JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de MARZO de 2021, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZALEZ DIJO:

I.- La sentencia de grado rechazó en lo principal la demanda que procuró el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral.

Contra dicha decisión se alzan en apelación ambas partes.

II.- El recurso del actor es procedente y en esa inteligencia me explicaré.

En efecto, arribó firme a este Tribunal que el actor fue despedido el día 30/06/2017 donde se le endilgó -en su carácter de Jefe de Pago y Recaudaciones de la Gerencia de la Administración Centralizada de Productos- y previa auditoría interna-: a) no haber cobrado en el mes de mayo del año 2017 los seguros optativos a los clientes de la entidad ; b) tampoco -en dicho mes- haber contabilizado las comisiones pagadas por cobranzas de tarjetas de crédito de entes externos originadas en el mes de marzo de 2016 y c) haber realizado una contabilización desfazada de dichos pagos en el período correspondiente al año 2017; lo que -a decir de la demandada- ocasionó perjuicios económicos, errores en sus asientos contables y perdidas de clientes (ver acta notarial acompañada a fs. 59/61).

Conforme a las reglas que rigen en el campo de la prueba, era carga de la parte demandada acreditar dichos extremos (art. 377 del CPCCN).

Luego de analizadas las pruebas producidas en la causa, considero que dichos extremos no se encuentran cabalmente demostrados.

En principio, porque no fue acompañada a la causa la auditoría que menciona el acta notarial de fs. 59/61 y, a partir de allí, no se vislumbra que - en su caso- el actor haya podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Asimismo, las declaraciones testimoniales producidas en la causa-a las que me remito en obsequio a la brevedad por haber sido analizadas en grado- tampoco acreditan objetivamente la existencia del desfasaje económico endilgado al actor. Si bien los deponentes manifiestan determinadas sumas de dinero lo cierto es que la demandada no acreditó -de forma objetiva y documental- dichos importes, máxime cuando el perito contador no aportó dato relevante sobre la materia, ni tampoco se le exhibió documentación alguna que acredite el desfasaje económico que se alude (arts. 377 y 477 del CPCCN).

A ello se suma que el testimonio de Bauleo (fs. 286/288) no es imparcial porque fue quién realizó el informe que culminó con el despido del actor, teniendo en cuenta que -como se dijo- los desfasajes económicos que menciona en su declaración testimonial tampoco tiene respaldo objetivo; siendo oportuno destacar que el testigo además reconoció que el actor le manifestó los impedimentos operativos que padecía su sector a raíz de la falta de personal, cuya solución era ajena al propio accionante; lo que me persuade acerca de que las condiciones de trabajo que imposibilitaban cumplir adecuadamente la labor.

Tampoco se advierte que el actor haya sido apercibido por los incumplimientos que se le endilgan del año 2016, esto es, faltas que supuestamente ocurrieron un año antes del despido y que, en virtud del principio de contemporaneidad, al menos debieron ser notificadas oportunamente al accionante para que -en su caso- corrigiera el supuesto incumplimiento o ejerciera el derecho de defensa.

En síntesis, si se tiene en cuenta la antigüedad del actor en la empresa demandada (10 años), la falta de acreditación objetiva de los hechos que se le imputaron en la comunicación del despido y que algunos de estos -además- datan de un año antes al despido, cabe concluir que la conducta rescisoria de la empleadora no fue ajustado a derecho (artículos 242 y concordantes de la LCT); máxime si se tiene en cuenta que el actor carecía de antecedentes disciplinarios al momento de ser despedido.

En suma, propongo revocar este aspecto del decisorio y condenar a la empleadora al pago de las indemnizaciones derivadas del despido (artículos 232, 233, 245 de la LCT y 2 de la ley 25323).

III.- El recurso de la parte demandada debe ser desestimado.

a) En lo que se refiere al agravio por horas extras, cabe señalar que el planteo no cumple acabadamente con los recaudos del artículo 116 de la LO en orden a una critica concreta y razonada del decisorio apelado. Digo esto, porque la apelante se limita a citar jurisprudencia que avalaría su posición argumental pero lo cierto es que no ataca -y por ello deja incólume- los diversos elementos probatorios acuñados por el “a quo” para fundamentar su decisión. A ello se suma que -contrariamente a lo manifestado en su agravio- las declaraciones testimoniales analizadas en grado ratificaron el cumplimiento de horas extraordinarias por parte del actor (arts. 377 y 386 del CPCCN).

b) Lo mismo cabe concluir en torno al planteo por el pago del “bonus” adeudado, ya que el apelante se limita a recordar -de manera dogmática- que dicho rubro era abonado en razón de los logros de la empresa pero lo cierto es que tampoco específico concretamente cuáles eran las condiciones del devengamiento de estos importes y, en su caso, que circunstancias avalarían su decisión de dejar de abonárselos al actor, máxime cuando le fueron pagados a aquél periódicamente.

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que “...el pago de una bonificación que ha sido pactada por las partes en forma mensual, semestral o anual no importa la exclusión de su carácter remuneratorio ni que ella deje de reunir las características de normalidad o habitualidad ya que el mismo es percibido en forma ordinaria. La principal peculiaridad de esta remuneración está vinculada a que es un salario por rendimiento que se percibe en distintos períodos. En los supuestos en que estas remuneraciones percibidas en períodos superiores a un mes se devengaren de forma irregular en los distintos períodos mensuales y esta irregularidad pueda ser adecuadamente cuantificada, entonces habilita la determinación de la mejor remuneración mensual devengada. Esto importa decir que en todo supuesto en que la relación laboral se considerara extinta por causas imputables al empleador, siempre que el actor sea acreedor a la indemnización por antigüedad, tiene derecho al pago de la bonificación anual proporcional a la fracción del año trabajado y al cómputo de su incidencia en la base de la antigüedad...” (Autos “MATHEOU ALEJANDRO c/ MERRIL LYNCH PIERCE FENNER Y SMITH DE ARGENTINA S.A.F.M. DE M. s/DESPIDO” del registro de esta Sala, sentencia del 16/09/2014; entre otras), por lo tanto debe mantenerse lo decidido en grado al respecto.

c) Por último, corresponde desestimar el agravio referido a la multa del artículo 80 de la LCT, toda vez que los certificados ofrecidos oportunamente por la apelante no cumplían acabadamente con la obligación dispuesta en dicha norma legal y, en razón de ello, el Juez de grado condenó a la extensión de los mismos.

IV.- Teniendo en cuenta los parámetros seguidos en grado corresponde fijar los siguientes rubros e importes en razón del despido del actor: 1) art. 245 LCT : $2.112.670,90.- ($ 211.267,09 x 10 años); 2) preaviso: $ 422.534,17.- y 3) art. 2 de la ley 25323: 1.267.602,52.-

En consecuencia, el capital nominal de condena debe establecerse en la suma de $ 5.562.581,59.-

Corresponde mantener lo decidido en grado respecto a la indemnización por daño moral, ya que no ha sido cuestionada adecuadamente en los términos del artículo 116 de la LO.

Por último, a influjo de lo normado por el artículo 279 del CPCCN corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios.

V.- Por las razones expuestas propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal en la suma de $ 5.562.581,59.-. 2) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios, estos últimos en base al nuevo monto de condena e intereses. 3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el ... % de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículos 68 y 279 del Código Procesal ; 38 de la LO y concordantes de las leyes 21839 y 27423).-

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y fijar el capital nominal en la suma de $ 5.562.581,59.-.

2) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios, estos últimos en base al nuevo monto de condena e intereses.

3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida.

4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el ...% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase.

 

MARÍA DORA GONZALEZ

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

CLAUDIA R. GUARDIA

SECRETARIA

 

  Correlaciones:

Matheou, Alejandro c/Merril Lynch Pierce Fenner y Smith de Argentina S.A.F.M. DE M. s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala VIII - 16/09/2014 - Cita digital IUSJU222024D

 

Cita digital:IUSJU004636F