JURISPRUDENCIA

 

 

 

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 9 días del mes de febrero de 2022 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente, el Dr. GABRIEL de VEDIA dijo:

Contra la sentencia dictada con fecha 12/08/2021 que obra a fs. 161/164vta. y que hizo lugar a la demanda apela la parte demandada en los términos y con los alcances del memorial que acompaña en formato digital el 20/08/2021, cuya réplica obra agregada en el mismo formato.

Asimismo, el perito médico cuestiona los emolumentos fijados a su favor, por estimarlos reducidos.

I. Los agravios de la demandada están dirigidos a cuestionar el IBM utilizado en grado, el momento a partir del cual deben computarse los intereses y la regulación de honorarios dispuesta a favor de la representación letrada de la parte actora y del perito médico, a la que considera elevada.

II. Respecto al cálculo del IBM determinado en grado, la accionada sostiene que el mismo es absolutamente improcedente para la base de cálculo de la indemnización. Sin embargo, debo decir que, el a quo determinó el IBM en base a las remuneraciones informadas por el organismo recaudador oficial, utilizando los parámetros previstos por la norma del art. 12 LRT, sin advertirse en los argumentos recursivos, el perjuicio concreto causado a dicha parte, o la existencia de algún error por parte del magistrado en la utilización de dichos parámetros de cálculo para la determinación del monto indemnizatorio diferido a condena.

No soslayo que el apelante indica que no deben computarse los conceptos no remunerativos, sin embargo, de la documentación extractada por el organismo recaudador no surge que los mismos hayan sido incluidos en la base de cálculo.

Por consiguiente, no viene expuesto por el apelante ningún elemento objetivo que demuestre que la metodología de cálculo del ingreso base que prevé el art. 12 LRT no se adecue a las previsiones impuestas por la norma en el caso concreto, como así tampoco se acreditó que el real salario fuera distinto al que se declarase ante el organismo recaudador. Por ende, los argumentos recursivos así expuestos, no rebaten la decisión de la anterior instancia en este aspecto.

III. En otro aspecto, la ART se agravia por el momento a partir del cual comienzan a computarse los intereses en base a que, a la fecha de la sentencia, la demandada no tenía certeza que el actor presentara incapacidad alguna. Por ello, solicita se apliquen los intereses a partir de la fecha en que se dictó la sentencia.

Sin embargo, los argumentos recursivos se ven contrariados por la norma del artículo 2 tercer párrafo de la ley 26.773 -aplicable al caso-, donde se dispone que los intereses corren a partir de la fecha en que aconteció el infortunio o desde la toma de conocimiento de la enfermedad. Por este motivo la sentencia de origen debe ser confirmada en este punto, no obstante aclarar que la determinación de la incapacidad al momento de alta médica o con posterioridad a la misma, no hace existir a la incapacidad sino que simplemente la declara, por lo que el daño es siempre preexistente a ésta y consecuentemente el resarcimiento de pérdidas e intereses corresponde desde el momento en que se produjo ese daño.

IV. En cuanto a las regulaciones de honorarios apeladas, en atención a que los trabajos profesionales sustanciales por la labor cumplida en primera instancia se realizaron estando en vigencia la ley 21.839, el art. 38 LO, el art. 13 de la ley 24.432 y el decreto ley 16.638/57, habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

De este modo, tomando en consideración la calidad, complejidad, extensión e importancia de las tareas realizadas por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, el resultado del litigio, las distintas etapas procesales cumplidas así como también las pautas arancelarias antes referidas; el porcentual fijado a la parte actora no luce elevado y, en consecuencia, se confirman.

Igual suerte tendrán los honorarios del perito médico. En base a las pautas y criterios antes expuestos, los mismos resultan adecuados, motivo por el cual, serán confirmados.

Asimismo, puesto que dicho profesional ha acreditado en la presentación de fecha 12/08/2021, que reviste la calidad de “responsable inscripto” ante el impuesto al valor agregado, debe adicionarse a sus honorarios el porcentual correspondiente a dicho tributo.

V. Atento el resultado de las cuestiones planteadas, las costas de alzada serán impuestas a la demandada vencida (art. 68, segundo párrafo CPCCN) y se establecen los honorarios de alzada, para la representación y patrocinio letrado de la representación letrada de la parte actora y de la parte demandada, en el 30% -para cada una- de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículo 30, Ley 27.423).

La doctora BEATRIZ E. FERDMAN manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del señor Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1. Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia recursos y agravios. 2. Adicionar a los honorarios del perito médico el porcentual correspondiente al I.V.A. de conformidad con las pautas establecidas precedentemente. 3. Costas y honorarios de alzada, como se sugiere en el primer voto. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Se deja constancia que la Dra. Graciela Liliana Carambia no vota en virtud de lo normado en el art. 125 de la L.O.

AB

 

Gabriel de Vedia

Juez de Cámara

Beatriz E. Ferdman

Juez de Cámara

 

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A. A. A. c/OMINT ART SA s/accidente - ley especial - Cám. Nac. Trab. - Sala III - 09/09/2020
https://ius.errepar.com/sitios/ver/html/20201005082634949.html?k=accidente%20de%20trabajo%20intereses

 

 

Cita digital:IUSJU013487F