JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil veinte, siendo las ocho y treinta horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída Tarditti, con la asistencia de los señores Vocales doctores María Marta Cáceres de Bollati y Luis Enrique Rubio, a los fines de dictar sentencia en los autos “C., F. D. p.s.a. producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años, etc. -Recurso de Casación-” (SAC 2469171), con motivo del recurso de casación interpuesto en forma in pauperis por el imputado F. D. C., con el fundamento técnico del abogado defensor Darío Vezzaro en contra de la Sentencia número cincuenta y cuatro dictada el dos de octubre de dos mil dieciocho, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Octava Nominación de esta ciudad.

Abierto el acto por la señora Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

1°) ¿Se ha aplicado correctamente la figura legal prevista en el art. 119, 2° párrafo del CP en relación a los sucesos nominados primero, segundo y cuarto?

2°) ¿Se ha aplicado correctamente el carácter de autor al imputado en el delito de producción de imágenes pornográficas, previsto en el art. 128 primer párrafo, primer supuesto del CP?

3°) ¿Se encuentra debidamente acreditado el delito de corrupción de menores agravada atribuido al imputado?

4°) ¿Se encuentra debidamente fundada la sentencia en orden a la individualización de la pena impuesta a F. D. C.?

5°) ¿Qué resolución corresponde adoptar?

Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Doctores Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y Luis Enrique Rubio.

A LA PRIMERA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti dijo:

I. Por Sentencia n° 54, de fecha dos de octubre de 2018, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Octava Nominación de esta ciudad, en lo que aquí interesa, resolvió: “Declarar que F. D. C., ya filiado, es autor penalmente responsable (art. 45 CP) de los delitos de coacción calificada continuada en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el grave daño producido en la salud psíquica de su víctima, continuado (arts. 149 ter inc. 1º, segundo supuesto en función del 149 bis, segundo párrafo -primer supuesto-, 55 -a contrario sensu-, 55 y 119, párrafos segundo y cuarto inc. “a” -segundo supuesto- del CP) -primer hecho-; coacción calificada continuada en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado, el que concurre idealmente con producción -continuada- y publicación de imágenes pornográficas donde se exhiben a menores de edad y con promoción a la corrupción de menores agravada (arts. 149 ter inc. 1º, segundo supuesto en función del 149 bis, segundo párrafo -primer supuesto-, 55 -a contrario sensu-, 55, 119, segundo párrafo, 54, 128 primer párrafo, supuestos primero y quinto, 125 párrafos tercero y primero -primer supuesto- del CP) -segundo hecho-; producción reiterada -dos hechos, víctimas: M.F.C. y N.M.- y publicación continuada -un hecho, en perjuicio de N.M.- de imágenes pornográficas donde se exhiben menores de edad, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada reiterada -dos hechos, mismas víctimas-, en concurso real con coacción calificada continuada reiterada -dos hechos, mismas víctimas- (arts. 128 primer párrafo, supuestos primero y quinto, 55 a contrario sensu, 55, 54, 125 párrafos tercero y primero -primer supuesto- y 149 ter inc. 1º, segundo supuesto en función del 149 bis, segundo párrafo - primer supuesto- del CP) tercer hecho; coacción calificada continuada en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado el que concurre idealmente con producción continuada de imágenes pornográficas donde se exhiben menores de edad y con promoción a la corrupción de menores agravada (arts. 149 ter inc. 1º, segundo supuesto en función del 149 bis, segundo párrafo -primer supuesto-, 55 a contrario sensu, 55, 119 segundo párrafo, 54, 128 primer párrafo -primer supuesto- y 125 párrafos tercero y primero -primer supuesto- del CP) -cuarto hecho-; y coacción calificada continuada reiterada -cuatro hechos, cuatro víctimas- rotulados quinto, sexto, séptimo y octavo (arts. 149 ter inc. 1º, segundo supuesto en función del 149 bis, segundo párrafo -primer supuesto- 55 a contrario sensu y 55 del CP); todo en concurso real (55 ibíd.); e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de catorce años de prisión, con adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3º, 40, 41 y ccs. del CP y arts. 412 párrafo 1º, 550, 551 y ccs. del CPP)...” (f. 1135 vta.).

II. El imputado F. D. C. manifestó su voluntad impugnativa en contra de la resolución aludida (f. 1279), la cual fue encauzada técnicamente bajo el recurso de casación por el abogado defensor Darío Vezzaro, invocando el motivo sustancial de la vía recursiva esgrimida (art. 468 inc. 1° del CPP).

Luego de transcribir ciertas constancias de la causa a lo que me remito por razones de brevedad (ff. 1435 vta./1463 vta.), recordó que los hechos atribuidos a su asistido no fueron discutidos por lo que su crítica se centrará, únicamente, en la subsunción jurídica efectuada por el a quo en relación al delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Alegó, en tal sentido, que la figura penal aplicada a su asistido lo fue de manera errónea, por el sencillo motivo de que no existe siquiera el delito simple previsto en el art. 119, primer párrafo del CP, por cuanto tratándose la calificante de un subtipo agravado del abuso sexual simple, la concurrencia de la misma depende de la existencia de los requisitos contemplados para la figura básica.

Afirmó luego de citar extensas posturas doctrinas que hacen a su parecer a lo que me remito brevitatis causae (ff. 1464 vta./1469 vta.) que el delito de abuso sexual requiere, necesariamente, un contacto corporal entre el autor y la víctima, pues las limitaciones impuestas por una regulación deficiente de las modalidades posibles de abusos sexuales y la necesidad del mentado contacto, descartan la posibilidad de punir este tipo de comportamiento a la luz de las prescripciones del art. 119 del CP. Dicha limitación, añadió, no puede ser suplida por una interpretación analógica y extensiva como efectuó el sentenciante.

Sostuvo que para la doctrina mayoritaria (v.gr.: Soler, Fontán Balestra, Núñez, Arocena, Buompadre, Donna, Pandolfi, Laje Anaya, Edwards, Parma, etc.), el nudo del comportamiento típico consiste en tocamientos o contactos corporales impúdicos por parte del autor hacia la víctima o que esta sea obligada a llevarlos a cabo sobre el cuerpo del autor, o sobre el de un tercero, o a tolerar que sean practicados sobre su propio cuerpo, por un tercero que a su vez sea obligado por el autor (en este último caso, quien efectuare el tocamiento impúdico, al obrar bajo coacción, amenaza y otras formas similares se convierte en un verdadero autor mediato).

Entendió, por consiguiente, que la existencia de contacto físico impúdico constituye un requisito inexcusable para la configuración del delito de abuso sexual, y si bien es cierto que el sujeto pasivo vivencia un ataque a su pudor personal tanto si se la obliga a desnudarse, o se lo mira simplemente o se le exige mostrarse de tal modo ante terceros, no por ello puede endilgarse la figura en cuestión sino, por ejemplo, el delito de coacción.

Reiteró que el abuso sexual exige actos corporales directos de tocamiento con significación sexual, pues lo contrario implicaría conceder al juez un amplio margen de arbitrio en la ponderación del injusto, puesto que la figura en cuestión exige una aproximación espacial entre el agente y la víctima del delito, circunstancia esta que no puede darse por existente por el único motivo del contacto telemático entre ambos.

Continuando con su relato aseveró que en la justificación sobre la calificación legal sostenida por el tribunal, se utilizaron ciertas afirmaciones dogmáticas tales como: “C. abusó sexualmente” o “realizó el verbo típico”, pero que no dan cuenta de las razones que subyacen para justificar que un contacto telemático sin que exista siquiera diferimiento espacial, pueda configurar en sí mismo la acción propia del delito previsto en el art 119, primer párrafo del CP. Arguyó que el sentenciante aseveró, por un lado, que el tipo penal objeto de análisis no excluía la posibilidad de “abusar sexualmente” y que el “legislador originario evidentemente no previó como posibilidad este medio comisivo”, y por otro lado, que pese a dichos límites la legislación debe ajustarse a tiempos actuales.

Alegó que todo tipo penal respetuoso de la exigencia de lex certa debe nominar e incluir específicamente qué conductas son aquellas a través de las cuales se puede incurrir en un delito, para que todo ciudadano pueda gozar así de las consecuentes garantías que el respeto a la legalidad acarrea.

Aseveró que una interpretación del mentado tipo penal que lleve a incluir en su campo típico conductas como las del presente asunto es lisa y llanamente incorrecta y, además, inconstitucional porque resulta violatoria del principio de legalidad penal tutelado por el art. 18 CN, todo lo cual encuentra su justificativo en dos argumentos centrales, a saber: a) el análisis de las figuras típicas, y b) la interpretación de la ley penal y el respeto al ámbito histórico de lo prohibido.

Sostuvo que si se pretende incluir bajo el ámbito del abuso sexual conductas que no están en él tipificadas, se incurrirá en una suerte de analogía vedada por el principio de legalidad y el de máxima taxatividad legal e interpretativa, pues, en realidad, la norma tiene un límite lingüísticamente insuperable que es la máxima capacidad de la palabra.

Afirmó que se deben extremar los recaudos para que únicamente la ley formal sea fuente de criminalización primaria, no pudiendo el juez completar los supuestos realizando una función legisferante, además de que las dudas interpretativas de esta naturaleza deben ser resueltas en la forma más limitativa de la criminalización. Es que, a su parecer, el mentado principio limitativo del derecho penal se completa con el de índole histórico al ámbito legal de lo prohibido, pues el problema se plantea cuando el texto de la ley aparece abarcando un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. En estos casos se debe tomar en cuenta el contexto cultural del texto legal, y cuando se comprueba un fenómeno de inusitada extensión prohibitiva, se impone una reducción histórica.

Alegó, en tal sentido, que la legalidad es un principio que sirve para garantizar la limitación al ámbito de programación criminalizante legislativa, y no se puede revertir su sentido convirtiéndolo en un argumento de extensión inusitada y nunca prevista en el contexto originario del texto, cuyo efecto es conceder un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad.

Entendió, por consiguiente, que una omisión del poder legislativo no puede ser suplida por el órgano jurisdiccional y menos aun cargada a cuenta del imputado, motivo por el cual de considerarse procedente lo resuelto por el a quo el ámbito histórico de lo prohibido sería trascendido y, a su vez, inusitadamente extendido a situaciones no contempladas por nuestra ley penal de fondo.

Concluyó señalando que estas razones de índole interpretativo son aquellas que más allá de nuestra adherencia a la parte de la doctrina que entiende que este delito solo puede perpetrarse mediante tocamientos impúdicos, vienen a rebatir los argumentos esgrimidos en la sentencia objeto de crítica, con respecto a la existencia de abuso sexual gravemente ultrajante en los hechos desplegados por el imputado (ff. 1430/1475).

III. El a quo fijó -en lo que aquí interesa- las siguientes plataformas fácticas con las salvedades de que, en los eventos primero a cuarto y sexto se “deberá abandonar en su redacción el modo potencial habría”, y en el segundo “se deberá eliminar y filmaciones”.

De esta manera, tuvo por establecido los siguientes sucesos: “Primer hecho: “Que en fecha que no ha podido ser determinada con exactitud pero presumiblemente durante el período comprendido entre los últimos meses del año dos mil nueve (posiblemente mes de diciembre) y el mes de mayo de dos mil dieciséis, en horarios que no han podido establecerse con precisión, el imputado F. D. C. escondiendo su verdadera identidad mediante la utilización de nombres supuestos, estableció contactos vía internet, con M.M.E.H. (de 19 años de edad al comienzo de los hechos), desde lugares no precisados a la fecha por la instrucción (entre ellos, posiblemente desde la vivienda sita en calle (...), o en (...), o en (...) de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con la finalidad de atacar su libertad individual y de vulnerar su integridad sexual, mediante distintas intimidaciones injustas, en un número indeterminado de veces, pero muy superior a dos, la obligó a enviarle distintos archivos, tales como fotografías y filmaciones de su cuerpo desnudo y tocándose diferentes zonas pudendas del mismo. Así, a finales del mes de noviembre del año 2009 el imputado F. D. C., manifestando ser “A. C.”, oriundo de la provincia de Santa Fe y utilizando un perfil falso de Messenger, cuyo nombre para mostrar era “A.” presuntamente a través de la cuenta “(...)”, logró entablar una amistad mediante chat con M.H. quien accedía por intermedio de la cuenta asociada (xxx), desde el domicilio ubicado en (xxx) de la localidad de (...). De esta forma y ganada la confianza de su víctima, el imputado F. D. C. ofreció que, a cambio de códigos de tarjetas de créditos telefónicos, le enviara fotografías de sus pechos con corpiño a través del chat. Que luego de mucha insistencia en los últimos meses del año 2009, posiblemente en el mes de diciembre y en el mismo domicilio especificado, M.H. se tomó una fotografía de cuerpo entero en ropa interior (bombacha y corpiño) con su cámara digital marca Olympus, luego la descargó en su notebook marca Grundig y desde allí se la envió al incoado F. D C. Como este nunca le envió los códigos, le solicitó que borrara la foto y la eliminara del chat, a lo que C. hizo caso omiso y le dijo que le envíe nuevas fotografías de su cuerpo, pero sin nada de ropa. Ante la negativa de su víctima, el incoado, siempre ocultando su verdadera identidad, escondiéndose tras el perfil mencionado, le manifestó que si no lo hacía iba a mandar la foto que tenía de ella a todos sus contactos. Así, ante el temor de que su fotografía se conociera y utilizando el mismo método anterior, H. le despachó una imagen de sus pechos desnudos, sin que se viera su rostro, al tiempo en el que le pidió que la dejara de molestar. Que en el transcurso del año 2010 en cuatro o cinco oportunidades -durante los fines de semana-, cada dos o tres meses -sin poderse determinar con exactitud fecha, ni frecuencia exacta-, el incoado F. D. C. con la misma finalidad, continuó hostigando a M.H. para que esta le remitiera más fotografías bajo amenazas de hacer públicas las que tenía, exigiéndole entre cinco y diez imágenes cada vez que entablaban contacto por Hotmail vía e-mail, las que debían ser capturadas en la forma y modo específico que este le indicaba. Así se tomó distintas imágenes en el dormitorio y baño de su domicilio de calle (...) Provincia de Córdoba, algunas -las correspondientes a las imágenes captadas y remitidas los fines de semana de ese año- mientras que las que tomaba durante la semana lo hacía en el domicilio de calle (...) de esta ciudad de Córdoba, lugares desde los que se las remitió al imputado. En las mismas se visualizaban distintas partes de su cuerpo con y sin ropa interior (de frente, perfil y espalda), enfocando sus pechos (con y sin corpiño), otras juntándolos con sus manos. También fotografías de su zona genital, tocándose su vagina y con las piernas abiertas para que pudiera observar con mayor exactitud la zona requerida. Estas últimas imágenes se las tomó sentada en el piso, todas por exigencia del imputado (en cuanto a las poses y acciones, con el claro propósito de vulnerar su integridad sexual, al hacer que esta se tocara su cuerpo para su deleite sexual). Las imágenes las habría capturado con su cámara digital marca, Olympus. Ya, durante el transcurso del año dos mil once M.H. intimidada por C. quien actuaba con el mismo fin, le envió por medio de la notebook marca “Acer” al incoado, fotografías y videos tomados con una cámara digital marca Sony, en el domicilio especificado durante este relato, de la localidad de (...) -durante los fines de semana- algunas, y en calle (...) de esta ciudad de Córdoba, otras. Fotografías que capturaba H. siempre intimidada por C. y eran de igual contenido a las exigidas durante el transcurso del año 2010 desde la misma cuenta de Hotmail utilizada por el incoado durante los años anteriores para ocultar su verdadera identidad, pero, por medio de e-mails. Al igual que el envío de los videos que filmaba bajo expresas indicaciones del imputado, los que debían comenzar sacándose la ropa frente a la cámara, hasta quedar completamente desnuda, para luego tocarse el busto -con el claro propósito de vulnerar su integridad sexual-, hasta llegar a la vagina y luego tocarse su zona genital -con igual fin-. Tanto para las fotos como para los videos, en muchas oportunidades, le exigía que pusiera “cara sexy”. Con fecha primero de marzo del año dos mil doce, encontrándose H. en el domicilio de la localidad (...) de esta Provincia de Córdoba, el imputado le exigió el envío de otras fotografías a través de e-mails, las que remitió desde la computadora marca “Acer”, utilizando la cuenta señalada y a la dirección que hasta ese momento continuaba utilizando el imputado C. para conectarse con ella (...@hotmail.com), la exigencia señalaba fotos con y sin corpiño, mostrando la cara en algunas y en otras no, cuerpo entero (de perfil, frente y espalda) las que capturó con la cámara digital marca Sony. Que presuntamente en el mes de abril de 2012, M.H. recibió la primera solicitud de amistad de Facebook de un perfil que era A. G. o C., solicitud que no aceptó. Que no obstante ello, en el muro de la víctima aparecieron dos fotos, una era una chica que H. no identificó, con ropa y otra era una foto de aproximación en la que se veía solo un busto, pero se resaltaban coincidencias (lunares) entre las dos fotos para significar de que se trataba de la misma persona. Que el incoado F. D. C. le decía que podía hacer lo mismo con ella, para que sus contactos la reconocieran, todo con el fin de reforzar su posición intimidatoria. Que así, M.H., encontrándose en el departamento ubicado en calle (...), de esta ciudad de Córdoba, recibió del imputado F. D. C. en los días 30 y 31 de mayo, 4, 6, 10, 13 y 14 de junio de 2012 distintos e-mails desde la dirección ...@hotmail.com a la dirección de correo utilizada por la nombrada (mencionada anteriormente), con diferentes intimidaciones para que lo aceptara como amigo en el Facebook en el que figuraba como “A. G.” ya sea especificadas en los asuntos, en su contenido o en ambos a la vez. Siendo las que figuraban en los asuntos de los mails “fotos en bolas”, “fotos desnuda”, “fotosss” y en algunos de los contenidos: “contéstame los e- mail o sino subo todas las fotos y los videos tuyos y etiqueto a todos tus amigos”, “AGREGAME A ESTE FACE AHORA YA http://www.facebook.com/profile.php? id=...” A. G. ME LLAMO”, “AGREGAMEEEEE”, “ME VAS A AGREGAR A ESEEEE FACEE QUE TE PACE?????”, “LISTOOO NO CONTESTAS EN ESTA SEMANA SUBO LOS VIDEOS Y LAS FOTOS Q TENGO ARMO UNA CADENA POR FACE...”. Ante la presión recibida, H., el 14 de junio de 2012, agregó a A. G. como amigo a su Facebook y se contactó por el chat con C. -que se escondía tras ese nombre para mostrar de perfil-, manifestándole en dicha oportunidad, que en ese momento no podía hacer nada porque estaba haciendo un trabajo para la Facultad y después de mantener una conversación con este, eliminó el contacto. Oportunidad en la que F. D. C., utilizando el perfil señalado, le dijo “sos muy culiada, me eliminaste así que por ello, mira la fotito que puse de perfil...” y colocó como foto de perfil, una foto de M.H. desnuda de la cintura para arriba, en la que se veía claramente su cara, con el claro objetivo de que esta supiera de lo que era capaz, reforzando de ese modo su posición intimidatoria dirigida a lograr que esta conectara su cámara web. Que como H. no contestó nada, a los 15 minutos aproximadamente retiró la imagen. El 18 de junio de 2012, encontrándose H. en el departamento de calle (...)(especificado en este relato) recibió del imputado F. D. C. otro mensaje por Facebook mediante la utilización por parte de este del nombre para mostrar de perfil “A. G.”, diciéndole: “me podes contestar? Contéstame y agrégame de nuevo porque si no directamente subo el video que tengo de vos”. H. no lo agregó, y el 20 de junio 2012 el imputado F. D. C. siempre escondiéndose tras el perfil mencionado, le dijo: “no pensas contestar? Mira la foto de perfil que subí... acá comienza todo si no me contestas”, recibiendo, H. el mensaje mientras se encontraba en el departamento presuntamente ubicado en calle (...) de esta ciudad de Córdoba. En esa oportunidad C. publicó una foto de M.H. de frente completamente desnuda, donde se veía su cara, en su perfil “A. G.”. Que ante la negativa manifestada por H. de aceptarlo como amigo en el Facebook este continuó mandándole mensajes que recibió (mientras se encontraba en el domicilio de calle Ituzaingo -lugar especificado en este relato-), los días 21, 22, 23 y 26 de junio del 2012, manifestándole tras el perfil mencionado, con fecha 29 de junio de ese año, que: “porq no contestas? O queres q vuelva a subir la fotooo de perfil y la deje para siempre?”. Para después, con fecha 10 de julio de 2012 decirle: “voy a empezar a enviar tus fotos y los videos porq vos no me contestas, desp no va a ver vuelta atrás una vez que envíe todo”. Continuando con sus amenazas y ya con fecha 21 de julio del 2012, por intermedio del Facebook y utilizando el mismo nombre para mostrar de perfil “A. G.” le manifestó: “...contéstame y vemos cómo termina todo esto sii?... o sino subo la misma foto tuya ke subí el otro día de perfil y no la saco nunca más. Te juro ke lo hago”. Con fecha 26 de julio del año dos mil doce por intermedio de Facebook, durante una conversación que mantuvieron, que se extendió durante casi todo ese día, y encontrándose H. en calle (...), de esta ciudad de Córdoba, el imputado siguió intimidándola con el objeto de que le enviara más imágenes y filmaciones de su cuerpo desnudo logrando que esta, ante el temor de que cumpla con las amenazas, cediera y entre llantos, se mostrara a través de una video llamada desnuda haciendo poses, tocándose sus partes íntimas bajo expresas directivas dadas por el imputado al respecto -logrando de ese modo atentar contra su integridad sexual-, quien entre otras cosas le manifestaba “levántate más que se vean las tetas”, “Emm juntalas con las manos” -ambas frases refiriéndose a sus pechos-, también durante ese contacto y al preguntarle su víctima “que ganas con todo eso??” este le respondió “me pajeo”, “y veo minas en bola es como un logro para mí”, “porque no es lo mismo mirar una q lo hace por plata o por ke le gusta Ke ver a una mina común no es lo mismo”. Después del 30 de septiembre de ese año, H. comenzó a recibir distintas solicitudes de amistad en Facebook, desde perfiles con fotos de perfil de hombres, pero la víctima no los aceptaba, pues sospechaba que eran de A. G. (es decir el imputado F. D. C.) toda vez que este entre el 21 y el 26 de julio de ese año le había adelantado, con el fin de intimidarla, que tenía más de seis perfiles de Facebook para contactarla. Así a partir de noviembre de 2012 empezó a recibir solicitudes con perfiles de mujeres y agregó a facebook a “N. E. G.” y a “N. B. G.” (también perteneciente al incoado F. D. C.). Que M.H., con este último perfil y con fecha 13 de noviembre del 2012, chateó a través de Facebook encontrándose en ese momento en el domicilio de calle (...) (lugar especificado con mayor exactitud durante este relato) y siempre bajo las mismas amenazas el imputado F. D. C. logró que su víctima le enviara 10 fotos donde se la observaba desnuda, las que se sacó con su cámara digital, y para las cuales el incoado F. D. C. había efectuado pedidos especiales en relación a la pose y la postura que debía asumir. Así, le exigía que se viera su rostro, además de los genitales de esta -para lo cual la obligaba a que abriera bien las piernas-, sus pechos -con y sin corpiño-, y que se tocara sus partes pudendas haciendo que se agarrara sus pechos con las dos manos y que se abriera su zona genital para poder observarla mejor en las imágenes, esto con el fin de atentar contra la integridad sexual de H. Para su envío y a requerimiento de H., el imputado le envió un mail en blanco desde el usuario “...@hotmail.com”, al que le remitió las imágenes sin interrumpir el chat de Facebook. Que luego que M.H. le envió las fotografías, el imputado, enfocó con la cámara web sus partes íntimas y se masturbó, mostrando solo la parte de sus genitales, sin lograr esta observarle la cara ni otra parte del cuerpo. Después de ello el incoado -C.- nunca dejó pasar más de tres o cuatro meses sin contactar aM.H., exigiéndole bajo amenazas el envío de fotos íntimas. Que en algunas oportunidades la víctima respondía enviando fotos sin ropa y otras veces no. Ya con fecha 3 de septiembre de 2013, encontrándose en calle (...) de esta ciudad de Córdoba, recibió una solicitud de amistad en Facebook cuyo nombre de perfil para mostrar era “Ayuda Emocional”, tras el cual el incoado C. también escondía su verdadera identidad y por mensaje privado, entabló una conversación con H. y bajo las mismas amenazas anteriores, intentó hacer una videollamada por Facebook, pero no lo logró, por lo que le exigió que le enviara fotos desnuda, según las especificaciones que él le daba, tales como que realizara distintas poses y tocamientos de contenido sexual explícito. Manifestándole frases tales como: “sacate 4 fotos: una de teta normal, la otra de tetas levantándotelas con la mano, otra de tetas más de perfil y la última qte veas completa todo el cuerpo”, “sacate una de atrás en cuatro con las piernas bien abiertas”. Que el 12 de septiembre de 2013, en el perfil cuyo nombre para mostrar era el de “Ayuda Emocional” el incoado F. D. C. puso una fotografía, como foto de perfil de una chica desnuda -no identificada aún por la instrucción- con el fin de continuar intimidándola. Con fecha 17 de septiembre de 2013, encontrándose H. en calle (...) de esta ciudad de Córdoba, el procesado F. D. C. le envió una solicitud de amistad, con el fin de causarle temor e intimidarla, desde otro perfil de Facebook que se llamó “N. L. D.” el cual tenía como foto de perfil una chica desnuda con el dedo pulgar hacia arriba. El siguiente contacto con el imputado F. D. C. fue el 11 de noviembre 2013 donde se conectó mediante la utilización del perfil de Facebook cuyo nombre para mostrar era “J. M. d.”, enviándole a H., mientras esta se encontraba en el departamento de calle San Lorenzo (lugar especificado anteriormente), una solicitud de amistad con fines intimidatorios, siendo la fotografía para mostrar del perfil señalado, una imagen de M.H. totalmente desnuda donde se observaba su rostro, la que hizo pública y mantuvo durante dos días. Con fecha 10 de julio del año dos mil catorce, encontrándose H. en calle (...) de esta Ciudad (dirección exacta especificada anteriormente), recibió del imputado C. una solicitud de amistad en Facebook, escondiéndose este bajo el nombre para mostrar de perfil “A. C.” y desde el mismo le exigió el envío de fotografías o videos describiendo las poses con las que debía salir en las mismas. Que el 17 de septiembre de 2014, M.H. estando en el domicilio de calle (...) (especificado anteriormente en este relato) advirtió que el incoado F. D. C. ocultándose tras el perfil de “Vero Oviedo”, le escribía solicitándole que le responda. Atento a que la víctima H. no le contestó, los días 23, 27 y 29 de septiembre de 2014 el imputado F. D. C. le envió solicitudes vía Facebook, las que recibió H. en su domicilio de calle (...) de esta Ciudad (dirección exacta especificada anteriormente), estas también lo eran ocultando su verdadera identidad desde el perfil cuyo nombre para mostrar era el de “R. C.”, manifestándole en la última de las fecha señaladas, que quería hacer una video llamada, a lo que H., por temor, accedió. Durante la misma, el incoado le exigió, con la clara intención de vulnerar su integridad sexual, que se sacara la ropa hasta desnudarse y luego que se tocara sus genitales. Posteriormente, el treinta de enero del año dos mil quince, el imputado F. D. C. adoptando un nombre para mostrar de perfil identificado como “C. L.” con foto para mostrar una de H. desnuda la contactó nuevamente por Facebook, manteniendo la misma en ese perfil por escaso tiempo y de manera pública, para luego eliminarla. Que muchas de las veces que el incoado F. D. C. se contactaba con su víctima con perfiles falsos, el nombre de estos eran amenazas, tales como “acéptame, sino subo las fotos” “etiqueto a tus amigos”. Con fecha 23/2/2015 el imputado la contactó nuevamente por Facebook con el nombre para mostrar de perfil “K. R.”. El catorce de mayo de 2015 el incoado F. D. C. la volvió a contactar, a través de Facebook, a H. con el nombre para mostrar de perfil “A. C.”, preguntándole “Estas?”, a lo que H., no respondió ni abrió. Que el veinticinco de agosto de 2015 el imputado F. D. C. envió a M.H. una nueva solicitud de amistad desde el perfil de “B. A.”, la cual esta aceptó con fecha uno de septiembre de ese año. Que ese día, siempre bajo las amenazas arriba descriptas, y encontrándose H. en el domicilio de calle (...) (lugar especificado durante este relato) el imputado F. D. C., la contactó a través de una video llamada de Facebook, y le exigió, con el claro fin de menoscabar su integridad sexual, que se desnudara y que se tocara sus genitales, lo que la víctima por temor efectuó. Con fecha 17 de diciembre del mismo año 2015, este la contactó, mientras ella se encontraba en el domicilio de calle (...) (lugar especificado durante este relato) y por intermedio de la red social Facebook y utilizando como nombre para mostrar el de “C. A.” le preguntó “Estas?”, a lo que H. no respondió. El veintiocho de enero del año dos dieciséis la contactó desde el nombre para mostrar de perfil “M. acéptame ya A.” y le dijo “Estas?”. Después el veintidós de febrero del mismo año el imputado la volvió a contactar por Facebook desde un nombre para mostrar de perfil “L. M.”, escribiéndole en esa oportunidad, “Soy el de las fotos, contéstame lo más antes posible o sino subo una foto tuya”, a la vez que publicó una foto del torso denudo de H. en el que se observaba su rostro, la que ese mismo día retiró, todo esto ante la negativa de respuesta de su víctima a quien siguió hostigando, con la utilización de diferentes perfiles, el veintitrés de febrero donde le escribió “??????”, el uno de marzo de ese año, donde le escribió “contestá o subo”, al igual que el dos de marzo del mismo año donde le escribió “Ya subí, estas?”. Y siempre con la misma intención. Al igual que el seis de marzo del 2016, donde le escribió “Contéstame o subo foto”, mientras el siete de marzo de 2016, el incoado F. D. C. le volvió a escribir a M. H. “ya puse foto” desde uno de los perfiles que este utilizaba para ocultarse, “L. M.”, el cual tenía como foto para mostrar una de cuerpo entero desnudo de H., donde se observaba su rostro. Después, el 22 de marzo de 2016 el imputado C. se contactó también por Facebook, con M.H. utilizando el nombre para mostrar de perfil “V. C.” con un mensaje que decía “soy el de las fotos contéstame o las subo”, logrando visualizar en ese momento solamente la parte del escrito que decía “SOY EL DE L FOTOS CON...”.Con igual modalidad el veintisiete de marzo del dos mil dieciséis, el imputado C. volvió a escribirle en Facebook, ocultando su identidad tras el nombre de “E. G.”, “estas¿?¿?”, para después el veintiocho de marzo del mismo año enviarle otro mensaje utilizando como nombre para mostrar del perfil el de “C. D., preguntándole primero “Estas?” para después con fecha treinta de marzo del mismo año, escribirle desde el mismo nombre para mostrar de perfil, que había puesto su foto de perfil y luego intimidarla diciéndole, “Le mando las fotos a tu novio”, ese día se había conectado con el nombrado a través de una video llamada. El 29 de mayo de 2016, M.H. recibió una nueva solicitud que el imputado F. D. C. le envió como “B. E.”, escribiéndole a dos amigos de M.H., M.C. y a C.F. -sobrino de su padrastro que vive en (...)-, a los cuales les decía que estaba tratando de contactar a M.H., porque si no “subía las cosas”. Que estas personas le avisaron a M.H. de esa comunicación, pero no le dieron importancia. Que el 30 de mayo de 2016 desde ese mismo perfil, el imputado F. D. C., le envió a M.H. un mensaje preguntándole si estaba, al que ella no respondió nada. Presuntamente a los mensajes de fecha 23 de febrero 1, 2, 6, 7, 22, 27, 28 y 30 de marzo del año dos mil dieciséis los abrió con fecha no determinada con exactitud pero ubicable aproximadamente una semana antes del día 9/9/2016, tomando conocimiento del total de su contenido a través de su teléfono celular marca Samsung mientras se encontraba en el departamento de (...) (lugar exacto, precisado en este relato). A consecuencia del accionar del acusado que comprende los abusos sexuales gravemente ultrajantes -por su duración y las circunstancias de su realización-, H. sufrió un grave daño psíquico que la afectó en su esfera emocional y social”. Segundo hecho: “Que en fecha que no ha podido ser determinada con exactitud pero durante el período comprendido entre finales del año dos mil nueve (presumiblemente en el mes de diciembre, habiendo finalizado el periodo lectivo) hasta septiembre u octubre del año 2010 aproximadamente, en horarios no precisados con exactitud, el imputado F. D. C. escondiendo su verdadera identidad mediante la utilización de nombres supuestos, estableció contactos vía Internet, con G.A.A. -nacida el 1/4/1993, de 16 años de edad al comienzo de los hechos-, desde lugares no precisados a la fecha por la instrucción (presumiblemente desde la vivienda sita en calle (...), Provincia de Córdoba, o en (...) de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba), con la clara intención de atentar contra la libertad individual de esta, su integridad sexual y torcer el libre y normal desarrollo de su personalidad sexual, mediante distintas intimidaciones injustas, en un número indeterminado de veces, pero muy superior a dos, la obligó a enviarle distintos archivos, tales como fotografías y filmaciones de su cuerpo desnudo y a tocarse su zona vaginal e incluso a introducir sus dedos en su vagina. Así, con fecha no establecida con exactitud pero ubicable a finales del año dos mil nueve (presumiblemente en el mes de diciembre después del periodo lectivo), el imputado F. D. C., contactó, a través de Internet utilizando el servicio de mensajería de “MSN Messenger”, ocultando su verdadera identidad a través del nombre para mostrar “A. G.”, a G.A.A.,, quien accedía a Messenger, a través de la cuenta del servicio de correo electrónico de Hotmail (...@hotmail.com) y de la computadora ubicada en su domicilio de calle (...) Provincia de Córdoba. En dicha oportunidad el imputado (que conocía a G.A.A., ya que vivían en el mismo pueblo (...), valiéndose de engaños y mediante conversaciones y tratos amigables, fue (durante aproximadamente quince días) ganando la confianza de la nombrada, para luego solicitarle que le enviara una fotografía “de sus tetas” -haciendo referencia a sus senos- a cambio de tarjetas de recarga de crédito para teléfono celular, que el mismo, le proporcionaría. Así las cosas, en fecha no establecida con exactitud pero durante los primeros días del mes de enero del año 2010 en el horario comprendido, presumiblemente entre las 14:00 y las 16:00 hs. aproximadamente, en el baño de su domicilio, G.A.A., se tomó la fotografía solicitada -sin que se viera su rostro con su cámara (marca “Kodak” de 8,2 megapíxeles), la que le envió al imputado a través de Messenger, para después, solicitarle la carga prometida por este. A lo que C. se negó, con la excusa de que “no se veía bien” -refiriéndose a la imagen- y solicitó que le enviara una nueva, la que G.A.A. remitió al día siguiente, dicha remisión comprendía una fotografía de esta desnuda la que encuadraba la parte delantera de su cuerpo, desde arriba de su ombligo hasta debajo de su nariz, apreciándose sus pechos y la parte inferir de su rostro. A partir de ese momento el imputado comenzó a exigirle, sin mediar promesa alguna, la remisión de nuevas fotografías bajo amenaza de publicar la fotografía que obraba en su poder, así le pidió una imagen de la parte de atrás de su cuerpo, remitiendo G.A.A. una en la que se le veía “su cola” -hace referencia a sus glúteos-, la que al ser recibida por C. y con la excusa de que “no se veía bien”, le exigió una nueva imagen de similares características a la enviada, la que también, G.A.A. se tomó en el mismo domicilio dentro del horario comprendido entre las 14:00 y las 16:00 hs., pero esta vez la imagen era “de su cola desnuda... enfocada de manera oblicua y desde abajo en un ángulo de cuarenta y cinco grados” ante la exigencia del imputado de que se sacara “...una foto desde abajo y que se te vea bien la concha, que se vea bien, y también del culo y de las tetas...”la que G.A.A. se tomó con la cámara Kodak mencionada, para después transferirla, por medio de la computadora ubicada en su domicilio -previa descarga en la misma-, a su teléfono móvil -marca Samsung y enviarla desde un ordenador de un Ciber, localizado en la ciudad de (...), a través de “MSN Messenger” aproximadamente a las 20:00 hs. del día en que habría tomado la imagen-. Pocos días después (sin poderse especificar fecha exacta) C. le exigió nuevamente el envío de otra imagen específica, en la que se visualizara “su concha” -haciendo referencia a sus genitales- a lo que G.A.A., se habría negado. Ante lo cual el imputado, continuando con sus exigencias coactivas, le dijo: “que si no le enviaba la foto solicitada iba a crear un perfil en la red social “Facebook” en el cual iba a subir las fotos que ya tenía en su poder y la iba a etiquetar a ella y a todos sus contactos para que todos la vieran” y para reforzar su amenaza le nombró personas que podría etiquetar, las que formaban parte de sus contactos de Facebook, ante lo cual G.A.A. tomó la fotografía de su parte genital en el baño de su domicilio, en igual horario que las anteriores y envió desde la computadora que se encontraba instalada en el lugar. Al otro día de haberse negado G.A.A. a remitir nuevas imágenes -sin poderse especificar fecha exacta pero sí, ocurrido durante el mes de enero del año dos mil diez-, el imputado C., creó un perfil en la red social Facebook cuyo nombre para mostrar era el de “G A”, acompañado de una fotografía de una persona de sexo femenino, que no era G.A.A., pero en el cual había un álbum de acceso público cuyo nombre era “G Á Desnuda” donde publicó las fotografías producidas hasta ese momento relacionadas a la persona de G.A.A., donde se la observaba desnuda. Durante el mes de septiembre u octubre del año dos mil diez G.A.A. habría dejado de utilizar el perfil de Facebook y creando uno nuevo. También dentro del período hasta acá mencionado, sin poderse determinar fecha exacta, con igual intención delictiva y en un número indeterminado de veces, C. le exigió que se tomara fotografías “bien de cerca” de su vagina, aclarándole que “se abriera” (refiriéndose a abrir sus labios vaginales) y se tocara e introdujera sus dedos en la misma. Igualmente en una de las fotografías que le obligó a producir el imputado que se tomara para después remitirle, dentro de sus exigencias estaba el de que levantara el dedo pulgar de su mano izquierda, toda vez que con su mano derecha sostenía la cámara fotográfica. Todos estos actos, a más de comprender las distintas intimidaciones injustas y paralelamente los abusos sexuales gravemente ultrajantes -por suduración y circunstancias de su realización-, sufridos por la menor, fueron actos de connotación sexual objetivamente excesivos y perversos, aptos para torcer tempranamente la personalidad sexual de esta y enviciar precozmente su conducta sexual. Cuarto hecho: “En fecha que no ha podido ser determinada con exactitud, pero presumiblemente durante el período comprendido entre principios del año dos mil ocho (entre los meses de enero y febrero) y los meses de noviembre o diciembre del año dos mil once, en horario no precisado por la instrucción, el imputado F. D. C., mediante engaño y ocultando su verdadera identidad -utilizando nombres supuestos-, estableció contactos vía internet, desde lugares no precisados a la fecha por la instrucción (presumiblemente desde la vivienda sita en calle (...), Provincia de Córdoba, o desde la sita en calle (...) de esta ciudad de Córdoba, o desde Artigas (...) de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba), con C.A.U. -nacida el 20/8/1993, con 14 años de edad al comienzo de los hechos- con la finalidad de atacar su libertad individual, vulnerar su integridad sexual y torcer el libre y normal desarrollo de su personalidad sexual, mediante distintas intimidaciones injustas, en un número indeterminado de veces, pero muy superior a dos, la obligó a enviarle distintos archivos, tales como fotografías de su cuerpo desnudo y a tocarse el mismo en la zona de sus genitales y de sus pechos. Así, con fecha y horario no establecida con exactitud pero ubicable presumiblemente a principios del año dos mil ocho, entre los meses de enero y febrero, el imputado F. D. C., a través del servicio de chat de “MSN Messenger”, utilizando un usuario no determinado con exactitud, como nombre para mostrar de perfil el de “A.” y/o “A.” tras el que escondía su verdadera identidad, contactó a C.A.U., la que accedía a Messenger a través de la cuenta asociada ...@hotmail.com, nombre para mostrar “C” y de la computadora ubicada en el domicilio de sus padres donde esta vivía, sito en (...) de esta Provincia de Córdoba, oportunidad en la que le ofreció brindarle un código de tarjeta para recarga de telefonía móvil para después solicitarle, primero que le enviara una fotografía “en lolas y con el pulgar para arriba” (refiriéndose a una imagen de sus pechos y con el dedo pulgar de una de sus manos hacia arriba) y posteriormente, ante la negativa de esta, exigírselo mediante amenazas “de que iba a trucar una foto de ella (...) que iba a poner una foto desnuda con su cara (...) que la iba a pasar a todos sus contactos y (...) a mandar a todos los boliches de la zona...”. Al mismo tiempo y para lograr que eso sucediera la contactó a C.A.U. mediante la utilización de un nombre que tampoco revelaba su verdadera identidad (el que no ha podido ser establecido a la fecha por la Instrucción), pero en ese momento quien aparentaba para C.A.U., ser una persona de sexo femenino, le habría manifestado “que no pasaba nada, que le mande la foto”, fue allí que accedió a enviarle una foto de la imagen solicitada, la que tomó con su teléfono Sony Ericsson, sin que se le viera su rostro. Aproximadamente dos meses después de lograr la imagen, C., le exigió que le remita nuevas fotografías “en lolas y con el pulgar para arriba” por lo que movida por el temor, le despachó tres fotos iguales a la remitida en la primera oportunidad, las que también tomó con su teléfono celular o con una cámara digital marca Olympus modelo X 815 -lo cual no se ha podido establecer con exactitud a la fecha por la instrucción-. Las imágenes fueron capturadas por C.A.U. en su dormitorio y después remitidas al imputado a través de su ordenador. Entre los años dos mil ocho y dos mil nueve -sin poderse precisar la fecha exacta- la menor creó una cuenta en la red social de Facebook, contactándose el imputado con la misma y, bajo el nombre para mostrar de “A. C.”, le exigió, bajo amenazas de publicar las fotos que tenía, que se tomara nuevas fotografías para su envío, donde se le viera su rostro y dándole instrucciones al respecto en relación a como, debían ser las mismas. Así, la obligó a que en las tomas se tocara la zona genital y se introdujera sus dedos, que se tocara sus senos y que se las tomara donde hubiese luz, por lo que las imágenes C.A.U., las capturó en el patio de su domicilio (más exactamente en la galería de su vivienda que da al patio) y de frente a la cámara digital mencionada y envió al imputado presuntamente desde el mismo sitio. Utilizando el incoado para contactarla e igualmente ocultar su verdadera identidad, y exigirle bajo amenazas la producción de imágenes, por un período de tiempo no establecido a la fecha por la instrucción, el nombre para mostrar de “Y. G.”. En alguna de las oportunidades en que establecieron contacto -sin poderse especificar la fecha-, C. se enfocó con la cámara que poseía la terminal desde la que se conectaba y se exhibió, masturbándose. Que también siendo menor de edad -durante un período veraniego, sin poderse especificar fecha exacta-, este la obligó -bajo las mismas amenazas, de publicar las fotografías producidas que obraban en su poder- a grabar y enviarle un video donde le pedía que sonría y se filme la cara y los senos, también que “...se abriera bien la concha y se introdujera sus dedos en la misma...”.Que además -sin poderse especificar fechas exactas- este sujeto la contactó por correo electrónico, posiblemente con un intervalo de entre tres o cuatro meses, pero exigiéndole fotos cada vez que se conectaban, aproximadamente cinco o seis cada vez que lo hacían, las que también tomaba con su cámara digital y luego subía al ordenador para hacérselas llegar. Durante el trascurso del año dos mil once y estando C.A.U. viviendo en el departamento ubicado en calle (...), de esta ciudad de Córdoba, el imputado la contactó nuevamente, utilizando un perfil femenino que respondía al nombre de “Natalia” sin poderse establecer con exactitud el apellido utilizado, pero presuntamente “Díaz”. Perfil que estaba individualizado con una foto de portada de la persona de G.Á. (conocida de C.A.U. y oriunda de la localidad de (...), Pcia. de Córdoba) donde se la veía con su torso desnudo exhibiendo sus senos, lo que a ella, le infundió temor (C.A.U. no quería que el imputado le hiciera lo mismo que a A.), por lo que al despedir a su novio que en ese momento se encontraba con ella, y ya, sola en su domicilio, la víctima advirtió, que tras este último perfil, el imputado, le había solicitado el envío de más fotografías, por lo que le remitió aproximadamente otras cuatro fotos, previo expresarle que no iba a seguir con eso porque se sentía mal haciéndolo, que hiciera lo que quisiera con las fotos que tenía. Estas tomas también fueron efectuadas por C.A.U., con su cámara marca Olympus, en el interior de su departamento, sin remera y en el sector de su dormitorio de pie y desnuda, las que desde su ordenador le envió al imputado. Aproximadamente dos meses después (sin poderse especificar fecha exacta) encontrándose la nombrada tomando clases en la Facultad a la que asistía, siendo aproximadamente las 8:00 hs. observa en el teléfono móvil que utilizaba (marca Samsung, con pantalla táctil) que el imputado le “pedía fotos” y le insistía con ello. Motivo por el cual “ante la desesperación” y movida por el temor que este le infundía, se dirigió hacia su departamento donde se tomó nuevas fotografías del mismo tenor, esto es desnuda, donde se le veían los senos y su vagina, en todas se veía su cara, las que le envió al imputado. Así, y valiéndose C. del temor que C.A.U. le tenía, que se había ido acrecentando a través de los años, ya que este a medida que pasaba el tiempo contaba con mayor material fotográfico producido, para hacerlo público (según sus amenazas), dominada por el autor, y ya, entre los meses de noviembre o diciembre del año dos mil once encontrándose C.A.U. en la localidad de (...) -donde vivían sus padres-, el imputado se contactó nuevamente por Facebook (sin poderse especificar la fecha exacta y desde que perfil lo hacía) pidiéndole que le remitiera nuevas fotografías, a lo que C.A.U. se negó y rendida le manifestó, que “no quería saber más nada, no veía otra solución y ...que haga lo que quisiera que las publicara si quería”, para después seguir insistiendo y exigiendo el imputado además “que se conectara con una cámara web, que la quería ver”, requerimiento al que le respondió, haciendo referencia a la cámara, “que no tenía y no tenía plata para comprarse una”, ante la obstinación demostrada por el imputado y después de manifestarle esta, que era la última vez que lo hacía, es que buscó dinero y compró una cámara marca “Sony”, y se conectó con su interlocutor (C.) filmándose, mientras, bajo exigencias del imputado motivadas en el claro propósito de vulnerar su integridad sexual, se tocaba sus pechos y su vagina a requerimiento de aquel. Con posterioridad a ello y hasta antes del 20 de agosto del año dos mil catorce -posiblemente el mes de julio de ese año el imputado la siguió contactando por medio de Faceebook, utilizando perfiles no establecidos a la fecha por la instrucción, oportunidades en que también la amenazaba en los términos mencionados, por lo que encontrándose en su departamento de calle (...) o en su domicilio de la localidad de (...) y obligada por este, le enviaba fotografías de distintas partes de su cuerpo desnudo (donde se veían sus pechos y sus genitales). Todos estos actos, a más de comprender las distintas intimidaciones injustas y paralelamente los abusos sexuales gravemente ultrajantes -por su duración y circunstancias de su realización-, sufridos por C.A.U. hasta que esta cumplió su mayoría de edad, fueron actos de connotación sexual objetivamente excesivos y perversos, aptos para torcer tempranamente la personalidad sexual de esta y enviciar precozmente su conducta sexual”.

IV.1. El impetrante perfiló su crítica en relación a la calificación jurídica postulada por el a quo, al entender que los sucesos nominados primero, segundo y cuarto atribuidos a su asistido fueron erróneamente subsumidos en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, puesto que la conducta típica nunca se verificó. Su detracción se centró, específicamente, en la ausencia de configuración de los requisitos contemplados para la figura básica y es sobre ello que recayó toda su hipótesis defensiva. Recuérdese que el recurrente sostuvo que el abuso sexual simple para su consumación admite -únicamente- actos corporales directos de tocamiento con significación sexual, toda vez que una interpretación del tipo penal que exceda dicha parámetro implicaría, a su parecer, conceder al juez un amplio margen de arbitrio en la ponderación del injusto, puesto que la figura en cuestión exige una aproximación espacial entre el agente y la víctima del delito, circunstancia esta que no puede darse por existente por el único motivo del contacto telemático entre en el autor y las víctimas.

Por todo ello entendió que la intelección propiciada por el a quo su una interpretación analógica, extensiva y, por ende, violatoria del principio de legalidad previsto en el art. 18 de la CN en su corolario d stricta y, a su vez, en la exigencia de lex certa pues con ello se una libertad desmesurada al juez penal para interpretar y aplicar el tipo penal.

2. De esta manera, la crítica argüida se enmarca en el motivo sustancial de casación y tal como lo ha sostenido esta sala penal desde antiguo y aun con distinta integración, cuando se recurre por dicho aspecto se coordina la interpretación unitaria de la ley de fondo, sometiendo la interpretación de la ley al más alto Tribunal de la Provincia y ante el cual la causa llega con los hechos del proceso definitivamente fijados, para que solamente se juzgue de la corrección jurídica con que han sido calificados (Exposición de Motivos a la ley 3831, Assandri, 1950; TSJ, Sala Penal, “Soria”, A. n° 13, 12/2/1998; “Arce”, A. n° 214, 27/11/2007, entre otros).

V. Ingresando al análisis de los agravios expuestos por el recurrente entiendo que los mismos no deben ser admitidos, conforme los argumentos que se expondrán a continuación.

En tal sentido, antes de sopesar cada una de las críticas postuladas por el impetrante, corresponde efectuar determinadas consideraciones que guiarán la meritación pretendida y permitirán justificar, concienzudamente, las conclusiones que aquí se persiguen.

1. En primer término, es necesario recordar que a C. se le atribuyeron diversos delitos (v.gr.: coacción, abuso sexual gravemente ultrajante, etc.), que encontraron como común denominador la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) -redes sociales, etc.- y la ocultación de su verdadera identidad a partir de dicho contexto, todo ello a los fines de lograr su específica y preponderante finalidad delictiva: atentar contra la integridad sexual de las víctimas.

Precisamente, la actuación del imputado se pergeñó en un especial marco de referencia pues, sin lugar a dudas, el uso de las TIC supone (entre otras consideraciones) el manejo de herramientas informáticas o dispositivos electrónicos que han implicado un impacto profundo en la sociedad moderna conllevando, entre otras cuestiones, a un aumento sin precedentes en la forma de relacionarse -en gran cantidad de casos de forma instantánea- lo cual fue utilizado, en lo que aquí interesa, para la concreción de un determinado plan delictivo.

Nos encontramos ante un entorno de socialización inaudito para tiempos pasados, en donde la utilización de las TIC facilitan a ciertas personas con fines delictivos (terceros desconocidos) la expansión de su ámbito de actuación, multiplicando su llegada a un número considerable de posibles víctimas, permitiendo -en muchos casos- que dichas actividades (ilícitas) se realicen de forma inmediata, despersonalizada y, en lo que aquí interesa, con inusitada capacidad de lesión a distintos bienes jurídicos.

Esto último como consecuencia, por ejemplo, de un actuar coactivo que se expande producto, precisamente, del alcance global que el internet representa en la denominada “era digital”, y ello en su conjunción con la multiplicación de la victimización conforme la difusión de las imágenes obtenidas.

Ese ámbito, reitero, inimaginable otrora conlleva a la interpretación de una nueva (o no tanto) realidad, en donde lo personal -entendido aquí como trato inmediato material- se ve sustituido por un contacto singular en el ciberespacio, es decir en el ámbito virtual por medios informáticos, en donde la dependencia de las personas a las TIC se acrecienta producto de que, en cierta medida, las mismas se introducen en todos los aspectos de la vida cotidiana.

En tal sentido, en el precedente “Dávila” (S. n° 122, 19/4/2018) de esta Sala Penal -en donde se analizaron los requisitos típicos del delito de child grooming- se sostuvo que la falta de contacto personal, con la mayor facilidad de ocultar la identidad y las intenciones del victimario, las mejores posibilidades de seducción ante el aislamiento de la interacción con la víctima del medio social desde los primeros momentos, la desinhibición que esa despersonalización acarrea y la dependencia de las nuevas generaciones a los modernos sistemas telemáticos que plantean las TIC, confluyeron en aumentar de manera exponencial las conductas desarrolladas por ciertos individuos y sus posibilidades de eficacia, los cuales amparados generalmente en el anonimato que brindan los medios utilizados se valen de dichas circunstancias para concretar sus fines.

Este desarrollo sustancial de la tecnología y del acceso a la información, por su potencia y penetración en la sociedad actual, amplió los horizontes, borró límites, jurisdicciones y fronteras y trajo consigo nuevos riesgos y conductas disvaliosas que, en algunos supuestos, únicamente implicaron la comisión por medios novedosos de conductas delictivas existentes desde antaño.

En definitiva, a partir de las TIC no solo se desarrollan ciertas conductas que propenden a nuevas formas de criminalidad con matices particulares, sino que a partir de las mismas se pergeñan formas evolucionadas de cometer delitos preexistentes que afectan bienes jurídicos estipulados por el legislador con anterioridad y que, en lo que aquí interesa, se encuentran dentro del tenor literal del tipo penal y del ámbito de protección de la norma, tal como se verá en los párrafos que siguen.

2. Otra de las cuestiones trascendentes en el presente análisis se encuentra en los alcances que cabe otorgarle al bien jurídico protegido, es decir la “integridad sexual”.

En tal sentido, esta Sala Penal en determinados precedentes ha señalado que la nueva rúbrica del Título 3 del Libro Segundo del CP en cuestión desbancó a la honestidad, situándose ella como más amplio objeto de tutela penal. Se adujo, al respecto, que lo que se pretendió resguardar es el derecho de todo individuo a un trato sexual libre y consciente, prerrogativa que -cuando atañe a menores que no pueden prestar un consentimiento válido- mutó en un derecho a la intangibilidad sexual (TSJ, Sala Penal, “Bidondo”, S. n° 22, 7/3/2007; “Herrera”, S. n° 336, 10/12/2008; “Ribas”, S. n° 208, 12/8/2013).

A ello debe añadirse que la locución “integridad sexual” debe ser entendida como el derecho a la disponibilidad del propio cuerpo en cuanto a su sexualidad, y que es eso lo que se atenta cuando se produce una agresión sexual pues, de lo contrario, se confundiría con las demás injurias o lesiones físicas o psíquicas (Cfr.: De Luca, Javier A., López Casariego, Julio, Delitos contra la integridad sexual, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pág. 28).

De esta manera se entiende que lo protegido es la libertad sexual, que en relación a las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad (autodeterminación sexual), se específica como el derecho a mantener relaciones o realizar actividades de naturaleza sexual solo con su consentimiento, o -en un sentido más amplio- como el derecho de todo individuo a no verse inmiscuido en contextos de naturaleza sexual en contra de su voluntad (Ragués I Vallès, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, en Silva Sánchez (dir.) - Ragués I. Vallès (coord.), Lecciones de derecho penal. Parte especial, pág. 107, citado en Arocena, Gustavo, Ataques a la integridad sexual, Astrea, Buenos Aires, 2015, pág. 5); y en lo que respecta a menores o incapaces se corresponde con la indemnidad sexual en cuanto a un desarrollo de la sexualidad progresivo y libre de injerencias indebidas (Arocena, Gustavo, op. cit., pág. 6).

3. Por otra parte, es importante traer a colación el precedente “Laudin” (S. nº 334, 9/11/2011) de esta Sala Penal, en donde se adscribió a la tesis que sostiene que en el delito de abuso sexual lo determinante para la configuración del tipo es el carácter objetivamente impúdico de la conducta del autor, a lo que se agrega, subjetivamente, el dolo consistente en el genérico conocimiento de que se comete un acto impúdico y la voluntad de ejecutarlo, aunque el autor además tenga otros fines, como puede ser la humillación, la venganza, etc. (Cfr. Núñez, Ricardo C., Derecho Penal Argentino - Parte Especial, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1964, T. IV, págs. 311/312; soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, 3ª ed., Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, T. III, pág. 298/301; Arocena, Gustavo A., Delitos contra la Integridad Sexual, Advocatus, Córdoba, 2001, págs. 38, 48 y ss.; Reinaldi, Los delitos sexuales en el Código Penal Argentino, 2ª ed., Lerner, Córdoba, 2005, pág. 45 y ss.; Creus, Derecho Penal Parte Especial, 7ª ed., Astrea, Buenos Aires, pág. 184 y ss.).

4. Es trascendente destacar que el obrar atribuido a C. en todos los supuestos involucró un ostensible accionar constitutivo de violencia de género, conforme los lineamientos brindados por este Tribunal Superior al respecto en su conjunción con los instrumentos internacionales ratificados por la República Argentina con relación a ello y las disposiciones nacionales en tal sentido.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, clarificó que la Convención CEDAW “era plenamente aplicable a los entornos tecnológicos, como Internet y los espacios digitales, donde las formas contemporáneas de violencia contra las mujeres y las niñas a menudo se cometían en su forma redefinida” (Recomendación General nº 35, 2017, citado en el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias del Consejo de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), A/HRC/38/47 de fecha 18/6/2018 (disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=106).

En ese informe se concluyó que el derecho internacional de los derechos humanos y sus metas sobre el logro de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la eliminación de la violencia contra la mujer en la vida pública y privada son plenamente aplicables en espacios digitales y actividades facilitadas por las TIC.

Se adujo que: “...si bien muchas formas de violencia en línea no son completamente nuevas, adoptan distintas formas y afectan a las mujeres y las niñas en forma múltiples y diversas debido a la especificidad de los tipos de tecnología de la información y las comunicaciones, como la rápida expansión (“viral”), la posibilidad de búsquedas globales y la persistencia, la replicabilidad y la escalabilidad de la información, lo cual también facilita el contacto de los agresores con las mujeres a las que agreden, así como la victimización secundaria...” (el subrayado me pertenece).

Se aclaró, a su vez, que la tecnología ha transformado muchas formas de violencia de género en algo que puede cometerse a distancia, sin contacto físico y que va más allá de las fronteras mediante el uso de perfiles anónimos para intensificar el daño a las víctimas. Todas las formas de violencia de género en línea se utilizan para controlar y atacar a las mujeres y mantener y reforzar las normas, los papeles y las estructuras patriarcales, y una relación de poder desigual.

Por ello, se entendió en el mentado informe que: “La protección de los derechos humanos de la mujer y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la vida pública y privada en el ´mundo real´, sigue siendo un reto mundial que se ha extendido al espacio digital de los medios sociales, como Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube y Tumblr y otras comunicaciones de telefonía móvil, sitios de microblogs y aplicaciones de mensajería (como WhatsApp, Snapchat, Messenger, Weibo y Line), que ahora forman parte de la vida cotidiana de muchas personas en todo el mundo...”. En el caso, el actuar del imputado evidenció una clara posición de dominio frente a sus víctimas mujeres, a partir de una relación asimétrica que demostró una patente situación de desigualdad (ver al respecto: TSJ, Sala Penal, “Lizarralde”, S. n° 56, 9/3/2017; “Charras”, S. n° 266, 3/7/2018, entre muchos otros). Las víctimas no fueron tratadas como personas iguales, sino que fueron inferiorizadas mediante su instrumentalización como objetos sexuales, lograda a través de la violencia que empleó valiéndose de las facilidades que ofrecen las TIC. El uso ilegal de estos medios telemáticos (múltiples perfiles falsos, redes y medios de comunicación) le permitió crear un “cerco” virtual en el que encerró a las mujeres que padecieron estas conductas. Dentro de este, fueron contactadas una y otra vez durante una extensa cantidad de tiempo, para obligarlas a realizar sobre sus propios cuerpos actos sexuales, bajo amenaza de la difusión de esa acumulación de imágenes a través de estos medios de comunicación globales. Esa posición de dominio, presentó una progresividad, ya que fue aumentado en intensidad en claro desmedro de las damnificadas, a partir de una escalada de violencia intimidatoria cada vez más acrecentada y de mayor riesgo, caracterizada por su duración y multiplicidad. Inició con el requerimiento de fotos de los pechos, pero este proceder aumentó con las exigencias posteriores de tocamientos y de introducción de dedos en la vagina.

En todos los casos, fue el imputado quien tenía el control irrestricto de las acciones de las afectadas atento su finalidad de menoscabar la integridad sexual generando con ello culpabilización, vergüenza, aislamiento, etc., supuso un claro contexto de violencia de género.

Esto último se vio especificado en el uso por parte del imputado de las TIC que, sin lugar a dudas, constituye un terreno fértil para el desarrollo de prácticas como las que desplegó C. amparándose en el anonimato.

VI. De esta manera, atento lo postulado en los párrafos que anteceden, es factible señalar que la intelección propiciada por el a quo -objeto de crítica- es correcta, en cuanto a entender que el imputado cometió el delito de abuso sexual (gravemente ultrajante) a partir de la utilización de coacción e instrumentalización de las víctimas por medios telemáticos (con las características que se verán seguidamente) y sin contacto corporal directo del autor con las damnificadas, lo cual encuentra clara admisión en el tipo penal objeto de cuestionamiento en su conjunción con el bien jurídico protegido.

1. A tales fines y en forma liminar, es necesario recordar que a C. se le atribuyeron -en lo que aquí respecta- tres sucesos que fueron subsumidos en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante (hechos nominado primero, segundo y cuarto).

En ellos el núcleo de la conducta se centró en la utilización por parte del imputado de medios informáticos -Hotmail, MSN Messenger, Facebook- y la creación de perfiles falsos ocultando su verdadera identidad, ello para contactarse con sus víctimas y lograr su específica finalidad delictiva, que en el primer caso se concretó en una mujer mayor de edad y en los restantes en niñas (16 y 14 años respectivamente).

En ese contexto, el sindicado -a partir de la promesa de suministrar códigos de tarjetas de crédito telefónico- y luego de ganarse la confianza (en ciertos supuestos) de las víctimas, comenzó su especial modalidad coactiva que, en algunos casos, se desarrolló luego de que las damnificadas le enviaran fotos de sus zonas sexuales (pechos, vagina, etc.).

Precisamente, en forma ulterior a dichos envíos por internet C. comenzó a exigir -indebidamente- en forma asidua la remisión de más fotos y de videos, ya no solo de dichos ámbitos sexuales sino con determinadas poses de tal índole, como la introducción de objetos y partes del cuerpo en dichas zonas, entre otras variadas cuestiones, todo ello bajo la amenaza constante de que si no se cumplían sus exigencias publicaría en diversas redes sociales las fotos y los videos obtenidos de las damnificadas, haciendo conocer dicha situación a sus familiares, allegados, etc., cuestión que en la mayoría de los supuestos llevó a cabo.

No puede dejar de resaltarse que el imputado se valió de las características ya descriptas de las TIC para prolongar y profundizar su actuar delictivo, extendiendo su proceder por un año en el caso de G.A.A. (hecho nominado segundo), en cuatro años en el supuesto de C.A.U. (suceso nominado cuarto) y en seis años en contra de M.M.E.H. (primer hecho), ejerciendo tal influencia en la libertad de decisión de las damnificadas (algunas de ellas menores de edad) que les impidió obrar de otra manera, producto de esa presión psíquica expuesta bajo la amenaza de difusión indiscriminada de las fotos y videos de índole sexual conseguidos con anterioridad.

2. Como se desprende, lo novedoso de la cuestión radica en que los actos de índole sexual fueron efectuados por las víctimas en su propio cuerpo pero, y esto es lo trascendente, a partir de precisas y lesivas exigencias coactivas desarrolladas por el imputado a través de medios telemáticos. Es decir, sin contacto corporal directo del autor sobre la víctima y sin la inmediación física con las mismas características que, para el impetrante, exige la figura.

La pregunta que surge como corolario es la siguiente: ¿Requiere el delito de abuso sexual vigente en la República Argentina los requisitos estipulados por el recurrente? Ante dicho interrogante, lo primero que salta a la vista es que la literalidad del tipo penal que estatuye como acción típica el que “abusare sexualmente de una persona” (art. 119, primer párrafo del CP), no establece dichas circunstancias como elementos inexcusables para su consumación, aunque obviamente las admite.

Generalmente se aduce que la expresión aludida ha requerido de una particular labor de exégesis para precisar su alcance, lo cual se ha visto plasmado en las opiniones divergentes existentes en la doctrina al respecto, tal como lo reseño el impetrante en su escrito impugnativo y a lo que me remito por razones de brevedad.

Sin embargo, un primer alcance del término en cuestión se encontraría en que el verbo abusar es definido por el diccionario de la Real Academia Española como “hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien” o “hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder” ( https://dle.rae.es/?w=abusar). En otras palabras, abusar sexualmente supone utilizar (indebidamente) el cuerpo de la víctima para actos de significado objetivo impúdico.

Por ello, autorizada doctrina clásica entendía en su momento que el autor usa el cuerpo de la víctima cuando el cuerpo de esta padece su acto, o cuando ella actúa, por obra del autor, sobre el propio cuerpo o sobre el cuerpo del autor o de un tercero. Es decir, tanto constituye abuso sexual la acción del autor sobre las partes objetivamente impúdicas de la víctima, como la acción de la víctima, por obra del autor, sobre estas partes de su cuerpo o del cuerpo del autor o de un tercero (NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho Penal Argentino, Omeba, Buenos Aires, 1964, pág. 310 y ss.).

Lo aludido por Ricardo Núñez hace más de cuarenta años guarda toda su impronta en la actualidad, pues el accionar del sujeto activo únicamente se diferencia de lo acontecido en tiempos pasados, a partir de la existencia en el presente de las TIC que posibilitan una particular forma de actuar por medios digitales (v.gr.: anonimato, expansión del proceder delictivo, etc.), aunque no por ello menos lesivo del bien jurídico protegido “integridad sexual”, pues las conductas desarrolladas por el imputado se encuentra comprendidas dentro del ámbito de protección de la norma (art. 119, primer párrafo del CP), conforme lo argüido anteriormente.

De esta manera, el uso del cuerpo ajeno con connotación sexual a instancias del autor (en los sucesos que nos ocupan por medios coactivos) supone esa afectación que el tipo penal en cuestión pretende proteger, puesto que a partir del desarrollo de las conductas descriptas se conculca el derecho a la libre disponibilidad del cuerpo en la esfera aludida. Ni el contacto corporal directo del autor sobre la víctima ni la inmediatez física entre los mismos, constituyen requisitos configurativos del tipo penal, tanto en su literalidad como en lo que respecta a los alcances del bien jurídico protegido en su carácter de instrumento de interpretación teleológica.

Repárese, en este punto, que la noción de contacto corporal físico invariablemente se encuentra presente en el análisis aquí pretendido, incluso -y aun más- en los sucesos atribuidos a C.. Esto es así puesto que en todos los supuestos se hizo alusión y se constató el uso del cuerpo de las víctimas en sus áreas sexuales, ello a partir del envío de imágenes y videos en donde las víctimas se tocaban sus zonas sexuales(vulva, vagina, senos, etc.), entre otras cuestiones.

Es decir, contacto corporal de índole físico sexual siempre existió, toda vez que las víctimas fueron obligadas a efectuarse tocamientos de significado objetivamente impúdico, pero a instancias del autor y sin contacto de este sobre el cuerpo de las mismas. No nos encontramos, por consiguiente, ante una supuesta agresión sexual cometida de palabra o de una simple contemplación (esto sin perjuicio del supuesto de la aproximación de objetos), sino de un verdadero acto de abuso sexual, en cuanto utilización del cuerpo de la víctima para el desarrollo de actos de significado objetivo impúdico.

En todo caso, la inmediatez física -aproximación espacial en términos del impetrante ver f. 1470 vta.- a los fines típicos encontraría cabida, sin lugar a dudas, en la preponderancia de los medios telemáticos utilizados por ejemplo en un contexto coactivo, pues las TIC evidencian un alcance de indudable asimilación a la cercanía física expandiendo sus contornos a niveles impensados en otros tiempos.

Y ello surgió patente en el actuar del imputado que prolongó su accionar durante largos y penosos años en la mayoría de los sucesos, valiéndose, precisamente, del anonimato que la interacción por las redes sociales permite, como de la amenaza coactiva seria, determinada, injusta en orden a la concreta difusión indiscriminada de las fotografías y videos obtenidos sin consentimiento (lo cual en muchos casos se concretó), y la prolongación desmesurada de su proceder coactivo a instancias de las características propias de las redes sociales utilizadas.

3.a. Ahora bien, si el tenor literal de la figura penal tratada en su correspondencia con el bien jurídico protegido no estipula las restricciones que pregonan cierta parte de la doctrina, la pregunta que surge como corolario es la siguiente: ¿Cuáles son los fundamentos que subyacen a los requisitos que acuerdan ciertos autores y parte de la jurisprudencia en tal sentido? Ante ello, la respuesta que surge evidente es que la exigencia de contacto corporal directo o de inmediación física entre autor y víctima encuentra su cimiento en un postulado implícito y aun limitadamente admitido: el abuso sexual constituye un delito de propia mano.

En otras palabras, únicamente puede cometer el mentado delito quien ejecuta por sí mismo la actividad señalada en el tipo, cuestión que -para algunos autores- se vislumbraba claramente para el supuesto de abuso sexual con acceso carnal en la anterior redacción del art. 119 del CP, o en el caso de falso testimonio, entre otros supuestos.

Precisamente, en su oportunidad se definía al delito de violación como “tener acceso carnal con persona de uno u otro sexo...”, cuestión que llevó a muchos autores y decisiones judiciales a entender que únicamente podría ser autor quien por sí mismo (hombre) accede carnalmente a la víctima, mientras que el resto de los intervinientes solo podrían responder como partícipes (ver al respecto, Creus, Carlos, Derecho penal, Parte general, 5ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2004, págs. 192/193; Sancinetti, Teoría del delito y disvalor de acción, Hammurabi, Buenos Aires, 1991, págs. 804/805; entre otros autores).

Lo cierto es que no existe consenso en la doctrina nacional y foránea acerca de cuáles serían los delitos que se incluyen dentro del supuesto referido, ello producto de los contornos problemáticos que la misma presenta (ver en tal sentido: Roxin, Claus, Derecho penal, parte general, especiales formas de aparición del delito, Tomo II, Civitas, 2014, pág. 190 y ss.), lo cual trasunta en las consecuencias de las restricciones que para la autoría supone y que se trasladan a la autoría mediata (De La Rúa, Jorge, Tarditti, Aída, Derecho penal. Parte general, Tomo II, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, pág. 332).

En lo que aquí respecta, los que postulan el carácter de “delito de propia mano” del abuso sexual parten del supuesto de que el sujeto activo debe “tocar” (más gráfico: con sus propias manos) las zonas objetivamente impúdicas de la víctima, o requieren la presencia de placer, lascivia o fines de contenido libidinoso en el actor que solo puede contemplarse de manera individual. De esta manera, su postura conlleva a la imposibilidad de aplicación de la categoría de autoría mediata para dicho supuesto, toda vez que el delito de propia mano exige la ejecución personal.

Si ello fuera así, lo cual no comparto, entonces en el supuesto de autos nunca se podría hablar del carácter de autor de C. pues él no tocó con sus propias manos el cuerpo de la víctima para actos de significado objetivo impúdico, sino que fueron las propias damnificadas a instancias del autor -por su actuar coactivo- quienes ejecutaron los actos de abuso sobre su propio cuerpo. Es decir, el sindicado no podría ser ni autor directo y menos mediato por las restricciones impuestas por la mentada categoría y sus consecuencias.

b. Sin embargo, a mi entender, la hipótesis planteada anteriormente no es correcta.

El delito de abuso sexual constituye un delito de dominio en donde la autoría mediata sobre un sujeto no responsable que se autolesiona, es plenamente aplicable (al respecto, en lo que concierne a los criterios para atribuir responsabilidad al autor de atrás por un sujeto que se autolesiona ver: Amelung, Knut, “Sobre el baremo de la responsabilidad en los supuestos de autoría mediata por dominio sobre un sujeto no responsable que se autolesiona”, Fundamentos de un Sistema Europeo del Derecho Penal, libro-homenaje a Claus Roxin, Trad. David Felip I. Saborit, Bosch, Barcelona, 1995, pág. 323 y ss.).

Precisamente, la categoría dogmática aludida supone -entre otros aspectos- la determinación de la intensidad de la coacción lo cual constituye una cuestión sustancial, pues los casos de autolesión son comportamientos que, en sí mismos, no realizan supuesto de hecho típico alguno. La autolesión o puesta en peligro realizada exclusivamente por el titular del bien jurídico sin cooperación de otro, siempre que se trate de quien es plenamente responsable, es irrelevante para el Derecho penal (De La Rua, Jorge, Tarditti, Aída, Derecho penal. Parte general, Tomo I, Hammurabi, Bs. As., 2014, pág. 391).

c. En los sucesos aquí considerados C. ejerció un especial poder de dominio sobre las víctimas valiéndose de las TIC (diez o más perfiles falsos en Facebook, etc.), como de sus características para coaccionar a las mismas de tal manera que, directamente, dominó su voluntad implicando una grave reducción del ámbito de autodeterminación de las mismas y ello duramente un considerable tiempo, tal como se adelantó en párrafos anteriores.

Tanto fue así que, por ejemplo, en el primer suceso el actuar coactivo duró aproximadamente seis años (2009/2016), casi todos los meses en donde el sindicado obligó a su víctima a efectuar actos sobre su propio cuerpo a la vista del acusado -en simultáneo- mediante videos llamadas, valiéndose del anonimato siempre como modo de ejecución.

El modus operandi se reiteró en todos los supuestos: o le remitían más fotos y videos de sus pechos, vaginas, de poses sexuales, etc., o él distribuía por las redes sociales las que ya tenía en su poder (cuestión que en algunos casos concretó), generando con ello un fuerte impacto en las mujeres víctimas por la generalización instantánea e indiscriminada de las imágenes, con la consecuente grave afectación de su dignidad personal.

Esto último encontró una patente demostración en todas las damnificadas, pues el sindicado les exigió -por ejemplo- a C.A.U. en el contexto del abuso sexual (ya de por sí configurativo del menoscabo de la dignidad aludida) que se maquillara o que se fotografiará con el cabello suelto o que las imágenes fueron efectuadas en el patio donde había mayor luz, o que se filmaran -en el supuesto de C.A.U. y G.A.A.- abriéndose “la concha y se introdujeran los dedos en la misma”.

No se trató, por consiguiente, de un supuesto en donde las amenazas coactivas no eran graves o de la posibilidad de otras alternativas para las víctimas (lo cual debe ser sopesado caso por caso), sino de un claro y patente asunto de coacto inculpable, puesto que las damnificadas en todos los casos llevaron a cabo las conductas lesivas de su integridad sexual como instrumentos a instancias del reiterado actuar coactivo por medios telemáticos ejercido por el imputado.

Ese proceder (anónimo, dilatado en el tiempo, con la posibilidad real e instantánea de difusión indiscriminada de las fotos y videos de índole sexual obtenidos en forma no consentida, de utilización de las víctimas mujeres como objetos sexuales) supuso un especial marco de referencia demostrativo de la vulneración del bien jurídico protegido y en clara sintonía con el tipo penal objeto de análisis. Esto sin olvidar que su accionar se dirigió, primordialmente, en contra de niñas que se vieron inmiscuidas en el desarrollo de conductas sexuales, implicando una clara vulneración de su integridad sexual (en el sentido aludido en párrafos anteriores).

De esta manera, el accionar lesivo del imputado se acrecentó con el paso del tiempo y ello en conjunción con el estrechamiento de las posibilidades de las víctimas en sentido contr ario, hasta tal punto que las exigencias del imputado fueron cumplidas rigurosamente (v.gr.: el sindicado le exigió a la víctima C.A.U. cuando esta se encontraba cursando en la Facultad a la que asistía, el envío de más fotografías, ante lo cual la víctima desesperada se dirigió hacia su departamento donde se tomó nuevas fotografías desnuda, donde se podían observar sus senos, su vagina y su rostro, material que envió al imputado). Por ello, conforme las particulares circunstancias de los sucesos atribuidos, es factible aseverar que C. actuó afectando seriamente la libertad de decisión de las titulares del bien jurídico protegido, por lo que los abusos sexuales no fueron obra o expresión de la libertad de acción de las mismas, sino del imputado en su carácter de autor mediato a partir de la instrumentalización de las primeras. Todo ello a partir del contexto de violencia de género aludido, en esa conjunción entre actuar coactivo por medios telemáticos y la situación de asimetría existente que se propagó y se intensificó a lo largo del tiempo.

4. De esta manera, el principio de legalidad penal (art. 18 CN) en su exigencia de lex stricta (prohibición de analogía) no sufre mengua alguna como pretende el recurrente, puesto que el análisis estipulado se ajusta a los límites semánticos del tipo penal en su correlación con el bien jurídico protegido.

En sintonía con ello es dable recordar que esta Sala Penal ya ha tenido oportunidad de señalar que la legalidad es un principio liminar del derecho penal liberal receptado en la Constitución de la Nación (art. 18) y en las Convenciones constitucionalizadas (DUDH, art. 11,2; CADH, 9; PIDCyP, 15,1), que precisamente por reflejar aquel ideario, cancela que los jueces recurran a la analogía para llenar las lagunas de punibilidad del legislador.

Por ello, se añadió, la interpretación de las leyes a los efectos de establecer su sentido y alcance no debe acotarse a su tenor literal, sino que se debe recurrir a la complementación a través de la interpretación teleológica y sistemática. Y en esta última debe darse preeminencia a las disposiciones de rango constitucional (TSJ, Sala Penal, S. n° 299, 17/10/2011, “González”, entre otros).

En conclusión, el análisis aquí pergeñado se encuentra en consonancia con los postulado por la CSJN en cuanto a que, en lo atinente a la interpretación de las leyes la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, que ellas deben entenderse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y de la manera que mejor se compadezcan con los principios y garantías constitucionales en tanto con ellos no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos: 342:667 y sus citas), cuestiones, estas últimas, que de manera alguna se verifican en el presente análisis

5. Por último, no es ocioso señalar -tal como lo indicó el a quo- que esta postura ha sido adoptada por ciertos tribunales, tal como lo resuelto por el Tribunal Supremo Español en la sentencia n° 301/2016. En sintonía con lo aquí expuesto, se consideró abuso sexual la conducta desarrollada por el imputado sobre una menor de edad, en donde a partir de comunicaciones vía Facebook el autor obligó a la niña a enviar imágenes de contenido sexual de su cuerpo, o a introducirse los dedos en la vagina, entre otras cosas, cuestión que la víctima concretó, siempre ello sin contacto corporal físico del sujeto sobre la primera (ver al respecto, Cugat Mauri, Miriam, “La tutela penal de los menores ante el online grooming: entre la necesidad y el exceso”, en Ciberdelitos, Riquert Marcelo A. coordinador, Hammurabi, Buenos Aires, 2019, pág. 250 y ss.).

6. En definitiva, la subsunción típica pergeñada por el a quo en orden a que el actuar de C. supuso la configuración del delito de abuso sexual (gravemente ultrajante, recuérdese que este último aspecto no fue motivo de agravio) es correcta, por lo que los agravios argüidos al respecto deben ser rechazados.

Así voto.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto por lo que adhiero al mismo en un todo, votando en consecuencia de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti dijo:

I. El imputado F. D. C. manifestó su voluntad impugnativa en contra de la resolución aludida, la cual fue encauzada técnicamente bajo el recurso de casación por el abogado defensor Darío Vezzaro, invocando el motivo sustancial de la vía impugnativa esgrimida (art. 468 inc. 1° del CPP). Alegó que se le achacó a su asistido la figura típica de producción de imágenes pornográficas donde se exhiben menores de edad, la cual exige que el autor partícipe directamente en la puesta en escena de estas representaciones sexuales de carácter pornográfico.

Afirmó que en el delito en cuestión es autor aquella persona que las fabrica, las hace o las crea por medios mecánicos o electrónicos, agregando que también puede entenderse por producir “la actividad de hacer, crear, fabricar, imprimir, construir materialmente una cosa, etc”.

Arguyó que la producción implica el acto de toma de fotografías o de imágenes en movimiento, la captación no autorizada de esta clase de imágenes de menores involucra que el fotógrafo es el autor del delito. Por ello, el ilícito se consuma con la mera toma de la fotografía del menor y de sus partes íntimas.

Por todo ello entendió que en los casos bajo análisis no se verificó el ilícito en cuestión, dado que su asistido no intervino en la producción de las imágenes, sino que actuó primero solicitándolas y luego como receptor pasivo de las mismas. En otras palabras, no actuó en los términos típicos de producción que requiere la figura en cuestión, por lo que se debe absolver a su asistido por los sucesos atribuidos. Efectuó reserva del caso federal (ff. 1475/1476).

II. En lo que aquí interesa, tres fueron los hechos subsumidos en la figura legal objeto de cuestionamiento, es decir los nominados segundo, tercero y cuarto en la respectiva sentencia. En tal sentido, dos de ellos (segundo y cuarto) ya fueron descriptos en la primera cuestión por lo que a ellos me remito por razones de brevedad.

Por su parte, el suceso designado tercero fue fijado por el sentenciante de la siguiente manera, a saber: “En fecha que no ha podido ser determinada con exactitud pero presumiblemente durante el período comprendido entre los primeros meses del año dos mil nueve y el año dos mil diez, en relación a M.F.C. -nacida el 21/3/1995, de 13 ó 14 años de edad al comienzo de los hechos-, y entre los primeros meses del año dos mil nueve y durante el transcurso del año dos mil once, en relación a N.M. -nacida el 28/12/1994, de 14 años de edad al comienzo de los hechos-, en horarios que no han podido establecerse con exactitud, el imputado F. D. C., mediante engaño y ocultando su verdadera identidad -utilizando nombres supuestos-, estableció contactos vía internet, con las nombradas, desde lugares no precisados a la fecha por la instrucción (presumiblemente desde la vivienda sita en calle (...), Provincia de Córdoba, o desde la sita en calle (...) de Barrio Alberdi de esta ciudad de Córdoba, o desde (...) de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba), y con la finalidad de atacar la libertad individual de M.F.C. y N.M., vulnerar su integridad sexual y torcer el libre y normal desarrollo de la personalidad sexual de las menores, mediante distintas intimidaciones injustas, en un número indeterminado de veces, pero muy superior a dos, las obligó a enviarle distintos archivos, tales como fotografías de su cuerpo desnudo. Así, con fecha no establecida con exactitud pero ubicable a principios del año dos mil nueve (presumiblemente después del mes de marzo de ese año) y en horarios no establecidos, el imputado F. D. C. por intermedio de la web, a través del servicio de chat de Messenger -servicio de mensajería de “Hotmail”-, utilizando como nombre para mostrar el de “A.” “C.” y/o “G.”, contactó a M.F.C., quien accedía a Messenger a través de la cuenta asociada (...), nombre para mostrar “M. F” y de la computadora ubicada fuera de su domicilio -ya que en el mismo no contaba con el servicio de internet, más precisamente desde la casa de su amiga N.M., sita en calle (...) de la ciudad de (...) de esta Provincia de Córdoba (contactándose indistintamente desde su cuenta y de la cuenta de su amiga N.M. (...). En dicho período el imputado, con el fin especificado, mediante conversaciones y tratos amigables, fue ganando la confianza de las nombradas, con las que casi a diario se comunicaba por esta vía. Haciéndolo primero por escrito, hasta que después de insistirles a las menores, logró que estas accedieran a verlo por intermedio de la cámara instalada en la terminal desde la que el incoado se conectaba, momento en el que C., se mostró, a la altura de sus genitales masturbándose hasta llegar a eyacular, para después apagar la cámara y preguntarles si les había gustado. Accionar que se repitió con posterioridad en varias ocasiones, sin poderse especificar cuántas, pero por el término aproximado de dos meses, en las que se mostró masturbándose a ambas menores al encontrarse juntas e igualmente cuando N.M. accedía sola internet, eso es sin la compañía de M.F.C.. También en fechas y horarios no establecidos con exactitud pero ubicable a finales del año dos mil nueve y ya encontrándose M.F.C. con servicio de internet en el lugar en el que se domiciliaba, ubicado en zona rural, (...), Provincia de Córdoba, el imputado F. D. C. también ocultando su verdadera identidad, le ofreció brindarle un código de tarjeta para recarga de telefonía móvil a cambio de que le enviase fotografías de sus partes íntimas, las que según sus dichos “él la veía y la borraba, que confíe en él”, expresándole además en esa oportunidad que quería una foto de sus “tetas o concha” -refiriéndose a sus senos y vagina- con la particularidad de que en las imágenes la menor debía mostrarse con el dedo pulgar de su mano levantado. Petición a la que M.F.C. accedió procediendo a tomarse -en el interior de su dormitorio y con una cámara de fotos digital- una fotografía de su cuerpo, donde se veían sus pechos y ella, haciendo la seña solicitada, para después remitírsela al imputado desde su cuenta asociada a Messenger (especificada en este relato). Previo a lo cual, cargó la fotografía en su notebook marca Compaq. Una vez recibida la imagen por C., este, le brindó el código de recarga de la tarjeta prometido, del cual la menor hizo uso. Aproximadamente una o dos semanas después de haber logrado la producción de la imagen -sin poderse precisar fecha exacta-, pero ya entrado el año dos mil diez, el imputado le solicitó nuevamente el envío de imágenes- también a cambio de recarga de tarjeta para su aparato de telefonía celular-, a lo que la menor se negó, momento en el cual este con el fin de amedrentarla para lograr su cometido le manifestó “que si no se la enviaba le iba a contar todo a sus padres, que iba a armar una cadena con todos sus contactos y se la iba a enviar vía correo electrónico”, que conocía sus contactos de Facebook para hacerlo (red social, que la menor comenzó a utilizar a principios del año 2010 -a través del usuario “...”- y en la cual tenía como contacto al usuario “A. C.”). Amenazas estas, que se extendieron en el tiempo y le hacía llegar de manera continua por Messenger y por Facebook al que le enviaba solicitudes de amistad utilizando diferentes nombres para mostrar de perfil/es entre los que se encontraban el de “A. G.” y de “S. T.”, los que M.F.C. se negaba a aceptar. Así y vía Facebook le manifestó que si no lo agregaba o no le enviaba más fotografías le iba a contar todo a sus padres, que iba a “colgar” su fotografía en las páginas de Facebook de boliches bailables de la zona cercana a su domicilio, como por ejemplo: “Axis” de la Localidad de San Guillermo Pcia. de Santa Fé, “La New” de la localidad de Morteros y “Morrison” de la ciudad de Brinkmann -estos dos últimos de la Pcia. de Córdoba-, amenazas que se continuaron durante todo el año dos mil diez cada vez que se conectaba a Messenger o rechazaba una solicitud de amistad de Facebook, lo que la llevó a desactivar esta última cuenta y a bloquear a “A. G.” de su listado de amigos de Messenger. Continuando con su accionar y de modo paralelo al accionar desplegado en relación a M.F.C., el imputado F. D. C. por intermedio de la web, a través del servicio de chat de Messenger, utilizando como nombre para mostrar el de “A.” “C.” y/o “G.”, contactó a N.M., cuando esta se conectaba sola (esto es sin que estuviera presente su amiga MCF) y se conectaba desde el ordenador instalado en el comedor de su domicilio (sito en calle (...) de la ciudad de (...), Provincia de Córdoba) y, desde la cuenta asociada a Messenger, (...) utilizando como nombre para mostrar el de “...”. Así las cosas, y, en las circunstancias señaladas anteriormente y con igual intención delictiva, el imputado le solicitó a N.M. que instalara la cámara para poder observarla, que si lo hacía le iba a pasar tarjetas de crédito para recarga de telefonía celular, reforzando sus dichos con imágenes de listados de números de tarjetas que tendría en su poder, las que le hizo ver y supuestamente solo podían ser activadas por él, lo que haría, una vez que la menor le enviara fotografías de las partes íntimas de su cuerpo y con la particularidad, de que al sacárselas debía subir el dedo pulgar de una de sus manos hacia arriba. Fue así que después de insistirle el imputado al respecto, ésta le envió tres fotografías haciendo la seña solicitada por este y sin ropa interior, en las que se veían “su cola, sus mamas y su ingle” (esto es la parte trasera del cuerpo desde la cintura hasta el comienzo de las piernas, sus pechos y su zona genital) en cumplimiento de las directivas de este relacionadas a que debía enviarle fotografías de “su concha” y de sus “tetas” sin que se observara su rostro. Las que habría capturado en su dormitorio y en el baño de su domicilio, con una cámara digital, para de modo inmediato bajarlas a su ordenador y enviárselas al incoado por Messenger. Después de la remisión de las fotografías señaladas, N.M. intentó contactarse con el nombrado para poder cargar las tarjetas, sin lograr hacerlo. Pasado un tiempo -sin poder precisar fecha exacta, pero siempre dentro del periodo comprendido entre los años 2009/2010-, C., utilizando otro perfil diferente -sin poder especificar cuál- volvió a contactarla, oportunidad en la cual la amenazó con mostrarle las fotografías enviadas a su familia o subirlas a páginas de boliches de la zona en la que se domicilia N.M., como “L. N.”, “M.” y/o “A.”, si no la aceptaba. Intentando igualmente el incoado contactarla mediante diferentes perfiles, entre los que se encontraba el de “...” (creado con foto de perfil de su amiga M.F.C., lo que fue constatado por ambas), no obstante la insistencia del imputado, N.M. no lo volvió a aceptar ni le envió más imágenes fotográficas. Ya durante el año dos mil once -sin poderse especificar fecha exacta-, el imputado C. envió desde Facebook por privado a N.M. (quien utilizaba como nombre para mostrar de su perfil el de “...” o “N M”), sin poderse especificar desde qué perfil -pero sí que esta lo asoció con “ese tal A.”- un mensaje por el que la amenazaba con mostrarle las fotos a su novio, sin poderse establecer el contenido exacto del mensaje enviado, toda vez que N.M. no lo abrió para que al remitente no le figurara como tal y solo logró leer en ese momento la última parte del mismo que decía “...porque si no se las muestro a tu novio”. Tiempo después sin poder especificar fecha exacta, C., bajo un perfil, que tampoco revelaba su verdadera identidad, pero sin poderse especificar cuál, comentó una publicación de una foto subida a Facebook por N.M., con una captura de pantalla de una de las imágenes enviada por esta al mismo, vía Messenger, haciendo pública la misma, razón por la cual, N.M., borró el comentario efectuado y cerró su Facebook, con el objeto de evitar que este hiciera otro comentario y se hicieran públicas las demás fotografías que el imputado tenía en su poder. Además y presuntamente, durante el verano comprendido entre el año dos mil diez y dos mil once (sin poderse establecer con exactitud la fecha, ni el nombre de perfil utilizado por C. en ese momento), y ya, habiendo supuestamente habilitado su Facebook N.M., pudo observar que el imputado había publicado en dicha red social, las tres fotografías cuya producción las había logrado durante el período comprendido entre el año dos mil nueve y/o dos mil diez, que retrataban a N.M. desnuda y en las que se observaban las partes íntimas de su cuerpo (entre las que se encontraba la tomada a su zona genital). Todos estos actos, a más de comprender las distintas intimidaciones injustas, sufridas por las menores, fueron actos de connotación sexual objetivamente excesivos y perversos, aptos para torcer tempranamente la personalidad sexual de estas y enviciar precozmente su conducta sexual” (ff. 1152/1155).

III. El impetrante centró su crítica bajo el amparo del motivo sustancial de casación (art. 468 inc. 1 del CPP) al entender errónea la subsunción jurídica efectuada por el a quo, específicamente en lo que concierne al carácter de autor de su asistido en el delito de producción de imágenes pornográficas, previsto en el art. 128 primer párrafo, primer supuesto del CP.

Esto último al entender que su asistido no produjo las imágenes en los términos de la figura legal endilgada, sino que en primer lugar las solicitó y luego las recibió, lo cual demostró la ausencia de verificación de la acción típica respectiva.

IV.1. Ingresando al análisis del agravio articulado por el recurrente, entiendo que el mismo no debe ser admitido conforme los argumentos que se expondrán seguidamente.

En efecto, sin efectuar mayores disquisiciones que resultarían sobreabundantes y conforme lo argüido en la primera cuestión, es dable señalar que C. en la producción (creación, fabricación) de imágenes de partes genitales de menores de edad actuó como autor mediato de aquellas, pues las niñas efectuaron dichas representaciones a instancias del imputado, producto de su instrumentalización a tales fines en el marco del proceso coactivo desarrollado en un contexto de violencia de género (ver en similar sentido, f. 1261 de la sentencia objeto de cuestionamiento).

Por ello, la crítica articulada por el recurrente desconoce las propias constancias de autos en donde, expresamente, el a quo sostuvo el carácter aludido para C. (ver f. 1260 vta.) y la consecuente verificación del tipo objetivo en cuanto a la realización de la acción típica.

2. A lo ya dicho debe añadirse la siguiente aclaración: en relación al hecho nominado tercero y a contrario de lo sustentado por el a quo, las víctimas no enviaron “voluntariamente” las fotografías “movidas por el intercambio de créditos telefónicos a los que las había convencido el acusado”.

Por el contrario, tal como surge del suceso descripto y tenido por cierto por el sentenciante, la remisión de las imágenes lo fueron producto del accionar coactivo efectuado por el imputado, cuya justipreciación no puede ser realizada a partir de compartimentos estancos, sino en relación al entramado delictivo que pergeñó y llevo a cabo C. en su iter criminis y conforme su plan delictuoso.

Me refiero específicamente a que las víctimas del tercer hecho al momento de su consumación contaban con entre 13 ó 14 años de edad aproximadamente, es decir menores de edad (Cfr.: art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño, instrumento con jerarquía constitucional acorde lo normado por el art. 75 inc. 22 de la CN), lo cual nos ubicaría en un supuesto de autoría mediata por utilización de un instrumento inimputable.

Sin embargo, lo que aquí se pretende aclarar es que las niñas no podían prestar un consentimiento válido a tales fines, como consecuencia de la conducta coactiva del imputado en ese discurrir ilícito.

La trascendencia de la cuestión radica en que afirmar -como lo hizo el a quo- que las niñas víctimas “voluntariamente” y en virtud de un supuesto acuerdo comercial, remitieron imágenes de sus zonas sexuales a partir de su producción mediante autoría mediata por coacción y en un contexto de violencia de género, supondría obviar que se trata de menores que fueron instrumentalizadas por un adulto diluyendo la protección que la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina estipulan al respecto, en múltiples aspectos.

En otras palabras, no se puede hablar de que las víctimas enviaron las imágenes de sus zonas sexuales voluntariamente -mediante una manifestación de la voluntad válida- y luego señalar el carácter de autor mediato del sujeto, pues el ejecutor -en estos casos las niñas- obra como un instrumento de la voluntad del autor de atrás, más aun cuando nos encontramos frente a supuestos que involucran a un grupo vulnerable como lo son los menores de edad.

En conclusión, el agravio argüido debe ser rechazado conforme los argumentos vertidos precedentemente.

Así voto.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto por lo que adhiero al mismo en un todo, votando en consecuencia de igual forma.

A LA TERCERA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti dijo:

I. El imputado F. D. C. manifestó su voluntad impugnativa en contra de la resolución aludida, la cual fue encauzada técnicamente bajo el recurso de casación por el abogado defensor Darío Vezzaro, invocando el motivo formal de la vía impugnativa esgrimida (art. 468 inc. 2° del CPP).

Aseveró, en tal sentido, que en relación a la figura de promoción a la corrupción de menores agravada, el acto corruptor implica siempre la búsqueda de la depravación sexual de la víctima, reclamando la norma en cuestión por consiguiente una especial actitud por parte del sujeto activo del delito, lo cual no se encuentra acreditado en autos, más aun conforme los resultados de la pericia psicológica efectuada en la persona de su asistido.

Alegó que según cierta opinión doctrinaria (Buompadre) el hecho castigado por el tipo en cuestión es el de volver corrupta a una persona o facilitarle la permanencia en ese estado, no quedando comprendidas las conductas en las que el agente hace intervenir al sujeto pasivo en uno o más actos perversos, pudiendo suceder que, objetivamente, la conducta sea idónea para lograr la corrupción a la víctima, pero, subjetivamente, el autor puede no querer llegar a este estado, es decir, no actuar con la voluntad dirigida a concretar la corrupción, tornando en atípico al suceso.

Refirió que de la prueba obrante en la causa no se evidenció que su defendido haya tenido la finalidad de buscar o lograr la corrupción de la víctima, lo cual demostró que los extremos requeridos por el art. 125 del CP no se verificaron en autos, pues para la perfección típica no es suficiente con la relación de una acción potencialmente peligrosa para la sexualidad del sujeto activo, sino que a ello debe sumarse una finalidad concreta: el logro de la corrupción de la víctima.

Arguyó que la figura en cuestión reclama subjetivamente el dolo directo que ostenta el plan de corromper, pues conduce a la atipicidad de aquellos actos objetivamente aptos para corromper, que únicamente implican un desfogue sexual del autor, pero que no se dirigen a depravar a la víctima o a desviarla de su recta maduración sexual natural.

Afirmó que el delito subjetivamente exige que el sujeto activo obre conforme a un plan, que consiste en concretar el estado de corrupción de la víctima, la depravación debe encontrarse en el plan del autor, pues este último debe querer la corrupción del sujeto pasivo y la ausencia de verificación de tal requisito produce la carencia de dolo del autor, quedando fuera de la culpabilidad y por ende de la punibilidad. Una interpretación distinta de ello implicaría, a su entender, desconocer el principio de máxima taxatividad que rige en materia penal y la exigencia de certeza como corolario del principio de legalidad.

Sostuvo, por consiguiente, que no alcanza para satisfacer la subjetividad de la figura que objetivamente, en apariencia o externamente los sucesos cometidos sean susceptibles de corromper al menor, además de esto, el autor -en el caso concreto- debe querer valerse de esos sucesos para corromper a la víctima, sino la conducta no será típica.

Continuando con su relato reiteró que no existió dolo directo por parte de C., por lo que no se acreditó la faz subjetiva del tipo penal previsto en el art. 125 del CP, todo lo cual encontró corroboración en la pericia psicológica realizada en los actos preliminares del debate, en la cual se sostuvo la imposibilidad de que el imputado tuviera algún tipo de intencionalidad al respecto, lo cual se relaciona directamente con la imposibilidad por su estructura psíquica (egocentrista con dificultad en el control de los impulsos y una imposibilidad de percibir la subjetividad ajena sin consideración empática con el otro) para actuar de esa manera.

Concluyó solicitando la absolución de su asistido por los hechos subsumidos en el delito de corrupción de menores, por inexistencia de acreditación de la faz subjetiva que el tipo en cuestión requiere (ff. 1476/1479 vta.).

III. El impetrante centró su agravio al amparo del motivo formal de casación en una cuestión fundamental, a saber: no se acreditó en autos la finalidad subjetiva que el tipo penal de promoción a la corrupción de menores exige para su configuración que, a su entender, se concreta en “la intención de corromper” o en el “logro de la corrupción de la víctima”. De esta manera, la única solución posible al respecto es el dictado de la absolución de su asistido en tal sentido.

IV. Ingresando al análisis de la crítica argüida, luce evidente que los defectos denunciados por el recurrente no se encuentran presentes en la resolución impugnada, toda vez que las críticas resultan ineficaces al no tener en cuenta la ilación de todas las circunstancias, que fueron el sustento fáctico para justificar la condena de su asistido por el delito referido.

1. En forma liminar, a los fines de un mejor entendimiento de la cuestión traída a consideración, es dable hacer referencia a lo sustentado por esta Sala Penal en relación al tópico objeto de cuestionamiento.

a. En efecto, se ha sostenido desde antiguo y aun con distinta integración que la corrupción de menores es una depravación de los modos del acto sexual, por lo perverso, lo prematuro o lo excesivo. El modo del acto sexual se puede depravar volviéndose perverso en sí mismo, en su ejecución; o volviéndose prematuro por su práctica lujuriosa habitual precoz, despertada antes de lo que es natural, o, finalmente, volviéndose excesivo por expresar una lujuria extraordinaria.

b. Se afirmó, asimismo, que el delito en cuestión en su relación con el bien jurídico protegido atenta contra el derecho de las personas que, en razón de su edad no han alcanzado la plena madurez física, psíquica y sexual, a no ser sometidos a tratos sexuales anormales en sus modos, cuya práctica puede en el futuro impedirles tomar decisiones de índole sexual carentes de deformaciones. Es el derecho que los menores de edad tienen al libre desarrollo de su personalidad, particularmente en el aspecto sexual.

c. Por su parte, en lo que respecta al aspecto subjetivo del delito de promoción a la corrupción de menores, se adujo que este tipo no precisa de la intención de corromper; sin perjuicio de que la materialidad de la conducta incriminada (promover o facilitar la corrupción), y por tanto de las acciones que engasten dentro de esa descripción conceptual -como ocurre con cualquier delito doloso-, deban ser queridas por el autor, quien además debe comprender su criminalidad: debe tener conciencia de que los actos de naturaleza sexual realizados sobre el menor tienden a promover la corrupción o que esta es una consecuencia natural de ellos.

Aclarándose, por ello, que se trata de un delito de tendencia donde resulta suficiente el conocimiento de la realización de actos materiales idóneos para enviciar y depravar la conducta sexual de los menores, sin importar si la víctima se corrompe o no (TSJ, Sala Penal, S. nº 288, 26/10/2007,”Castro Ceballos”, S. nº 10, 20/2/2009, “Ozarowski”, S. n° 326, 3/12/2010, “Flores”, entre muchos otros).

2. Como se desprende de los apartados que anteceden, el recurrente en su análisis parte de una postura -el autor debe querer la corrupción de la víctima- que no engarza con la seguida por esta Sala Penal en forma inveterada, y a partir de ello construye su hipótesis defensiva en conjunción con la supuesta ausencia de elementos probatorios que corroboren su parecer. Sin embargo, lo contrario surge de las constancias de autos, tal como lo sostuvo el a quo en la sentencia cuestionada.

En forma liminar, no puedo dejar de resaltar -una vez más- que el objeto de agravio en este punto se centró, exclusivamente, en la ausencia de acreditación de lo que el impetrante entiende como requisito típico de la figura endilgada.

En otras palabras, el recurrente dio por acreditado y no cuestionó las conductas desarrolladas por su asistido, objetando únicamente lo referido a la no comprobación de la especial finalidad que el tipo requiere según su entender: intención de corromper. Por ello, el análisis que se realizará seguidamente se circunscribirá a dicho aspecto, dando por acreditado todo lo restante, lo cual, sin perjuicio de ello, surge palmario de las constancias de autos.

En efecto, el sentenciante sostuvo que las conductas realizadas por el imputado en los sucesos nominados segundo, tercero y cuarto respectivamente, resultaron idóneas a los fines típicos, al haberlas sometido -a las víctimas- desde sus catorce años de edad (a tres de ellas) y desde los dieciséis (a una), a la realización de actividades sexuales con características de depravación conforme a esa “avanzada modalidad de lujuria evidentemente prematura para sus edades, y fundamentalmente, a su estado de prolongada permanencia en el tiempo”.

Recuérdese, en este punto, que el iter criminis efectuado por el imputado consistió -entre otras cuestiones- en las transmisiones emitidas por él en directo con las menores vía web de su pene erecto, masturbándose hasta llegar a la eyaculación, para luego consultarles si les había gustado, efectuando esta acción en gran cantidad de ocasiones a los fines de “que las menores la adoptaran como algo normal” (ver f. 1261 vta.). Y a partir de ello requerir que las víctimas les remitieran fotografías de sus cuerpos en “ropa interior o desnudos (lo cual se concretó en todos los supuestos) y tocándose sus genitales”.

Precisamente, el sindicado utilizó distintos medios para lograr su cometido, en un primer momento, a partir del engaño y luego de la coacción, todo en ese contexto ya narrado de violencia (de género) psicología y sexual, valiéndose del anonimato que permiten las redes sociales para contactar a sus víctimas menores de edad. Y esta depravación en los modos del acto sexual se concretó en las niñas, pues tal cual lo acreditaron las pericias psicologías practicadas sobre las adolescentes G.A.A. y C.A.U., las mismas evidenciaron conflictos en el desarrollo psicosexual como consecuencia de los sucesos vivenciados (ver ff. 629/631 y 1262).

A ello debe agregarse la pericia psicocriminológica realizada por la Licenciada Graciela Moreno en la persona del condenado en cuanto sostuvo, entre otras consideraciones, que: “...estamos en presencia de un individuo que no puede establecer un contacto cara a cara con el otro con la intencionalidad de lograr vínculos amorosos (incluido lo sexual), y por lo tanto recurre a satisfacer sus impulsos primarios mediante actitudes contemplativas, exigiendo al otro acciones que a él le generan placer y/o posibilidad de buscar la satisfacción en su propio cuerpo mediante acciones masturbatorias (...), sujeto que lograba establecer comunicaciones virtuales durante largo tiempo generando e infundiendo miedo y vergüenza a la víctima, para lograr así mantener la comunicación y dependencia, estableciendo el secreto sobre su accionar intimidatorio. Este tipo de conductas habrían llevado (...) a la búsqueda de víctimas vulnerables, jóvenes, en ocasiones adolescentes de muy corta edad, exponiéndolas a desarrollar acciones sexuales prematuras, excesivas, reiteradas (...) sin disponer de conocimientos y recursos defensivos suficientes” (ver ff. 614/619).

De esta manera, conforme lo analizado a lo largo de la presente sentencia y en especial de los concretos elementos de prueba referidos ut supra, surge harto ostensible que C. desplegó reiteradas conductas que constituyeron una depravación de los modos del acto sexual, por lo perverso, lo prematuro o lo excesivo y que, conforme lo postulado por esta Sala Penal en orden al aspecto subjetivo del delito bajo estudio, la materialidad de las conductas incriminadas (promoción de la corrupción de menores) fueron querida por él, quien comprendió la criminalidad de las mismas, a partir de la conciencia de que los actos de naturaleza sexual realizados sobre las menores propenden a promover la corrupción o que esta es una consecuencia natural de ellos.

Esto último sin olvidar que nos encontramos frente a un delito de tendencia, donde resulta suficiente el conocimiento de la realización de actos materiales idóneos para enviciar y depravar la conducta sexual de las menores, sin importar si la víctima se corrompe o no.

Así las cosas, por todos los argumentos expuestos supra, estimo que las objeciones formuladas por el recurrente deben ser rechazadas y que la sentencia cuestionada debe ser confirmada.

Es mi voto.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto por lo que adhiero al mismo en un todo, votando en consecuencia de igual forma

A LA CUARTA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti dijo:

I. El imputado F. D. C. manifestó su voluntad impugnativa en contra de la resolución aludida, la cual fue encauzada técnicamente bajo el recurso de casación por el abogado defensor Darío Vezzaro, invocando el motivo formal de la vía impugnativa esgrimida (art. 468 inc. 2° del CPP). Aseveró que su agravio se dirigió a cuestionar la individualización de la pena impuesta por el a quo, entendiendo que la fundamentación fue indebida y, por ende, arbitraria.

Alegó, luego de transcribir lo resuelto por el sentenciante en la cuarta cuestión y de efectuar una breve reseña en orden al principio de legalidad penal y a la agravante genérica del art. 41 bis del CP a lo que me remito por razones de brevedad (ff. 1480/1486), que se encuentra vedado al juzgador al momento de justipreciar la pena a imponer, la utilización de criterios que el legislador ya decidió aplicar como circunstancia severizante de diferentes tipos penales.

Afirmó, en tal sentido, que el legislador específicamente pensó en la violencia de género al considerarlo como agravante específica del delito de homicidio y “de ningún otro, ni del abuso sexual, ni de la coacción ni de la promoción a la corrupción de menores”, etc. En este marco es que por más que el juez consideró que la mentada violencia de género debía aplicarse como agravante de otros tipos penales, el mismo no se encuentra facultado a hacerlo.

Arguyó que no debe encubrirse la utilización de la mentada pauta severizante dentro de expresiones genéricas como son “la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir”, que prescribe el art. 41 del CP y de la que parece valerse el tribunal, porque precisamente esa eventualidad ya fue considerada como característica agravante de algunos tipos penales.

Entendió, por consiguiente, que el legislador cuando quiso atribuir valor al evento para agravar el tipo penal lo hizo de manera expresa, identificando las figuras que habrían de receptar el agravante. Si no lo hizo, como en el supuesto de autos, entonces es porque así lo entendió correcto y dicha omisión no puede ser suplida por el ejercicio de actividad legisferante del juez.

Sostuvo que la segunda razón para excluir la utilización de la circunstancia aludida, es que su aplicación también violenta el principio de legalidad desde el aspecto relativo a la determinación cierta de la consecuencia jurídica. Ello así debido a que cuando el legislador la tuvo en cuenta para aumentar el carácter del injusto, lo efectuó determinando de manera clara y precisa la consecuencia jurídica, lo cual aquí no ocurrió quedando nuevamente al arbitrio del juez determinar la magnitud de agravamiento, privando al agente del absoluto conocimiento respecto a qué deberá atenerse para el caso que resolviera llevar adelante un hecho delictivo con la concurrencia de esta particular cuestión.

Continuando con su relato recordó que el a quo tuvo en cuenta como circunstancias agravantes, por un lado, a los especiales conocimientos técnicos del autor bajo el rótulo de “capacidad delictiva específica”, y por otro lado, a una serie de imágenes, videos y archivos de decenas de mujeres que se habrían prestado contra su voluntad, todo lo cual es criticable.

Adujo -luego de citar una postura doctrinaria a la que me remito brevitatis causae ver f. 1489 vta.- que la noción de responsabilidad por el hecho pasado, permite descartar absolutamente los conocimientos que una persona tuviera como circunstancia agravante de un suceso delictivo, toda vez que ello implicaría adoptar una noción de peligrosidad en términos de la doctrina del positivismo criminológico. Es decir, para dicha postura lo relevante es la calidad de peligroso que tiene un sujeto respecto de la sociedad, todo lo cual es incompatible con la CN y la normativa convencional de Derechos Humanos.

Sostuvo que en esa lógica sí resulta aceptable, por ejemplo, sostener que esos conocimientos le permitieron a C. ocultar su identidad (circunstancia esta que ya fue valorada por el tipo penal de coacción), y reprochar por ello su esfuerzo por permanecer en el anonimato, toda vez que ahí sí se esta meritando sus capacidades en el marco concreto de las conductas que él desplegó.

Adujo, asimismo, que la referencia agravante al hallazgo en poder del imputado de archivos y documentos vinculados a sucesos que no le fueron atribuidos no encuentra razón alguna, por lo que resulta arbitraria y así debe ser declarada.

Sostuvo, por otra parte, que el sentenciante omitió ponderar en beneficio del imputado la siguiente circunstancia: su deficiente capacidad de motivarse en los términos que exige la norma que se deriva del texto de la ley penal.

Alegó que atento lo referido por autores como Kindhauser es posible identificar ciertas reglas definitorias del principio de culpabilidad, a saber: 1) la exigencia de comprobar en el agente un vínculo subjetivo con el hecho para poder imputar penalmente su conducta o el resultado lesivo, lo cual implica el rechazo de una responsabilidad objetiva, pues remite a un plus respecto de la mera causación del daño o la simple constatación de un cargo, aporte o posición de garante; 2) La imputación subjetiva integrada por dolo o culpa, determina la insuficiencia para el reproche de la nuda constatación del resultado o del peligro; 3) De lo anterior, se deriva el consiguiente principio de responsabilidad por el hecho que impide la censura o castigo por el carácter o la mera personalidad del agente. Este aspecto rechaza la idea de un derecho penal de autor; 4) La necesaria verificación de la capacidad de culpabilidad del sujeto, la extensión de su ámbito de comprensión, elección y motivación más allá de la instancia analítica donde esto se desenvuelve; 5) Finalmente, la personalidad de la pena, entendida como prohibición de castigar a alguien por el suceso ajeno.

Adujo, por consiguiente, que de la pericia psicológica efectuada en la persona de su asistido es posible inferir una disminución en la capacidad de culpabilidad del imputado, demostrando la ausencia de motivación ante la norma de igual manera que una persona que carece de las características psicológicas y de estructura de su personalidad. Seguidamente, citó artículos de doctrina a los que me remito (ff. 1492 vta./1493).

Continuando con la expresión de sus agravios sostuvo que el a quo al momento de la individualización de la pena tuvo en cuenta, en especial, la escala penal con que se encuentran conminados en abstracto los delitos cometidos, específicamente aquellos de mayor gravedad: promoción a la corrupción de menores de edad agravada y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el grave daño en la salud de la víctima.

Consideró que el fallo “Espíndola” de este Tribunal Superior de Justicia, en donde se declaró la inconstitucionalidad de la escala penal dispuesta para el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo (art. 119, cuarto párrafo en función del segundo, inc. “b” del CP), es de plena aplicación al caso aquí analizado, lo cual fue obviado por el sentenciante en su intelección.

Aseveró, por otro lado, que la pauta severizante utilizada por el a quo en cuanto a que la mayoría de las víctimas son residentes de localidades cercanas a la de que el imputado es oriundo, constituyó un argumento falaz denominado: conclusión inatinente, por medio del cual se postula que un razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente.

Esto último es lo que ocurrió en el presente caso puesto que se pretende demostrar que C. desplegó un mayor grado de culpabilidad en el suceso, a partir de la circunstancia referida anteriormente y que por ello mereció mayor pena, todo lo cual evidencia la arbitrariedad de la resolución al respecto.

Afirmó que las circunstancias agravantes referidas por el a quo en cuanto: “la naturaleza de las distintas acciones, los modos y las circunstancias de comisión (...) de cada suceso”, constituyen aserciones que involucran dos cuestiones fundamentales: el anonimato en el que se mantuvo C. respecto de sus víctimas a lo largo de todo el tiempo que duró el contacto entre ellos, y la utilización de la intimidación como forma de actuación general.

Refirió que dichas situaciones constituyen elementos integrantes de la descripción típica de tres de los delitos que a C. se le atribuyeron, por lo que dicha elucidación implicó una violación a la prohibición de doble valoración.

Concluyó solicitando se declare la nulidad de la sentencia en los términos de lo dispuesto por el art. 413 inc. 4° del CPPC, debiendo ordenarse el reenvío de la causa para que otro tribunal, atento las objeciones planteadas por la defensa, disminuya el monto de la sanción aplicada, en cuya labor el a quo confundió discrecionalidad con irrazonabilidad. Efectuó reserva del caso federal (ff. 1480/1500).

II. 1.Al proceder a la individualización de la pena impuesta al imputado el a quo efectuó las siguientes consideraciones, a saber:

a) Como atenuantes: que se trata de una persona joven y que carece de antecedentes penales computables. Asimismo, que en la instrucción reconoció in totum los hechos atribuidos, lo que permitió en el debate evitar la revictimización de las nueve damnificadas. Que conforme lo determinado y aconsejado en las pericias psiquiátrica y psicológica que se le r el prevenido es una persona que evidentemente requiere trat Finalmente, que al concluir el plenario el sindicado expresó lo sig soy consciente del daño que causé (...), de los errores que c totalmente y muy arrepentido. Quiero pedir un millón de disculpas víctimas (...). Nunca tuve problemas de violencia en mi vida”, todo cual indica que bajo la selección de un adecuado período de tratamiento es posible su recuperación y reinserción social (f. 1272 vta.).

b) Como agravantes: El contexto de violencia de género (referido en la acusación y al que suscribió y transcribió en su totalidad) en que el acusado desarrolló sus múltiples conductas en contra de mujeres a partir de un trato violento, toda vez que el sindicado se posicionó respecto a las víctimas en un binomio superior/inferior, tratándolas con violencia psicológica o sexual, por su género; como alguien que no es igual y por eso no les reconoce fácticamente que cuentan con un ámbito de determinación para sus respectivos proyectos personales.

Asimismo tuvo en cuenta su carácter de autor como la escala penal con que se encuentran conminados en abstracto los delitos cometidos, las reglas de los concursos formal y material, todo lo cual arroja un mínimo de diez años de prisión y un máximo de 50 años de igual pena (límite máximo de pena privativa de la libertad, conforme lo normado por el art. 55 in fine del CP).

También meritó la naturaleza de las distintas acciones, los modos y las circunstancias de comisión que analizó en cada suceso, la multiplicidad de víctimas -nueve-, tratándose todas de mujeres la mayoría de ellas residentes en localidades muy próximas a la de donde es oriundo el imputado, siendo de algunas de ellas estrechamente conocido y con otras ligado afectivamente; como el superlativo grado de perversidad exhibido y el desprecio demostrado por el dolor que causaba; la extensa duración de su actuar en los eventos quinto y sexto (excluidos el primero, segundo y cuarto porque su duración se encuentra contenida en el tipo especial atribuido); su nivel de educación relevante (estudios terciarios que quedaron truncos) desaprovechados.

A su vez justipreció la capacidad delictiva en lo específico de C., la cual se puso de manifiesto en el evento quinto en el cual editó una fotografía de la víctima C.A.O., creando una nueva imagen con el rostro de la nombrada y un cuerpo desnudo que le adicionó, todo con el fin de lograr una más efectiva intimidación; los distintos perfiles que permanentemente producía; como así también el empleo de un programa que le permitía actuar sin dejar rastros y el software “Bandicam”, que utilizaba para capturar las videos llamadas que efectuó con sus víctimas y que se caracterizaban por ser volátiles, es decir, no se registraban.

Precisamente, sobre el tópico en cuestión adujo que la verificación objetiva de esta específica capacidad, se encontró en lo determinado por el personal técnico de la D.I.O.: “C. demuestra ser un avezado usuario de servicios de Internet y redes sociales, especialmente la red social Facebook (...) un número aún indeterminado de imágenes y videos de personas del sexo femenino, de entre aproximadamente 13 a 30 años de edad en estado de desnudez explícita (...) que, a priori podrían contarse por centenas (...) que, por las características apreciables a simple vista (...) un elevado número -que constituye la mayoría de dichas imágenes y videos habrían sido tomados en contra de la voluntad de las personas que aparecen en los mismos, toda vez que se observan en sus rostros expresiones llorosas y de evidente aflicción (...) cuarenta y seis (46) archivos de grabaciones e imágenes que dan cuenta de video llamadas a través de la red social “Facebook” o del programa de la empresa Microsoft designado bajo el nombre comercial “Skype”, todas con contenido sexual explícito (...) dos mil setecientos sesenta y cinco archivos, en su mayoría de imagen y video, organizados en ochenta y siete carpetas y subcarpetas, los cuales corresponden a decenas de mujeres y responden a características similares en el sentido que se trata de fotos de mujeres desnudas, como así también de capturas de pantalla que se corresponden a las redes sociales Facebook y los programas de mensajería instantánea “MSN Messenger” y “Windows Live Messenger”.

Por último, consideró la extensión de los daños y peligros causados, que fueron sumamente significativos en las personas de las víctimas G.A.A. y C.A.U., a partir de las conclusiones de las pericias psicológicas que se les efectuaron, quienes evidenciaron conflictos en el desarrollo psicosexual producto de las agresiones sufridas, debiendo la primera, inclusive, mudar su domicilio en el año 2011, como consecuencia de la publicación de fotografías intimas en la red social Facebook, presentando síntomas de malestar emocional, ansiedad, angustia, conductas de evitación y autoagresión durante el período posterior a ser expuesta socialmente su intimidad, todo lo cual entendió demostrativo de un alto grado de peligrosidad criminal en su persona (ff. 1270 vta./1274).

2. Esta Sala Penal ha señalado que la facultad discrecional de fijar la pena, resulta revisable en casación en supuestos de arbitrariedad. Dentro de ese estrecho margen de recurribilidad, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva.

La revisión casatoria se extiende también al monto de la pena cuando este resulta manifiestamente desproporcionado con la magnitud del injusto y de la culpabilidad si se aprecia como incongruente conforme a las circunstancias seleccionadas. El ejercicio de la facultad discrecional de fijar la pena se encuentra condicionado solo a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable, y que la conclusión que se estime como razonable no aparezca irrazonable respecto de las circunstancias de la causa, extremo este demostrativo de un ejercicio arbitrario de aquellas potestades (TSJ, Sala Penal, “Carnero”, A. nº 181, 18/5/1999; “Esteban”, S. n° 119, 14/10/1999; “Lanza Castelli”, A. nº 346, 21/9/1999; “Tarditti”, A. nº 362, 6/10/1999; entre otros).

III. De la atenta lectura de lo recién consignado, se desprende que el Tribunal de juicio ha fundamentado razonablemente el monto de la pena impuesta a F. D. C., conforme los sucesos atribuidos.

En tal sentido, a los fines de brindar una respuesta concienzuda a lo afirmado precedentemente, se analizaran cada uno de los agravios expuestos por el recurrente en su escrito impugnativo.

1. Asunto relativo a la violencia de género: el impetrante cuestiona que dicha referencia haya sido utilizada como pauta severizante por el a quo al entender, por un lado, que se encuentra vedado al juzgador la utilización de criterios que el legislador ya decidió aplicar como agravante específica de diferentes tipos penales (v.gr.: homicidio, etc.), y por otro lado, que con su aplicación se violentó el principio de legalidad penal desde el aspecto relativo a la determinación cierta de la consecuencia jurídica

Ello así, debido a que cuando el legislador tuvo en cuenta dicha circunstancia para aumentar el carácter del injusto, lo efectuó determinando de manera clara y precisa dicho aspecto, lo cual aquí no ocurrió.

Al respecto es dable señalar que esta Sala Penal ya ha tenido oportunidad de expedirse en reiteradas ocasiones al planteo efectuado por el recurrente que, en esencia, persigue la exclusión -por ciertos motivos- de la posibilidad de meritar el contexto de violencia de género como agravante en la fijación de la pena.

En efecto, se ha sostenido en numerosos precedentes que es posible “destacar como criterio de individualización de la pena la particular naturaleza delictiva cuando el hecho ocurre en un contexto de violencia de género que tiene su génesis en la idea de la violencia sistemática y generalizada que sufren las mujeres por el hecho de ser tales (...), dado que ella evidencia un mayor injusto material” (TSJ, Sala Penal, “Ramos”, S. n° 594, 27/12/2016; “Ibarra”, S. n° 387, 23/8/2017; “Álvarez”, S. n° 288, 28/7/2017; “Díaz Moral”, S. n° 373, 17/8/2017; “Monserrat”, S. n° 504, 14/11/2017; “Murúa”, S. n° 569, 28/12/2017, entre muchos otros).

Lo aludido anteriormente brinda una respuesta concreta a lo argüido por el recurrente, pues la referencia severizante efectuada por el a quo del contexto de violencia de género en que el imputado desarrollo su especial finalidad delictiva supone, en realidad, la consideración de esa singularidad en la magnitud del injusto material conforme lo estipulado por el art. 41 del CP. Y esto luce prístino en el actuar de C. conforme lo estipulado en la primera cuestión, a lo que me remito por razones de brevedad.

Por ende, no se lesiona el principio de legalidad penal en ningún de sus corolarios, más aun en la previa determinación por una ley formal del delito y la pena, pues una cuestión es la expresa consideración del legislador de la referencia a la violencia de género como agravante, por ejemplo, del delito de homicidio y la estipulación en abstracto de la escala penal a los fines del cumplimiento del mentado principio (v.gr.: art. 80 inc. 11° del CP), y otra, distinta, es aquella referida a la naturaleza de la acción y la particular concreción de la misma en los sucesos atribuidos (como en la presente causa), como una de las pautas de mensuración de la proporción de la pena en su conjunción con el injusto culpable.

2. Particulares conocimientos informáticos de C. entendidos como capacidad delictiva específica: el recurrente entiende que la ponderación de dicha circunstancia por el sentenciante fue arbitraria, pues con ella se hizo alusión a una noción de peligrosidad en “términos de la doctrina del positivismo criminológico”, en cuanto “calidad de peligroso que tiene un sujeto respecto de la sociedad”, lo cual choca con las directrices constitucionales y de instrumentos internacionales al respecto.

Ante dicho planteo debe señalarse que lo justipreciado por el a quo supuso la ponderación de una pauta plenamente válida en la individualización de la pena, pues en su intelección hizo referencia no a un derecho penal de autor (como parece inferir el impugnante) sino a las concretas circunstancias de autos, específicamente a la instrucción que posee C. en la manipulación de sistemas informáticos y ello, claramente, a partir de la utilización de redes sociales para la consecución de su finalidad delictiva.

En otras palabras, sus conocimientos específicos en la materia supusieron el anclaje necesario para el desarrollo de su actividad ilícita, y es sobre ello que recayó el análisis del sentenciante en su vinculación con la culpabilidad del sujeto y la mayor cognoscibilidad del injusto que demostró, lo cual trasunta en una pauta válida de ponderación en la determinación de la sanción impuesta.

3. Multiplicidad de archivos y documentos hallados en poder de C.: en relación al agravio en cuestión es dable señalar, sin efectuar mayores disquisiciones que resultarían sobreabundantes, que lo aseverado por el a quo en tal sentido constituyó la transcripción de lo declarado por personal técnico conforme el secuestro de dicho material. Es decir, la referencia lo fue a los fines de recalcar y probar el conocimiento técnico del imputado en relación a los servicios de internet, lo cual se enmarca en lo argüido en el apartado que antecede.

4. Omisión de ponderar en favor del imputado su deficiente capacidad de motivarse ante la norma: el recurrente entiende que de la pericia psicológica efectuada sobre la persona de su asistido, surge que este careció de las características psicológicas y de estructura de personalidad necesaria, y ello como expresión de disminución de su capacidad de culpabilidad.

En lo que respecta al agravio argüido es factible señalar, en prieta síntesis, que la “disminución de la capacidad de culpabilidad” del imputado constituye una referencia dogmática aducida por el recurrente sin sustento alguno en las constancias de la causa, tal como lo reseñó el a quo en su resolución (ff. 1243 vta./1245).

En efecto, el sentenciante justipreció -correctamente- que el accionar desarrollado por C. fue demostrativo de un actuar voluntario y con conocimiento de la ilicitud (v.gr.: diferentes ardides para ocultar su verdadera identidad por medios informáticos, ver f. 1244), y ello sumado a lo concluido, por un lado, en la pericia psiquiátrica (f. 1064) en donde se determinó que el imputado no padeció alteraciones psicopatológicas manifiestas, o insuficiencia de facultades mentales, alteración morbosa, etc., y por otro lado, de lo determinado en las pericias psicológicas que se le efectuaron las cuales dieron cuenta de dicho accionar y la elección del sujeto de víctimas vulnerables a partir del “pasaje al acto de fantasías de dominación y voyerismo...” (ver ff. 1070/1073 y 1244 vta.), por lo que el agravio estipulado debe ser rechazado

5. Individualización de la pena por parte del a quo desconociendo la inconstitucionalidad dictada por este Tribunal Superior en el fallo “Espíndola”, en orden a la escala penal dispuesta para el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo (art. 119, cuarto párrafo en función del segundo, inc. “b” del CP):

Al respecto es dable señalar que el argumento vertido por el recurrente no es de aplicación al supuesto de autos, pues, en realidad, el delito analizado en el asunto “Espíndola” (ver ut supra) no guarda relación con aquellos por los que fue condenado C., incluso en el concreto análisis que se efectuó en dicho precedente.

A ello debe agregarse, específicamente, que el planteo expuesto ni siquiera se condice con lo justipreciado por el sentenciante, toda vez que de la propia resolución surge que tuvo en cuenta las escalas penales con que se encuentran conminados en abstractos los delitos atribuidos al imputado (ver f. 1272 vta.). En definitiva, la hipótesis defensiva se sustenta en apreciaciones conjeturales que más allá de no surgir del análisis evidenciado por el a quo, tampoco fueron demostradas por el impetrante en su escrito impugnativo.

6. Argumento falaz (conclusión inatinente) evidenciada por el sentenciante al aducir, como circunstancia agravante, que la mayoría de las víctimas fueron residentes de localidades cercanas a la que es oriundo el imputado.

En tal sentido, es factible afirmar que lo invocado por el a quo supuso la ponderación de relaciones de vecindad entre el autor y sus víctimas dentro del parámetro de “vínculos personales” que estipula el art. 41 del CP, lo cual es plenamente válido como criterio de apreciación a los fines indicados.

Repárese, en este punto, que C. en muchas ocasiones se valió de esa coyuntura para llevar a cabo su específica finalidad delictiva, desde el anonimato y por las redes sociales. Precisamente, ese conocimiento de las víctimas en cuanto a su lugar de radicación, costumbres, etc., demostró una especial intensificación de la gradación del injusto y la culpabilidad por parte del imputado, pues en su actuar se valió de dichos pormenores para concretar un mayor estado de indefensión y vulnerabilidad de las víctimas mujeres; todo lo cual justifica el análisis de dicha particularidad como criterio severizante.

De esta manera, aducir como pretende el impetrante que dicha estipulación constituyó un argumento falaz, supone desconocer no únicamente las concretas constancias de autos (por ejemplo, la damnificada en el sujeto nominado sexto era conocida del acusado por ser ambos residentes de la misma localidad y por haber sido compañeros del colegio primario), sino uno de los criterios en la individualización de la pena previsto en el Código Penal en cuanto a la relación autor/víctima, tal como ya se señaló.

7. Vulneración de la prohibición de doble valoración al apreciar como pautas agravantes el anonimato y la intimidación, cuestiones que ya se encontraban establecidas como elementos integrantes de la descripción típica en algunos de los delitos enrostrados.

En este punto el recurrente aduce, específicamente, que cuando el a quo en su resolución sostuvo como agravantes “la naturaleza de las distintas acciones, los modos y circunstancias de comisión (...) al analizar cada suceso”, lo que hizo en realidad fue ponderar dos veces determinadas circunstancias (anonimato e intimidación) que ya se encontraban contenidos en algunos de los delitos atribuidos al imputado. Sin embargo, lo contrario surge de las constancias de autos.

En tal sentido, es factible señalar que -aquí también- los argumentos desarrollados por el recurrente suponen meras suposiciones que no se condicen con las concretas expresiones vertidas por el sentenciante, puesto que de la lectura integral de la sentencia no solo surge lo contrario, sino que expresamente el a quo descartó en su ponderación determinadas circunstancias por encontrarse ellas ya previstas en algunos de los ilícitos endilgados (por ejemplo, la extensión en el tiempo de los eventos nominados primero, segundo y cuarto, toda vez que su duración ya se encontraba contenida en el tipo especial propiciado por el art. 119, párrafo 2° del CP).

De esta manera, el párrafo objeto de cuestionamiento constituyó una referencia genérica del a quo (un introito) enmarcado en su extenso y pormenorizado análisis de los diversos sucesos atribuidos, lo cual encontró a la postre y claramente una concreta individualización -sin afectación de la prohibición de doble valoración- conforme lo descripto precedentemente, a lo que me remito por razones de brevedad.

8. En definitiva, las pautas meritadas por el sentenciante como agravantes en la imposición de la pena son plenamente válidas, y teniendo en cuenta que esta Sala ha afirmado, reiteradamente (aún con distinta integración) que “...siempre que se valore alguna circunstancia agravante, es posible imponer al acusado una pena superior al mínimo legal de la escala prevista para el delito que se le atribuye...” (TSJ, Sala Penal, “Bazán”, S. nº 274, 21/10/2009; “Chávez”, S. nº 106, 17/5/2011; “Arredondo”, S. nº 392, 26/12/2011; “Ramos”, S. nº 125, 7/5/2014; “Andruchow”, S. n° 514, 30/12/2014), es que no puede menos que inferirse que la sanción aplicada por el a quo a C. resulta razonable y ajustada a derecho.

Así voto.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora vocal del primer voto por lo que adhiero al mismo en un todo, votando en consecuencia de igual forma.

A LA QUINTA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti dijo:

I) Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto en forma in pauperis por el imputado F. D. C., con el fundamento técnico del abogado defensor Darío Vezzaro; con costas (arts. 550 y 551 del CPP).

II) Por último, resta formular una recomendación al tribunal de origen para que, en lo sucesivo, observe lo dispuesto por la “Regla de Heredia N° 5”, en cuanto a que cuando sea necesario consignar en los fallos que se dicten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces o bien, cuando se trate de datos relativos a víctimas de violencia sexual, estos sean inicializados. Situación que también deberá ser considerada con los familiares de los mismos, en atención al riesgo que entraña la publicidad de la sentencia para su privacidad e intimidad.

Así voto.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati dijo:

La señora Vocal del primer voto da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.

Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal;

RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de casación interpuesto en forma in pauperis por el imputado F. D. C., con el fundamento técnico del abogado defensor Darío Vezzaro; con costas (arts. 550 y 551 del CPP).

II. Recomendar al tribunal a quo la observancia de lo dispuesto por la “Regla de Heredia N° 5” en cuanto a la inicialización de los nombres de niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces como así también de todas aquellas víctimas de violencia sexual y de sus familiares.

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman esta y los señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

 

TARDITTI, Aida Lucia Teresa

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CACERES de BOLLATI, María Marta

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RUBIO, Luis Enrique

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SOSA LANZA CASTELLI, Luis María

SECRETARIO/A GENERAL DEL T.S.J

 

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