JURISPRUDENCIA

 

 

 

Ver correlaciones

En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte, para dictar sentencia en el Expte. N° 24.037/2017/TO1, Interno de este Tribunal 1305/19: “B., J. D. S/ EXPLOTACIÓN ECONOMICA DEL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN", debatida en audiencia los días 12, 13 y 14 de febrero de 2020, en la que intervino por la Acusación el Fiscal ante este Tribunal, Dr. Miguel Palazzani y su asistente letrada, la Dra. Luisina Tiscornia; el Dr. Pablo Gutiérrez, por la Defensa; y, el imputado: J. D. B., DNI ..., nacido el 26 de abril de 1978 en Cutral Co, hijo de J. A. (f) y de M.a Z. R., con instrucción secundaria completa, de ocupación docente, con domicilio en la calle ..., barrio Pampa en la ciudad de Cutral Co.

I. Hecho:

Al inicio de las audiencias fijadas para el debate del juicio oral, la Fiscalía presentó su caso expresando que B. venía acusado de "haber prestado una colaboración secundaria a R. E. C. V. para realizar la conducta consistente en la explotación de la prostitución de 10 mujeres: D. E. O., K. P. D. L. R., G. L. F., G. L. F., C. M. R., S. G., J. S. C., M. E. M. R. D. L. A. C. y F. O. S.. Que esa asistencia consistió en cumplir la función de encargado del local “Anfitrión” durante la ausencia física de C. V. (a quien se lo acusó de “trata”, en un caso; y, de explotación económica de la prostitución ajena, en nueve casos), rol que desarrollaba conjuntamente con M. A. E. alias “M.”, empleando conductas propias de esa función como ser la persona que servía las copas detrás de la barra, controlaba los pases y las copas realizados por las mujeres que allí trabajaban, otorgándoles una pulsera por cada copa y pase realizado, llamándolas por teléfono para que regresaran al local (cuando el pase era en otro lugar) y ser quien al finalizar la jornada, les pagaba a cada una de ellas los porcentajes de las actividades realizadas esa noche, reteniendo el restante porcentaje para C.. Expresa el fiscal que esto no lo hizo una sola vez, sino que lo realizó en varias ocasiones, resaltando que ya en el año 2009, se efectuó un allanamiento en el lugar y se encontraba B.". La calificación legal del hecho es la de partícipe secundario de la explotación económica de la prostitución ajena, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas (art. 127 inc. 1° y 46 del CP). A preguntas efectuadas por el Juez sobre la fecha de ocurrencia de los hechos dice el Fiscal que el inicio sería en el año 2009 y la fecha de finalización sería cuando se efectuó un allanamiento en el lugar, el día 25/4/13.

Por su parte la Defensa, dijo que se afectó el principio de congruencia, porque la imputación nunca refirió un lapso temporal, nada de eso se dijo en la indagatoria ni en el requerimiento de elevación a juicio. Efectuando reserva sobre tal cuestión, a la que se va a referir en los alegatos finales. La fecha es muy importante porque en función de ello, se puede establecer si a esa fecha B. trabajaba allí o no. No se va a discutir que en determinado momento, por ejemplo al día del allanamiento, B. trabajaba allí. Va a discutir que no se estableció que allí se ejerciera la prostitución, también va a cuestionar -suponiendo que allí se ejerciera la prostitución-, que B. tuviera algún conocimiento de ello. Expresa que la Fiscalía no va a poder acreditar que B. tuviera un beneficio económico de la prostitución ajena. En definitiva, va a discutir los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal por el que viene acusado su asistido.

II. Veredicto:

El día 18/2/2020 se dio el veredicto de absolución del imputado B. y los fundamentos -en forma sucinta- que motivaron la decisión. Asimismo, en dicha ocasión se comunicó a las partes que la sentencia escrita se les notificaría en forma electrónica, dentro de los cinco días de dado el veredicto, todo de conformidad con lo dispuesto por el art. 303 tercer y quinto párrafo del CPPF, cuya aplicación no objetaron las partes.

III. Producción de prueba.

Durante la audiencia se produjo prueba testimonial y se aportó prueba material, la que será valorada de manera integral para una más clara redacción y en respeto a la oralidad e inmediación.

Prestaron declaración en el juicio: 1) José Mariano del Valle Molina López, personal de migraciones que da intervención a la Fiscalía por la posible trata de personas ante una documentación apócrifa que presenta O. para regularizar su residencia; 2) Fernando Ariel Sigales, quien estuvo a cargo del allanamiento del local "Anfitrión" y se desempeñaba como Oficial Inspector en la Delegación Neuquén de la Policía Federal; 3) N. G., testigo del allanamiento, efectuado el 25/4/13; 4) K. P. D. L. R., presunta víctima de explotación sexual; 5) J. S. C., actualmente condenada por tráfico de estupefacientes, con prisión domiciliaria, también presunta víctima de explotación sexual; 6) F. E. G., presunta víctima de explotación sexual; 7) Silvia B. Alonso, jubilada, Lic. en psicología, quien al momento del allanamiento se desempeñaba en el Centro de Atención a la Víctima de la Prov. de Neuquén; 8) S. G., presunta víctima de explotación sexual; 9) Belén Velásquez Mann, Lic. En psicología quien se desempeña en el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y fue convocada para participar del allanamiento efectuado en el local "Anfitrión".

Asimismo, se exhibió durante el debate: la declaración que prestara L. S. en el juicio "C. V.", ante del Dr. Orlando Coscia en el año 2019, persona que había concurrido a tomar algo al local. También la que prestaran en aquella ocasión D. E. O., quien según el fiscal sería víctima de trata y explotación; y la que prestara también en ese juicio R. D. L. A. C., presunta víctima de explotación sexual.

Asimismo, se incorpora como prueba documental: siete libretas sanitarias, que obran como secuestro en la causa principal "C. V.", entre ellas la de M. E. y la del imputado B., y de cinco de las chicas que fueron identificadas en el lugar; informe victimológico del CAVD firmado por V. M.; fotos del allanamiento, las que exhibe al Juez (fs. 59/67); copia del acta allanamiento obrante en el Expte. 31/2009, de donde surge que al año 2009, el cajero del lugar era J. D. B. fs. 16/20; copia del diario Río Negro, fs. 156.

Se agrega por lectura y se procede a leer: a) La parte del acta de allanamiento en la que se dice que la Sra. C. M. R., como la Sra. S. G., se encontraban viviendo en el lugar, es decir en el local "Anfitrión" y también punto 3, fs. 152: cuando dice que el objeto es “constatación y secuestro, ... de cualquier naturaleza que coadyuven a comprobar el ilícito consistente en ... dinero, lencería, material pornográfico, y cualquier otro material, que pueda acreditar las actividades que se desarrollan en el lugar”. Que se secuestraron “...9 libretas sanitarias, 1 habilitación municipal del 10/5/2001 para explotar el ramo Night Club a nombre de G. R....”; b) Las escuchas obrantes fs. 628/56, relativas al local "Anfitrión" del año 2009, causa esta que nunca llegó a juicio y fue archivada en Fiscalía. De dichas escuchas surgen conversaciones entre R., M. y D.. Lee la transcripción de una conversación en la que R. habla con D., cuestiones referentes al local "Anfitrión"; c) La comunicación entre una mujer que quiere trabajar y D., en la que dice que lo que hagan afuera es de ellas, que si quieren quedarse ahí porque no tienen lugar, hay habitaciones para que se alojen.

Declaró el Sr. B. y dijo: que era un trabajador del lugar, también estaba su libreta sanitaria ahí. Su función era trabajar en la barra, servir tragos a los clientes. Que en ese momento no recibía plata, solo atendía a los clientes sirviendo los tragos. Aclara que al momento del allanamiento en el año 2013, tenía otro trabajo, un taller de soldadura, de lo que actualmente vive. Agrega que no era el encargado de nada, que tampoco era el segundo de C.. Le pagaban el día de trabajo. Si no iba, no cobraba.

IV. Alegatos de clausura:

En oportunidad de realizar su alegato final, la Fiscalía consideró que se había probado totalmente el hecho objeto de la acusación. Concretamente expresó que se había probado que B. trabajaba en el local "Anfitrión", junto a C. V. y E.. Dice que él mismo lo reconoció. Anfitrión era un cabaret, donde había mujeres que ejercían la prostitución. Dijo que se sabe que en los cabarets se ejerce la prostitución. Eso no está en discusión. El delito por el que se lo acusa a B. es la explotación económica de la prostitución ajena, en calidad de participe secundario, art. 127 inc. 1° del CP. Es un aporte a una conducta principal, aclara que el dueño del lugar, C. V., fue acusado por el delito de trata respecto de la víctima O. y de explotación por las otras nueve mujeres que estaban allí.

La foto es del día 25 abril 2013. Esa foto tenía antecedentes, que llegan hasta el año 2009. Va a usar ese contexto para fundamentar su acusación. Dice que B., además de haber estado en el 2009, estaba también en el año 2013. Que para poder juzgar este hecho es necesario y muy importante ver el contexto. Hay complicidad de algunos sectores del Estado, la policía, el estado municipal, quienes hacían oídos sordos a una realidad que todos conocemos. Incluso B., V. y E., eran las personas que veían a las mujeres haciendo copas y ejerciendo la prostitución, ya sea afuera o adentro del local. Dice que en este juicio de ninguna manera se afectó el derecho de defensa como pretende el defensor, se pudo escuchar a varias de las víctimas que nuevamente concurrieron a juicio y a otras víctimas las escuchó del juicio anterior, efectuado en el año 2019.

En primer lugar, los hechos se encuentran enmarcados en la violación de derechos fundamentales de las mujeres, siendo una de las formas de violencia de género.

En segundo lugar, existe un compromiso internacional para la no impunidad de estos hechos. Ya la ley 26.364, en abril 2008, dio cumplimiento al Protocolo de Palermo para Prevenir, Sancionar y reprimir la trata de Personas. Así, se incorporó el delito de trata como delito contra la libertad. En el mismo sentido fue la reforma de diciembre 2012, ley 26.842, en la que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad como agravante.

En esa reforma, además se cambió de paradigma. Se suprimió el consentimiento como forma de suprimir el verbo típico. Los medios comisivos de antes, ahora son agravantes. Hay que recordar que según la ley 26.842, art 1: Se entiende por trata “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación" y el inc. c) dice que explotación es cuando se "promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos".

Dijo que estas personas son víctimas y deben ser tratadas con especial cuidado. En ese momento, fueron entrevistadas por gente del Centro de Atención a la Víctima, dieron su testimonio en Fiscalía y difiere en mucho de lo que dijeron en este debate. Dice que es lógico porque este ambiente no es empático para ellas, tal como lo describiera la Lic. Alonso. Es lógico que no cuenten que ejercían la prostitución. Respecto de K. y O., es necesario valorar las declaraciones prestadas en la Fiscalía y no las que hicieron en el debate, todo en función de lo que informaron a su respecto las psicólogas del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia de Nación, informes ofrecidos como prueba, efectuados por la Lic. Velásquez Mann. Así, J. S. C., reconoció a B.. El Fiscal exhibió la libreta sanitaria de S. C., donde dice “ocupación: alternadora”. Exhibió también otras libretas de alternadoras como la de K., S. G. ‘J.’; M. C. R. ‘R.’; F. E.. También exhibió las libretas sanitarias de B. y C..

Dice el fiscal que F. E. reconoció a B. durante el juicio, por haber trabajado en Anfitrión.

Refiere que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, ha tomado medidas para suprimir la trata y la prostitución de la mujer. Agrega que la protección jurídica de los derechos de la mujer debe efectuarse sobre una base de igualdad con los del hombre. El Poder judicial -por su parte- junto a otras instituciones debe garantizar la efectiva protección de la mujer contra todo acto de discriminación”, de manera que su incumplimiento, genera responsabilidad del Estado Argentino ante la comunidad internacional.

Manifiesta que existe una gran preocupación del consejo o comité, por el trabajo de los operadores judiciales, pues no terminan de aplicar y tomar conciencia de estos hechos, que afectan los DDHH de las mujeres.

Refiere la situación de vulnerabilidad de todas las personas que fueron víctimas en este juicio: migrantes, mujeres, pobres, madres, algunas con hijos pequeños, incluso con hijos en otro país.

Expresa que con el objeto de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará, Ley 24.632), los operadores judiciales deben analizar con prudencia y amplitud probatoria los casos de proxenetismo y prostitución. Desde 1949 el país adoptó una postura abolicionista. Que también deben tenerse en cuenta las reglas de Brasilia para la protección de las víctimas y acceso a la justicia. Hay que tener en cuenta que constituyen factores de vulnerabilidad la pobreza y el género.

B. no era un empleado y nada más. Hay que ver el contexto, la dificultad probatoria, la complicidad policial, municipal, los sectores políticos del Estado, para poder valorar correctamente esa foto del día 25 de abril de 2013.

Dice que "Anfitrión" era un prostíbulo, donde se ejercía la prostitución. El acta de allanamiento del año 2013, da cuenta de nombres artísticos dentro de las libretas sanitarias. Dice que el testigo del allanamiento, G., dijo que en uno de los colchones de una de las habitaciones había olor a sexo. Hay fotos del allanamiento que dan cuenta que en una de las habitaciones había valijas, entre otras cosas. C., mencionó que había lugares peores. Hay un aviso publicitario en el diario, buscando chicas, cabaret "Anfitrión", “excelentes condiciones de trabajo y vivienda”, del año 2009. El número aportado en el aviso es el que usaba C. para captar gente, tal como es el caso de O., ello surge del informe victimológico del Centro de Atención a la Víctima, que fuera ratificado por la Lic. Alonso en esta audiencia.

Dice el Fiscal que C. dijo “nadie me obligó”, es cierto, pero tenía cinco hijos, era pobre, formaba parte del circuito prostibulario, tenía un ámbito de autonomía disminuido para poder decidir prostituirse. La mayoría de las personas que trabajaban en Anfitrión no terminó la primaria, tenían pocos ingresos, hijos, algunas migrantes, en situación de migración precaria.

S. G. vivía en Anfitrión. Lo reconoce también G., quien dijo que no clausuró el lugar porque había gente viviendo allí, pudiendo quedar en la calle.

Refiere el fiscal que M. está desparecida, se la está buscando. C. R., fue víctima de un femicidio por parte de su pareja en Paraguay.

Las chicas cobraban las copas a los clientes y el dinero se lo daban a B.. Algunas dijeron que si se retiraban para hacer un pase afuera, debían avisarle a B.. Por cada trago les daban pulseras y al final de la noche les pagaban por la cantidad de pulseras, la mitad de la copa era lo que cobraban ellas, es decir el 50% de lo que cobraba el local. La copa salía $60 y a ellas les daban $30. Es verdad que la mayoría dijo que no se hacían pases en el lugar, pero está acreditado que debían informar sus salidas y regresos. Dos personas dijeron que sí se hacían pases en el lugar y que cobraban $ 400 la hora o $ 250 los 20 minutos. Quedaba una parte para ellas y otra para lugar.

Dice que O. declaró en Fiscalía el día 25 abril de 2013, y ratificó su relato ante el CAVD. Sin embargo, acá dijo que se había sentido presionada.

Dice el fiscal que K. había dicho que los pases los hacían en los hoteles, que le debían decir al encargado cuando salían así las podían cuidar. Que había dos chicas viviendo allí.

Refiere el fiscal el criterio que debe tenerse para valorar estos testimonios. Concretamente se refiere a lo dicho por la Sala IV CFCP, menciona el voto del Dr. Hornos en el que refiere que las mujeres víctimas de trata desconocen o no asumen su calidad de víctimas porque se sienten culpables o porque tienen miedo a represalias o a perder su fuente de ingreso. Cita en sentido semejante un precedente del TOF de La Pampa. Cita también a la Dra. Ana M. Figueroa.

¿Qué es ejercer la prostitución? pregunta el fiscal. Refiere que si tomamos la prostitución como tal, no está probada, pero si tomamos en cuenta la exhibición previa, con ropa diminuta y el copeo, la compañía física, entonces sí tenemos acreditada la prostitución, porque el copeo integra el fenómeno que se analiza.

Dice que en el precedente "Avila Yopla", la sala I, CFCP habla de que considera al copeo como comercio sexual. El bien que se ofrece no es la copa, sino los cuerpos de las mujeres. La actividad del copeo se reconoció como parte integrante de la prostitución.

En definitiva, considera que el copeo integra la prostitución. Que B. cumplía un rol destacado en eso. Que cobraba las bebidas. Rol que le fuera asignado por C. V., haciéndolo responsable también del cobro de dichas bebidas. Lejos de ser un simple empleado, conocía perfectamente el negocio.

Considera que esto no se puede naturalizar ni tampoco relativizar. Claro que hay lugares peores que "Anfitrión", pero ello no justifica que eso esté bien.

Considera que no hay causas de justificación para B.. Entiende como agravantes: la cantidad de mujeres víctimas, 10 mujeres; la continuidad en la actividad imputada a lo largo del tiempo; el encontrarse inserto en el circuito prostibulario. Como atenuantes: valora la falta de antecedentes y el transcurso del tiempo hasta el día del juzgamiento y su trabajo actual como soldador.

En el entendimiento de que se encuentra probado el hecho y que el copeo es parte de la explotación sexual de la prostitución ajena, considera que el imputado se benefició económicamente de la prostitución de otra persona, agravada por su situación de vulnerabilidad (art. 127 inc. 1° CP), en carácter de partícipe secundario (art. 46 CP), de la actividad que llevaba a cabo por C. V.. Delito por el cual entiende que el imputado debe ser condenado a la pena de tres años de prisión, la que puede ser dejado en suspenso, por ser su primer condena (Art. 26 CP).

Por su parte, el Defensor en su alegato final, dijo: que no desconoce la normativa vigente para valorar los testimonios de presuntas víctimas de trata. Pero considera que por ello, no puede violarse ni el principio de inocencia, ni el principio de congruencia.

Refiere que el Juez debe seguir valorando la prueba bajo la sana crítica racional. Manifiesta que los testigos que declararon en el juicio no dijeron lo que dice la fiscalía que dijeron. En el caso concreto, ninguna dijo nada de antipatía con el lugar. Dice que el testigo MOLINA, es la persona de Migraciones que da intervención a la justicia y manifiesta que O. estaba en situación irregular, con una documentación apócrifa y debía ser expulsada.

Manifiesta el defensor que en su alegato de apertura, el Fiscal dio pistas sobre los hechos. Precisó tiempo, entre el 2009 y el 25 abril 2013. Ahora dijo que lo refirió como antecedente. Lo cierto es que en la apertura del juicio dijo que eran hechos desde el 2009 al 2013. Sin perjuicio de ello, señala que hay un defecto en la acusación. C. V. fue acusado por hechos de los años 2012 a abril 2013, con lo cual si B. es partícipe secundario de hechos en los que tuvo una autoría C. V., no pudo nunca imputársele conductas del año 2009. No pudo nunca haber participado por hechos distintos a los que se lo acusó a C.. Entiende que este defecto de la acusación es insalvable.

Suponiendo que la acusación es desde el año 2009 hasta el 2013, como dijo el fiscal al iniciar el debate a preguntas efectuadas por el mismo juez, entiende que es de aplicación -por imperio del art. 2 CP-, la ley penal más benigna (el anterior art. 127 CP), que era el que regía al año 2009, que tenía una pena de 3 a 6 años de prisión. Siendo ello así, considera que la acción se encuentra prescripta. Ello así pues la pena a aplicar sería de tres años, pues su defendido viene acusado como partícipe secundario debiendo reducirse la pena de un tercio a la mitad, lo que implica que el máximo aplicable sería la pena de 3 años (mitad del máximo). Agrega que por los mismos hechos imputados a B., a E. se lo condenó a dos años de prisión.

Considera que la acción prescribió el día 9/6/18, pues la indagatoria, anterior acto interruptivo de la prescripción fue el 9/6/15, mientras que el requerimiento de elevación a juicio fue el 29/5/2019.

Al margen de este primer planteo, también va a plantear la violación al principio de CONGRUENCIA. Dice que la defensa fue sorprendida y puso a su defendido en un estado de indefensión. Afirma que el requerimiento de elevación a juicio no contiene fecha alguna y ello implica una sorpresa, ya que impide que su asistido se pueda defender. Tampoco en la indagatoria hubo descripción en relación al tiempo en que habrían ocurrido estos hechos. Es así que se violó el art. 298 CPPN. El juicio no puede ser sorpresivo. Hubo una clara afectación al derecho de defensa. También la CIDH habla de la violación al principio de congruencia en igual sentido al aquí planteado en el caso “RAMIREZ C/ GUATEMALA”.

En tercer lugar, plantea la nulidad de la declaración indagatoria. No hay ninguna fecha en la indagatoria que describa cuándo tuvieron lugar los hechos que se le atribuyen. Es obligación del juez informar al imputado detalladamente el hecho que se le atribuye, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. MAIER, es sumamente claro en este tema y dice que corresponde declarar la nulidad absoluta ante una acusación defectuosa.

En cuanto al fondo de la cuestión dice el defensor que no hay prueba de que su asistido participara de manera secundaria en el delito que se le atribuye.

Expresa que a lo largo del juicio declararon varios testigos y ninguno dijo lo que dice el fiscal. El fiscal trata de agarrarse de testimonios prestados en Fiscalía que fueron desmentidos en el juicio, hasta las propias víctimas dijeron que los fiscales las trataron como delincuentes, sin que ellas hubieran hecho nada.

Aclara que el Juez que intervino en el otro tramo del juicio, absolvió a C. V. por el delito de trata y también por algunos de los casos de explotación de la prostitución ajena, por lo que no puede ahora imputarse a B. hechos por los que fue absuelto el autor.

Siendo ello así, se va a referir sólo a los casos en que C. V. fue condenado, es decir los referentes a las víctimas C., K. y O..

Menciona el Defensor que el fiscal se refirió al copeo, con generalidades, entendiendo que integraba la prostitución. Expresa que de ninguna manera el copeo integra la prostitución, no es parte de la prostitución, pues no era parte del negocio que trabajaba su defendido.

Agrega que por el principio de legalidad, considera que en función de lo establecido por el art. 127 del CP, a su defendido no se le puede atribuir el beneficio económico de la prostitución, porque el copeo no es prostitución. Dice que la prostitución de ninguna manera fue acreditada en la causa. No se acreditó que O., K. y/o C. ejercieran la prostitución en el boliche Anfitrión. O. explicó que iba a divertirse, a tomar algo. Nada dijo sobre las pulseras. Negó categóricamente que se ejerciera la prostitución en el lugar. Afirmó que ella nunca dijo eso. Agregó que desconocía que se ejerciera la prostitución. A B., ni siquiera lo mencionó. No dijo que "D." fue quien le dio la documentación supuestamente apócrifa, pero tampoco nadie le preguntó sobre ello.

K. fue muy clara. Dijo que fue un rato, que no trabajaba allí, que no ejercía la prostitución. Que a veces concurría a tomar algo con amigas. Que en el lugar no se ejercía la prostitución, que era un lugar para tomar algo. No se le preguntó si conocía o no a B..

Expresa el defensor que las contradicciones no benefician automáticamente al imputado, pero hay que buscar en toda la prueba qué elementos benefician una u otra teoría del caso. Todas las chicas que declararon en el juicio dijeron que "Anfitrión" era un boliche y que no se ejercía la prostitución en el lugar.

F. dijo que trabajaba haciendo copas. Reconoció a B. como quien estaba en la barra del lugar. También dijo que había una señora que era quien cobraba. Además, que esta señora era quien llevaba el control.

La figura de la explotación de la prostitución ajena exige el conocimiento y colaboración concreta en la explotación.

En cuanto a C., dice el defensor que él se opuso a la incorporación de este testimonio mediante la videofilmación del juicio anterior, porque la defensa no pudo contrainterrogarla. El Fiscal dice que ejercía la prostitución en el lugar y que eso lo dijo C.. Sin embargo, a preguntas del Dr. Coscia refirió que la noche del allanamiento no trabajó. Que había llegado a la ciudad ese mismo día. Que el ejercicio de la prostitución no había sido esa noche. Cree que hubo una confusión temporal. Según V. M., C. le había dicho que 6 años antes del allanamiento había ejercido la prostitución en el lugar. Es decir, en el año 2007. En esa época ni siquiera existía la primera ley de trata. Sostiene el Defensor que no hay elemento alguno para decir que al momento en que se realizó el allanamiento, en el año 2013, se ejercía la prostitución en el lugar y menos aún que B. conocía dicha circunstancia.

Refiere el Defensor que G., no vio personas teniendo sexo en el lugar. No encontraron durante el allanamiento ningún elemento que hiciera presumir que en el lugar se mantenían relaciones sexuales. No había profilácticos, no se encontraron pulseritas, ni siquiera un cuaderno en donde se anotaran las chicas o los supuestos pases, nada de ello. No había juguetes sexuales, nada. Tampoco vio mujeres desnudas o acostadas. Ningún colaborador tampoco vio nada parecido, nadie vio o dijo algo al respecto. Lo que se secuestró es la habilitación comercial a nombre de G. R., dueña del lugar y quien manejaba la caja.

G., el testigo del allanamiento, más allá del olor que sintió en una habitación, no vio a nadie desnudo, ni tampoco vio elementos relacionados con una actividad sexual, ni tampoco teniendo sexo. G. no reconoció a B..

V. M. tampoco vio mujeres desnudas, nadie refirió haber visto prácticas sexuales.

V. M. y ALONSO, efectuaron declaraciones genéricas, respecto de sus áreas de experiencia, pero no recibieron ningún testimonio en que les dijeran que estaban contra su voluntad, que fueran explotadas, solo hablaron de migrantes en general, pero no recordaban estas personas en concreto. En la sentencia C. V., se absuelve por el agravante de la supuesta vulnerabilidad de las víctimas. El otro juez dijo que las cuestiones genéricas a las que se referían las psicólogas mencionadas, no permitían verificar el aprovechamiento de la vulnerabilidad.

En definitiva no está probado que en "Anfitrión" se ejerciera la prostitución. Tampoco está probado que B. tuviera conocimiento de ello, y menos aún que B. tuviera rédito o beneficio económico propio o para C. V. de esta actividad.

Solicita la absolución lisa y llana de B. en orden al delito que se le imputa.

En subsidio, solicita se declare la atipicidad de la conducta de B., pues se le atribuyeron conductas desde el año 2009-2013, conductas que no estaban descriptas en el Código Penal. Antes los medios comisivos eran el engaño, abuso, fuerza, coacción. Ninguna dijo haber estado en el lugar contra su voluntad.

Réplica de la FISCALIA sobre los tres planteos referidos a la nulidad indagatoria, violación al principio de congruencia y prescripción de la acción penal.

Dice el fiscal que la acusación es por el día 25/4/13, que la mención del año 2009, es en relación a la prueba y ello surge claramente de la imputación cuando se hace referencia a dicha prueba. Dice que la acusación es clara. No fue sorpresiva. La sola mención de las víctimas habla del objeto de esta causa, no se le están imputando hechos ocurridos en el año 2009, cuando eran otras las víctimas. Entiende que era su deber avisar cuáles elementos iba a tener en cuenta para acusar, y entre ellos había prueba de una causa del año 2009. En el requerimiento de elevación se mencionan los elementos probatorios del año 2009, sobre todo el acta de allanamiento y las conversaciones telefónicas.

Dice que la indagatoria no es nula, porque allí se le puso en conocimiento de la totalidad de la prueba que obraba en su contra y el detalle del hecho, más allá de alguna imprecisión que pueda existir en cuanto a la fecha.

Considera que la ley aplicable era la existente al año 2013, no hay ley penal más benigna porque no estamos juzgando hechos del año 2009. No puede invocarse sorpresa alguna. Por otro lado, tampoco hay prescripción porque la ley vigente es la ley 26.842 que agrava las penas y no transcurrió el plazo máximo de la pena que le pudiere corresponder a B. desde la indagatoria hasta el requerimiento de elevación a juicio.

B. siempre supo de qué se lo acusó. No hay vaguedad, ni ambigüedad alguna. Solicita se rechacen los tres planteos.

La defensa, en la persona del Dr. GUTIERREZ, no usa la dúplica.

V. Planteos preliminares. Prueba. Valoración de la prueba, fundamento.

Que conforme surge de las alegaciones de las partes la cuestión quedó planteada en los siguientes términos: la defensa afirma que es nula la indagatoria por no precisar un espacio temporal en que ocurrieron los hechos; que el fiscal violó el principio de congruencia porque introdujo cuestiones del año 2009; que eventualmente si introducimos los hechos del año 2009, la causa se encontraría prescripta.

Sobre el fondo de los hechos traídos a juicio, por una parte la Fiscalía afirma que está acreditado que las chicas realizaban "copeo" en el local "Anfitrión" de Cutral-Có; que el copeo integra la prostitución, desde que allí se ofrecen y deben seducir a los clientes; que está acreditado que las chicas eran "alternadoras", a través de las libretas sanitarias; y que -ya sea adentro o fuera del local-, ejercían la prostitución. También está acreditado que debían avisar cuando se retiraban con algún cliente y cuando volvían. Que a todo ello, se suma que dos de las chicas vivían en ese lugar. Que C. reconoció que allí se ejercía la prostitución. Que por su parte, B. servía las copas y controlaba la cantidad de copas y, en algunas ocasiones, les pagaba a las chicas lo que les correspondía por el copeo. También está acreditado que B. en ocasiones quedaba encargado, sobre todo a través de las escuchas del año 2009. Que el fiscal entiende que no era un simple empleado, sino que colaboraba con C. V., como partícipe secundario, en la explotación económica de la prostitución ajena.

Por su parte, la defensa señala los tres planteos preliminares referidos a la nulidad de la indagatoria, violación al principio de congruencia y prescripción de la acción penal. Sobre el fondo de la cuestión dice que B. era un empleado del lugar. Que realizaba simplemente las tareas de barman, que no efectuaba los cobros de las copas, sino que eso lo hacía G. R.. Que no tenía ninguna función de encargado del local, que no controlaba nada. Que en ese lugar no se ejercía la prostitución, pero aún suponiendo que fuera así, su asistido no tenía conocimiento de ello. Que el copeo de ninguna manera integra la prostitución y por lo tanto, no puede haber tenido beneficio económico de la prostitución ajena. Que su asistido nunca recibió ningún dinero de la prostitución. Que no hay prueba alguna que avale que allí se ejerciera la prostitución.

V. a) Cuestiones preliminares: Nulidad indagatoria: Considero que la indagatoria no es nula, pues B. sabía perfectamente cuál era el hecho atribuido, tan es así que declaró antes del debate en una de las audiencias preliminares explicando que él era un simple empleado del local, que efectuaba las tareas de barman del local. Que desconocía todo lo referido a la prostitución.

A su vez, el fiscal cuando contesta los planteos claramente dice que B. está en juicio solo por los hechos constatados el día del allanamiento, es decir del 25/4/13 y no respecto de hechos que pudieron tener lugar en el año 2009. Que simplemente eso se mencionó y se trajo como prueba de la conducta que desarrollaba B. en el local al año 2013. Es así que con la aclaratoria fiscal, quedó sentado que el hecho quedó circunscripto al día del allanamiento. Por tal razón habré de rechazar el planteo de nulidad.

En cuanto a la violación al principio de congruencia, si bien es verdad que al iniciar el debate el Fiscal dijo que e espacio temporal atribuido al hecho era desde el año 2009 hasta el 25/4/13, también es cierto que luego aclaró que en realidad los hechos se referían sólo al día 25/4/13 y que había prueba del año 2009, lo que da por tierra que se haya violado el principio de congruencia. Por ello, es que también voy a rechazar este planteo.

Finalmente y en cuanto a la prescripción de la acción penal, cabe resaltar que con la aclaratoria del fiscal, referida a que los hechos atribuidos sólo se refieren al día 25/4/13, sumado a que la pena prevista para el delito de explotación económica de la prostitución de otra persona, agravado por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, aunque sea como partícipe secundario (art. 127 inc. 1° -ley 26.842- y 46 CP), es de un máximo de 5 años -tomando la teoría que corresponde disminuir el máximo a la mitad-, hace que la causa no se encuentre prescripta. Ello así, pues desde la indagatoria en el año 2015, al requerimiento de elevación a juicio en el año 2009 (siguiente acto interruptivo de la prescripción), no transcurrió el plazo mencionado. Por ello, habré de rechazar también este planteo.

V. b) Prueba: Testigo JOSÉ MARIANO DEL VALLE MOLINA LÓPEZ quien en el año 2013 se desempeñaba como interventor de la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Neuquén. Dijo que le sonaba el apellido O.. Que en en este caso puntual, les había llamado la atención que el certificado de antecedentes era una fotocopia. Ella fue acompañada por un hombre a la oficina de Migraciones. Dijo que vivía en Cutral Co, que trabajaba de acompañante, que vendía copas, también dijo que era un pub, que trabajaba de noche y que le decían cabaret. Dieron intervención a la fiscalía, porque no les convencía el certificado que presentó. Recuerda que le fueron renovando la residencia precaria porque la Fiscalía contestaba que seguía interesando para la justicia. Dijo que se quería casar, era la forma de lograr la residencia; él le explicó que también si ella era víctima de trata, podía conseguir la residencia. Dijo que ella quería trabajar de estilista, que estaba avergonzada, que si hubiera sabido que terminaba ejerciendo la prostitución no habría venido a Argentina. A preguntas de S.S. el declarante dijo que ella de ninguna manera quería volver a Dominicana.

También declaró SIGALES, Oficial Inspector de la Policía Federal, quien realizó el allanamiento. Dijo que era una especie de boliche. Que había más de cinco chicas, con ropa diminuta. Había vips o privados, al fondo había dormitorios. Refiere que había masculinos trabajando, cree que también una mujer. Dijo que no clausuraron el local porque había al menos dos señoritas que vivían allí y no tenían dónde ir.

El Sr. N. G., fue testigo del allanamiento. Recorrió, vio una habitación con un colchón sin funda y almohada, en el piso. Que había otra habitación donde había valijas, había una chica rubia, quien le dijo al policía que ella vivía ahí que no tenía a dónde ir. No recuerda el nombre del lugar. No reconoció a B..

La testigo K. P. D. L. R., dijo que B. le parece conocido, por su cara. Que hace como siete años que vive en Argentina, es de República Dominicana. Vino de paseo. Que llegó a Uruguay y después fue en colectivo hasta Argentina. Que vino con su hermana y otra persona. Que en Buenos Aires conoció a una amiga "E.", de Dominicana, se decidió a venir a Cutral Co. Se alojó con ella. Trabajaba en una peluquería. No estuvo trabajando en "Anfitrión", pero reconoce que iba. No recuerda si a B. lo conoce de ahí. No vivió en Anfitrión. Conoce a D. E. O., de Dominicana y se la encontró en Cutral-Có. Dijo que iba a Anfitrión con amigas, a tomar. Usaba otro nombre. Tenía 27 años cuando vino a Argentina. Que su familia está bien, que tiene 2 hijas allá, las que tenían 3 y 9 años cuando ella se vino. Se criaron con su mamá. No las quiso traer. El Fiscal le señala parte de su declaración en donde dice que por el copeo, el cliente pagaba $ 60, de los cuales el 50%, era para el local y 50% para la chica, dice que era así. “En Anfitrión trabajan unas 10 chicas, todas hacen copas, y si alguna chica quiere realizar alguna salida la cobran ellas por su cuenta". Hay dos encargados, M. y D.. Ellos sirven las bebidas y las cobran, para saber cuántas hicimos nos dan pulseritas. Nos pagan en el día.” Ahora, en el juicio, dijo que no era así que no usó pulseras, que nunca habló de eso. También se lee parte en la que dijo que “las mujeres tienen decirle al encargado que van a salir, a M. o D.”, dijo que no recordaba haber dicho esto. Si recuerda que vino en el mismo avión con D. E. O.. Manifiesta recordar que ese día la policía la trajo a Neuquén, se enojó bastante por eso. Dice que la trataron como una delincuente, que la tuvieron desde la 01:00 hs hasta las 10:00 en el local, sin poder moverse; que luego las llevaron a Neuquén, que las presionaban para que declararan. Que no recuerda si las entrevistaron psicólogas. Reconoce su firma en la declaración de fs. 76/79. Se enojó porque la trajeron como a una delincuente, toda custodiada. Nadie le explicó nada. Le dijeron que la iban a entrevistar unas psicólogas. Se sentía mal. Casi no hablaba, decía cosas incoherentes porque estaba muy mal, no se sentía bien. Que tenía una situación migratoria irregular. Su permiso era por un año. En Anfitrión para ella no se hacía nada malo. Vino de paseo a la Argentina, pagó su pasaje.

La testigo J. S. C., dijo que no se acuerda de B., pasó mucho tiempo. Iba muy de vez en cuando a Anfitrión, con sus amigas. A ella siempre le dijeron “L.”, “L.”, “L.”. No sabe si había mujeres viviendo en Anfitrión. Ella tenía una libreta sanitaria, junto con su documentación. En ese momento ella vivía sola, alquilaba. Iba a Anfitrión a tomar una copa, a bailar, a pasarla bien. En Anfitrión había hombres, mujeres, personas mayores de edad. No sabe si se ejercía la prostitución. Ella trabaja limpiando casas, por eso tiene libreta sanitaria, porque muchas veces la piden. Dijo que en Paraguay era comerciante ambulante, vendía ropa, zapatos, mercería. Decidió venir a probar suerte, en ese momento se hacía diferencia y podía mandar plata a su familia.

La testigo F. E. G., dijo que conocía a B., que estaba como encargado en Anfitrión, lo veía a veces, no iba todos los días. También había una Sra. llamada G.. B. despachaba la cerveza que pedían. Dijo que D. E. es su prima, que hace mucho que no la ve. Cuando D. llegó a Bs As le consultó si podía ir a trabajar a Cutral Co, ella alquilaba un apartamento. Dijo que trabajaba en "Anfitrión", le pagaban por las copas. El control de las copas lo llevaba esta señora. No sabe que se ejerciera la prostitución en el lugar. Refiere que en Añelo ella tiene un negocio, un pool. Que B. nunca le dio plata a ella. El pasaje para venir se lo pagó ella.

La testigo SILVIA BEATRIZ ALONSO, Lic. en psicología, fue preguntada por el caso de O.. Refiere que ella había contraído una deuda para venir a Argentina, no podía volver a Dominicana. Había una situación de violencia en Dominicana con su ex pareja y un hijo pequeño. Aquí ella estaba con una residencia precaria. Al presentar los papeles para regularizar su situación, presenta un papel de reincidencia que se encontraba adulterado, es así que tenía una amenaza de ser imputada por ese delito y de ser expulsada del país. La aparición de la fuerza federal le generó mucha desconfianza, mucho miedo, tenía la amenaza de delito. Estaba confundida, tenía miedo de volver a su contexto original, con padres endeudados, ex pareja violenta. Le mencionó que trabajó en el boliche “Anfitrión” como “copera”, donde había retiro con clientes, que allí no tenía relaciones, que allí hacían copas. Ella tenía miedo, padecía una situación de mucha vulnerabilidad. Sentía vergüenza por lo que hacía, tenía miedo de que su familia se entere, de que ello terminara con que le sacaran a su hijo. No hablaba tranquila, se sentía incómoda en el ambiente tribunalicio, por la distancia, el miedo, las formas. Se le exhibe un informe efectuado por la Lic. en el año 2013 y dice que lo reconoce. O. no quería la asistencia del Centro de Atención a la Víctima y de hecho desistió.

Por su parte la testigo S. G., vio a B. que estaba como cantinero. Dijo que ella fue pocas veces y justo uno de esos días fue el allanamiento. En Paraguay, se juntó con una pareja a los 15 años, tuvo problemas con él, vino para Argentina con “R.” (C.). No terminó la escuela, ahora está estudiando. Dice que se asustó mucho el día del allanamiento, porque fueron para divertirse y de repente se llenó de milicos. En ese momento no trabajaba, tenía un novio que le pagaba el alquiler, actualmente es su marido con quien tiene un hijo de 4 años y medio. Refirió que C. volvió a Paraguay, tenía una hijita de un año y seis meses y su pareja la mató. Dice que en Anfitrión ellas pedían tragos, una señora era la que recibía el dinero, y los tragos los servía un muchacho.

La testigo Lic. BELÉN VELÁSQUEZ MANN, declara por TVC. Dice que participó del allanamiento en Anfitrión abril de 2013. Que allí tiene anotado que entrevistaron a C. M. R., K. P. y R. D. L. A. C.. Dice que cuando la declarante llegó al lugar ya habían llegado las fuerzas federales. Las mujeres estaban apartadas, entrevistó a cada una en forma particular. El lugar estaba abierto todos los días, realizaban copas, el cliente compraba la copa, salía 60 pesos, se la pagaban a las mujeres, pero ellas tenían que dejar la mitad. M. y D. les devolvían esa parte a cada una. Sólo una chica, C. habría mencionado que en el lugar hacían pases y que dejaban $ 50, pero que eso era antes. Dijo que C. le dijo que había llegado la noche anterior pero que había trabajado seis años antes, es decir en el año 2007. Que ese día, el que llegó, no trabajó. Refirió que C. R. había llegado unos meses antes para trabajar ahí, había hablado con M. y D. que eran los encargados. Las chicas decían que los pases los realizaban afuera y que no debían pagarles nada a los encargados, pero que sí les tenían que avisar a D. antes de salir y se ponían en contacto antes de volver al lugar, que según ellas era una cuestión de cuidado. C. dijo que vivía ahí, que compartía habitación con “J.”. Dijo que K. P. le contó que había viajado con una hermana, que hacía ocho meses que estaba en Anfitrión, también había hablado con M. y D. para trabajar ahí. Dice que ella no recuerda haber visto pulseras en el lugar. R. C. dijo que ella ejercía la prostitución. C. R. estaba viviendo ahí. C. y R., tenían sus DNI con ellas. K., lo tenía en su casa. Ninguna manifestó estar en el lugar en contra de su voluntad. Explica qué significa el copeo, una exhibición donde las mujeres se muestran y se facilita el comercio sexual. Considera que había indicadores de vulnerabilidad: tales como que provenían de familias numerosas, que no terminaron los estudios primarios, que tuvieron que trabajar a temprana edad, que tenían dificultad para encontrar un trabajo formal, lo que genera pocos ingresos, informalidad, incapacidad para solventarse a sí mismas y a su familia. Algunas eran migrantes, con falta de lazos, lejanía con su familia, problemas con documentación, susceptibles de que alguien se aproveche.

También se vio la declaración prestada en el debate del año 2019 (grabación N° 400), de D. E. O.. Ella aclara que E. es apellido. Dijo que era madre de tres hijos, las dos nenas viven con ella. El niño en República Dominicana. Se dedica a las tareas de la casa y vende ropa. Dijo que conoce a C. y a E. de la whiskería o disco “Anfitrión”.

Dice que en relación a M. y a D., cree que uno ponía música y el otro era encargado, o algo así. Se le dio por venir a la Argentina buscando una mejor vida, era el año 2012. Ella tenía 22 años. Tiene un hijo allá, el dinero que le daba el padre del niño no era suficiente. Pasó por Uruguay, de allí a Bs. As. Estuvo unas dos semanas y no consiguió empleo, habló con su prima F. y fue para Neuquén. Ella trabajaba por tragos, en "Anfitrión", y ella le dijo que podía ir a trabajar con ella. Manifiesta que ella sólo habló con su prima. La prima le dijo que iba a buscar si alguien le hacía el favor de comprarle el pasaje. Ella le dio la plata a su prima. Llegó a Cutral-Có, fue en taxi hasta la casa de su prima. La prima le dijo de una habitación cerca del negocio. Se quedó en esa pieza unos días. A los tres días empezó a trabajar en Anfitrión. Primero fue a ver, era algo nuevo para ella. Ella siempre habló con su prima, quien cree que habló con C. V., que no sabe si era el dueño o el encargado. El trabajo consistía en tragos nada más, hablar con una persona, bailar un tema, compartir. Le pagaban con un porcentaje de un trago que se tomaba. Al finalizar le pagaban. Un mes trabajó y empezó a buscar empleo de cuidar niños, mayores o de limpieza. Le señalan alguna contradicción. Dijo que recuerda haber declarado ante algún funcionario judicial, y en ese momento se sentía muy presionada y nerviosa por una mujer. No supo si en Anfitrión había personas que ejercieran la prostitución. Conoce a K. P.. No conoce a J. S. C., ni a ninguna de las chicas que le mencionó el Fiscal. No sabe si alguien vivía en Anfitrión. No recuerda si la entrevistaron psicólogas. Fiscalía detecta contradicción/olvido con declaración ante la Fiscalía. Reconoce su firma en fs. 91/93 (Expte. C. V.), donde dijo “que viajó en colectivo Vía Bariloche y la estaba esperando R. en la terminal”. Dice que estaba nerviosa en ese momento, que se acuerda perfectamente que fue en taxi hasta el barrio Unión, donde vivía su prima, el día que llegó a Cutral-Có, que no es verdad que la fuera buscar R..

Asimismo, se vio la declaración prestada por R. D. L. A. C. en el juicio efectuado en el año 2019, minuto 52hs., video N° 400. Dice que trabajaba haciendo copas, de noche. Dice que abandonó, que ya no trabaja más, que hizo su carrera. En ese lugar Anfitrión se ejercía la prostitución, era un cabaret. Que ninguna estaba obligada a hacerlo. A veces lo hacían adentro o afuera. El lugar era como un boliche, tenía la pista, la barra. No recuerda el tema de los pagos. Había otras mujeres trabajado allí, no recuerda sus nacionalidades. Ella estuvo una noche ahí, alojada. Había chicas que vivían ahí, no recuerda cuántas. El lugar estaba acondicionado para vivir, hay lugares peores, este lugar estaba bien. No se acuerda de C. V., ni de E.. Fue una sola vez a Anfitrión, pidió trabajar porque necesitaba y nada más. Luego volvió la noche del allanamiento, no recuerda haber sido entrevistada por psicólogas esa noche. Durante el 2013, dice que ella trabajaba en la prostitución.

V. c) Valoración de la prueba, fundamento: En definitiva y a través de toda la prueba colectada lo que se acreditó es lo siguiente: que en el local "Anfitrión" se realizaba copeo. De acuerdo a lo declarado por las presuntas víctimas, dicen que ellas iban al boliche cuando querían, que algunas cumplían un horario, otras no. Algunas dijeron que esa noche del allanamiento fue la única vez que habían ido. Explicaron que cobraban por cada copa que le hacían tomar al cliente, que el dinero les era entregado por el cliente a ellas y ellas se lo daban a G., quien les daba el 50%. Dicen que en ese momento la copa salía $ 60 y les daba $ 30.

No está acreditado que allí ejercieran la prostitución, ni que el boliche se quedara con algo de ese dinero. Es más, O. dijo que se sintió presionada. En Migraciones le dijeron que la tenían que devolver a su país y ella no quería volver. No tenía la documentación en regla. Una sola testigo, que fue C., dijo que se ejercía la prostitución allí, pero evidentemente no fue la noche del allanamiento, porque de acuerdo a lo que le dijo a Velásquez Mann, ella le habría manifestado que había llegado a Cutral-Có la noche anterior y que había trabajado en "Anfitrión" seis años atrás. La legislación sobre el tema fue cambiando, tan es así que la última ley de trata de personas es del año 2012. Seis años antes del 2013 estamos en el año 2007 y todavía no se había sancionado la primera ley de trata que data del año 2008.

Pero aún suponiendo que en años anteriores se ejerciera la prostitución en el lugar, lo cierto es que no está acreditado siquiera cuál es el monto del dinero que debían dejar allí. No lo dijo C. V. M. por su parte dijo que dejaban en el local $ 50, pero nadie refirió cuanto cobraban por la prostitución. El Fiscal afirmó que cobraban entre $ 300 y $ 400 por la relación sexual, pero no sabemos de dónde extrajo dicha cifra ya que nadie la mencionó a lo largo del debate y no fue algo acreditado durante el juicio.

Por su parte, supuestamente, C. había trabajado con anterioridad (año 2007), pero debemos tener en cuenta que no estamos juzgando hechos de ese tiempo, sino hechos del año 2013 y con una legislación distinta.

Todas las chicas que declararon en el juicio dijeron que si querían podían ejercer la prostitución y lo hacían afuera del local y cobraban lo que ellas querían. Al menos eso era así a la época del allanamiento, aunque en años anteriores fuera distinto.

Migraciones le dijo a O. que si era víctima de trata podía ser rescatada y se podía quedar. Conseguía la documentación. De hecho no aceptó. Se casó y tuvo dos hijos. ¿Podemos decir que lo hizo coaccionada?

A B. se le imputa ser partícipe secundario en la explotación de la prostitución ajena, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, al ser el empleado que atendía la barra de Anfitrión. Los testigos dijeron que él sólo servía los tragos, no cobraba dinero de los tragos, sino que G. era quien recibía el dinero que las chicas habían cobrado al cliente y esta les daba a ellas el 50%. Es decir que las chicas recibían el dinero del cliente y se lo daban a ella y ella les daba el 50%.

El dato de que B. cobraba y que había pulseritas, surge de la causa del año 2009, pero vuelvo a reiterar que no estamos juzgando lo que sucedía en el año 2009, sino lo acontecido el día 25/4/13.

En definitiva, lo que se acreditó en este juicio es que B. atendía la barra del local "Anfitrión". Parece ser que en esa época no iba todos los días, sino algunos días. No era quien recib el dinero de las copas, lo recibía G. y ella le entregaba la parte que correspondía a las chicas. Esto es lo que se encuentra acreditado respecto de la conducta de B..

De acuerdo a lo expresado por el Fiscal, quien se apoya en abundante jurisprudencia, el copeo integra la prostitución y, por lo tanto, la explotación. No comparto lo expuesto. A mi modo de ver, esto es un contrato entre dos personas mayores de edad, en la que una le propone a la otra que vaya al local cuando quiera, los días que quiera -al menos eso dijeron la mayoría de las chicas- y si logra que un hombre le pague una copa, el 50% de esa copa es para la chica y el otro 50% para el local. Este "copeo" no implica más que acompañarlo un rato mientras la persona bebe esa copa. No está obligada a ejercer la prostitución. Si ella quiere salir con ese cliente, es un problema de ella y el dinero que cobre también es de ella.

A mi modo de ver el copeo de ninguna manera integra la explotación. Tan es así que el bar, local o night club, pone la bebida, el lugar, el barman y se queda con el 50% y el otro 50% se lo da a la chica por acompañar al cliente, ya sea bailando o charlando con él. Esto es un contrato, donde se beneficia el comercio porque van hombres y beben; y también se benefician las chicas que reciben el 50% del valor de las copas.

Este tipo de contratos es sumamente común. En cualquier boliche a los hombres se les cobra entrada, sin embargo a las mujeres no se les cobra la entrada, porque al boliche le conviene que vayan hombres y gasten su dinero en bebida. Al boliche le conviene que vayan las mujeres, porque de lo contario los hombres no van. Siendo ello así, la extensión de tales conceptos es sumamente peligrosa, pues todo podría quedar atrapado en el concepto de facilitación de la prostitución. Si en un boliche cualquiera, una chica coquetea con un chico para que le invite una copa, en el caso que luego decida tener relaciones sexuales, ¿podría llegar a ser este delito?.

A mi modo de ver hay una gran confusión entre lo que es la trata, la explotación y el trabajo sexual. Esta no diferenciación entre los conceptos, hace que se desconozcan los derechos humanos más básicos de las trabajadoras sexuales.

Esta forma extremista de interpretar los tratados y nuestra legislación, no ayuda -de ninguna manera- a combatir la trata, no desarticula las lógicas de explotación y por tanto se termina persiguiendo la prostitución, cuando este no es un delito. Lo que en definitiva se logra con este mecanismo persecutorio es invisibilizar aún más los casos de trata o de explotación laboral.

Por estos motivos, es muy importante diferenciar entre: TRATA DE PERSONAS que es “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona...".

La trata de personas con fines de explotación sexual es sólo una forma que adquiere este delito. El elemento distintivo de la trata es la retención en contra de la voluntad o el secuestro de documentación, el sometimiento por maltrato o amenazas de atentar contra la vida, el encierro y la obligación a prestar servicios sin consentimiento expreso y en contra de la voluntad de la persona.

La EXPLOTACIÓN LABORAL hace referencia a las condiciones de realización del trabajo y no remiten únicamente a fines sexuales. Existe explotación laboral en diversas ramas, siendo la construcción y la industria indumentaria y de calzado unas de las más permeables a esta práctica. La explotación laboral implica menor paga que la mínima necesaria o legal, condiciones precarias de trabajo, ausencia de prestaciones básicas en el ámbito de trabajo, jornadas extendidas por más horas que las máximas dictaminadas por la ley, retribuciones monetarias que no contemplan vacaciones ni licencias por enfermedad, hasta el extremo del trabajo con características de semi-esclavitud.

Por su parte, el trabajo sexual, al hallarse en un intersticio legal (no está prohibido, pero tampoco está regido por leyes y normas), se encuentra “clandestinizado” y en ese sentido, abre las puertas a la explotación laboral. Todo ello ayuda a que los clubs nocturnos, wiskerías, etc. exijan a las trabajadoras sexuales a trabajar más horas o en condiciones nefastas, para su salud, pero aún así en esas condiciones, no serían “mujeres tratadas”, sino mujeres explotadas laboralmente. Ello así, porque ni la ley, ni nadie puede quitar a otro la voluntad y elección personal.

El TRABAJO SEXUAL es la prestación de un servicio sexual a cambio de dinero, en el que todas las partes comprometidas lo hacen por decisión personal y con consentimiento propio. El trabajo sexual es la actividad que realizan personas adultas en pleno ejercicio de sus facultades y sin coerción al ofrecer un servicio sexual con fines onerosos.

El término surgió a raíz de la defensa del trabajo sexual y del reclamo para que las/os trabajadoras/es sexuales tengan los mismos derechos humanos y laborales que cualquier otro trabajador.

A partir del activismo que dirigen grupos de trabajadores sexuales, actualmente se tiende a preferir el término trabajo sexual en vez del término prostitución que tiene connotaciones absolutamente negativas y estigmatizantes.

Como ya dije, tanto la prostitución como el trabajo sexual consisten en la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos.

El trabajo sexual puede incluir otras actividades distintas de la prostitución, como lo es la industria del sexo, el sexo telefónico, líneas eróticas, juguetes sexuales, ciber sexo vía webcam, películas porno, etc.

Una cara es la del discurso público que juzga, discrimina y criminaliza el trabajo sexual, pero me pregunto ¿qué es más digno, ser trabajadora sexual o trabajar como empleada doméstica, barrendero, limpiador de cloacas, o en trabajos precarizados como los de Glovo, Uber, etc.? Algunos de estos se pagan muy mal y en negro, ¿no es eso explotación?. Otros son trabajos no reconocidos, al igual que el trabajo sexual, pero que nadie dice que sean explotación. Todos estos trabajos son absolutamente dignos, el problema es la explotación laboral, pero nadie le quita el consentimiento a la persona, lo que se debe hacer es regularlos para poder ser controlados y que no haya violaciones a los derechos fundamentales.

El lenguaje impregna todos los espacios de las relaciones sociales y bajo la supuesta protección de las víctimas, se las estigmatiza aún más. Tan es así, que la ley no les permite prestar su consentimiento y si son vulnerables agrava la condena. Es decir, que no es necesario que exista un aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima para que haya explotación, siempre y en todos los casos que haya un contrato con otra persona, va a existir explotación. Antes el medio comisivo era el aprovechamiento de la vulnerabilidad, pero ahora ello es un agravante, porque directamente no pueden prestar el consentimiento.

La Constitución, que en el art. 19 nos garantiza nuestra libertad e intimidad, parece que no es para las trabajadoras sexuales. A otras personas sí se les permite prestar el consentimiento para realizar trabajos denigrantes, en condiciones infrahumanas, aunque estén en negro, trabajos absolutamente precarizados, pero dignos a la luz de algunas miradas. Sólo a las trabajadoras sexuales se les quita el consentimiento, no tiene ningún valor su palabra y su voluntad, afectándose asimismo la garantía de la igualdad ante la ley.

Entonces frente a un discurso absolutamente moralista, se estructura el rechazo social al ejercicio del trabajo sexual bajo el discurso de la "dignidad". Del otro lado se encuentran las trabajadoras sexuales que dicen "no nos defiendan tanto, tenemos libertad y queremos ejercerla, reconozcan nuestros derechos, derecho a elegir el trabajo que realizamos”, a ser reconocidas como "trabajadoras". Reclaman dejar de ser excluidas y marginadas.

En el presente caso, las mujeres trabajadoras sexuales son personas mayores de edad que han decidido dedicarse a ese trabajo para solventar su economía familiar y/o personal, a veces de mucha mejor manera que con otro trabajo que es peor pago.

La confusión entre estos tres conceptos, ayuda a que no se investiguen los verdaderos casos de trata, a que no se termine con la explotación laboral, a que sean las fuerzas de seguridad las que intervienen en estos casos, cuando históricamente son los que se han beneficiado económicamente de este tipo de trabajo, exigiéndoles un aporte económico de lo obtenido con su trabajo, a cambio de no molestarlas. Extrañamente no se convoca a las trabajadoras sexuales para que digan dónde existe verdadera trata o explotación sexual o laboral, siendo que ellas saben perfectamente los lugares donde existe la verdadera trata o explotación, porque en algún momento han conocido o sido víctimas de ello.

La ley 26.842 fue en sus conceptos mucho más allá de lo que estableció el protocolo de Palermo. Tan es así, que el Protocolo habla de los medios comisivos para obtener el consentimiento, mientras que nuestra ley desconoce el consentimiento y agrava la figura por los medios comisivos que menciona el Protocolo. Expresamente tanto el art. 125 bis como el art. 127 y el art. 145 bis del CP dicen: "... aunque mediare el consentimiento de la víctima".

El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la manifestación de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. En sentido amplio, es la capacidad de la conciencia (conocimiento que posee el ser humano respecto de su existencia) para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. En definitiva, es conocimiento y voluntad, al igual que el dolo.

Es decir, la voluntad hace a la capacidad para decidir con libertad, mientras que la libertad es poder elegir entre múltiples opciones; a mayor número de opciones, mayor es la libertad. Por lo tanto, la mayor libertad sería poder elegir entre un infinito número de opciones, sin limitaciones. Todas las personas nos encontramos limitadas en nuestra capacidad de optar, unas más y otras menos, pero ello no quiere decir que entre las opciones que tenga la persona, no pueda elegir.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) consta de 30 artículos en los que se define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin a tal forma de discriminación.

También la Convención de Belem do Pará en su art. 6 reconoce "El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación". Esto va en consonancia con las obligaciones asumidas por los Estados firmantes en el art. 7 inc. e) "tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer". Es decir que los Estados y los Poderes Judiciales deben tener en cuenta en sus fallos que no se puede discriminar por conceptos de inferioridad o subordinación.

Me pregunto ¿hay mayor discriminación que quitarle a la persona la capacidad de elección, su libertad para decidir, so pretexto de protección? En esta causa se menciona como víctima a J. S. C., a quien la ley le quita la capacidad de elegir, pues le prohíbe realizar cualquier tipo de contrato con otra persona relacionado con el ejercicio de su prostitución, pues sería trata, explotación, promoción o facilitación de la prostitución. La hipocresía de la ley queda en evidencia en su caso, ya que a pesar de considerarla sujeto vulnerable y condicionada para elegir -lo que agrava la explotación que alguien efectúe de ella según la ley 26.842-, no tiene en cuenta tales circunstancias a la hora de condenarla por tráfico de estupefacientes. Allí es plenamente capaz de decidir. Entonces tenemos que una persona por ser vulnerable y porque elige ejercer el trabajo sexual, no es libre de determinarse; pero por el otro lado y al mismo tiempo, si ella decide vender estupefacientes, la ley considera que su consentimiento es plenamente válido, ella es absolutamente libre y no se encuentra condicionada. Conclusión, debe ser condenada.

En general este tipo de argumentos no son considerados por los Tribunales. Hace muy poco un fiscal en Chubut analizó los contextos que afectan a aquellas mujeres que actúan como "mulas", en la cadena del tráfico de estupefacientes y las consideró víctimas de trata, pero hasta el momento la mayoría de los Tribunales, venía condenado a estas personas por tráfico agravado de estupefacientes, sin si quiera mirar el contexto para considerar si eso era una víctima de trata.

Creo que estamos frente a un problema. ¿Somos capaces de determinarnos o no? No puede ser que para algunas cosas seamos plenamente capaces, pero para otras no.

Me pregunto, ¿en este juicio estamos juzgando la vulnerabilidad de las personas y la capacidad de auto-determinarse, o el tipo de trabajo que realizan? Da la impresión que estamos juzgando el tipo de trabajo. Nadie cuestiona si uno acepta ser empleada doméstica aunque cobre 20 veces menos que la hora de una trabajadora sexual. Tampoco se cuestiona si la persona consigue un trabajo precario que no está legalmente reconocido, porque se justifica ante la falta de trabajo. En ese caso, la voluntad no se encuentra viciada.

Me vuelvo a preguntar, ¿no será que estamos juzgando en función de la dignidad que nos merecen algunos trabajos frente a otros? ¿Qué es más digno, ser una trabajadora sexual, ser empleada doméstica, ser empleado de un supermercado, siendo que en muchos de estos casos no se respetan las leyes laborales? Todos son trabajos dignos, algunos mejor pagos que otros, algunos con menos explotación que otros. Lo indigno es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y, tal como lo propone el Protocolo de Palermo, debe ser un medio comisivo y no un agravante, justamente para lograr su persecución.

La ley nada dice de la capacidad para prestar el consentimiento de la persona que consume drogas, más aún si es pobre y si para poder comprar las drogas -porque no tiene estudios y no tiene recursos- comienza a vender escasas cantidades (narcomenudeo), directamente lo condena por tráfico y queda preso. Nadie se pregunta si esta persona está condicionada por su proveedor, quien le exige vender para poder recibir la droga. Para los Tribunales, para los jueces, tiene plena capacidad de auto-determinarse.

Sin embargo, si una persona decide ejercer la prostitución porque considera que es una mejor opción, se encuentra absolutamente imposibilitada para realizar cualquier tipo de contrato o arreglo económico con otra persona. La legislación, sigo sosteniendo, es absolutamente contradictoria.

La vulnerabilidad social es un término utilizado para describir la inhabilitación de los derechos de las personas que no están en condiciones de decidir, pues hace referencia a aspectos sociales más amplios. Responde a dimensiones del ser humano en las cuales el abuso conlleva a la exclusión social. Cuando un individuo es vulnerado en sus derechos, sufre consecuencias no sólo sociales sino también psicológicas. El Estado, los gobiernos, las organizaciones gubernamentales quedan expuestas ante las situaciones de vulnerabilidad, por lo tanto se deben crear políticas sociales que atiendan y entiendan sobre esta situación.

Una persona excluida socialmente es vulnerable, no me cabe duda. Pero me vuelvo a preguntar: ¿se encuentra inhabilitada para ejercer la prostitución y para realizar contratos con otras personas? ¿no está en condiciones de elegir? Sin embargo el ordenamiento jurídico sí la habilita a ser empleada doméstica, ya sea en blanco o en negro, y hacer los trabajos más denigrantes, por una suma muy inferior a la que cobra la persona que realiza un servicio sexual. La ley no dice que la empleada doméstica o un empleado en negro, no está en condiciones de consentir.

En definitiva, podemos decir que el Estado habilita a las personas a limpiar la "mugre ajena" por dos pesos, porque es un trabajo digno, pero no habilita a la trabajadora sexual, supuestamente para protegerla de no ser explotada. ¿Cuál es la razón de esta distinción? La razón fundamental es que no queremos que realice un trabajo sexual, por razones estrictamente morales que no tienen nada que ver con la trata, ni con la explotación laboral.

Adela Cortina, Filósofa española, creó una nueva palabra "aporofobia", que significa la "fobia, miedo o rechazo al pobre". Ella expresa que el pobre en definitiva es aquel que no tiene nada para dar y por eso es relegado y excluido de la sociedad. Y como ella dice en una conferencia que se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=ZODPxP68zT0), la Declaración de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos tenemos dignidad y la aporofobia es un auténtico atentado contra la dignidad humana y contra la democracia. Contra la democracia, porque no puede haber democracia sin igualdad. No se puede seguir creando desigualdades, hay que dar a cada uno de los seres humanos la posibilidad de crecimiento.

En contraposición a esto -a la dignidad de la persona y al derecho a la igualdad-, a las trabajadoras sexuales, como en general son pobres, no instruidas, tienen hijos, les quitamos sus derechos y no cualquier derecho, sino el más fundamental de todos, la libertad, la posibilidad de elección, la voluntad. El Estado lisa y llanamente decide que no están en condiciones de decidir. En definitiva, se le quitan los derechos más fundamentales por ser pobres. Se le quita la dignidad y la igualdad.

De esta manera los Tribunales van creando estereotipos del deber ser. Como dice Nadia Kubatov "Rebecca Cook define un estereotipo como una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir. Es decir, la particularidad de los estereotipos es que se aplican a todos los miembros de un grupo con prescindencia de las características específicas individuales, volviendo innecesaria la tarea de considerar las habilidades, necesidades y deseos individuales de cada persona. Los estereotipos funcionan como perpetuadores y legitimadores de subordinación legal y social... Los estereotipos de género, son aquellos referidos a la construcción social y cultural, tanto de hombre como de mujeres en razón de funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Preconceptos estos que, determinan tratos sociales a las mujeres, sobre bases discriminatorias, como el trato desigual y la forma en que esos prejuicios se encuentran institucionalizados a través de las leyes, las políticas públicas y las decisiones judiciales y a su vez que legitiman el accionar individual y colectivo de los integrantes de un grupo social... La forma de disciplinar esos cuerpos rebeldes, que se desenvuelven por fuera de lo socialmente esperado serán disciplinados en los términos del mandato de masculinidad (Segato), a través de las distintas formas de maltrato y degradación, adoptando formas como violencias morales, psicológicas, económicas, sexuales e incluso la muerte. El disciplinamiento se realizará en varias esferas o capas, ya que no solo será ejercida por quién desde su masculinidad individual ejerce el acto en sí mismo, sino que luego ese disciplinamiento será ejercido por parte del propio sistema penal, que a través de sus sentencias, como actos de gobierno, ejercerá una pedagogía machista, opresora, violenta y cruel hacia todas aquellas mujeres que no hayan cumplido con los modos de vida social que se espera de ellas." (“ESTEREOTIPOS ESTIGMATIZANTES DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL PROCESO PENAL”, Ponencia presentada en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe sobre Justicia, llevado a Cabo en Quito, Ecuador, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2019).

La Fiscalía menciona presuntos criterios objetivos de vulnerabilidad no ya para consentir, sino para agravar la conducta de la persona que se aprovechó de ese estado. Dice que son mujeres. Más de la mitad de la población es mujer. Que son pobres. En Argentina más de la mitad de la población es pobre, tenemos una franja de pobres que es muy grande. Que algunas eran migrantes. Es verdad, pero muchas de las personas que tienen un trabajo precarizado son migrantes (mayormente venezolanos/as que trabajan para Glovo, Uber, etc) y los/as coloca en una condición de mayor vulnerabilidad, pero eso no implica que no estén en condiciones de poder decidir entre las pocas opciones que tienen. También hay que tener en cuenta que ninguna de estas mujeres se quería volver a su país de origen, se querían quedar. Entonces no podemos decir que eso las hacía más vulnerables. Al contrario, según la Lic. Alonso en Dominicana la Sra. O. era más vulnerable que en Argentina, también lo dijo ella misma. El Fiscal agregó que en muchos casos no tenían familia en el país. No es así en todos los casos, algunas tenían hermanas, primas, amigas, lazos sociales importantes, algunas formaron familia aquí, otras trajeron a sus familias.

Lo cierto es que ni siquiera en la causa, obran informes socio-ambientales, ni psicológicos que den cuenta de la vulnerabilidad de estas personas, del lugar donde viven, etc. En definitiva, no hay prueba alguna de la vulnerabilidad de estas personas en términos comparativos a personas de su misma clase y condición social.

Es verdad que en el local Anfitrión vivían dos personas: C. R. y S. G.. Pero eso no es explotación tampoco. No las obligaban, al contrario, les salía más barato que alquilar en otro lugar. Es más, tanto G. como Velásquez Mann estuvieron de acuerdo en no cerrar el local, porque las chicas no tenían a dónde ir.

En estas condiciones, queda abierta la posibilidad de discutir sobre la constitucionalidad de estas figuras penales que quitan la capacidad de decidir a las trabajadores sexuales. Es una discusión que tiene que ver con posiciones filosóficas-constitucionales. Me opongo a defender que el Congreso, a través de la creación de una figura penal, pueda imponer límites a los individuos sobre el tipo de acuerdos o intercambios que ejerzan en un marco de consenso y de autonomía de la voluntad, cuando no se afecta a terceros. ¿Hay o no restricciones constitucionales que impidan al legislador involucrarse sustancialmente sobre qué puede ser y qué no puede ser objeto de nuestras opciones vitales? O, lo que es lo mismo: ¿Nuestra Constitución es compatible con una idea paternalista o perfeccionista del Estado?

Estoy totalmente a favor de regularizar el trabajo sexual para que justamente pueda ser controlado, que no existan abusos, que tengan derecho a una jubilación, a una obra social. Eso va a permitir perseguir la verdadera trata y la explotación laboral. De lo contrario, perseguimos a las trabajadoras sexuales bajo el pretexto de que las estamos defendiendo de la explotación y no se va a los verdaderos lugares que hay trata o explotación.

Lo que no puede hacer el Estado es quitarle a la persona su capacidad de elección, su voluntad.

Tal como lo dice Marisa Tarantino "La opinión doctrinaria de Figueroa (2017), siempre apoyada sobre abundante jurisprudencia, sirve para ilustrar entonces cómo el neoabolicionismo ha logrado instalar sus postulados en las más influyentes usinas de producción del saber penal, desplegando solapadamente una nueva forma de estigma hacia la prostitución; aunque todavía muy cercana a las antiguas objeciones morales que veían la prostitución como una actividad precisamente indigna para una mujer (Juliano, 2002) ... Esta perspectiva produce un efecto muy importante para el análisis de nuestra praxis penal antitrata: las intervenciones de las agencias penales en los casos de explotación sexual parten desde una definición del consentimiento que solo resulta compatible con la capacidad de las mujeres de tomar decisiones acertadas. Y solo serán acertadas aquellas decisiones que apunten al reconocimiento de la situación de vulnerabilidad como algo intrínseco al mercado sexual (Iglesias Skulj, 2017).(“LOS FEMINISMOS EN LA ENCRUCIJADA DEL PUNITIVISMO. ¿Qué hubo de nuevo en la legislación penal argentina contra la trata de personas?. Un primer análisis de lo que nos dejaron las leyes 26.364 y 26.842”, Buenos Aires, Argentina, Biblos, ISBN n978-987-691-770-4).

En virtud de todo lo expuesto, considero que no existe prueba alguna en la causa que acredite que J. D. B. se beneficiaba económicamente de la explotación sexual de otra persona y menos aún que se hubiere aprovechado de un estado de vulnerabilidad para ello. Tampoco se acreditó que participara aunque sea de manera secundaria, en los términos del art. 46 del CP, de los supuestos beneficios obtenidos por C. V. de la actividad mencionada en primer término.

En función de todo ello y de las razones expuestas en este fallo, considero que el "copeo" no integra de ninguna manera la prostitución, y, por lo tanto, habré de ABSOLVER a J. D. B. en orden al delito por el que fuera traído a juicio, sin costas.

VI. Por ello, de conformidad a lo normado por los arts. 399, 402 y ccdtes. del CPPN, RESUELVO:

1. NO HACER LUGAR a los planteos preliminares incoados por la Defensa (nulidad de la declaración indagatoria, prescripción de la acción penal y afectación del principio de congruencia) por las razones dadas en los considerandos.

2. ABSOLVER a J. D. B., de demás datos personales ya detallados al inicio, en orden a los hechos por los que fuera traído a juicio, por el delito de partícipe secundario de la explotación de la prostitución de otra persona, agravada por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad (art. 127 inc. 1° y 46 del CP; art. 402 CPPN).

3. LEVANTAR los embargos y las inhibiciones generales de bienes que se hubieren dictado sobre el nombrado; así como DEJAR SIN EFECTO cualquier medida restrictiva de la libertad, presentación ante autoridad que se le hubiere impuesto, impedimento de salida del país, o prohibición de ausentarse de su domicilio (art. 402 CPPN con sus ccdtes. y afines).

4. DEVOLVER cualquier elemento de propiedad de B. que se le hubiere secuestrado y no esté sujeto a decomiso (arts. 18 y 19 de la CN, art. 238 CPPN).

5. TENER LA PRESENTE por notificada en la audiencia y NOTIFICAR los fundamentos vía electrónica; REGISTRAR bajo el N° 5/2020 del protocolo de sentencias de este Tribunal.

6. Firme que sea, practíquense las comunicaciones de estilo, y oportunamente, ARCHIVESE.

 

Alejandro CABRAL

Juez

TOF Neuquén

Dolores Franco

Secretaria Ad Hoc

TOF Neuquén

 

    Correlaciones:

TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN COMO FORMAS DE EXPLOTACIÓN HUMANA EN EL MARCO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: A 20 AÑOS DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS - Temas de Derecho Penal y Procesal Penal - Junio 2020 - Aboso, Gustavo E. - Cita digital IUSDC3287442A

M., C. s/inf. art. 2.2.14 - L. 451 - Juzg. Penal, Contrav. y Faltas N° 8 - 09/03/2015 - Cita digital IUSJU000800E

 

 

Cita digital:IUSJU000550F