JURISPRUDENCIA

 

 

 

Ver correlaciones

Resistencia, 3 de Abril de 2020.- n.m.

Y VISTOS: Este Expte N° Nº1340/2020 caratulado: “ EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO A.S. c/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Y/O PODER EJECUTIVO DE LA PROV. DE CORRIENTES s/MEDIDA CAUTELAR”.-

Y CONSIDERANDO: I.-)Que, a 1/16 se presenta el Dr. Jorge Alberto YAYA, en el carácter de apoderado del Equipo Médico de Emergencia de la Provincia del Chaco, conforme así lo acredita con poder general para juicios, obrante en el amparo, con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro Exequiel ALLOATTI, y pide se habilite feria extraordinaria a fin de que se resuelva la medida cautelar que plantea, en contra del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, y/o el Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes, tendiente a que se ordene a los demandados arbitren los medios necesarios para permitir a los profesionales médicos y/0 paramédicos y/o auxiliares médicos, cuyo detalle luce en el rubro IV.- Fundamentos (ver fs. 2 vta. Y 3), la libre circulación hacia la Provincia del Chaco, para la prestación de los servicios esenciales de la salud, tanto en el establecimiento de su representada, como en los lugares y/o domicilios que la misma le asigne, en el ejercicio de la actividad que le es propia -emergencias médicas- y el regreso a sus respectivos domicilios en la ciudad de Corrientes, en los términos y con las limitaciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presentaren síntomas compatibles con Coronavirus (COVID 19) quedando a cargo y bajo responsabilidad de la Provincia del Chaco, la formalización de los estudios que así lo determinen, y de acuerdo a los fundamentos que a continuación expongo.

En primer lugar, con el amparo promovido se pretende obtener la declaración de la inconstitucionalidad de la Circular N° 6 del 24/03/2020 y CIRCULAR n° 9 de fecha 28/03/2020 y/o las que en el futuro se dictaren por el Comité de Crisis COVID dependiente de ese Ministerio, en cuanto dispone el aislamiento social y obligatorio de los profesionales médicos y personal de salud, con asiento en la Provincia de Corrientes, y que presten servicios en la vecina Provincia del Chaco, sea en instituciones públicas o privadas, por catorce (14) días, por considerarlos de manera arbitraria e infundada, personal sanitario de riesgo, y en consecuencia se disponga la revocación judicial de la normativa atacada (Resolución n° 6).

En segundo lugar, en cuanto a la cautelar expresan se aplique, por cuestiones de celeridad y economía procesal, sentencia dictada por la Sra. Magistrada del Juzgado Federal N° 1, en la causa N° 1331/2020 caratulada: “Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes s/Medida Cautelar”.

En cuanto a los argumentos, en el punto III. LEGITIMACIÓN refiere que su mandante se halla inscripta desde el 19/09/2018 en el Registro Nacional de Prestadores al Servicio de Asistencia Médica domiciliara, por Disposición de Superintendencia de Servicios de Salud de la nación (DI2018-1632-APM-GCP-SSS).- Por otra parte, la naturaleza jurídica del objeto de la persona jurídica que representa, se acredita con el contrato social que adjunta al respecto. Asimismo, dice que su mandante se encuentra directamente implicada dentro del concepto genérico de Salud Pública, pues independientemente de naturaleza privada de las prestaciones que formaliza, integra precisamente el Género en materia de salud.

Respecto a los requisitos de la cautelar, manifiestan que la verosimilitud del derecho no debe confundirse con la certeza absoluta de la concurrencia del derecho invocado, sino una apariencia del mismo, que lleve a la convicción de que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia que en definitiva se dicte, produzca el reconocimiento de tales derechos.

En cuanto al peligro en la demora, dice que está dado por el daño impedir que los profesionales de la salud puedan colaborar en la lucha contra la pandemia del COVID 19- Asimismo, dicen que la prudencia aconseja tener en cuenta la urgencia que preanuncia el peligro en la demora, pues nada puede haber más estéril, que una medida cautelar decretada tardíamente. Por otra parte, manifiesta que no existe ningún proceso que le garantice, sin retardo, una solución definitiva, por la circunstancia que se atraviesa, y que la demandada ha retardado innecesariamente mediante negativas infundadas. Por último menciona doctrina y jurisprudencia que entiende se ajustan al caso, a lo que me remito por razones de economía y celeridad procesales.

En relación a la contracautela, menciona en el punto 3.- Contracautela, que dado la naturaleza de los derechos invocados y la fuerte verosimilitud del derecho existente, ofrece caución juratoria de responder por los eventuales daños que pudiera causar la medida otorgada.

Por último, funda el derecho, aporta documentales, hace reserva del caso federal y pide se le exima de la imposición de las costas, aún cuando hubiere resultado vencido, dado que existen justificativos de peso para accionar y se haga lugar a la cautelar solicitada, con imposición de costas.

II.- Analizando la cautelar interpuesta, cabe precisar que la accionante solicita a los fines de la consideración y tramitación de la presente, HABILITACION DE FERIA JUDICIAL EXTRAORDINARIA. Que tal sentido, atento a la naturaleza de la cuestión planteada, esto es, que refiere a una cuestión de Orden Público suscitada en el marco de la declaración de la Emergencia Sanitaria declarada por el art. 1 de la Ley N°27541 ampliada por Dec. 260/2020 en virtud de la Pandemia declarada por la OMS en relación al COVID-19, entiendo reviste entidad suficiente para hacer lugar a dicho pedimento.

Sentado lo cual, resulta del caso señalar que en el mes de diciembre de 2019 el Congreso de la Nación dictó la Ley 27.541, que declara la emergencia sanitaria en el país, en los términos tratados en su título X.

Con posterioridad a ello, se desata en la República Popular China la epidemia de enfermedad respiratoria producida por el virus identificado como COVID-19, de la que se toma conocimiento mundial hacia fines del mes de diciembre de 2019, y principios de 2020, publicándose por la Comisión Nacional de Salud de China el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que podría originarse una epidemia internacional, declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, y el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas.

Es decir que, con anterioridad al desarrollo y conocimiento mundial de la pandemia de Coronavirus, producida por el COVID-19, el sistema sanitario argentino ya se encontraba en emergencia, reconocida y declarada por las autoridades nacionales.

En esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional dicta, en primer término, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, por el cual se amplía la emergencia sanitaria por el plazo de un año, y se establecen definiciones y acciones preventivas para enfrentar la situación. Entre estas, surge como fundamental el aislamiento social previsto por el art. 7, para los casos sospechosos, que la misma norma define por su sintomatología e historial de viajes o contactos; los casos confirmados; aquellos que tienen contacto estrecho con los dos anteriores; quienes arriben al país habiendo transitado por "zonas afectadas". Asimismo, frente a la situación de emergencia, dispone que todos los efectores de salud públicos o privados deberán adoptar medidas para suspender las licencias del personal de salud afectado a la emergencia (art. 5).

Posteriormente, en atención a la velocidad de agravamiento de la situación epidemiológica informada por la OMS, y siguiendo experiencias internacionales anteriores, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, complementario del N° 260/2020. Se establecen así una serie de medidas limitativas de derechos consagrados constitucionalmente (art. 14, C.N.) en función de las características de la emergencia que se enfrenta, y con fundamento en razones de orden público, seguridad y salubridad que se desprenden de las circunstancias descriptas, basándose para ello el Poder Ejecutivo en disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12.3), y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22, inc 3). Así, se dispuso la medida de “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria (art. 1), el cual consiste en que las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida así dispuesta, absteniéndose de concurrir a sus lugares de trabajo y de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID- 19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. Estas personas sólo pueden realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos (art. 2).

No obstante, la misma norma establece las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia se encuentran exceptuadas de esta medida debiendo limitar sus desplazamientos al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios. Entre ellas, exceptúa en primer término al Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. (art. 6, inc. 1)

También dispone el citado Decreto que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias (art. 10).

El Gobierno de la Provincia del Chaco se adhirió a esta normativa por Decreto N° 430/2020, dictando los protocolos correspondientes por Decretos 432/2020, modificado por Decreto 433/2020. En este último se dispone, en consonancia con el DNU 297/2020 el aislamiento domiciliario obligatorio para todos los habitantes de la provincia, comprendidas las personas que por cualquier causa se encuentren en ella en forma temporaria o casual, y las restricciones a la circulación, las que no tendrán alcance para el personal de salud pública y personal de clínicas y sanatorios privados, Policía del Chaco y personal del Servicio Penitenciario Provincial (art. 3). Ambos Decretos fueron aprobados por Ley 3125-A.

Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Corrientes por Decreto 507/2020 declaró la emergencia sanitaria provincial por la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada “dengue”, y ante la amenaza de la instalación de casos por coronavirus (COVID-19), por el plazo de 180 días. Luego, por Decreto 588/2020 se adhiere a las disposiciones del DNU 297/2020.

III.- En estas condiciones, corresponde abocarme a la resolución de la medida cautelar solicitada por la actora.

Para ello, debo adelantar que la alegada inconstitucionalidad de la norma cuestionada, será analizada en la acción principal, conforme así fuera planteada.

Aclarado lo cual, cabe señalar que la situación epidemiológica producida por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) se suma, en nuestra zona, a la delicada situación sanitaria en general, en el marco de la situación general del país.

En este sentido, la normativa nacional dictada en el marco de la pandemia de COVID-19 tiene una finalidad específica de orden público e indelegable, que es la atención de la salud de toda la población. En este sentido, existe un amplísimo consenso en que la medida más importante para combatir la propagación del virus es el aislamiento social, y dentro de este, la determinación de la obligatoriedad del mismo, denominado “cuarentena”, ha sido una consecuencia de esa situación.

Sin embargo, existen servicios esenciales que el Estado Nacional ha determinado que quedan exceptuadas de esas disposiciones, y primero de ellos la salud de la población, quienes deben cuidar de ella, deben estar exceptuados de la cuarentena, porque mal podrían cumplir su función, sin poder desplazarse, tal como lo dispone el inc. 1 art. 6 del Decreto 297/2020. Y en este caso cobra mayor sentido, pues por la naturaleza de su labor esencial, se encuentran en contacto estrecho con personas que podrían ser portadoras de COVID-19, mas por su formación profesional se debe presumir que han adoptado todos los recaudos para evitar el contagio.

Dentro de las normas señaladas, los desplazamientos de todas las personas exceptuadas, por su parte, se encuentran limitados a los necesarios para el cumplimiento de esa actividad, debiendo en lo que exceda ello, mantener el mismo comportamiento del resto de los ciudadanos.

En el desarrollo de las ciudades de Corrientes y Resistencia, y sus ciudades aledañas, estas han crecido en conjunto, íntimamente vinculadas por su actividad social, cultural, económica, etc. Resulta así que muchas personas que desarrollan una actividad, lo hacen en una o ambas provincias, residiendo en la otra. Las personas enumeradas por la entidad amparista, cuya libertad de desplazamiento se solicita por la medida cautelar, se encontrarían en ese estado.

La Provincia de Corrientes, por intermedio del COMITÉ DE CRISIS COVID 19 dependiente del Ministerio de Salud, ha dictado la Circular N° 6 hoy cuestionada en los términos expuestos.

En esta situación, no puedo dejar de señalar que si bien se podría cuestionar, que la entidad accionante, sólo tendría legitimación en cuanto a la protección de los derechos de las personas que prestan servicios para la misma, lo cierto es que se advierte, que la situación excede la determinación de sí, en el caso, se ve o no afectado “ prima facie” el derecho de trabajar de esas personas, extendiendo sus consecuencias sobre la salud pública de la región .

Es que la obligatoriedad establecida para que los profesionales médicos que arriben a la ciudad de Corrientes, provenientes de la Provincia del Chaco, no habría sido adoptada teniendo en consideración la situación de la salud pública del Chaco, y la afectación de dicha medida hacia su población.

Se advierte así que la Provincia de Corrientes no podría, en principio, dictar normas que impidan a las personas indicadas por las entidad amparista, la libre circulación hacia esta ciudad, para la prestación de los servicios médicos a que están abocados, en los términos y con las limitaciones establecidas por el D.N.U. N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, quedando a salvo sus facultades para disponer lo que resulte pertinente al respecto en el ámbito provincial que es de su competencia, eventualidad que sería ajena al ámbito de conocimiento de esta magistratura.

En función de todo lo cual, considero reunidos los requisitos propios de la cautelar solicitada, correspondiendo acceder a ella en los términos expuestos.

IV.- Sin perjuicio de ello, atento que, como señalara, la cuestión excede el marco de los derechos individuales, encontrándose involucradas cuestiones de orden público relacionadas con la salud pública nacional, se pondrá en conocimiento lo dispuesto en la presente al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la normativa referida, y a los efectos que resultaran pertinentes.

V.- En cuanto a la contracautela, estimo suficiente establecer caución juratoria de la entidad accionante, a través su representante. Para tal fin, en atención a las normas que regulan la emergencia sanitaria en relación al mayor aislamiento social, y lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordadas 4/2020 la misma será prestada por el apoderado de las mismas, a través de un escrito subido al sistema en soporte digital, con la firma electrónica correspondiente.

Asimismo, y a los fines de la notificación de la medida dispuesta por la presente, se librarán oficios al Sr. Gobernador y al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes, debiendo presentarse los proyectos por la misma vía de escritos electrónicos, para ser retirados una vez que los mismos se encuentren rubricados.

Por todo lo que;

RESUELVO: 1.-)HABILITAR FERIA JUDICIAL EXTRAORDINARIA a los fines de la tramitación de la presente.

2°) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden.

3º) ORDENAR, en consecuencia, al PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, arbitre las medidas necesarias para permitir a los profesionales médicos, que a continuación se detalla: 1.)Ramón Gustavo ACOSTA, DNI N° ..., 2.-)Daniela ANTONCHUK DNI N° ..., 3.-) Olga ARCE, DNI n° ..., 4.-) Sergio BALBUENA, DNI N° ..., 5.-)Claudia Roxana BARRIOS, DIN N° ..., 6.-)Marcela Miriam CABRAL, DNI N° ..., 7.-)Felix DOMINGUEZ RODRIGUEZ, DNI n° ..., 8.-)Ronald GODIER RIOS, DNI n° ..., 9.-) José GOMES BLAS, DNI n° ..., 10.-)Sandra GONZALEZ, DNI N° ..., 11.-)Ramón Alejandro JUEZ, D.N.I N° ..., 12.-)Gladys Dora OLIVERA, DNI N° ..., 13.-)Adriana PEREZ, D.N.I N° ..., 14.-)Griselda Esther POETA, DNI N° ..., 15.-)Hugo Luis PORI, DNI. N° ..., 16.-) Fabián RUIZ, DNI N° ..., 17.-)Pedro SANCHEZ, DNI N° ..., 18.-)Pablo Javier SEGOVIA, DNI n° ..., 19.-)Silvia VARELA, DNI N° ..., 20.-)Mónica Susana FERREYRA, DNI N° ..., 21-)Walter Anibal VERA, DNI n° ..., 22.-)Raúl Alberto GOZZARINI, DNI N° ... y 23.-) Germán David GAONA, DNI n° ..., la libre circulación hacia la Provincia del Chaco, para la prestación de los servicios esenciales de la salud, tanto en el establecimiento de su representada, como en los lugares y/o domicilios que la misma le asigne, en el ejercicio de la actividad que le es propia -emergencias médicas- y el regreso a sus respectivos domicilios en la ciudad de Corrientes, en los términos y con las limitaciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presentaren síntomas compatibles con Coronavirus (COVID 19).-

4°) HACER SABER que la presente medida tendrá vigencia hasta tanto finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero.

5°) DISPONER que la accionante preste caución juratoria a través de un escrito digital, firmado electrónicamente por su apoderado (Punto 11°, Ac. 4/2020, C.S.J.N.).

6°) NOTIFICAR a la Provincia de Corrientes por Oficios que serán dirigidos al Sr. Gobernador y al Sr. Fiscal de Estado de esa Provincia. Los proyectos de dichos recaudos serán presentados por medio de escrito digital, firmado electrónicamente por el apoderado de los actores, y serán retirados del Tribunal una vez rubricados por la suscripta.

7°) COMUNICAR lo precedentemente dispuesto al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria declarada por Ley 27.541, ampliada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, a sus efectos. A tal fin, líbrese Oficio, que será presentado al Tribunal en la misma forma dispuesta precedentemente.

8°) ENCOMENDAR al apoderado de la actora la presentación conjunta de todos los oficios, a efectos de que su libramiento se realice en una sola oportunidad, minimizando el contacto y desplazamiento de personas.

9°) NOTIFIQUESE a las accionantes por cédula electrónica. PROTOCOLICESE Y NOTIFÍQUESE.

 

Fecha de firma: 03/04/2020

Firmado por: ENRIQUE JORGE BOSCH, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

 

  Correlaciones:

Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes s/medida cautelar - Juzg. Fed. Resistencia - Nº 1 - 29/03/2020 - Cita digital IUSJU000287F

 

 

Cita digital:IUSJU000387F
div>