JURISPRUDENCIA

Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Ley penal más benigna. Ley 27.430

 

Se confirma la resolución que dispuso rechazar el requerimiento fiscal de instrucción en orden al presunto delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social de los empleados de la firma denunciada, al resultar aplicable al caso la ley 27430, que ha resultado más benigna de acuerdo a lo normado por el artículo 2 del Código Penal, en tanto que la modificación introducida importó la discriminación de aquellas apropiaciones menores a la cifra cuestionada. De este modo, de ser mantenida la incriminación de la conducta, importaría vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

 

 

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La Plata, 28 de junio de 2019.-

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa registrada bajo el N° FLP 32553/2019/CA1 (9304/I), caratulada: “A. S.R.L. s/ Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social”, procedente del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llega la causa a este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 16/17 vta., por el Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, doctor Sergio N. Mola, contra la resolución de fs. 12/15 vta., mediante la cual el juez a quo dispuso rechazar el requerimiento fiscal de instrucción obrante a fs. 11 y vta., efectuado en el marco de las presentes actuaciones, por no constituir delito los hechos denunciados, consistentes en la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social de los empleados de la firma “A. S.R.L.”, relativos a los períodos de junio/2013 por la suma de $25.231,33; diciembre/2013 por la suma de $31.351,06; junio/2014 por la suma de $27.252,88; diciembre/2014 por la suma de $60.123,70 y junio/2015 por la suma de $70.711,67 (conf. art. 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación y art. 7 del Régimen Penal Tributario según ley 27.430).

El recurso es motivado en el acto de su interposición, mantenido e informado en esta instancia por el Fiscal General ante esta Cámara, doctor Julio Amancio Piaggio (v. fs. 21 y fs. 23/25 vta.).

II. A través de los agravios esgrimidos, el Fiscal en su recurso de apelación, entiende que no corresponde aplicar a los hechos de autos retroactivamente la ley 27.430 como ley penal más benigna, toda vez que el actual aumento de los montos mínimos introducidos tiene como objeto principal su actualización para compensar la depreciación sufrida por la moneda nacional durante el período de vigencia de la ley 24.769, sin hacerse expresión alguna a un cambio de valoración social de las conductas tipificadas. Fundamenta su postura haciendo alusión a la Resolución PGN 5/12 la Resolución PGN 18/18, y al mensaje de elevación del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo de la mentada ley 27.430. Finalmente hace reserva de recurrir a casación y del caso federal.

En la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N., el Fiscal General, doctor Julio Amancio Piaggio, reitera y mejora los fundamentos vertidos en el recurso de apelación. En ese sentido expresa que en la resolución impugnada, el magistrado a quo aplica incorrectamente la ley 27.430, los artículos 2 del C.P. y 18 de la C.N., vulnerándose las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. Fundamenta su postura con jurisprudencia y hace reserva de recurrir ante los tribunales superiores.

III. A efectos de comprender los acontecimientos que se investigan, corresponde señalar que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la denuncia formulada por la Jeda Interina de la Sección Penal de la Dirección Regional de los Recursos de la Seguridad Social Sur de la A.F.I.P., doctora María Edith Arroyo, contra los responsables de la firma “A. S.R.L.”, en orden a la presunta infracción al art. 9 de la ley 24.769, respecto a los períodos de junio/2013 por la suma de $25.231,33; diciembre/2013 por la suma de $31.351,06; junio/2014 por la suma de $27.252,88; diciembre/2014 por la suma de $60.123,70 y junio/2015 por la suma de $70.711,67. Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N., el fiscal impulsó la acción penal contra los responsables de la mencionada firma.

IV. Consignados los agravios y relatados sintéticamente los hechos que motivaron la presente causa, corresponde comenzar el tratamiento de la cuestión recordando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las resoluciones judiciales deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión (Fallos: 308:1489; 310:670; 311:787; 312:555; 313:701; 315:123; 324:3948; 327:2476, entre otros).

En este sentido, debe resaltarse que la ley 27.430 (sancionada el 27 de diciembre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017) ha derogado la ley 24.769 e introducido una importante modificación en la descripción típica del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, al aumentar de veinte mil pesos ($20.000) a cien mil pesos ($100.000) por cada mes, el límite a partir del cual es punible la conducta. Asimismo, ha modificado el término de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso que prescribía la anterior normativa al de treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso.

De ello se deriva que resulta imperativo examinar si las conductas evaluadas pueden seguir siendo consideradas merecedoras de reproche penal. Ello es así pues también ha puntualizado el Máximo Tribunal que los efectos de la benignidad normativa en materia penal “se operan de pleno derecho”, es decir, aún sin petición de parte (Fallos: 277:347; 281:297 y 321:3160).

Por otro lado, no parece necesitar en el sub examine de mayor debate el análisis acerca de la aplicación de ese principio legal, que ha sido también establecido en tratados de orden internacional con jerarquía constitucional, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9) y el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos: 321:824 -disidencia de los doctores Fayt, Boggiano y Bossert y Petracchi- y 3160; 324:1878; 327:2280; causa C.77.XL “Cristalux S.A. s/ley 24.144” resuelta el 11 de abril de 2006 y, en particular, 330:4544 -“Palero”- de la CSJN, entre otros). Al mismo tiempo, su examen es previo a cualquier otra cuestión pues, de admitirse, devendría abstracto el tratamiento de los demás agravios del recurrente.

Al respecto cabe destacar que la imputación estaba conformada por la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por los períodos de junio/2013 por la suma de $25.231,33; diciembre/2013 por la suma de $31.351,06; junio/2014 por la suma de $27.252,88; diciembre/2014 por la suma de $60.123,70 y junio/2015 por la suma de $70.711,67, montos que resultan inferiores al previsto por el art. 7° de la ley 27.430.

Ahora bien, sin perjuicio de que al momento de la denuncia los importes resultaban suficientes para que se configurara el delito previsto en el art. 9 de la ley 24.769, la reforma operada con la sanción de la ley 27.430 es clara en cuanto a las exigencias que dicha conducta debe cumplir para que se configure el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

En tales condiciones, resulta aplicable al caso la ley 27.430, que ha resultado más benigna de acuerdo a lo normado por el art. 2 del Código Penal, en tanto que la modificación introducida importó la discriminación de aquellas apropiaciones menores a la cifra ya referida. De este modo, de ser mantenida la incriminación de la conducta, importaría vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que se ha hecho mención (Fallos: 321:3160; 324:1878 y 2806; y 327:2280).

De esta manera, por las consideraciones precedentemente efectuadas corresponde confirmar la resolución impugnada.

POR ELLO, SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 12/15 vta., en todo cuanto resuelve y ha sido motivo de agravio.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.-

 

JULIO VICTOR REBOREDO

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTIN LEMOS ARIAS

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

LAUREANO ALBERTO DURAN

SECRETARIO DE CAMARA

 

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