las partes se encontraban en un proceso de negociación, por lo que mal podría entenderse que la cuota fijada en aquellos instrumentos fuera definitiva.

Así las cosas y en ese entendimiento, corresponde rechazar la queja y confirmar la sentencia en tanto manda a abonar la cuota fijada desde el 11/04/2017.

V. - Por otro lado, cabe señalar que en el decisorio en crisis se dispuso la actualización semestral de la cuota alimentaria fijada, conforme costo de vida.

Ahora bien, es sabido que el art. 7 y cc de la ley 23.928 prohíben actualizar las deudas, impedimento que se mantuvo con el dictado de la ley 25.561 que, si bien derogó el régimen de la convertibilidad cambiaria, mantuvo la no indexación (conf. CNCiv., Sala M, 20/12/16, “A., A. M. y otros c/ R., M. D. s/ alimentos”).

Es que la cuota alimentaria, aun cuando sea considerada deuda de valor, no puede ser reajustada de forma automática en función de la depreciación monetaria, pues ello vulneraría la prohibición de indexar antes aludida. Ello, claro está, sin perjuicio de la facultad del alimentado de reclamar el aumento de la cuota si esta ha devenido insuficiente (conf. CNCiv, Sala D, 20/2/03, “G., G. S. c/ T., S. G.”).

No se pierde de vista que la decisión de la anterior instancia no fue objeto de recurso en lo relativo a esta temática. Sin embargo, es sabido que la normativa anteriormente citada es de orden público, por lo que nada impide adoptar una solución como la que se propone.

Por ende, corresponde dejar sin efecto lo decidido en la anterior instancia acerca de la actualización de la cuota alimentaria (conf. esta Sala, “M., C. C., c/ I., A. s/ aumento de cuota alimentaria”, R. 094024/2013/CA002, del 05/12/2018).

VI. - En mérito de lo expuesto, y oída la Sra. Defensora de Menores de Cámara, SE RESUELVE: Modificar la decisión recurrida y, en consecuencia: a) Reducir el importe del pago en dinero de los alimentos mensuales a la suma de diecisiete mil pesos ($ 17.000); b) Dejar sin efecto la actualización semestral de la cuota dispuesta y; c) Confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios. Con costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

Notifíquese al Ministerio Público Tutelar de Cámara en su despacho, y a los interesados en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes. Publíquese en el Centro de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (conf. Acordadas 15 y 24/2013 -del 14 y 21 de agosto de 2013, respectivamente-) y oportunamente devuélvanse, haciéndose saber que en primera instancia deberá notificarse la recepción de las actuaciones y el presente fallo a los restantes involucrados si los hubiere, en forma conjunta.

El Dr. Sebastián Picasso no suscribe el presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

 

RICARDO LI ROSI

HUGO MOLTENI

 

  Correlaciones:

G. J. G. c/ B. M. N. s/alimentos - Cám. Civ. y Com. Mar del Plata - Sala III - 12/05/2015 - Cita digital IUSJU000961E

 

Cita digital:IUSJU036008E
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