JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Buenos Aires, 29 de marzo de 2021.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones en formato digital a la Sala, para conocer del recurso de apelación interpuesto el 10 de febrero de 2021 por la parte actora, contra lo dispuesto el 02 de febrero de 2021, por los fundamentos que expresa la recurrente en el memorial que digitaliza e incorpora al sistema de gestión el 1° de marzo de 2021.

Critica la recurrente que no se haya dispuesto dar traslado de la demanda que presentara el 24 de agosto de 2020, a pesar de que dice haber acreditado que las actas de cierre de la mediación se encuentran vigentes y cumplido con la aclaración solicitada por el “a quo” el 30 de octubre de 2020.

II. En la providencia bajo recurso, luego de que la pretensora aclarase que promovía la demanda “para evitar la caducidad del certificado de mediación” y acreditara el pago de la tasa de justicia por monto indeterminado, el “a quo” dispuso que, en tanto la “interrupción del plazo de caducidad de mediación” no se encuentra contemplada legislativamente, nada cabe proveer. Es del caso apuntar que, la aclaratoria requerida a la actora con fecha 30 de octubre de 2020, se encontró motivada en que aquélla manifestó en el punto 2 del petitorio del escrito postulatorio que inicia la acción a los efectos de interrumpir la prescripción, mientras que en el punto 7 del mismo escrito de inicio, aduce que promueve la acción a fin de evitar la caducidad del acta de mediación.

III. En lo que atañe a la cuestión traída a conocimiento, no deviene ocioso recordar que el artículo 51 de la ley 26.589 dispone / que se “producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del año a contar desde la fecha en que se expidió el acta de cierre”. De la norma se desprende, sin hesitación, que el requirente se encuentra constreñido a iniciar la causa judicial dentro del año posterior a la fecha de cierre de la mediación que surja del acta respectiva, ya que, de no hacerlo así, transcurrido ese plazo, debe transitar, nuevamente, por la etapa previa de mediación. Es decir, el vencimiento de dicho plazo provoca la obligación del interesado de reiniciar el proceso de mediación si pretende tener expedita la vía judicial y así, frente al transcurso del plazo debe ordenarse la reapertura de la mediación y no el rechazo “in limine” de la demanda iniciada, por cuanto la norma referida precedentemente no prevé tal solución.

IV. Ahora bien, en la especie “sub examine”, en las condiciones en que se postula el derecho de acción por parte de la pretensora y dadas las constancias que resultan de elementos documentales que arrima con su demanda, la decisión que discurre en que “cuando la interrupción del plazo de caducidad de mediación no se encuentra contemplada legislativamente, no cabe emitir pronunciamiento alguno”, no aparece desacertada, en tanto implica que toda cuestión referente a la habilitación de la instancia judicial y demás vicisitudes procesales relacionadas con la temporaneidad de la deducción de la demanda, eventualmente, podrán ser planteadas por las demandadas, en su oportunidad procesal.

Desde ese primer piso de análisis, bien podría afirmarse que lo decidido no acarrea a la apelante gravamen irreparable actual, en los términos del art.242, inc.3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando la decisión recurrida, en tanto no decide artículo o incidente dejando cerrado el asunto, sin que puedan remediarse sus efectos. Recuérdese que, la admisibilidad del recurso de apelación, se halla condicionada a que se derive de la resolución atacada la existencia de un requisito de índole subjetivo como es el agravio, ya que de otro modo, no existe interés jurídicamente tutelable, recaudo genérico de los actos procesales de parte (Palacio Lino E., “Derecho Procesal Civil”, T°V, pág.85). Más aún, si fuera del caso considerar que la demanda interpuesta lo fue sólo a fin de interrumpir la prescripción, pues agotó su efecto al ser introducida, aunque no cumpla los requisitos de forma y de fondo (conf. art.2546  CCiv.Com.), puesto que no resultaría necesario emitir pronunciamiento alguno porque nada hay que habilitar, ni denegar, en tanto la demanda, eventualmente, ya cumplió su efecto al ser sorteada, cualquiera fuere su suerte.

Sin embargo, los postulados de la pretensión recursiva de la accionante merecen atención, pues ante lo actuado en la instancia de grado a consecuencia de la interposición de su demanda, y formuladas las aclaraciones que le fueron requeridas, sin que se dispusiera cuestión alguna referente al cumplimiento de la mediación previa obligatoria o al plazo de caducidad al que hace alusión la norma legal referida, no advierte el tribunal que se haya señalado algún otro impedimento y/o cuestión a subsanar, para disponer el emplazamiento a juicio de los demandados y el traslado de la demanda.

De tal forma, cuando lo apelado no implica decisión alguna referente a que la interesada no tenga por expedita la vía judicial, entendemos que de verificarse cumplidos todos los recaudos previstos por el art.330 del CPCCN y no advertirse en la instancia de grado algún impedimento y/o cuestión previa que deba ser subsanada, nada impide que se provea al pedimento de la apelante, disponiéndose el emplazamiento a juicio de los demandados y el traslado de la demanda incoada.

En mérito a lo considerado y con el alcance indicado en el considerando precedente, el Tribunal RESUELVE: Modificar la resolución apelada, dictada el 02 de febrero de 2021, con el alcance indicado en la presente. Con costas de alzada en el orden causado, en tanto no corresponde sustanciación (arts.68 y 69, CPCCN). Se deja constancia de que la Vocalía n°30 se encuentra vacante.

Regístrese. Notifíquese a la parte en su domicilio electrónico. Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y devuélvase a la instancia de grado.

 

Fecha de firma: 29/03/2021

Alta en sistema: 30/03/2021

Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIELA MARIEL SCOLARICI, JUEZ DE CAMARA

 

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