JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 8 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Paula Litvachky, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio letrado de los Dres. Diego Ramón Morales y Fabio Alberto Vallarelli, articuló el recurso de apelación elevado a esta Alzada contra la decisión adoptada en la presente acción de amparo el 2 de mayo de 2020 por la cual el juez de grado declaró la inconstitucionalidad de la Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Y CONSIDERANDO:

En el examen de admisibilidad que le corresponde efectuar a este Tribunal en los términos del artículo 444 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria al presente, cabe señalar que el accionante (CELS) carece de la alegada legitimidad para impugnar la decisión puesta en crisis, sea que se analice la cuestión desde la óptica de la ley N° 16.986 o desde el prisma del Código Procesal Penal de la Nación.

La ley de amparo recepta únicamente dos partes legitimadas en el proceso que regula: el accionante y la autoridad requerida. En el presente caso, la Asociación Civil Usina de Justicia se presentó como demandante, denunció la inconstitucionalidad de la Acordada antes aludida y solicitó que así sea declarada. La contraparte en el litigio resultó ser la autoridad que dictó la resolución atacada, en este caso el Estado Nacional, específicamente uno de sus poderes (el Poder Judicial de la Nación) y en particular el Tribunal del que emanó aquella decisión -la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional-.

Son aquellos y el representante del Ministerio Público Fiscal (en función de lo previsto en la ley N° 27.148, artículo 2°) quienes se encuentran revestidos de la facultad de interponer un remedio procesal como el que intenta el aquí recurrente, sin que sea admisible que este último ejerza -ante su silencio- las prerrogativas que aquellos tienen acordadas.

Por su parte, el artículo 1° del “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos” (Acordada 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) excluye expresamente de sus previsiones a las acciones que involucren derechos de personas privadas de la libertad o se vinculen con procesos penales, por lo que no corresponde formular otra consideración al respecto.

Entonces, la intervención que se reclama en función del interés invocado -asegurar su derecho a ser oído en el marco del proceso de amparo para plantear, alegar o señalar las posiciones y argumentos relativos a los derechos de las personas detenidas bajo la órbita de los jueces del fuero nacional criminal y correccional-, cuyo reconocimiento pretende en base al precedente “Kersich” que cita, no podría exceder de aquella que acuerda la figura del amicus curiae (amigos del Tribunal), receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía jurisprudencial. Sin embargo, ese rol no le asigna potestades recursivas ni puede posicionarlo en una suerte de guardián de la legalidad que lo habilite a solicitar la revisión del trámite cumplido ni de lo resuelto, frente a la ausencia de agravio expreso de quienes ostentan innegable legitimación (en este caso, el demandado condenado por la decisión adoptada y el Ministerio Público Fiscal).

El presentante subraya, en sustento de la viabilidad de su presentación, la “legitimidad activa” que en otros casos le ha sido reconocida por el Máximo Tribunal en representación del “colectivo afectado”. Sin embargo, en esos supuestos esa entidad colectiva se encontraba constituida por los mismos amparados, el grupo en tutela del cual se había promovido la acción. Por el contrario, en este caso el “colectivo amparado” es aquél cuya representación alega el accionante (Asociación Civil Usina de Justicia). El CELS, por su parte, carece de “legitimación activa” en este proceso, más allá del interés de hacerse escuchar en beneficio de las personas privadas de la libertad, en una suerte de adhesión o mejora de los motivos que dieran lugar al dictado del acto, que como se dijo no lo legitima para apelar.

También corresponde mencionar que la actualidad del litigio resulta incierta, pues bien podría la administración allanarse a lo resuelto -el representante del Ministerio Público Fiscal ya lo ha hecho pues, notificado de la decisión, la consintió tácitamente al no ejercer la actividad impugnativa-. En tal caso, el argumento referido al incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 8° de la ley N° 16.986, e incluso la contienda misma en derredor del fondo resuelto en la sentencia apelada, perdería toda virtualidad ante la ausencia de agravio de quien pueda entenderse como directamente afectado.

Es por ello que, sin perjuicio de lo que ha de resolverse sobre la admisibilidad del recurso, el juez de la anterior instancia deberá notificar su sentencia a la demandada en el amparo.

Consecuentemente, por aplicación de los artículos 432, segundo párrafo, a contrario sensu, y 444, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR ERRÓNEAMENTE CONCEDIDO el recurso interpuesto por Paula Litvachky, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, contra la decisión que declara la inconstitucionalidad de la Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Notifíquese y devuélvase mediante pase en el Sistema Lex 100. Se deja constancia de que el juez Juan Esteban Cicciaro integra la Sala IV por sorteo del 28 de noviembre de 2019, mientras que el juez Alberto Seijas lo hace por sorteo del 6 de marzo pasado, efectuados ambos conforme a las previsiones del artículo 7° de la Ley 27.439.

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA

JUAN ESTEBAN CICCIARO

ALBERTO SEIJAS

Ante mi:

GISELA MORILLO GUGLIELMI

Secretaria de Cámara

 

  Correlaciones:

Acordada 12/2016 – BO: 8/4/2016

 

Cita digital:IUSJU000588F