JURISPRUDENCIA

 

 

 

Buenos Aires, Marzo 6 de 2020.-

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.- Contra el pronunciamiento de fs. 150 que admite la excepción de incompetencia formulada por la citada en garantía, se alza la parte actora.

Funda agravios a fs. 161/162, los que no son contestados por la aseguradora. A fs. 168/170 dictamina el Sr. Fiscal General quien propicia se confirme el pronunciamiento.

II.- De las constancias de autos surge que el actor inicia esta demanda de daños y perjuicios por las lesiones en el hecho que dice ocurrido el 30/04/2017, cuando circulaba con su motocicleta por la Ruta Nacional n° 205 de la localidad de Cañuelas, y en momentos que se aproximaba a la intersección con la calle Los troncos, la accionada que se encontraba estacionada decide salir de su emplazamiento haciendo una maniobra en “L” interponiéndose en la línea de marcha del actor provocando el accidente.

Dirigió su acción contra Delia Monica Cabrera, quien no contestó demanda y contestando la citación en garantía Federación Patronal Seguros S.A. a fs. 92/111.

Esta última opuso la excepción de incompetencia razón del territorio toda vez que tanto el accionado como la aseguradora tienen domicilio en la Provincia de Buenos, jurisdicción donde también habría ocurrido el siniestro y se habría firmado la póliza de seguro (cfr. fs. 105 vta.).

III.- La competencia, como medida de la jurisdicción, o bien como distribución del poder jurisdiccional realizada por las leyes de organización judicial, atiende a diversos criterios, tales el caso de la materia, el grado, el valor o el territorio y, en tal sentido, resulta ser un requisito de la sentencia de fondo, la cual no podría ser válidamente dictada por un juez que careciera de la misma (conf. De Santo, “El proceso Civil”, T:I, Ed. Universidad, pag.355).

Del juego armónico de los arts. 5, inc.4 del Código Procesal y 118, párrafo segundo, de la ley 17.418 (ADLA, XXVII-B, p. 1677), cuando en una acción de daños y perjuicios el damnificado extiende su pretensión contra el asegurador, puede interponer la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar del hecho, el del domicilio del accionado o el de la compañía aseguradora, como así también en el de cualquier agencia o sucursal de ella, pues el art.118 citado no hace distinción sobre el domicilio central, agencia o sucursal (CNCiv., Sala C, in re “Llanten, t. c/ Tamolunas, D. s/ daños y perjuicios”, del 9-8-07; id.id., in re “Muñoz, M. c/ Ferrara, G. s/ daños y perjuicios”, del 24-2-09; id.id., in re “Galeno Aseguradora c/ Ledesma, G. s/ interrupción de la prescripción”, del 20-11-14, entre otros precedentes; íd.CSJN, 13/4/89, Rep. ED, 24-140, n° 49).

En efecto, aún cuando no se desconoce lo que dispone el art. 152 del Cód. Civil y Comercial de la Nación en orden a la persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales, lo cierto es que a los efectos indicados por el art. 118 de la ley 17.418 resulta indiferente tanto la importancia comercial de las oficinas de la compañía de seguros, que la agencia posea o no atribuciones para contratar o que sea el lugar donde se celebró el contrato, pues la citada norma legal no hace distinción sobre el domicilio central, agencia o sucursal. Ello es así, pues se interpreta que tal directiva ha sido instituida para posibilitar a la víctima el cobro de su crédito en forma rápida (Fenochietto, Código Procesal Comentado, T. I, pag.52) de modo que, a los efectos de su citación, cualquiera de ellos puede tenerse por tal sin que quepa exigir la realización de investigaciones inoficiosas, pues no tiene por qué la víctima del accidente saber en cuál de los distintos domicilios del asegurador se celebró el contrato. Máxime, cuando ello puede tener virtualidad en la órbita de la relación asegurado-asegurador empero ninguna incidencia tiene frente al tercero, para quien resulta facultativo interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio del demandado, de la casa matriz de la compañía aseguradora, o de cualquier agencia o sucursal de ella, de conformidad con lo dispuesto por el art. 118 de la ley 17.418, el que -se reitera-  en su redacción no realiza distinción entre domicilio central, agencia o sucursal (conf. CNCiv., esta Sala C en R.383372 del 5/11/03; R. 441394 del 11/4/06; R. 451654 del 30/5/06, íd. “Cáceres, Matías Jonathan c/ Expreso Villanueva SA s/daños y perjuicios”, del 31/05/2019).

De ahí que, una vez verificada la existencia de una dependencia de la aseguradora en la Ciudad de Buenos Aires, surge procedente la competencia de los Tribunales de esta última, sin que interese el hecho de que la agencia o sucursal posea o no atribuciones para contratar a nombre de la aseguradora, o que haya sido ella o no, donde se contrató el seguro (CNCiv., Sala C, R.351.831, del 15-4-03; id.id., R.480.956, in re “Casana, M. c/ Cuenca, H. s/ daños y perjuicios”, del 21-5-07; id.id., R.507.204, in re “Andreoli c/ Muhlberger s/ daños y perjuicios”, del 19-6-08; id.id., R.521.961, in re “Muñoz, M. c/ Ferrara, G. s/ daños y perjuicios”, del 24-2-09; id.id., R.597.355, in re “Torres, A. c/ Sabas, J. s/ daños y perjuicios”, del 10-4-12).

En consecuencia, dado que no se puede discutir que la aseguradora tiene dependencias en esta Ciudad, en tanto se considere que concurrió a la mediación conforme el acta de fs. 1, donde denunció como domicilio la calle Alsina 815 de esta Ciudad y siendo que allí se le notificó la citación en garantía (ver cédula de fs. 91), en autos se configura el supuesto que permite la radicación de la causa ante los Tribunales de esta jurisdicción por la que optó la parte actora, debiendo, por tanto, admitirse los agravios.

IV.- Por todo ello, y oído que fue el Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: Revocar la resolución de fs. 150. Con costas en el orden causado atento las particularidades de la cuestión, así como las de Alzada por no haber mediado contradictorio. Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y a los interesados en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes. Publíquese y oportunamente devuélvanse.

 

PABLO TRÍPOL

(En disidencia)

OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE

JUAN MANUEL CONVERSET

 

Disidencia del Dr. Tripoli:

La competencia, como medida de la jurisdicción o bien como distribución del poder jurisdiccional realizada por las leyes de organización judicial, atiende a diversos criterios, tales, el caso de la materia, el grado, el valor o el territorio y, en tal sentido, resulta ser un requisito de la sentencia de fondo, la cual no podría ser válidamente dictada por un juez que careciera de la misma (conf. De Santo, “El proceso Civil”, T. I, Ed. Universidad, pag.355).

El art. 118 de la ley 17.418 expresa que”el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que reciba la causa a prueba.

En tal caso, debe interponer la demanda ante el Juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador”.

De las constancias de autos surge que el accidente se habría producido en la Provincia de Buenos Aires, donde también se domicilia el emplazado. Asimismo, la sede central de la citada en garantía se encuentra ubicada en aquella jurisdicción, donde se habría firmado la póliza (conf. Fs. 103). Es decir que todos los domicilios se encuentran en extraña jurisdicción respecto del juzgado hasta ahora interviniente.

Desde esta perspectiva y por aplicación de los principios generales en materia de competencia (arg. art. 5 inc. 4º del Código Procesal), los juzgados nacionales resultan incompetentes para entender en estos obrados.

Sin embargo, la parte actora, en razón de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 17.418, procedió a iniciar la acción ante esta jurisdicción en razón del domicilio de la sucursal que en esta ciudad tiene la citada en garantía.

No obstante, cuando el hecho por el que se reclama no ocurrió en esta jurisdicción, la demandada y la aseguradora se domicilian en extraña jurisdicción donde también se habría firmado el contrato de seguro, no es admisible el desplazamiento de la competencia que autoriza el art. 118 de la ley 17.418 hacia los Tribunales locales, pues carece de razonabilidad que la parte actora interponga la demanda en una jurisdicción con fundamento en la existencia de una sucursal respecto de la cual no existe punto de conexión (conf. CNCiv. Sala L, “Olivera, Caferina del Valle c/ Rodríguez, julio C”, del 4-11-2013, esta Sala “Alfonzo, Roberto Cristian c/ Benítez, Virgilio s/ daños y perjuicios, del 14/02/2018, entre otros).

De ahí que se entienda que para la admisión del desplazamiento de la competencia autorizado por la ley de seguros se requiere que el contrato respectivo se hubiera realizado en ese lugar (arg. art. 90 del Código Civil y 152 del Código Civil y Comercial).

El fundamento de la competencia territorial reside en la tutela del derecho subjetivo al “juez natural”, que es en principio el del domicilio del demandado (conf. art 5, inc. 5 del CPCC). Por ello, la interpretación en materia de competencia no debe efectuarse con un criterio amplio sino restringido de manera tal de no sacar las causas de sus jueces naturales.

Señala Carnelutti que la razón del criterio determinante de la competencia territorial es la vecindad de la sede a los elementos (personas o cosas) que sirven al juez para el ejercicio de la función jurisdiccional, pues en atención a esa vecindad crece el rendimiento y decrece el costo del pleito (conf. “Sistema...”, T° II, pág. 297, mencionado por J. Ramiro Podetti, en “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral”, T° I “Tratado de la competencia”, pág. 486).

En razón de ello, la existencia de una sucursal u oficina de la aseguradora en esta jurisdicción no alcanza para asignar la competencia a los tribunales de esta jurisdicción para entender en el reclamo derivado de un accidente de tránsito ocurrido en una distinta denominación territorial, en donde también se domicilia el demandado y la citada en garantía si no demuestra, además, que el contrato de seguro se celebró en esta Ciudad.

Por tal circunstancia, siendo carga del interesado acreditar el extremo por el cual pretende el desplazamiento de competencia, al no verificarse elemento alguno que permita atribuirla a esta jurisdicción, corresponde mantener el fallo de grado.

 

PABLO TRÍPOLI

 

 

Cita digital:IUSJU002081F