JURISPRUDENCIA

Responsabilidad del Estado. Responsabilidad médica por mala praxis. Hospital público. Responsabilidad del médico. Responsabilidad extracontractual. Prescripción. Plazo

 

En el marco de una causa por mala praxis médica ocurrida en un hospital público, se rechaza la demanda incoada por la actora y se hace lugar a la excepción de prescripción planteada por la Municipalidad demandada. Ello, atento a que el eventual daño provocado por un médico dependiente que presta funciones en un hospital público municipal se encuadra en el marco de la responsabilidad extracontractual del Estado y, por ende, el plazo de prescripción aplicable es el de dos años.

 

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En la ciudad de General San Martín, a los 20 días del mes de febrero de 2.019, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Ana María Bezzi, Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri, para dictar sentencia en la causa n° MO-7214-2018, caratulada "G., M. J. C/ MUNICIPALIDAD DE MERLO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 3 de septiembre de 2.018, la Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Morón dictó sentencia resolviendo hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la Municipalidad de Merlo y rechazar la demanda promovida por el Sr. M. J. G. contra el mencionado municipio, por medio de la cual persiguiera el resarcimiento por los daños que alegara haber sufrido por la mala praxis médica que acusara había tenido lugar en ocasión de haber sido diagnosticado e intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda en el hospital municipal. Asimismo, le impuso las costas del proceso a la actora vencida, con los alcances previstos en la sentencia obtenida en el beneficio de litigar sin gastos (cfr. arts. 51 del C.C.A.; 84 y 85 del C.P.C.C., por remisión del art. 77 inc. 1° de cuerpo normativo citado en primer término); y difirió la regulación de honorarios de los letrados y peritos para una vez producido el informe de la Actuaria respecto de las etapas y clasificación de los trabajos profesionales en los cuáles hubieran intervenido (cfr. arts. 15 y 16 de la Ley n° 14.967 y cc. del Dec.-Ley n° 8.904) (ver fs. 501/509).

II.- Con fecha 20 de septiembre de 2.018, la letrada apoderada del accionante interpuso -a través de un escrito electrónico- recurso de apelación contra la mencionada sentencia, con expresión de fundamentos (ver impresión glosada a fs. 524/530 y constancias obrantes en el Sistema Informático “Augusta”).

III.- Con fecha 28 de septiembre de 2.018, la magistrada de grado ordenó correrle traslado del memorial a la demandada por el término de diez días, con el objeto de asegurar el derecho de defensa en juicio (ver fs. 533).

IV.- Con fecha 29 de octubre de 2.018, la mandataria de la parte demandada contestó el traslado indicado en el punto que precede (ver impresión agregada a fs. 539/542 y constancias obrantes en el Sistema Informático “Augusta”).

V.- Con fecha 1 de noviembre de 2.018, la Sra. Juez a quo ordenó que se elevaran las presentes actuaciones a esta Alzada (ver fs. 543), las que fueron recibidas el 5 de noviembre de 2.018 (ver fs. 544 vta.) y con fecha 7 de noviembre de 2.018 -tras haberle tenido a las partes por constituidos los domicilios procesales indicados y presente los domicilios electrónicos denunciados; haber dejado constancia de que la parte actora había desistido de la acción y del derecho en relación al demandado Juan Raymundo Stanley Rondon (cfr. fs. 208 y 212); y mandado a reservar por Secretaría la documentación acompañada- se dispuso que pasaran los autos para resolver (ver fs. 545).

VI.- Con fecha 27 de noviembre de 2.018 se efectuó el pertinente examen -formal- de admisibilidad, resolviendo conceder -con efecto suspensivo- el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada en la causa y, toda vez que no se había articulado diligencia procesal alguna, llamarse los autos para sentencia (ver fs. 546/546 vta.). Dicha resolución fue notificada a los litigantes, según se desprende de las constancias de notificación electrónica obrantes en el Sistema Informático “Augusta”, encontrándose firme.

Bajo tales condiciones, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a decidir:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, la Señora Juez Ana María Bezzi dijo:

1°) Cabe precisar que, para resolver en el modo señalado en los antecedentes, la Sra. Juez a quo tuvo en consideración -sustancialmente- las siguientes cuestiones:

a) Indicó que en el presente caso la actora reclamaba a la Municipalidad de Merlo el resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la atención médica recibida en el Hospital Eva Perón de ese municipio y que, en atención a que la demandada había opuesto al progreso de la acción la defensa de prescripción -la cual se había diferido para el dictado de la sentencia de fondo-, correspondía abordar previamente el tratamiento de tal excepción, toda vez que en caso de prosperar la misma habría de resultar innecesario avanzar sobre el resto de las cuestiones sometidas a decisión.

b) Recordó, con el propósito de desentrañar la responsabilidad que se le endilgaba a la demandada, que existían dos órdenes de responsabilidad patrimonial en el Código Civil de Vélez Sarsfield -vigente al momento del hecho denunciado en autos-: la contractual y la extracontractual. Señaló, no obstante encontrarse vigente tal cuerpo normativo al momento de los hechos ventilados y con sustento en lo expresado por esta Cámara en un precedente que citó, que convenía analizar si el Código Civil y Comercial en vigor a partir del 1 de agosto de 2.015 era o no de aplicación en la especie. Explicó, tras examinar jurisprudencia emanada de la Corte Federal y de la bonaerense en la materia, que la aplicación inmediata de la ley no significaba su aplicación retroactiva, pues sólo alcanzaba a los efectos que, por haberse producido después de la entrada en vigencia del nuevo texto, no se hubieran encontrado al amparo de la garantía de la propiedad ni de un cambio de legislación.

Agregó luego de esa prevención liminar y al estar demandada una persona pública que, aun erigiendo la plena vigencia del nuevo código que excluía de su plexo la normativa referida a la responsabilidad del Estado y en atención a que la legislatura bonaerense no había aprobado la adhesión a la ley nacional de responsabilidad del Estado (Ley n° 26.944) ni sancionado una ley propia, nada obstaba seguir el derrotero profuso tanto de la jurisprudencia como de la doctrina que se había generado respecto de los extremos que habilitaban la responsabilidad del Estado de abonarse el acaecimiento de los requisitos para su andamiento, todo ello en concordancia con la cláusula constitucional del artículo 166 ‘in fine’ de la Constitución provincial.

c) Expuso, zanjada tal cuestión, que la demandada había opuesto excepción de prescripción con fundamento en que en los casos de mala praxis médica en un hospital público, la responsabilidad se circunscribía al ámbito extracontractual, por lo que el plazo de prescripción era bienal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.037 del derogado Código Civil, ya que correspondía analizar la falta de servicio o su prestación defectuosa por parte del Estado. Detalló que había reseñado que el actor reclamaba los daños y perjuicios derivados de una presunta mala praxis médica recibida en el Hospital Eva Perón de Merlo con fecha 29 de agosto de 1.999; y que si bien había iniciado el 30 de noviembre de 2.000 el expediente de beneficio de litigar sin gastos ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 de Morón, habiéndose dictado sentencia el 22 de junio de 2.001 -y sido aclarada por resolución de fecha 7 de septiembre de 2.001-, al haberse iniciado el juicio de daños y perjuicios el 19 de marzo de 2.008, este resultaba prescripto. Mencionó que había destacado que el actor había dejado transcurrir en exceso el plazo de prescripción aplicable al caso, toda vez que ni siquiera la promoción del beneficio de litigar sin gastos suspendía o interrumpía el curso del mentado plazo, y aun en tal caso, la suspensión habría sido por un plazo máximo de un año.

Relató que la actora, por su parte, había replicado los argumentos del municipio demandado sosteniendo que la responsabilidad en la que incurriera tanto el establecimiento asistencial como el médico causante directo del perjuicio quedaba enmarcada dentro del régimen “contractual”, atento a que obedecía al incumplimiento de una obligación preexistente; por lo que correspondía aplicar la prescripción decenal normada en el artículo 4.023 del viejo Código Civil

d) Afirmó que los planteos de las partes en torno a la prescripción de la acción evidenciaban que debía discernirse primero si la responsabilidad del Estado por mala praxis médica ocurrida en un hospital público se enmarcaba en el plano contractual o extracontractual, para establecer luego el plazo de prescripción aplicable y, en último lugar, si habían ocurrido hechos interruptivos o suspensivos del mismo.

Resaltó que sobre el punto, la Corte Suprema nacional -en los precedentes “Brescia” y “Schauman”, los que reprodujo en lo pertinente- había dejado sentado que la responsabilidad del Estado por mala praxis médica ocurrida en un hospital público era de carácter extracontractual.

Indicó, asimismo, que nuestro Máximo Tribunal local había sostenido idéntico criterio en el precedente “Castillo” y otros posteriores que citó, al haber considerado -desde la óptica iuspublicista- que el nosocomio público se encontraba obligado constitucionalmente a organizar el servicio de salud y que frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado respondía directa y objetivamente, pues hacía a su propia función y no a la actuación del profesional o dependiente; agregando que a esa responsabilidad de carácter extracontractual le resultaba de aplicación en materia de prescripción el plazo bienal establecido en el artículo 4.037 del -hoy derogado- Código velezano.

e) Procedió a examinar a continuación si el trámite del beneficio de litigar sin gastos había interrumpido o suspendido el curso de la prescripción y con qué efectos.

Luego de transcribir el texto del artículo 3.986 del viejo Código Civil, señaló -a partir de doctrina del Cimero Tribunal provincial que invocó y reprodujo en lo pertinente- que el pedido de beneficio de litigar sin gastos se encontraba incluido en el amplio concepto de “demanda” previsto en aquella norma y que por lo tanto tenía efectos interruptivos de la prescripción; y que la interrupción de la prescripción producía que el plazo corrido con anterioridad a la interposición de la demanda se tuviera por no sucedido, aclarando sin embargo que era condición ‘sine qua non’ que el proceso que hubiera producido tal interrupción hubiera mantenido su vitalidad.

Refirió que en el caso de autos se había dictado sentencia concediendo el beneficio de litigar sin gastos con fecha 22 de junio de 2.001, sentencia de la cual se había notificado la actora con fecha 4 de septiembre de ese año y en relación a la cual había solicitado aclaratoria -por cuanto el beneficio debía ser otorgado al aquí actor, por entonces menor-, a lo que se había hecho lugar el 7 de septiembre de 2.001, habiendo quedado en consecuencia firme la sentencia a su respecto (cfr. constancias de fs. 34/36) y habiéndose concluido así la causal de interrupción del juicio de daños, puesto que el trámite del beneficio de litigar sin gastos había perdido con el dictado de la sentencia la mentada vitalidad. Resaltó, empero, que la actora había iniciado el juicio de daños y perjuicios con fecha 19 de marzo de 2.008, es decir, a más de seis años de haber quedado firme a su respecto al aludida sentencia en el mencionado proceso de beneficio de litigar sin gastos, resultando a todas luces por demás cumplido el plazo de dos años que preveía el artículo 4.037 del viejo Código Civil.

Razonó que por ello correspondía admitir la excepción de prescripción opuesta por la accionada y rechazar, en consecuencia, la demanda con costas a la vencida (cfr. art. 51 del C.C.A.).

2°) Relatados los antecedentes del caso y expuestos los fundamentos del pronunciamiento de grado, corresponde analizar la pieza recursiva interpuesta contra él por la actora.

Del referido escrito surge que dicha parte, por intermedio de su mandataria, se agravia -en lo sustancial- por lo siguiente:

i) En primer lugar, por entender que la sentenciante ha hecho una aplicación tan estricta del instituto de la falta de servicio que ha soslayado la prestación médica en sí como generadora de daños.

Centra su queja en que se haya sostenido que la intervención del Estado a través de la actuación del hospital público siempre y necesariamente ha de comprometer su responsabilidad en el terreno del derecho público, achacándole a la magistrada de grado haber omitido discernir que la prestación médica brindada al actor había consistido en un diagnóstico y una intervención quirúrgica, asistencia que afirma no es inherente a la potestad pública estatal, como sí lo serían -verbigracia- aspectos propios del servicio de salud como programas de vacunación masiva, campañas de prevención de enfermedades, etc.

Asevera que en esta litis la actuación del cirujano y del establecimiento estatal hubo dado nacimiento a un vínculo contractual, por cuanto el rol gravitante lo ha constituido la prestación médica. Cita doctrina de un jurista y la expone para sustentar su posición.

Reconoce que el derecho a la salud constituye un mandato constitucional en cabeza del Estado, no obstante lo cual alega que a la época en que acontecieron los hechos relatados no había en el orden administrativo (infraconstitucional) norma alguna que regulara específicamente la prescripción de las acciones de responsabilidad estatal, por lo que la sentencia debió haber aplicado el plazo decenal.

ii) En segundo lugar, por haber la Sra. Juez a quo concluido en que la responsabilidad del Estado ha sido de carácter extracontractual y, por lo tanto, computable el plazo de prescripción bienal.

Acusa que en la sentencia se ha invocado el deber supralegal de la demandada de asistir a la salud de la población, habiéndose detenido en ese aspecto genérico sin haberse mencionado cuál habría sido el servicio en falta o prestado de manera insuficiente, es decir, sin haberse valorado la conducta del galeno, la prestación médica brindada y la relación paciente-médico-hospital.

Afirma que el fallo se ha limitado a aplicar jurisprudencia sin haber analizado las pretensiones sometidas a decisión ni los hechos ventilados: si el actor había ingresado consciente o no al hospital; si la intervención se había hecho en contra de su voluntad; cuál había sido el alcance del consentimiento informado del padre; qué práctica médica se había realizado; la culpa del galeno y menos aún si ha implicado una violación al deber de seguridad. Entiende, de tal modo, que la sentencia se encuentra insuficientemente fundada y vulnera lo normado en el artículo 34 inciso 4° del C.P.C.C.

Insiste con que en el caso se ha configurado un supuesto de responsabilidad contractual, en tanto -más allá del carácter estatutario, legal o reglamentario de sus condiciones- la prestación profesional ha obedecido a un previo acuerdo de voluntades, generador de recíprocos deberes y derechos, y se ha incumplido el compromiso asumido con el paciente -deber de no dañarlo-, ya fuera por negligencia o impericia en la prestación del servicio y con independencia de la onerosidad o gratuidad del mismo.

Manifiesta que los precedentes “Brescia” y “Shauman” citados en el decisorio no resultaban de aplicación al caso, pues no había habido en ellos una relación contractual porque los respectivos reclamos habían sido realizados por damnificados indirectos. Tras ello, invoca doctrina de juristas y diversos fallos que estima aplicables al caso y persiste en que el plazo de prescripción aplicable resulta ser el decenal.

iii) En tercer lugar, por entender que la sentencia ha violado el principio constitucional de la igualdad.

Expone que se ha decretado que el actor tenía dos años para promover la acción judicial porque los hechos que habían dado lugar al reclamo habían ocurrido en un hospital público y razona que si hubiesen acontecido en una clínica privada, habría tenido diez años para recurrir a la justicia.

Acusa que la existencia de un plazo de prescripción menor para hacer valer su derecho por haberse atendido y padecido una mala praxis en un hospital público violenta el principio constitucional de la igualdad (art. 16 C.N.), al importar una discriminación irrazonable y no un trato diferenciado con apoyo legal, motivo por el cual solicita que la sentencia sea revocada y se le aplique el plazo de prescripción de diez años.

iv) En cuarto y último lugar, por habérsele impuesto las costas a su parte.

Estima injusto que las costas se le hayan impuesto a la parte actora, en tanto ha acudido a la justicia convencida de su derecho, ha aportado las pruebas necesarias y ha tenido una conducta procesal intachable. Entiende, así, que existen sobrados motivos para apartarse de lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 51 del C.C.A. y solicita, que en el supuesto de confirmarse la sentencia impugnada, las costas sean impuestas en el orden causado.

Finalmente, mantiene reserva del caso federal y peticiona que se revoque la sentencia en todo lo que ha sido objeto de cuestionamiento.

3°) En la contestación pertinente, la letrada apoderada de la parte demandada plantea la deserción del recurso de apelación articulado por la contraria; subsidiariamente, replica lo sostenido por dicha litigante, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la sentencia recurrida, con expresa imposición de costas a la parte actora.

4°) Delimitado entonces el tema a decidir en las presentes actuaciones, ingresaré ahora en el tratamiento de la fundabilidad del recurso de apelación interpuesto, no sin antes recordar que no es preciso que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden que los proponen, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más Alto Tribunal Federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (cfr. CSJN, Fallos: 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros; esta Cámara en la causa n° 3.426/12, “Chivilcoy Continuos S.A. c/ Municipalidad de Luján s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos - otros”, sent. del 14 de marzo de 2.013, entre muchas otras).

Asimismo, debo rememorar que la actividad jurisdiccional de este Tribunal debe ajustarse indefectiblemente al marco de los agravios traídos a su sede y en su extensión. Ello, por cuanto la apelación contra la decisión de primera instancia abre la jurisdicción de la alzada a los efectos de resolver si el pronunciamiento impugnado se ajusta a derecho, mas ello no habilita a fallar sobre cuestiones que no han sido materia de queja por parte de los interesados (art. 266 in fine, 272 y su doctrina del C.P.C.C.). La Cámara no realiza un nuevo juicio, sino que, por el contrario, se encuentra más limitada que el juez de primera instancia, pues debe circunscribir su tarea a los agravios vertidos por el apelante; éstos últimos son los que delimitan la personalidad de la apelación, marcando de modo claro los límites del conocimiento del tribunal de segundo grado. Rige aquí el conocido aforismo ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (cfr. SCBA LP, causa C 118.775, “Vessoni, Abel Oscar contra Cabaña Santa Rita. Daños y perjuicios”, sent. del 10 de agosto de 2.016; y esta Cámara in re: causas n° 6.008/17, “Richards, Andrés Felipe c/ Municipalidad de Merlo s/ Pretensión anulatoria”, sent. del 9 de febrero de 2.017; n° 6.586/17, “Martignoni, María Florencia c/ Municipalidad de General San Martín s/ Pretensión anulatoria”, sent. del 20 de marzo de 2.018; y n° 6.615/17, “Andrade Andrade, María c/ Municipalidad de San Miguel s/ Pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos”, sent. del 16 de abril de 2.018, entre otras).

De allí entonces que al ser el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ésta no se encuentra facultada institucionalmente para suplir los déficit argumentales del recurrente, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo(arg. CC0100 SN, causa n° 4.194, “Pereyra, Rosario Marcos y otra c/ Bustamante, José Alberto y otro s/ Tercería de mejor derecho”, sent. del 4 de junio de 2.002; y esta Cámara in re: causas n° 6.586/17, “Martignoni”, y n° 6.615/17, “Andrade Andrade”, antes citadas); pues se ha dicho que “...Si el interés es la medida de la acción, el agravio lo es del recurso...” (cfr. SCBA LP, causa L 117.721, “Agapito, Ana María contra Mossuto, Blanca Ester. Materia a categorizar”, sent. del 25 de noviembre de 2.015; y esta Alzada, en las causas n° 6.586/17, “Martignoni”, y n° 6.615/17, “Andrade Andrade”, ya mencionadas).

5°) Dicho ello, a los efectos de encuadrar la actuación de la Sra. Juez de grado en el sub lite -y en relación a los agravios levantados por la recurrente-, creo necesario precisar que la cuestión a decidir gira en torno a determinar si la magistrada ha ponderado de manera deficiente la prueba reunida en autos y/o desinterpretado la normativa y/o jurisprudencia que en la materia resultaban aplicables al caso, al haber decidido rechazar la demanda promovida por la parte actora e imponerle las costas procesales generadas, por haber considerado que la acción se había encontrado prescripta.

Cabe destacar que no han llegado controvertidas a esta instancia las cuestiones vinculadas al comienzo y/o interrupción del plazo de prescripción (recordando que el inicio -del nuevo plazo computable- ha sido fijado el 7 septiembre de 2.001, al haber quedado firme la sentencia de beneficio de litigar sin gastos con respecto al accionante) ni que el término de dos años ponderado por la magistrada de grado se encontrara vencido (al momento de haberse incoado la pretensión indemnizatoria, con fecha 19 de marzo de 2.008), por lo que tales aspectos del pronunciamiento quedarán excluidos del presente debate (cfr. arts. 266 y 272 del C.P.C.C; y 77 inc. 1° del C.C.A.).

Considero también imprescindible señalar preliminarmente que, conforme la doctrina legal sentada por nuestro Cimero Tribunal Local en la causa “Rolón, Hermelinda c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (SCBA LP, A 70.603, sent. del 28 de octubre de 2.015) -la que resulta obligatoria para todos los órganos judiciales de la Provincia (cfr. SCBA, causas B. 60.437, “Acevedo”, sent. del 5 de agosto de 2.009 y B. 56.824, sent. del 14 de julio de 2.010, entre otras; y esta Alzada, in re: causas n° 664, “Rabello”, sent. del 19 de septiembre de 2.006; n° 823, “Zapata”, sent. del 15 de febrero de 2.007; n° 967, “Libonati” sent. del 14 de mayo de 2.012, y n° 3943, “Figueroa”, sent. del 22 de octubre de 2.015, entre otras)-, las disposiciones del derogado Código Civil (Ley n° 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a la demandada- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (cfr. asimismo doct. art. 7 del Código Civil y Comercial, Ley n° 26.994).

6°) Tras lo expuesto, debo señalar entonces que la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada plantea la necesidad de determinar la naturaleza jurídica de la relación hospital público-paciente y médico-paciente. La dilucidación de este punto resulta decisiva a los fines de resolver acerca del término legal aplicable, pues si se acepta -como propone la recurrente- que la responsabilidad deriva de un contrato, habrá de aplicarse el término decenal normado en el artículo 4.023 del antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield; en tanto que si se admite su carácter extracontractual, la acción ha de prescribir a los dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.037 del mencionado cuerpo normativo de derecho común.

Sentado tal asunto, adelanto que el recurso de apelación en examen no puede ser receptado, pues la juzgadora de primera instancia ha fallado siguiendo la doctrina sentada por esta Cámara al respecto en las causas n° 814, “Schugt” (sent. del 15 de marzo de 2.007); n° 865, “Liberatori” (sent. del 17 de julio de 2.007); n° 503, “Puchik” (sent. del 26 de mayo de 2.009); n° 2.187/10, “Flores de Guanuco” (sent. del 12 de octubre de 2.010); n° 2.925/11, “Palavecino” (sent. del 20 de febrero de 2.012) y n° 3.820/13, “Traverso” (sent. del 14 de noviembre de 2.013), por nombrar algunos precedentes.

Así lo entiendo, por cuanto -al igual que lo hemos sostenido en los decisorios invocados- en el presente caso se encuentra comprometida la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público y, en consecuencia, debe aplicarse el plazo de prescripción de dos (2) años establecido en el artículo 4.037 del actualmente derogado Código Civil.

Es que el planteo de responsabilidad del Estado por falta de servicio o irregular cumplimiento de un servicio público encuentra fundamento en el artículo 1.112 del hoy derogado Código Civil, resultando de directa aplicación por tratarse de una norma de derecho público contenida en el mencionado cuerpo normativo. En efecto, en el supuesto de autos el carácter de funcionario público del médico no puede ser controvertido, ya que ese carácter lo tiene por la existencia de una relación de empleo público, sin que sea determinante para su configuración la retribución, la permanencia prolongada en el cargo, la fuente de la designación o la distinción jerárquica (cfr. SCBA, Ac. 84.389, sent. del 27 de abril de 2.005; y esta Alzada in re: causas n° 937/07, “Espinoza Rojas, María Teresa c/ Municipalidad de La Matanza y otros s/ Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 4 de septiembre de 2.007; n° 1.815, “Cuello, Roberto y otra c/ Ferrari, Marta y otros s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 7 de septiembre de 2.010; n° 2.187/10, “Flores de Guanaco” y n° 2.925/11, “Palavecino”, ya citadas, entre otras).

A su vez, no puedo soslayar mencionar que el criterio precedentemente expuesto -y del cual reniega la quejosa- es el sostenido en la materia tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. “Brescia”, Fallos 317:1921; y “Schauman de Scaiola”, Fallos 322:1393), como por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (cfr. Ac. 77.960, “Monteagudo”, sent. del 14 de julio de 2.006, entre muchos otros).

En los precedentes citados, con fundamentos que comparto, se resolvió que quien contrae la obligación de prestar un servicio -en el caso, de asistencia a la salud de la población- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y que es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (cfr. CSJN, Fallos 306:2030, 307:821 y 312:343). Los conflictos originados en dicha circunstancia ponen en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (cfr. CSJN, “Jorge Fernando Vadell c/ Provincia de Buenos Aires”, sent. del 18 de diciembre de 1.984).

De tal modo, la relación del Estado por medio del hospital público con el paciente y la relación médico-paciente, se desenvuelven en el ámbito del derecho público -derecho constitucional y/o administrativo (cfr. arts. 75 incs. 19° y 23° de la Constitución Nacional; y 36 inc. 8° de la Constitución Provincial)-, y consecuentemente la responsabilidad se encuadra en el régimen extracontractual, correspondiendo, por ende, aplicar en materia de prescripción el plazo establecido en el artículo 4.037 del viejo Código Civil (cfr. SCBA, Ac. 77.960, “Monteagudo”, ya invocada; C. 102.534, “C., A. contra Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”, sent. del 10 de agosto de 2.016; A. 72.609, “Caparrotta, Roxana E. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Daños y perjuicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sent. del 31 de mayo de 2.017; y A. 73.891, “Herrera, Pedro Ariel y otra c/ Municipalidad de Necochea y otra s/ Daños y perjuicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, sent. del 6 de septiembre de 2.017, entre muchas otras).

En dicha tesitura, he de resaltar que la responsabilidad extracontractual parte de un presupuesto determinante: el deber genérico e indeterminado de no dañar. La contractual, de su lado, requiere ineludiblemente la existencia de una obligación previa nacida de un contrato, vínculo este último que antecede en el tiempo al incumplimiento generador del daño y que, en el caso, no se presenta. En ese sentido cabe recordar que: “La prestación cumplimentada en el establecimiento sanitario oficial es la consecuencia de la asunción por el Estado de una función propia. En efecto, el art. 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia reconoce el derecho a la salud y a esos fines garantiza a todos sus habitantes el acceso a ella en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, sosteniendo el Hospital público y gratuito". “Ha expresado la Corte Suprema de la Nación que quien contrae la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos 322-1402 y sus citas, 306-2030 y 317-1921)" (cfr. SCBA, Ac. 77.960, “Monteagudo”, sent. del 14 de julio de 2.006, anteriormente aludida).

Todo lo cual me lleva a decir que el eventual daño provocado por un médico dependiente y que presta funciones en un hospital público municipal no deriva en modo alguno de una prestación de origen contractual, pues se vincula inexorablemente a la función constitucional del Estado de proveer a la salud.

De allí que, en definitiva, el caso planteado en autos se encuadra en el marco de la responsabilidad extracontractual del Estado y, por ende, el plazo de prescripción aplicable en la especie es el de dos (2) años establecido por el artículo 4.037 del actualmente derogado Código Civil; razón por la cual, las críticas esgrimidas por la recurrente en tal aspecto deben ser desestimadas y el criterio sustentado por la Sra. Juez a quo ha de ser ratificado.

7°) Debo señalar que el temperamento antes explicitado en modo alguno ha de verse conmovido por la presunta violación al principio constitucional de la igualdad que pregona la apelante, con sustento en que la diferencia en el plazo de prescripción entre los casos de mala praxis ocurridos en hospitales públicos con respecto a los acontecidos en establecimientos sanitarios privados, conlleva un inadmisible tratamiento discriminatorio.

Es que, insisto, la responsabilidad endilgada a la comuna demandada en autos, vinculada inexorablemente a la función constitucional del Estado de proveer la salud y en modo alguno enmarcable en un origen contractual, opera en el ámbito del derecho público -derecho constitucional y/o administrativo (cfr. arts. 75 incs. 19° y 23° de la C.N.; y 36 inc. 8° de la C.P.B.A.)- y no en el del derecho privado (cfr. SCBA, Ac. 79.514, “Castillo”, sent. del 13 de agosto de 2.003; Ac. 86.949, “Blasco”, sent. del 8 de septiembre de 2.004; Ac. 77.960, “Monteagudo”, ya mencionada; C. 100.046, “Cabrera”, sent. del 22 de octubre de 2.008; y C. 100.452, “Garrote de Galván”, sent. del 15 de julio de 2.009, por invocar algunas); siendo que las normas de derecho privado y las de derecho público actúan, frecuentemente, en ámbitos diferentes y persiguen objetivos distintos (arg. CSJN, “Reig Vázquez Ger y Asoc. c. Municipalidad de Buenos Aires”, sent. del 14 de mayo de 1.991, LA LEY 1991-E, 37 - Colección de Análisis Jurisprudencial, Teoría Gral. del Derecho - Ricardo A. Guibourg, 537 - IMP 1991-B, 1532 - DJ 1991-2, 858 AR/JUR/538/1991).

Y encontrándonos así frente a obligaciones de diversa fuente, no puede sostenerse que el disímil tratamiento legislativo afecta la garantía de igualdad establecida por los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sobre todo, cuando nuestro Máximo Tribunal Federal -último intérprete de la Constitución- ha dicho que: “...la garantía de igualdad importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos 101:401; 124:122; 126:280; 127:167; 137:105; 157:28, entre muchos otros). Por tal razón, el Tribunal ha resuelto que constituía una distinción arbitraria, violatoria del art. 16 de la Constitución Nacional, aquélla establecida por una ley que contemplaba en forma distinta situaciones que eran iguales (Fallos 196:337)” (cfr. CSJN, “Martínez”, sent. del 6 de junio de 1.989, Fallos 312:826), circunstancia esta última que -a partir de lo expresado en los párrafos precedentes- claramente no se advierte en los presentes actuados.

Por lo tanto, en la medida en que la cuestión debatida en autos se inscribe en el ámbito del derecho público y en el plano de la responsabilidad extracontractual del Estado municipal, la aplicación en la especie del plazo bienal previsto en el artículo 4.037 del viejo Código Civil no configura un trato discriminatorio como acusa la parte actora (en igual sentido a lo resuelto por esta Cámara in re: causas n° 503/14, “Puchik”, sent. del 26 de mayo de 2.009; y n° 2.187/10, “Flores de Guanuco”, sent. del 12 de octubre de 2.010, ya citadas), correspondiendo así rechazar el embate intentado por la apelante.

8°) Finalmente, debo pronunciarme con relación a las costas del proceso, a tenor del agravio articulado por el accionante y que fuera detallado en el Considerando 2°, apartado iv).

Cabe recordar que el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, en su redacción actual (según Ley 14.437), impone en el primer inciso, como criterio rector, el principio objetivo de la derrota pero deja a salvo la facultad del juez de eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido, siempre que encontrare mérito para ello y lo exprese en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Estimo por lo tanto que, de acuerdo al modo en el que ha de resolverse el presente litigio y no habiendo encontrado motivos para apartarme del principio antes aludido -principalmente, por no tratarse la cuestión debatida de una cuestión novedosa sino de una cuya doctrina resulta inveterada-, corresponde desestimar el planteo esgrimido por la apelante, confirmando la imposición de costas a la parte actora en la instancia anterior e imponiendo las de esta segunda instancia a dicho litigante, en atención a su carácter de perdidoso (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según Ley n° 14.437).

9°) Por consiguiente, propongo a mis distinguidos colegas: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; 2°) confirmar, en consecuencia, la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravio; 3°) imponerle las costas de Alzada a la parte accionante, en su condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según Ley n° 14.437); y 4°) diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. ASÍ VOTO.

Los Señores Jueces Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto, en virtud del resultado del Acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; 2°) confirmar, en consecuencia, la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravio; 3°) imponerle las costas de Alzada a la parte accionante, en su condición de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según Ley n° 14.437); y 4°) diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

Regístrese, notifíquese a las partes mediante cédula en soporte papel dirigida a sus domicilios procesales constituidos (cfr. fs. 524 y 539) y, oportunamente, devuélvase.

  Correlaciones

 Barraza, Javier I.: “RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR SERVICIO HOSPITALARIO” . Temas de Derecho Administrativo. Diciembre/2017. Cita digital: IUSDC285560A

Cita digital:IUSJU037862E