JURISPRUDENCIA

Transporte de estupefacientes. Configuración de delito. Consumo personal. In dubio pro reo

 

Se confirma la sentencia que condenó a los imputados en orden al delito de transporte de estupefacientes, al concluirse que las específicas circunstancias del caso en el que fue transportado un total de 185 pastillas de éxtasis en una encomienda, por el territorio nacional desde la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) hasta la ciudad de Trelew (Provincia de Chubut), permitían tener por acreditado el efectivo desplazamiento de la droga; situación que resultaba suficiente para acreditar la consumación prohibida y sancionada del transporte por la figura en cuestión.

 

 

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En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como vocales, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 542/547 y fs. 548/551 de la presente causa Nro. FCR 4090/2016/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: “J., J. E. y otro s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, -en modo unipersonal-, con fecha 06 de noviembre de 2018, resolvió en lo que aquí interesa: “III) CONDENAR a J. E. J., D.N.I. Nº ..., de las demás condiciones personales de autos, por considerarlo coautor responsable de transporte de estupefacientes, a cuatro años de prisión, multa de tres mil pesos ($3000), accesorias legales del art. 12 del CP y las costas procesales, arts. 45 del CP y 5º inc. C) de la ley 23737. IV.- CONDENAR a M. E. A. A., DNI Nº ..., de las demás condiciones personales de autos, por considerarlo coautor responsable de transporte de estupefacientes, a cuatro años y seis meses de prisión, multa de cuatro mil quinientos pesos ($4500), accesorias legales del art. 12 del CP y las costas procesales, arts. 45 del CP y 5º inc. C) de la ley 23.737 (...)” (cfr. fs. 531/540 vta.).

II. Que contra dicha resolución interpusieron recurso de casación a fs. 542/547 el doctor Sergio María Oribones, Defensor Público Oficial de J. E. J.; y a fs. 548/551 el doctor Abdón Omar Manyauik, defensor particular de M. E. A. A., los que fueron concedidos a fs. 552/vta. y mantenidos en esta instancia a fs. 564 y fs. 565 respectivamente.

III. Que los recurrentes adujeron que la sentencia resulta recurrible en los términos del artículo 457 del C.P.P.N., en tanto refirieron que se trata de un decisorio de carácter definitivo, fundando su recurso en los términos del art. 456, incs. 1º y 2º del C.P.P.N.

A su vez fundaron sus recursos en los siguientes motivos de agravio:

1. Recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de J. E. J. s :

Comenzó su presentación casatoria alegando que el a quo aplicó erróneamente la ley al calificar el accionar de su asistido como incurso en el delito de transporte de estupefacientes (art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737), cuando refirió que de las circunstancias del caso se extrae que la conducta ilícita realizada por J. se subsume en el art. 14, primer párrafo, de la mencionada ley, lo que permitiría una condena de carácter condicional.

Sostuvo que de la descripción fáctica del hecho juzgado se desprende que el imputado tenía el material estupefaciente para su consumo personal, y que dicha circunstancia no se encuentra controvertida en autos. En tal sentido, indicó que J. es consumidor de drogas desde los 18 años, que comenzó con cocaína, y luego pasó a consumir pastillas, que las había dejado pero recayó después de su divorcio, y que su excesivo consumo lo llevó a contactar a una persona que las vendía a menor precio que fue quien le envió los estupefacientes por encomienda a cambio de un giro de dinero. También manifestó que su asistido refirió que el efecto de las pastillas dura dos horas, que no vendía, sino que compró para dos meses, que las pidió como “2 equipos”, pero no sabía cuántas eran en realidad, que por su valor no se convidan, que se consumen en fiestas cada cual lo suyo, y que perdió su trabajo a raíz de ello.

Alegó que el referido traslado imputado por el a quo no fue otra cosa que una compra como todas las que se concretan en la actualidad por teléfono o internet, para luego receptar el objeto adquirido por el comprador mediante encomiendas, y que si bien tenía un objeto ilícito, no existe diferencia en haberla comprado personalmente en su lugar de residencia o haberla solicitado y que le fuera enviada.

La defensa describió que en el caso no existen pruebas terminantes de que la adquisición de las pastillas por parte de su asistido se dirigiera a la propagación del tóxico, sino que la finalidad de la compra, era su autoabastecimiento, y se debió a la diferencia de precio entre el lugar de residencia de J. y el lugar donde fue adquirido. A ello agregó que no se han probado en autos otros extremos que tengan que ver con la afectación de terceros o la eventual difusión del estupefaciente, que la encomienda fue hallada al azar por haberse escaneado al momento del retiro del paquete, y que apenas fue descubierta por los preventores, su asistido reconoció que era suyo a pesar de no conocer la cantidad exacta de material estupefaciente.

Señaló que el dolo abarcó la tenencia del estupefaciente y que por esa figura debe responder, toda vez que su asistido con cabal conocimiento de la naturaleza prohibida del producto adquirido, decidió recibirlo en encomienda para garantizarse la provisión de las pastillas de éxtasis para consumirlas largamente en su destino. También indicó que si bien lo que recibió fue una cantidad de droga que no era menor, ni escasa, no iba acondicionada al modo en que se traslada comúnmente al por mayor, ni con un elaborado sistema de ocultamiento, simplemente dentro de un paquete enviado a su nombre propio, y que teniendo en consideración las circunstancias del motivo de su adquisición -al ser más barata que la que se conseguía en su lugar de residencia- la cantidad de estupefaciente no resulta significativa.

Citó los fallos “Czekala” de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y el fallo “Vega Giménez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sustento de su postura.

Hizo reserva del caso federal.

2. Recurso de casación interpuesto por la defensa particular de M. E. A. A. :

Comenzó su presentación señalando que su asistido, desde el inicio del proceso, negó la participación en el envío de sustancias prohibidas desde la ciudad de La Plata, a la ciudad de Trelew por medio del servicio de “Vía Cargo”, y que haya recibido dinero remitido por J. por intermedio de “Giros Express”. A ello agregó que se pidieron peritajes caligráficos y se solicitaron comprobantes originales a lo largo del proceso tanto a “Vía Cargo” cómo a “Giros Express”, documentación que no fue aportada por las firmas mencionadas. Al respecto refirió que al inicio del debate fueron agregados fotocopias de los comprobantes donde dice estar la firma de A., circunstancia que es negada por la defensa.

Indicó que el a quo no pudo acreditar con certeza que su asistido haya recibido dinero por parte del coimputado J., ni que haya despachado la encomienda que tenía como remitente a José García. También indicó que no se valoró que a su asistido le secuestraron LSD, pero que en la encomienda puesta en discusión fueron halladas pastillas de éxtasis.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista por los arts. 465, primer párrafo, y 466 del C.P.P.N., el señor Fiscal General ante esta instancia, doctor Mario A. Villar, y la señora Defensora Coadyuvante ante esta instancia, doctora María Cecilia Palmiero en representación de J. E. J., presentaron breves notas (fs. 567/569 vta. y a fs. 570/575).

El representante del Ministerio Público comenzó su presentación señalando que los agravios de la defensa son una reiteración de los presentados en el debate, los que, en su mayoría, fueron debidamente contestados por el Tribunal a quo.

Consideró que la valoración de las pruebas fue efectuada de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, y que el razonamiento de la sentencia no contiene defectos lógicos y revela que se encuentra probado con debido respaldo en constancias de autos el delito que justifica jurídicamente las condenas impuestas a J. y A.. Al respecto indicó que las circunstancias fácticas han sido debidamente comprobadas, que la calificación que corresponde es la de la sentencia y que el razonamiento allí efectuado no contiene defectos en su fundamentación.

Por su parte, la señora Defensora Pública Oficial se remitió a los agravios expuestos por la defensa de J. E. J. en su recurso casatorio, y efectuó algunas breves consideraciones. Entendió que no se han reunido elementos probatorios ni siquiera a nivel indiciario que permitan sostener la adecuación típica reprochada a su asistido J., y que se comprobaron circunstancias que acreditan que el nombrado es un agravado consumidor de sustancias estupefacientes desde hace muchos años, lo que lo llevó a perder a su familia, su trabajo y su salud entre otras cosas. Agregó que, en contradiciión a la conclusión arrimada por el Tribunal a quo, la acción típica encuadra en el delito previsto por el art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737.

V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó debida constancia en autos (cfr. fs. 578), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Corresponde señalar en primer término que los recursos de casación interpuestos resultan formalmente admisibles, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnarla (art. 459 del C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del código de rito.

II. A efectos de realizar un adecuado análisis de los cuestionamientos presentados por los recurrentes, comenzaré por recordar que el Tribunal tuvo por acreditado que “el 11 de abril de 2016, J. E. J., retiró una encomienda a su nombre en la terminal de ómnibus de Trelew, que venía de Buenos Aires con 185 pastillas de éxtasis, del que era consumidor y cuyo contenido ilegal conocía, ya que el 29 de marzo anterior, había realizado giros de $9.000 y $10.000 en un día, a M. E. A., vecino de su ciudad, percibidos por éste el 31 de marzo siguiente, en pago de esa droga, quien el 8 de abril posterior, la envió en paquete a su conocido, con nombres supuestos, transportándola por tierra, desde la lejana ciudad bonaerense hacia el sur, del mismo modo que antes había enviado otras encomiendas a dos conocidos suyos, en la ciudad de destino y que tiempo después, a su detención en Trelew, tenía consigo entre sus ropas tres troqueles con LSD.” (cfr. fs. 535 vta.).

Por ello, el Tribunal resolvió condenar a J. E. J. y M. E. A. por considerarlos penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes en calidad de coautores (art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737).

III. Corresponde ingresar ahora al tratamiento del agravio por el que se cuestionó la fundamentación de la sentencia en lo relativo a la valoración de las pruebas acumuladas en el juicio, para concluir como acreditadas, con el grado de certeza que exige un pronunciamiento condenatorio, las conductas por las que resultaron condenados J. y A.. Así las cosas, habré de adelantar que los recursos de casación impetrados no tendrán favorable acogida.

Cabe tener presente que la defensa pública oficial de J. se agravia principalmente respecto de la calificación legal escogida por el a quo, por cuanto, a su entender, no se advertiría el razonamiento que permita sustentar los hechos imputados a partir de las pruebas que se produjeron en el debate, y solicitó que se subsumiera su conducta en orden al tipo penal de tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737). Por su parte la defensa de A. cuestionó la fundamentación de la sentencia por cuanto afirmó que las pruebas acumuladas en el juicio no permiten acreditar con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio, que el referido imputado fue coautor del delito de transporte de estupefacientes (art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737).

Efectuadas las precedentes consideraciones, y analizada la sentencia pronunciada en cuanto resolvió la condena de J. y A. en orden al hecho imputado como transporte de estupefacientes en grado de coautores, resulta que el pronunciamiento impugnado ha derivado de una valoración integral de los elementos de juicio arrimados al debate, con adecuado respeto de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional.

Al respecto, los juzgadores han efectuado un examen global y abarcativo de los distintos elementos probatorios disponibles, evitando fragmentarlos, de modo de conservar la visión de conjunto y la correlación que, sin espacio para la duda, han arrojado certeramente dichos elementos de cargo. En tal sentido, esto ha permitido al Tribunal extraer sus conclusiones a la luz de los criterios de la sana crítica racional, como correcta derivación de las constancias de la causa.

Corresponde recordar que el a quo tuvo por acreditado en autos que el 11 de abril de 2016 J. E. J. transportó 185 pastillas de éxtasis que fueron remitidas por M. E. A. A., a través de una encomienda que le envió al primero luego de que le efectuara dos depósitos de dinero a cambio de la droga.

Así se desprende que el día referido, J. E. J. se presentó en la terminal de ómnibus de la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, para retirar una encomienda que se encontraba a su nombre, cuyo remitente supuestamente era “José García” -alias que la investigación permitió determinar que utilizaba el encausado A.- y que procedía de la ciudad de La Plata. En dicha oportunidad, el personal de la Policía de la Provincia de Chubut que se encontraba operando el scanner de control rutinario, diario y estable de encomiendas y equipajes, pudo observar que al pasar la caja a nombre de J. por el referido scanner, marcó un color naranja que figuraba como positivo de materia orgánica. En ese momento, J. manifestó espontáneamente que eran pastillas, y que era consumidor de éxtasis.

Como consecuencia de ello fueron requeridos los testigos de actuación, y la presencia de personal de la División de Drogas Peligrosas que pudo determinar, por medio de la prueba narcotest correspondiente, que el material secuestrado reaccionó de forma positiva como presuntivo de metanfetaminas.

A partir del referido hecho se efectuaron las correspondientes tareas de investigación que determinaron que el 29 de marzo de 2016, el imputado J. efectuó dos depósitos de pesos nueve mil ($9000) y diez mil ($10000) a nombre de M. E. A. A. a través de “Giros Express” con el objetivo de adquirir las pastillas que tenía en su poder el día del hecho.

Con dicha información el señor juez a cargo de la instrucción requirió la intervención del abonado a nombre de A., y con los datos recabados ordenó el allanamiento de su domicilio y posterior detención.

Lo descripto se desprende principalmente de las declaraciones testimoniales del personal preventor que intervino durante el procedimiento en el que fue hallado el material estupefaciente. Así los preventores Héctor Fabián Cornelio y Franco Denis Soto dieron cuenta de cómo se desarrolló el procedimiento que dio inicio a las actuaciones, de la actitud desplegada por J. durante todo el procedimiento en cuestión y de la forma en la que se encontraba dispuesto el material estupefaciente en la encomienda en cuestión -185 pastillas de éxtasis celestes dentro de una bolsa transparente doblada y pegada con cinta de embalar y envueltas en papel tisú, dentro en un frasco de plástico de malta, con sus restos y papel de revista-.

También fueron valoradas las constancias documentales que acreditan el envío de la encomienda que contenía el material estupefaciente a nombre de J. y los depósitos de dinero que había efectuado a nombre de A.. De tal forma se valoró la información aportada por la empresa “Tranmant S.A.” licenciataria de “Giros Express”, en la que surge que el imputado J., acreditándose por medio de su documento nacional de identidad, le depositó a M. E. A. A. diez mil pesos ($10.000), y nueve mil pesos ($9.000), respectivamente, el día 29 de marzo de 2016, y a través de las facturas Nº ... y Nº ....

Como consecuencia de dicha transacción, el día 31 de marzo de 2016, A. presentó su documento de identidad y cobró la suma de dinero depositada por J.. Unos días después, el 8 de abril de 2016 acondicionó la droga en una encomienda, identificó el paquete con un falso remitente -cómo “José García”- para encubrir su accionar, y lo depositó en la terminal de La Plata indicando a J. E. J. con su respectivo DNI como el destinatario final de la encomienda en la ciudad de Trelew. Por otro lado, también se descubrió que con el mismo remitente falso de “José García”, desde La Plata, se habían realizado otros dos envíos a la ciudad de Trelew a diferentes personas.

El a quo también valoró el peritaje químico que analizó que la droga encontrada en poder de J. se trataba de 185 pastillas de éxtasis (3,4 gramos de methylenedioxymethamphetamine), cuyo consumo produce alucinaciones, confusión, agitación, hipotensión y puede llevar al coma y disturbios neurológicos cuando cesa su consumo.

Por último también se valoraron los mensajes que surgen del celular secuestrado en autos, que confirma la intervención de A. en los hechos investigados en autos y que coincide con el resto del plexo probatorio reunido en autos.

En definitiva, resulta acertada la conclusión a la que arribó el a quo de que J. y A. -cada uno en su ámbito y conforme a su rol establecido a los efectos de ejecutar el delito aquí investigado-efectuaron por medio del envío y recepción de una encomienda a lo largo del territorio nacional, el transporte de las sustancias tóxicas prohibidas, desenvolvieron la acción típica que la ley castiga (art. 5º, inc. “c” de la ley 23.737).

Es que, se encuentra acreditado el efectivo desplazamiento por el territorio nacional del material estupefaciente secuestrado en autos -desde la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut-. También se encuentra demostrado que una vez que arribó a destino la encomienda en cuestión, se presentó el imputado J. en la terminal de ómnibus de la ciudad de Trelew para retirarlo. El mencionado imputado facilitó sus datos personales para posibilitar el tránsito inadvertido de la encomienda, y fue a retirarla al lugar y en el momento convenido de antemano con su el remitente -M. E. A.-, conociendo íntegramente su contenido -185 pastillas de éxtasis-del que era por entonces adicto según afirmó.

En el marco de un operativo de control prevencional, el encausado fue hallado trasladando el paquete que recibió a su nombre el 11 de abril de 2016 (cfr. fs. 2/3 y fs. 103/105). Cabe aclarar que, como bien afirma el a quo, si bien en la oportunidad de declarar en la audiencia oral y pública, J. admitió que efectivamente llevaba consigo la droga, ello fue por el hecho de que fue irremediablemente descubierto con el material estupefaciente encima, y si bien alegó desconocer el contenido exacto de la encomienda recibida, no fue más que un intento por colocarse ajeno a la remisión que sabía ilegal.

Es más, el a quo agregó fundadamente a dicho análisis que “si bien pudiera parecer ingenuo y no indicativo de quien está incurso en un grave acontecer criminal, que la encomienda delictiva se desplazara a su nombre y dirección y concurriera más tarde con su documento personal a retirarla, actuó así porque fueron aspectos estudiados de antemano, para darle al trámite una apariencia de normalidad, asegurando conseguir los objetos remitidos convenidos, de los que conocía anticipadamente su contenido prohibido” (cfr. fs. 536 vta.).

Por otro lado, el encausado J. afirmó que se abasteció del producto en la ciudad de La Plata ya que era más barato, lo que de un primer análisis parece verosímil, como también es cierto que no tenía por qué tratar de conseguir otro tóxico que no fuera el de su preferencia para saciar su adicción, y cuyo envío presuponía. De todas formas, las remesas dinerarias efectuadas el día 29 de marzo de 2016 por diez mil pesos ($10.000) y nueve mil pesos ($9.000) efectuadas por J., fueron lo suficientemente importantes como para pagar el cargamento del estupefaciente y su traslado, que, vale aclarar, no era un cargamento menor, sino que las 185 pastillas de éxtasis -que abarcaban numerosas dosis tóxicas-, excedieron notablemente cualquier uso individual de consumo necesario para saciar la adicción en un lapso razonable de tiempo.

Es que, no puede dejarse de lado que más allá de las circunstancias referidas por el encausado respecto a su supuesta calidad de consumidor de estupefacientes, la realidad es que las circunstancias que rodearon al hecho también autorizan a descartar el destino de consumo con el que el encausado habría detentado el material estupefaciente detallado.

Dada la cantidad de elementos recabados en autos así como la calidad y el modo en el que se encontraba acondicionada y guardada de la droga incautada -185 pastillas de éxtasis que fueron desplazadas por el territorio nacional en una encomienda- debe descartarse la figura de tenencia simple contenida en el art. 14, primer párrafo de la ley 23.737, o que la tenencia hubiera tenido por fin el consumo personal del imputado, todo ello en conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Vega Giménez, Claudio Esteban” (Fallos 329:6019, rta. el 27/12/06).

En dicho precedente el Máximo Tribunal sostuvo que “la exigencia típica de que la tenencia para uso personal debe surgir inequívocamente de la escasa cantidad y demás circunstancias, no puede conducir a que si el sentenciante abrigara dudas respecto del destino de la droga, quede excluida la aplicación de aquel tipo penal y la imputación termine siendo alcanzada por la figura de tenencia simple”. Agregó que “semejante conclusión supone vaciar de contenido el principio in dubio pro reo en función del cual cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza sobre que la finalidad invocada de ninguna manera existió. Lo contrario deja un resquicio de duda, tratándose, cuanto mucho, de una hipótesis de probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no logran destruir el estado de inocencia del acusado con base en aquél principio (art. 3 del C.P.P.N.)”.

Y a partir de ello, señaló que “ante la proposición que afirma que no se pudo acreditar la finalidad de consumo personal, puede postularse que también es formalmente cierto que no se pudo acreditar que esa finalidad no existiera; y esta conclusión, favor rei, impide el juicio condenatorio que sólo admite la certeza”.

Para luego concluir que “...el estado de duda en el ánimo del juzgador (...) no pudo nunca razonablemente proyectarse (...) en certeza acerca de que se trató de una tenencia simple o desprovista de finalidad”.

De la lectura del resolutorio impugnado resulta que el magistrado sentenciante ha fundado correctamente la condena del aquí recurrente en orden a la figura de transporte de estupefacientes prevista en el art. 5º, inc. “c”, de la ley 23.737, conforme a los elementos de prueba acumulados en el presente proceso y los lineamientos establecidos por nuestro Máximo Tribunal.

Es que, de acuerdo a lo reseñado precedentemente surge que los argumentos utilizados por el a quo resultan suficientes para evaluar, a la luz de la doctrina expuesta, que la droga secuestrada al imputado fue desplazada por el territorio nacional, de forma convenida previamente por los encausados, y que en definitiva no tenía cómo fin el consumo personal de J..

En efecto, analizadas las diversas constancias probatorias recolectadas en autos, resulta que el a quo ha evaluado las probanzas en su conjunto, concluyendo fundadamente que las circunstancias de su hallazgo así como la cantidad y el modo en el que el material estupefaciente fue encontrado, resultan circunstancias inequívocas que permiten afirmar acabadamente que el destino del estupefaciente NO era el de su consumo, como pretende la defensa, ni que el encausado desconocía la cantidad de droga que se encontraba en la encomienda, resultando insuficientes sus fundamentos en contrario.

Ni siquiera resulta posible considerar la conducta reprochada a J. en torno a la figura contenida en el art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737, esto es: como una tenencia simple del material estupefaciente secuestrado. Es que, lo referido ut supra expone ésta circunstancia y permite descartar la pretensión defensista. Cabe agregar que el a quo fundadamente indicó al respecto que “aunque no pudo por la distancia velar por la adquisición del tóxico, lo eligió, entregó dinero para comprar, facilitó sus datos para desplazarlo, convino su retiro oportuno en el momento y local del arribo, aseguró su traslado exitoso en tiempo y forma desde la ciudad lejana hasta llegar a Trelew, con la droga convenida, en definitiva importó lo suyo una intervención decisiva, para el traslado criminal. Su dolo abarcó el transporte del estupefaciente y por esta figura penal deberá responder, pues tramó con otro e hizo un aporte determinante a la movilidad del ente ilegal, con las características en que se produjo, comprometiendo al otro en una ciudad lejana, para conseguir el tóxico en cantidad, prepararlo y remitirlo por una empresa de transporte inocente” (cfr. fs. 536 vta.).

El encausado J. actuó con pleno conocimiento de la naturaleza prohibida del producto que solicitó, y acordó con A. su envío a la ciudad de Trelew, en la calidad y cantidad expuesta en autos, para lo cual efectuó una importante inversión dineraria sin una causa lícita aparente y de forma absolutamente desproporcionada a su situación económica. Además, la cantidad de droga secuestrada es demostrativa de una excedencia que supera la simple tenencia para consumo del encausado, y las circunstancias que rodean el hecho también permiten descartar que J. hubiera acumulado la sustancia prohibida con el objetivo de consumirla a futuro, y que se haya anticipado a sus necesidades para satisfacer su adicción a futuro. Es que la cantidad de droga incautada en autos excede notablemente la que razonablemente una persona adicta requiere para satisfacer sus vicios.

Por ello, resulta acertada la conclusión arribada por el a quo en cuanto calificó la conducta de J. en torno al tipo penal de transporte de estupefacientes- art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737- y en cuanto descartó en autos la aplicación tanto de la figura de tenencia simple de estupefacientes, como la de tenencia de estupefacientes para consumo personal previstas en el art. 14, primer y segundo párrafo, de la ley 23.737.

Ahora bien, con relación al imputado A., corresponde señalar que los elementos recogidos al momento de su aprehensión, demostraron su intención y su participación en el transporte imputado, al igual que su accionar al ser quien consiguió la droga, y quién preparó y eligió el modo de transporte, e impuso las señales o signos necesarios para el desplazamiento del tóxico ilegal encubierto.

El hecho imputado sólo fue pasible de ser afrontado por quien conocía en su ciudad de residencia - La Plata-, los sitios donde podía obtener el tóxico -que no es muy común- y adoptando un proceder de traslado disimulado que tampoco es de conocimiento generalizado, que garantizaba, en principio, su transporte inadvertido y su llegada a destino y a manos del comprador, con éxito.

Que por entonces el acusado A. no fuera objeto de investigación previa, contemporánea, o vinculado con conductas ilegales de tráfico con drogas en la ciudad de su origen -Trelew-, o donde residía -La Plata-, no permite desvincularlo del hecho investigado en autos.

Su vínculo con el delito de trasporte de estupefacientes descubierto en autos fue revelándose a medida que se desarrollaba la investigación. En primer término se encontró la remisión a su nombre de los importantes giros dinerarios realizados por J., que no exteriorizaban causa o explicación razonable alguna. Éstos fueron percibidos inmediatamente por A., para poder cumplir de forma expeditiva con el recado solicitado, días antes de que llevara el material estupefaciente a la terminal de origen -terminal de La Plata-. Con posterioridad también se estableció su relación con el destinatario de la droga -el imputado J.- ya que habían sido vecinos en la ciudad de Trelew.

También se descubrió que con un alias ficticio -José García-, A. había hecho similares envíos a un par de personas más, todos de la misma localidad y residentes de Trelew y con quienes tenía relación en las redes sociales, y que al momento de efectuar los envíos aportó un número telefónico que sólo difería en dos números del de su celular. A ello, corresponde agregar que al momento de su detención, A. tenía en su poder y en la vía pública, troqueles de LSD y que del análisis de su celular se evidenció su relación con el tráfico de estupefacientes.

Así, cabe agregar que del remito obtenido en copia certificada, “apareció “José García”, sin domicilio, con un celular no suyo sino del encargado de la agencia Via Cargo, de la terminal de La Plata y sin DNI y al secuestrar la caja, consta el DNI ..., foto de fs. 10, a su vez como destinatario figuró el nombre y DNI de J.; investigado el consignado remitente, se supo que viviría en Comodoro Rivadavia y no allí, fs.38/9 y la transportista hizo saber de otros envíos realizados bajo ese nombre, el mismo día 21/3/16, fs.111/2, para dos personas de Trelew, desde la misma terminal, aportando domicilio en Diagonal 74 Nº..., esq. 4, teléfono ..., destinatario a R. J. -sólo con terminal y teléfono- y el otro a M. A. M. V., -retira en terminal-, igual domicilio y teléfono que a J., entregados ambos el 23/3/16 (fs.130/1); coincidiendo que A. vive en La Plata, trabaja en una pizzería y tiene el abonado ..., cuasi idéntico, salvo en dos números, al colocado por el supuesto “José García”, fs.113vta./4” (cfr. fs. 537/vta.).

Con relación a las copias certificadas referidas, y que fueran cuestionadas por la defensa de A. por entender que no hubo posibilidad de confrontar los documentos originales a lo largo del proceso, corresponde recordar que el a quo ya se expidió al respecto al referir fundadamente que “sin perjuicio que la dinámica de la vida moderna y los avances tecnológicos, incluyeron como ingredientes fehacientes y de valor probatorio, varios instrumentos privados, de uso cotidiano en ámbitos empresariales, financieros, técnicos u otros, como capturas de pantallas, extractos bancarios, correos o reportes electrónicos, faxes, fotocopias que aquí se tratan, u otros, sin manuscritos, ni rúbricas y también olvida el interesado argumentista, que no solo el estudio documental, la única prueba para determinar la intervención de uno u otro en el delito, pues pueden recurrirse a otros elementos de convicción útiles, como otros informes tecnológicos, observaciones, expertos, intercambios registrados, testimonios, o cualquiera recogido por la pesquisa qu permitiera conocer la intervención de su pupilo en la fechoría (...)” (cfr. fs. 534 vta.).

En definitiva, cabe concluir que se encuentra acreditado que una vez contactado A. y avisado J. del valor de su pedido, éste último efectuó los giros el 29 de marzo del 2016, y que el primero cobró el día 31 de marzo de 2016 -conforme surge del informe remitido por la empresa “Andesmar” a fs. 510/515- para poder abonar, preparar los tóxicos y pagar su transporte al sur. El día 08 de abril de 2016 se presentó con un nombre ficticio en la terminal de La Plata, y efectuó tres envíos a la ciudad de Trelew, todos a sujetos vinculados entre sí por medio de las redes sociales. A su vez el envío fue casi registrado con su número de celular, difiriendo del propio en apenas dos números, el 1 por el 2, lo que permite sostener que fue A. quien envió los tóxicos prohibidos a J., desde la ciudad de La Plata, con un nombre ficticio común.

Por lo demás, cabe referir, y como bien señala el a quo, que “no se haya investigado al “José García”, más allá que fue creación ficticia para habilitar la circulación del paquete nada agrega ni quita a la actuación de A. en el tópico; como tampoco, que portara troqueles diferentes al momento de su detención y a la incautación en su domicilio local, con relación a las pastillas halladas originalmente en el transporte, toda vez que para confeccionar y distribuir tóxicos sintéticos, no hay una sola matriz o acuñación semejante y tampoco es inerte el tiempo trascurrido, entre uno y los otros procedimientos de los secuestros, sin pasar por alto que a usuarios de este tipo de tóxico los liga frecuentemente la modalidad y momentos de su consumo festivo” (cfr. fs. 537 vta.). Es que, del contenidos de sus comunicaciones realizadas por medio de la aplicación de mensajería “whatsapp” expuestas en el informe técnico efectuado sobre el celular secuestrado a A., se extrae que el imputado refiere específicamente sobre “comprar planchas”, “vender pepas”, “flores”, “ventas para juntar plata”, “precios y cantidades”, lo que revela un “modus operandi” desplegado por el referido durante varios meses, que era contemporánea y sucesiva al remito inicial de la encomienda investigada, y que demuestra su vinculación con el tráfico de estupefacientes (cfr. fs. 456/485).

En conclusión, cómo fundadamente refiere el a quo “la imposición por A. de un nombre supuesto, en la remisión de la encomienda y en las otras a sus conocidos, es la mejor revelación que supo que cometía un ilícito, que quería esconder su actuación asegurando su impunidad, pues era consciente que era ilegal remitir así los tóxicos prohibidos y a sabiendas lo hizo y los transportó al sur, cometiendo el delito por el que deberá responder. Su enfática negativa actual a protagonizar el evento delictivo relatado y probado, se enmarca en su afán por esquivar las consecuencias de su conducta criminal, como antaño reveló su maniobra y no se presenta sino como un vano intento por cohonestar la ilicitud de su conducta, que sabe reprochable y por ello su pretensión no habrá de prosperar” (cfr. fs. 538).

De tal forma y conforme lo descripto ut supra, resulta suficientemente acreditada la participación de los condenados en la ejecución de los hechos delictivos descriptos en el acápite II, así como también la configuración, en el caso, del dolo requerido por el tipo penal en cuestión. Es que, no se logra apreciar una discrepancia entre lo narrado por el a quo y las probanzas obrantes en autos, por lo que las mismas permiten inferir con el grado de certeza suficiente para el dictado de una condena, que los condenados fueron coautores del delito de transporte de estupefacientes (art. 5º, inc. “c”, de la ley 23.737).

En efecto, corresponde concluir que en el caso se encuentran reunidos los elementos requeridos para la configuración del tipo penal en discusión. En tal sentido cabe señalar que se configura el delito del art. 5, inc. “c”, de la ley 23.737, cuando, a sabiendas, se desplaza el tóxico prohibido de un lugar hacia otro, aun cuando la droga no llegara a su destino final.

Sobre aquella cuestión, ya he tenido oportunidad de sostener que el delito de transporte de estupefacientes no requiere, como elemento subjetivo, la intención de comercialización del material ilícito transportado, o la acreditación de que quien transporta lo hace con la intención de participar de una cadena de tráfico de dichas sustancias, o transportar dicho material hasta su destino -sea éste final o intermedio- (cfr. de esta Sala IV, causa nro. 179, “BERRETA, Ángel Antonio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 375.4, rta. el 22/8/1995; causa nro. 1877, “CASTRO, Carlos César s/recurso de queja, Reg. Nro. 2315.4, rta. el 23/12/1995; causa nro. 7738, “ARRIETA BERRIOS, Juan y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 10.967.4, rta. el 30/10/2008; y causa nro. 14.943, “LUCAS, José Andrés y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 848/12.4, rta. el 24/5/2012; entre muchas otras).

En sustento de esta postura, debe considerarse que transportar implica “llevar cosas de un lugar a otro” y que la doctrina local se pronuncia en sentido coincidente al manifestar que para el sistema de la ley argentina el transporte describe la conducta de traslado de la droga de un lugar a otro dentro del país.

Las específicas circunstancias del caso -en el que fue transportado un total de 185 pastillas de éxtasis en una encomienda, por el territorio nacional desde la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut-permiten tener por acreditado el efectivo desplazamiento de la droga. Situación que resulta suficiente para acreditar la consumación prohibida y sancionada del “transporte” por la figura en cuestión.

Así también lo entendió el Tribunal a quo en cuanto refirió que “sin importarles el ataque a la salud pública que implicó su acción, ambos tramaron la obtención onerosa de los tóxicos donde eran más baratos, se giraron las sumas necesarias, se informaron del modo más seguro para su traslado, que les garantizase impunidad y produjeron su movilidad subrepticia, por miles de kilómetros, sin arredrarles la eventual trascendencia a terceros, por su prolongada exposición en la vía pública, usando vehículos de transporte público, con terceros inocentes, desde un punto lejano al otro de su destino final, que finiquitó casualmente, al realizar la autoridad un control policial rutinario y genérico, precaviendo localmente infracciones y delitos en la terminal de ómnibus de la ciudad (...) este accionar develado no fue un conato, ni una tentativa, pues llegó a la meta planeada por los operadores, ya que el acto traslativo se había consumado y aunque la cantidad del tóxico movilizado era importante, no hubo más caudal probatorio que los inmiscuyera en otra hipótesis negociadora del estupefaciente, o abrigando alguna ultraintención delictiva acreditada sobre el mismo” y que “fue la intención y la decisión libre de cada uno por las que desplazaron encubiertamente la droga prohibida, ambos sabiendo de su ilegalidad, J. pagando, aportando sus referencias reales para la encomienda y retirándola y A. obteniéndola, preparándola, dotando la caja de datos ficticios necesarios e imponiéndola en la transportadora para su traslado al sur, tareas por las que había percibido el dinero” (cfr. fs. 538).

Analizados los hechos y las pruebas reunidas en la causa, no puede sino concluirse que el razonamiento del Tribunal a quo en cuanto afirmó que cada uno de los condenados intervino en el hecho delictivo en discusión, se encuentra debidamente sustentado en las constancias y pruebas de la causa, y sin presentar fisuras; por lo cual la crítica efectuada por los recurrentes a los fines de evidenciar el error pretendido, no podrá tener acogida favorable, en tanto no encuentra sustento alguno en la acreditada realidad de los hechos.

En definitiva, no pueden considerarse las conductas de los condenados de forma aislada, pues su actuar se inscribe en la comisión de un plan delictual atribuible a sus personas a título de coautores.

En el contexto referido, las manifestaciones expuestas en la presentación casatoria no resultan suficientes para controvertir los dichos de los testigos de la actuación, los informes policiales y las demás pruebas que acreditan la versión inculpatoria, en tanto no obra en los actuados prueba alguna que logre corroborar dicha versión. Tampoco logran las defensas exponer en su presentación casatoria argumentos suficientes que permitan apartarse de lo acreditado por el a quo.

A ello corresponde agregar que la posición expuesta por las defensas muestra simplemente una discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo valoró la prueba, toda vez que no fundan de manera fehaciente de qué manera dicha valoración ha sido errónea, limitándose a señalar que no existe una sola prueba directa, cuando, como bien ha sido reseñado, la prueba resulta suficiente para sustentar la imputación realizada en orden al tipo penal previsto en el art. 5º, inc. “c”, de la ley 23.737 -transporte de estupefacientes- a los recurrentes.

Así las cosas, de la argumentación concretamente efectuada en la sentencia se desprende la suficiencia de su fundamentación para arribar a la conclusión sobre la materialidad y calificación legal respecto a los hechos juzgados, habiendo sido, por lo tanto, ligados mediante un razonamiento respetuoso de las reglas de la sana crítica racional, sin cometer el Tribunal de la instancia anterior en grado, arbitrariedad alguna ni parciales consideraciones.

IV. Por lo expuesto, corresponde RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas de J. E. J. y de M. A.; sin costas en esta instancia por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso (art. 8.2.h. de la CADH y art. 530 y ss. del C.P.P.N.). TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

Comparto sustancialmente los argumentos y las conclusiones exteriorizadas por el distinguido juez que lidera el acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, en cuanto rechazó los planteos articulados por las defensas de J. E. J. y M. E. A. en sus recursos de casación de fs. 542/547 y 548/551, respectivamente.

Ello, toda vez que la decisión del tribunal de juicio que aquí se examina (cfr. 531/540 vta.), no presenta fisuras de logicidad, constituye una derivación razonada del derecho vigente y se ajusta fundadamente a las constancias comprobadas de autos, sin que los recurrentes hayan logrado demostrar en esta instancia -ni se advierte- la arbitrariedad ni la errónea aplicación de la ley sustantiva que invocan en sustento de sus presentaciones recursivas.

Así igual, efectuaré algunas consideraciones con relación al juicio de subsunción típica efectuado por el “a quo” respecto de J. E. J..

En efecto, la defensa del mencionado J. cuestionó el encuadre legal de la conducta de su asistido en el delito de transporte de estupefacientes (art. 5º inc. “c” de la ley 23.737), al sostener que no se acreditó en autos que la adquisición del material estupefaciente por parte de su asistido -185 pastillas de éxtasis; ver pericia química de estupefacientes incorporada al debate a fs. 526 vta.- tuviera como último fin contribuir al tráfico ilícito de droga mediante su “propagación” (cfr. 543 vta.).

Sobre el punto, cabe señalar que la figura de transporte requiere desde el plano subjetivo el dolo, que se satisface con el conocimiento del estupefaciente que se tiene y transporta, más la voluntad de llevar a cabo la conducta (cfr. en igual sentido, causa nº 773/2013, “Andino Becerra, Pablo Alejandro y otros s/recurso de casación”, reg. nº 473/2014.4, rta. 28/03/2014 -que se encuentra firme por no haberse interpuesto recurso extraordinario federal-; causa n° 1789/2013, “Malkovic, Silvina Soledad s/recurso de casación”, reg. nº 1435/14, rta. 8/7/2014 -que se encuentra firme en virtud de la declaración de inadmisibilidad de la queja interpuesta por la defensa, C.S.J.N. causa CSJ 4997/2014/RHl, “Recurso de Hecho deducido por el Defensor Oficial en la causa “Malkovic, Silvina Soledad s/inf. Ley 23.737”, rta. 06/08/15-; causa FCB 91000094/2010/TO1/CFC1, “Jelinek, Adolfo s/ recurso de casación”, reg. 608/15, rta. el 13/04/15 -que se encuentra firme en virtud de la declaración de inadmisibilidad de la queja interpuesta por la defensa, C.S.J.N. causa CSJ FCB91000094/2010/T01/l/RH, “Jelinek, Adolfo s/inf. Ley 23.737”, rta. 29/03/16-; causa FCT 33020040/2008/TO1/CFC1, “Maritano, José Alberto s/ recurso de casación”, reg. nº 459/2018, rta. 09/05/2018 y causa FMZ 42809/2015/TO1/CFC2, “Vidaurre, Felipe y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 2028/18.4, rta. 17/12/2018 -que se encuentran firmen por no haberse interpuesto recurso extraordinario federal-, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre otras).

Por lo tanto, de adverso a cuanto propugna la defensa de J., el delito de transporte de estupefacientes no exige que se acredite algún elemento especial subjetivo distinto al dolo.

De allí en más, no existe dificultad para tener por configurado el actuar doloso del imputado J. considerando las particulares circunstancias del caso que fueron debidamente valoradas por el a quo en el pronunciamiento aquí examinado, y que dan cuenta que el nombrado -quien admitió haber pagado una considerable suma de dinero por las pastillas de éxtasis incautadas- conocía la circunstancia de que con su accionar ya descripto, formó parte del transporte de la sustancia estupefaciente remitida vía encomienda por su consorte de causa, M. E. A., desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, hasta la terminal de ómnibus de Trelew, provincia de Chubut, donde fue finalmente recogida por J..

Sentado ello y en línea con lo propiciado por el Fiscal General de Casación Dr. Mario A. Villar (cfr. fs. 567/569 vta.), adhiero a la solución que viene propuesta de rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de J. E. J. y M. E. A., sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por compartir sustancialmente las consideraciones vertidas por el distinguido colega que lleva la voz en este acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos y que cuenta con la adhesión del doctor Mariano Hernán Borinsky -a cuyos fundamentos me remito a fin de evitar innecesarias repeticiones-, permiten descartar la existencia de vicios de fundamentación en la sentencia, como asimismo posibles errores en la aplicación de la ley penal sustantiva.

Es que, de conformidad con lo señalado en los votos que me preceden, el tipo de injusto discernido por el a quo luce ajustado a derecho y a los elementos probatorios adecuadamente aquilatados, no constatándose pues el alegado vicio in iudicando. De ahí que no resulte plausible la modificación propuesta por la defensa de J. E. J. a tenor de la calificación más benévola receptada en el art. 14 primera parte de la ley 23.737.

Cabe destacar que no existe duda alguna que amerite que la doctrina del Máximo Tribunal que dimana del precedente “Vega Giménez” (Fallos: 329:6019) cobre vocación aplicativa en la especie.

Por lo demás, comparto también lo referido por los jueces que me preceden en la votación en cuanto a que a los efectos de la acreditación de la imputación subjetiva del delito de transporte de estupefacientes, es suficiente el mero conocimiento de su traslado de un punto a otro, al tratarse de un tipo penal de peligro abstracto, por lo que su perspectiva normativa no reclama acreditar una especial ultra intención por parte del sujeto activo.

En ese sentido, el magistrado comprobó que el imputado conocía la existencia de la sustancia estupefaciente, enviada en las encomiendas a la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, lo que impide también considerar el cambio de calificación propuesto por los recurrentes.

En definitiva, corresponde rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de los imputados, con costas (arts. 470, 471, a contrario sensu y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es mi voto.

Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, este Tribunal,

RESUELVE:

I. RECHAZAR los recursos de casación interpuestos a fs. 542/547 y a fs. 548/551 por la defensas de J. E. J. y M. E. A.; sin costas en esta instancia -por mayoría- (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.).

II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordadas Nº 5/19, C.S.J.N.) y remítase la causa al Tribunal de origen a sus efectos, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

 

GUSTAVO M. HORNOS

MARIANO HERNÁN BORINSKY

JAVIER CARBAJO

Ante mí:

SOL M. MARINO

Secretaria de Cámara

 

  Correlaciones:

U., J. C. s/transporte de estupefacientes - Trib. Oral Crim. Fed. Salta - 29/07/2014 - Cita digital IUSJU218823D

 

Cita digital:IUSJU040110E