JURISPRUDENCIA

Muerte del trabajador. Indemnización por fallecimiento. Derechohabientes. Viuda. Conviviente. Ley aplicable

 

Se hace lugar al recurso interpuesto por la conviviente del trabajador fallecido contra la resolución que dispuso que la indemnización por fallecimiento debía ser abonada en partes iguales a ella y a la viuda, de quien se encontraba separado de hecho. El máximo tribunal provincial explicó que el único supuesto en que la cónyuge excluía a la conviviente era en el caso en que la separación o divorcio fuera imputable al causante, a cuyo efecto tendría que haberse tramitado un proceso civil en el que se establezca la culpabilidad; lo que en el caso de autos no había sucedido.

 

 

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En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, los Señores Jueces de la Sala IV Laboral del Superior Tribunal de Justicia doctores FEDERICO FRANCISCO OTAOLA, MARIA SILVIA BERNAL y CLARA A. DE LANGHE DE FALCONE, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº LA-14.513/18 caratulado: RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº C-079.962/2016 (Sala I del Tribunal del Trabajo - Vocalía 1) “PAGO POR CONSIGNACION: EL URBANO S.R.L. c/ LIQUIN, MARIA MERCEDES y MAMANI, ELENA ISABEL DEL VALLE”, del cual,

El Dr. Otaola dijo:

La Sala I del Tribunal del Trabajo, mediante sentencia de fecha 14 de diciembre del año 2017, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Dra. Mónica Beatriz Torres en representación de la codemandada María Mercedes Liquín. Asimismo admitió la demanda de pago por consignación promovida por EL URBANO S.R.L. en concepto de antigüedad, días de enfermedad, asistencia prefecta, SAC proporcional, vacaciones no gozadas 2016, SAC sobre vacaciones no gozadas 2016, indemnización del artículo 248 de la LCT y artículo 23 del CCT, determinando una suma total de pesos SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 61.777) que debe abonarse el 50 % a la Sra. Mamani por su calidad de cónyuge del trabajador y el otro 50 % a la Sra. Liquin en su carácter de conviviente del mismo. Finalmente impuso las costas por el orden causado y reguló los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en la causa.

Para fallar de esta manera, el tribunal de grado señaló que la indemnización contemplada en el artículo 248 de la LCT se genera al momento de la muerte del trabajador, por lo que sus beneficiarios, instantáneamente y sin condición alguna, lo hacen iure propio, bastando acreditar el vínculo con el trabajador fallecido y sin necesidad de tramitar su sucesión.

El a quo sostuvo que por un lado, con el acta de matrimonio obrante a fs. 124 se encuentra probado que el trabajador seguía legítimamente casado con la Sra. Elena Isabel del Valle Mamani hasta la fecha de su fallecimiento. Asimismo por otro lado, conforme expediente Nº C-076.413/16 agregado por cuerda, se corroboró que el Sr. Luna convivía en unión de hecho desde el mes junio del año 2012 con la Sra. María Mercedes Liquin.

Conforme a ello, consideró el sentenciante que correspondía abonar el 50 % de la indemnización correspondiente a cada una de las codemandadas.

En contra del pronunciamiento, la Dra. MONICA BEATRIZ TORRES en nombre y representación de la Sra. MARIA MERCEDES LIQUIN dedujo Recurso de Inconstitucionalidad por Sentencia Arbitraria (fs. 6/12 vta.).

La recurrente denuncia que el tribunal de grado omitió pronunciarse sobre los planteos formulados por su parte y resolvió de manera contradictoria con lo dispuesto en el Nuevo Código Civil y Comercial y en la ley 24241.

Advierte que aún cuando la ley 24241 no haya derogado expresamente al artículo 248 de la LCT, estamos frente a una derogación tácita que modificó sustancialmente lo establecido en el primero y segundo párrafo del artículo mencionado.

Señala que atento a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 24241, no puede aplicarse al caso de autos lo determinado en el segundo párrafo del artículo 248 de la LCT.

Afirma la quejosa que en virtud a su calidad de conviviente, le corresponde percibir la totalidad de los rubros consignados por el empleador.

Considera que la Sra. Mamani no tiene derecho a percibir el 50% de dicha indemnización por cuanto no acreditó en los autos principales que el causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o que los mismos hubieran sido demandados judicialmente ni que el fallecido hubiera dado motivo a la separación personal o al divorcio.

Sostiene que el sentenciante no dijo nada sobre lo alegado por su mandante y pasó por alto la existencia del nuevo cuerpo normativo como así tampoco se expidió sobre la interpretación que corresponde brindarle al artículo 248 de la LCT luego de la entrada en vigencia de dicha legislación.

Concluye que el juzgador resolvió como si no existiera ninguna modificación en nuestro ordenamiento jurídico y sin exponer los fundamentos que sustenten su decisión, lo que a su entender torna arbitrario el fallo atacado porque no cumple con la exigencia de motivación que deben tener todos los pronunciamientos judiciales.

Sustanciado el presente recurso, lo contesta la Dra. ANA RAMONA LOPEZ invocando mandato de la Sra. ELENA ISABEL DEL VALLE MAMANI y por los motivos que expone, solicita su rechazo (fs. 23/27).

Habiendo dictaminado la Sra. Fiscal Adjunta a fs. 38/40 vta., pronunciándose por la admisión del recurso interpuesto y cumplimentadas las demás diligencias de estilo, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

Para empezar cabe señalar que el artículo 248 de la LCT designa a los beneficiarios de la indemnización allí contemplada remitiéndose al artículo 38 del decreto ley 18037/69 y que dicho artículo fue derogado mediante la ley 24241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Al respecto, la doctrina mayoritaria tiene sentado que a los fines de determinar los beneficiarios de la indemnización contemplada en el artículo 248 de la LCT, el listado descripto en el viejo artículo 38 fue reemplazado por el artículo 53 de la ley 24241.

Ello es así por cuanto la naturaleza del incremento indemnizatorio en cuestión se ubica en el ámbito de la seguridad social y por lo tanto es lógico que la Ley de Contrato de Trabajo establezca quienes son los beneficiarios realizando una remisión a la legislación específica de dicha materia, es decir que las personas que tienen derecho a percibir esta indemnización se corresponden con los beneficiarios de pensión en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad con derecho a jubilación.

Conforme lo expuesto, las personas que tienen derecho a cobrar la indemnización por muerte del trabajador son las enumeradas en el artículo 53 de la ley 24241, quiénes debido al carácter iure propio de este beneficio solo deben acreditar el vínculo con el trabajador fallecido.

Entre los beneficiarios se encuentran en primer lugar la viuda, a quien puede equiparársele la conviviente que demuestre que llevaba conviviendo más de cinco años con el trabajador fallecido, plazo que se reduce a dos años en caso de existir descendencia de ambos.

En efecto, considero que en el presente caso se encuentra claramente probado que la Sra. María Mercedes Liquin convivió en unión de hecho con el causante durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento. Ello de conformidad al expediente individualizado como C-076.413/16 caratulado “Información Sumaria para acreditar unión convivencial Post Mortem: Liquin María Mercedes” en el cual en fecha 02 de febrero del 2017 se dictó resolución teniendo por cierto y bien probado que la actora convivía con el Sr. Reinaldo Antonio Luna desde el 12 de junio del 2011 hasta su fallecimiento ocurrido el día 26 de agosto del 2016, por lo que la misma se encuentra legitimada para percibir la indemnización reclamada conforme lo dispuesto en la normativa legal señalada.

Sobre esta cuestión, la jurisprudencia tiene sentado que “...si bien la norma que ordena reparar la muerte inculpable del trabajador mantiene la mención al art. 38 de la ley 18.037, no puede soslayarse que esa normativa fue expresamente derogada por el art. 168, ley 24.241. Es el art. 53 ib., el que actualmente enumera a los beneficiarios del derecho a pensión por fallecimiento. Entonces, aferrarse a aquella referencia, entendiendo que el dispositivo incorporó la antigua letra definitivamente, importa aplicar una norma que no se encuentra en vigor dentro del sistema jurídico argentino. El legislador al momento de sancionar el mentado art. 248 LCT estimó adecuado remitirse a un listado de la ley previsional para legitimar a los beneficiarios de la indemnización de que se trata, vinculando de tal modo ambas legislaciones. Pretender emancipar la norma laboral de los avatares de la legislación previsional aparece inadecuado” Sentencia 151/14 TSJ en autos “MERCADO LIDIA DEL VALLE Y OTRO C/ AMFIN S.A. - ORDINARIO - INDEMNIZACION POR MUERTE (ART. 248 LCT)” RECURSO DE CASACION - 121915/37”.

Por su parte la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la causa “S., N. E. en representación de sus hijos menores L., J. P., M. I. y M. L. D. L. S. v. Securitas Argentina S.A.” sentencia del 15/02/2012, sostuvo que “no cabe duda que en la actualidad no existe orden de prelación alguno entre los distintos derechohabientes beneficiarios de la indemnización prevista por el art. 248 de la LCT, con la salvedad de las exclusiones o concurrencias previstas en relación a la figura de la concubina”. Ambos criterios deben seguirse para la resolución del presente caso.

A ello debe agregársele que en este caso los cónyuges se encontraban separados de hecho, por lo que es claro que no existió declaración judicial de divorcio ni, consecuentemente, atribución de culpabilidad alguna; y tampoco se acreditó el pago de alimentos a la viuda, ni que esta los hubiera demandado.

Siendo así no podía el tribunal otorgar la indemnización en partes iguales a la viuda y a la conviviente ya que el art. 53, último párrafo, de la ley 24241 solo contempla esta posibilidad cuando “el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio...”.

Por lo tanto, aún bajo la vigencia del Código derogado, en este caso la conviviente resultaba beneficiaria del total de la indemnización.

Por lo expuesto, corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos, en su mérito, revocar el punto 2º) de la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2014 y disponer que la suma de pesos SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 61.777) pagados en consignación por EL URBANO S.R.L. sean abonados en su totalidad a la Sra. MARIA MERCEDES LIQUIN, en su carácter de conviviente del Sr. Reinaldo Antonio Luna.

Asimismo, déjese sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto 4º) del fallo señalado y en virtud a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 6112/18 segundo párrafo remítanse los autos al tribunal de origen a fin de que se practique una nueva resolución conforme lo resuelto precedentemente.

Las costas de la instancia extraordinaria se imponen por el orden causado toda vez que ambas partes se creyeron con derecho a litigar y lo hicieron de buena fe configurándose la excepción prevista en el artículo 102 segundo párrafo del CPC.

En cuanto a los honorarios profesionales generados en esta instancia recursiva se difiere su regulación hasta que ocurra lo mismo en la causa principal.

La Dra. MARIA SILVIA BERNAL adhiere al voto que antecede.

La Dra. de Falcone dijo:

Remito a la relación de antecedentes efectuada por el juez Presidente de trámite.

Adhiero a la solución adoptada por los preopinantes, sin embargo estimo pertinente agregar lo siguiente.

El art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo para designar a los beneficiarios de la indemnización por muerte del trabajador hace remisión al art. 38 del Decreto-Ley 18037/69, el cual ha sido derogado por la Ley 24.241 la cual crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

La mayor parte de la Doctrina sostiene que, derogado el art. 38 del Decreto-Ley mencionado en la norma laboral, la remisión debe entenderse ahora como realizada a la norma del nuevo sistema equivalente a la derogada, esto es, el Art. 53 de la Ley 24.241 que determina que son beneficiarios el viudo/viuda y conviviente, entre otros.

Ahora bien, en el caso bajo estudio en el cual el causante no solo que tiene esposa porque no estaba divorciado sino también conviviente, habrá que estar a lo que establece el último párrafo del art. 248 de la L.C.T., el cual determina que la mujer del trabajador tendrá derecho al beneficio cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviera divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiese mantenido los 5 años anteriores al fallecimiento; a su vez en términos similares el art. 53 de la ley de jubilaciones establece que la concubina tendrá derecho cuando el causante estuviese separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatos anteriores al fallecimiento, y determina que él o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando este hubiese sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente en partes iguales.

Por lo cual, el único supuesto en que la cónyuge excluye a la conviviente es el caso en que la separación o divorcio fuera imputable al causante, a cuyo efecto tendría que haberse tramitado un proceso civil en el que se establezca la culpabilidad; lo que en el caso de autos no ha sucedido, pero que independientemente de esto y a la luz de las nuevas regulaciones del Código Civil y Comercial no se hace necesario, pues se han eliminado las causales subjetivas del divorcio.

Puede concluirse, entonces, que lo único que tiene que hacer la concubina es demostrar la unión en los últimos cinco años con el causante y la separación de hecho de la mujer. Esta última situación ocurrió en el presente, en tanto, se realizó información sumaria post mortem para acreditar el vínculo. De dicho Expte. surge acreditada la relación convivencial desde el 12 de Junio del año 2011 hasta el 26 de Agosto del 2016 -fecha de fallecimiento-.

Otra situación que podría haber dado lugar a que la cónyuge recibiese la indemnización hubiese sido el caso que el fallecido contribuyese con alimentos o estuviese demandado judicialmente para ese fin, situación que no se presenta en autos.

En esta línea, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V, en el fallo “G.c. ASRL s/indem. por fallecimiento del 31/03/2017 dijo: “(...) coincido con la postura jurisprudencial según la cual el art. 248 de la LCT no merita la culpabilidad o inculpabilidad de la separación de hecho, porque el fin de la indemnización que fija consiste en resarcir a la persona que convivía con el trabajador, sin estar unida por un vínculo familiar, pero que con su muerte queda más afectada que la esposa legítima, por una cuestión de inmediatez. Marco en el cual el derecho de esta última cede al no haber iniciado un proceso civil para hacer valer los derechos de los que podría creerse titular frente a una separación de hecho (conf. sala III CNAT del 28/02/1992 “Harris de Medina Beatriz O c. Philips Argentina S.A.” sentencia 62.277, Digesto Práctico, LA LEY, ley de Contrato de Trabajo II, Primera Edición, pág. 869)”.

Me interesa destacar que este Superior Tribunal de Justicia ha expresado ya al respecto que: “La indemnización por muerte del trabajador (art. 248 de la L.C.T.) es independiente de la reconocida a los causahabientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo y de cualquier otro beneficio que a los mismos se les conceda, en tanto el fallecimiento del trabajador priva a los derecho-habientes del titular del empleo actual, de subvenir a las necesidades de la unidad moral y económica a su cargo, por ser el sueldo o salario el medio con el cual se cubría la subsistencia del hogar y como ese hecho produce la rescisión del contrato de trabajo y, por ende, la pérdida de la fuente de recursos, la ley presume, frente a la falta de capacidad ahorrativa del asalariado, el desamparo en el cual ha de caer su familia y la protege dándole derecho a la indemnización por antigüedad de servicios (Cf. Carlos M. Del Bono, en Rodríguez Manzini, Ley de Contrato de Trabajo comentada, tomo IV, p. 547). Para percibirla, deberá acreditarse el vínculo de los causahabientes, en el orden y prelación establecido por la norma previsional -ley 24.241 que derogó a la ley 18.037- y, en el caso del concubinato deberá acreditarse la situación de hecho sobre cuya base pretende la percepción del beneficio” (L.A. Nº 54 Nº 748).

Concluyendo, por lo expresado cabe reconocerle a la concubina del causante el 100% de la indemnización por fallecimiento, excluyendo al efecto a la ex cónyuge, puesto que no se debe soslayar que el causante-trabajador fallecido se hallaba separado de hecho y no tenía obligación alimentaria, como que convivió públicamente con la Sra. Liquín durante los últimos casi 6 años anteriores a su fallecimiento.

Así voto.

Por ello, La Sala IV Laboral del Superior Tribunal de Justicia,

RESUELVE:

1º) Admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos por la Dra. MONICA BEATRIZ TORRES en nombre y representación de la Sra. MARIA MERCEDES LIQUIN. En su mérito, revocar el punto II de la sentencia de fecha 14 de diciembre del 2014 y disponer que la suma de pesos SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 61.777) pagados en consignación por EL URBANO SRL sean abonados en su totalidad a la Sra. MARIA MERCEDES LIQUIN, en su carácter de conviviente del Sr. Reinaldo Antonio Luna.

2º) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto 4º) del fallo señalado y remítanse los autos al tribunal de origen a fin de que se practique una nueva regulación conforme lo resuelto precedentemente.

3º) Imponer las costas de la instancia extraordinaria por el orden causado conforme a los motivos expuestos en los considerandos y diferir la regulación de los honorarios profesionales generados en esta instancia hasta que ocurra lo mismo en la causa principal.

4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

 

Firmado: Dr. Federico Francisco Otaola; Dra. María Silvia Bernal; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Mariana Sánchez - Secretaria.

MERB

 

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Salomón, Marcelo J., LA MUERTE DEL TRABAJADOR/A: ¿QUIÉNES SON LOS TITULARES DE LOS CRÉDITOS E INDEMNIZACIONES DEVENGADOS?, Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Noviembre 2019, Cita digital: IUSDC286983A

 

 

Cita digital:IUSJU044378E