JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Prueba de su existencia. Rechazo de la demanda. Subordinación. Prácticas educativas. Pasantía

 

Se confirma la sentencia que rechazó el reclamo impetrado con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, al quedar demostrado que la tarea que efectuaba el actor consistía en prácticas educativas de formación profesional, al igual que otros alumnos de la universidad en el Instituto demandado, de manera que no existió vínculo laboral alguno.

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de 2019, para dictar sentencia en los autos: “SANDOVAL AVILA JOHNNY RODRIGO C/ SCORSETTI DANIEL HORACIO Y OTROS S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó el reclamo impetrado con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, llega apelada por la parte actora a tenor de los agravios que expresa a fs. 228/232.-

También hay recurso de la letrada de la demandada, quien considera reducidos los honorarios que le han sido regulados (fs. 233).-

II.- El agravio principal de la parte actora gira en torno a la conclusión a la que ha arribado el “a-quo” al declarar no acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes.-

A mi juicio, en el fallo se han evaluado correctamente todos los elementos fácticos y jurídicos de la causa, y no veo en el escrito de recurso datos o argumentos que resulten eficaces para revertir sus conclusiones.-

En primer lugar cabe señalar que la parte demandada ha reconocido la prestación de servicios por parte del actor, atribuyéndole una naturaleza diferente al ordenamiento laboral, pues le asignan el carácter de “prácticas educativas”. Ello hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario (cfr. art. 23 de la L.C.T.) la que entiendo se ha producido.-

Tal como lo indica “a-quo”, mediante el análisis de los testigos cuyos dichos en sus partes esenciales se citan en la sentencia, ha quedado demostrado que la tarea que efectuaba el actor consistían en prácticas educativas de formación profesional, al igual que otros alumnos de la Universidad del Salvador en el Instituto Scorsetti.-

A mi modo de ver constituyen prueba testifical idónea y sus dichos no permiten concluir que la vinculación revistiera el carácter laboral pretendido por la actora (art. 90 de la Ley 18.345 y 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-

Además el propio actor ha señalado que se inscribió en el programa de postgrado en oftalmología de dicha Universidad que ofrecía clases teóricas y prácticas, lo que resulta corroborado mediante la documentación que aportara la parte demandada (fs. 33/60), y la información brindada por la Coneau (fs. 139/140 y fs. 147/161).-

También resulta sumamente relevante considerar la resolución de aprobación de la carrera de especialización en oftalmología emitida por la Coneau, donde se hace referencia al Centro Oftalmológico “Dr. Scorsetti” como uno de los ámbitos de práctica de los alumnos. De hecho el convenio de prácticas educativas de capacitación no rentada celebrado entre aquel instituto y la Universidad del Salvador también se encuentra en el expediente (fs. 61 y fs. 85/86).-

Y bien, recuerdo que las tres notas típicas de un contrato de trabajo son: a) subordinación técnica: el trabajador somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador; lo que en el caso no ha ocurrido teniendo en cuenta lo dicho por los testigos; b) subordinación económica: pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una remuneración, y el producto del trabajo y el riesgo de la empresa son ajenos a él. Finalmente resta la c) subordinación jurídica: que es la principal característica para configurar la dependencia y que consiste en la posibilidad jurídica del empleador de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa, el trabajador está sometido a la autoridad del empleador (facultades de organización, dirección, control y poder disciplinario). Ninguno de estos ingredientes se advierte en la vinculación habida entre los litigantes.-

A mi modo de ver, todos los elementos de juicio analizados dan cuenta de la inexistencia de una relación de dependencia.-

En cuanto a las restantes consideraciones vertidas en el escrito sobre esta cuestión, que -tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquéllas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29-04-70, La Ley 139-617; 27-0871, La Ley - 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal ...” - Morello, Tº II-C, Pág. 68 – punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”, sent. 32.313 del 29-06-99, entre muchos otros).-

En tales condiciones, y dado que la apelante no señala ningún otro elemento de juicio eficaz en aval de la tesitura que defiende, propongo sin más la confirmación del fallo en este substancial punto.-

III.- Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida en autos, entiendo que el actor pudo considerarse asistido de mejor derecho para litigar como lo hizo, por lo que propongo que las costas de primera instancia sean declaradas en el orden causado y las comunes por mitades (art. 68, 2da. pte. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-

Acerca de la ponderación de los honorarios, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.-

Ello así en concordancia con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 32/2009 (45e)/ CS1 originario “ESTABLECIMIENTOS LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A. c/ MISIONES, Provincia de s/ acción declarativa” en el acuerdo del 4 de setiembre de 2018 (manteniendo los Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre muchos otros) y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020” de fecha 8 de noviembre de 2017, que remite al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250).-

Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas.

Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema. -

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se iniciaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432; DL 16.638/57) habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas. -

En tal contexto, advierto que los emolumentos regulados a los profesionales intervinientes, en mi opinión, lucen adecuados al mérito y extensión de la labor desarrollada por cada uno de ellos, por lo que propongo su confirmación.-

IV.- De tener adhesión mi voto, sugiero que las costas de alzada sean declaradas también en el orden causado (art.68 2da. parte CPCCN), y se regulen honorarios a los letrados intervinientes en el ...% de los determinados para la primera instancia (arts. 16 y 30 de la Ley 27.423).-

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.-

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO No vota (art. 125 de la Ley  18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar el fallo apelado y declarar las costas de primera instancia en el orden causado y las comunes por mitades. 2) Confirmarlo en lo demás que decide inclusive en materia de honorarios. 3) Costas de alzada en el orden causado. 4) Regular honorarios a los letrados intervinientes en el ...% (... POR CIENTO) de los determinados para la primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 

Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: HÉCTOR HORACIO KARPIUK, SECRETARIO

Firmado por: GRACIELA LILIANA CARAMBIA, JUEZ DE CAMARA

 

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