JURISPRUDENCIA

 

 

 

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FORMOSA, 10 de mayo de dos mil veintidós. VISTOS: Estos autos caratulados: "E., M. D. L. M. C/C., R. A. S/ JUICIO ORDINARIO", Expte. Nº 115 Folio Nº 103 Año 2021 del registro de la Secretaría de Recursos del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto en página 154; y CONSIDERANDO: El señor Ministro Dr. Marcos Bruno Quinteros dijo: Que vienen estas actuaciones al Acuerdo para resolver el recurso extraordinario por sentencia arbitraria planteado por el apoderado de la parte demandada -Dr. S. L. B.-, en páginas 125/131 vta., contra el Fallo Nº 19.866/2021 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (páginas 118/122) que confirmó el Auto Interlocutorio Nº 882/2019 (páginas 101/103) dictado por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2. Que se agravió el recurrente al sostener que la sentencia se aparta de los elementos obrantes en la causa y que si bien no tiene el carácter de sentencia definitiva, atento a que no resuelve el fondo de la cuestión, le causa un gravamen de imposible reparación ulterior, toda vez que le veda el derecho constitucional de defensa en juicio, al tener por no contestada la demanda, revelando un exceso ritual incompatible con el ejercicio del derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Refutó los argumentos del Tribunal de Alzada sobre la imposibilidad de actuar ante los Tribunales de la Provincia de Formosa en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula de la Provincia de Formosa, siendo insuficiente que el mandatario actúe con patrocinio letrado, señalando que el abogado H. D. A. P. se presentó en carácter de apoderado de la Sra. R. A. C. en los términos de los artículos 362, 1319 y concordantes del Código Civil y Comercial -CCyC-, con el patrocinio letrado de un profesional matriculado en el "Colegio de Abogados de la Provincia de Formosa", afirmando que la correcta aplicación de las normas procesales invocadas, en armonía con las de fondo, tiene por finalidad evitar que una persona sea representada en juicio por alguien sin conocimientos técnicos en leyes comprometiendo el derecho de defensa de la parte. Refirió, además, que la sentencia en crisis antepone una supuesta formalidad procesal al derecho de defensa en juicio de la demandada, quedando la misma en total indefensión; reiterando que por un exceso ritual manifiesto se declaró nula la intervención del Dr. P. Corrido el traslado dispuesto por ley a la contraria (página 132), el mismo fue contestado por el Dr. G. F. E., apoderado de la Sra. E. -actora- (páginas 133/136 vta.), solicitando su rechazo por no satisfacer las cargas técnico-procesales al no configurarse la arbitrariedad alegada. Que en páginas 150/153 obra el Dictamen Nº 8042/2022 del Sr. Procurador General, Dr. Sergio Rolando López, quien se expide por la admisión del recurso extraordinario planteado, efectuando un pormenorizado análisis de la cuestión debatida y concluyendo que un apego irracional a las formas trae aparejado inequidades e injusticias, denegando a la parte recurrente la participación en el juicio por actuar a través de un representante convencional no matriculado, cuando su derecho de defensa se encuentra resguardado por la asistencia técnica de un profesional habilitado que actúa como patrocinante. Abordando la tarea encomendada, advierto que la controversia radica en dilucidar la validez de la actuación del abogado H. P. (sin matrícula profesional habilitante en la provincia) como mandatario de la demandada, Sra. R. C., con el patrocinio letrado de un abogado matriculado en el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, en oportunidad de contestar la demanda deducida. El Auto Interlocutorio Nº 882/2019 dictado en páginas 101/103 declaró la nulidad de la providencia obrante en página 34, que tuvo al Dr. H. D. A. P. por presentado, parte en el carácter invocado, por constituido domicilio procesal indicado y denunciado el real, dándole la intervención de ley y, asimismo, por contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta; disponiendo, además, la devolución a su presentante del escrito de páginas 29/33, con costas a la parte perdidosa (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia - CPCC-); siendo dicha decisión confirmada por la Alzada mediante el Fallo Nº 19.866/2021 obrante en páginas 118/122, objeto del recurso extraordinario en examen. Planteada la cuestión y haciendo propios los medulosos argumentos ensayados por el Sr. Procurador General, Dr. Sergio Rolando López, en su Dictamen Nº 8042/2022, los que van acompañados de recientes antecedentes jurisprudenciales de este Superior Tribunal de Justicia, estimo que la cuestión ha quedado definitivamente zanjada. Claro está, que la representación procesal tiene lugar cuando la parte designa un abogado para que la represente en juicio, otorgándole poder ya sea general o especial (arts. 1320 y 375 del CCyC), disponiendo la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) que sólo los abogados matriculados pueden ejercer su profesión en la Provincia de Formosa (art. 108), con el fin de asegurar el derecho de defensa en juicio de la parte, evitando que ésta sea representada por quien carece de conocimientos técnicos jurídicos y la sitúe en un estado total de indefensión. Surge de estas actuaciones, puntualmente de la copia de escritura pública por la cual la demandada R. A. C. otorga poder especial a favor del Dr. H. D. A. P. (páginas 26/28) para intervenir en las presentes actuaciones hasta su terminación y lo faculta a presentarse ante los Tribunales judiciales federales u ordinarios de la Nación o de las Provincias, para ejercer todos los actos que autoriza el Código de Procedimiento respectivo, presentar escritos, títulos, documentos, entablar o contestar demandas de cualquier naturaleza a nombre de la otorgante, y reconvenir y realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes al mejor desempeño del mandato. Consecuentemente, en el caso existe mandato suficiente, quedando acreditada así la personería invocada por el presentante en página 34, quien lo hace bajo el patrocinio letrado del Dr. S. L. B. de conformidad al artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial. En tal inteligencia, que el Dr. P. haya enunciado su carácter de profesional, en modo alguno puede entenderse como una pretensión de reconocimiento de una calidad que no fue invocada, sino que en cumplimiento del mandato y conforme instrucciones de su mandante quien le delegó las funciones propias por escritura pública, suscribió la pieza procesal con el debido patrocinio de un letrado habilitado para ejercer la procuración en la provincia; extremo que claramente satisface el fin de la norma. Y digo ello, en el entendimiento que el patrocinio letrado de un profesional de la matrícula suple la exigencia legal de que el representante convencional de la parte procesal deba ser un abogado matriculado, pues cumple con la finalidad de la legislación en cuestión, cual es, que la parte procesal se encuentre asistida durante todo el procedimiento por un profesional habilitado, de acuerdo al régimen previsto en la Ley Nº 936 de creación del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa. En este sentido, este Excmo. Superior Tribunal de Justicia, en ocasión de expedirse en una causa en la que se cuestionó la representación procesal de la profesional que se presentaba por la demandada, sin encontrarse debidamente inscripta en la matrícula del Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa (incluso reconocido por la misma profesional), siendo tachada por la contraria de inválida su capacidad para estar en juicio en nombre de su mandante, sostuvo que "...a poco que se analice la cuestión, se advierte que el planteo de dicha defensa es improcedente, habida cuenta que en todas las presentaciones en que actuara la citada profesional Dra. P., siempre fue patrocinada por el apoderado letrado Dr. O. A., conforme surge del Poder Especial obrante en páginas 223/226. Y si bien,... en la primera presentación de la demandada (ver pág. 136), la Dra. P. manifiesta tener mandato para estar en juicio, en nombre y representación de EDEFOR SA, siempre lo hizo bajo el patrocinio letrado del Dr. A., quien sí se encuentra matriculado, inscripto en el Colegio de Abogados de la Provincia de Formosa. En tal sentido, los arts. 46 y 47 del CPCC, disponen que: "La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste..." (art. 46, CPCC) y "Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder..." . Que siendo ello así, la personería de la profesional cuya representación fue cuestionada por la accionante, quedó subsanada, pues quien [en puridad] actúa como apoderado letrado de la demandada, acreditó debidamente su personería conforme surge del Poder que acompaña patrocinando a la Dra. Pini, representante legal de la demandada, y así lo expuso al contestar el traslado conferido de la excepción  a lo que se suma que, por resolución de página 228 se lo tuvo por presentado, parte en el carácter invocado, dándosele intervención de ley" (text. Fallo Nº 12.229/21 "Provincia de Formosa"). Siguiendo dicho precedente, y compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, habiéndose presentado el Dr. S. L. B. en páginas 48/49 vta. como letrado apoderado en representación de la demandada, acompañando Poder General Judicial y Administrativo (páginas 46/47), a fin de contestar el planteo de nulidad articulado por la parte actora (además de hacerlo en carácter de gestor del Dr. P. evacuando el traslado de la denuncia de falso Procurador), se lo tuvo por presentado parte en el carácter invocado, dándosele intervención de ley por resolución de página 53 firme y consentida; claramente la eventual falta de representación o personería invocada por la actora fue subsanada, no siendo, por ende, susceptible de ser declarada nula la providencia de página 34. En definitiva y en virtud de los argumentos expuestos se impone hacer lugar al recurso extraordinario planteado por el apoderado de la parte demandada. Los señores Ministros Dres. Guillermo Horacio Alucin y Ariel Gustavo Coll adhieren a las conclusiones y consideraciones arribadas por el señor Ministro Dr. Marcos Bruno Quinteros. El señor Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang dijo: Comparto la decisión que propone el primer votante y a la que adhieren los secuentes intervinientes. Señalo que en el fallo de segunda instancia que convalida la decisión nulificadora de la primera instancia, se traen a colación fallos y opiniones de extraña jurisdicción, donde el ejercicio de la actividad de los abogados resulta particular de esas jurisdicciones. Estimo que lo fundamental es el de la Defensa del derecho que cada uno pretende le asiste. En la carátula se lee año 14, se supone que es del 2014, lo que señala la grave pérdida de tiempo que supuso todo este desgaste procesal. El señor Ministro Dr. Ricardo Alberto Cabrera dijo: Adhiero a las conclusiones y consideraciones arribadas por el señor Ministro Dr. Marcos Bruno Quinteros. Que por ello y con las opiniones concordantes de los señores Ministros Dres. Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucin, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera, se forma la mayoría que prescribe el artículo 25 de la Ley Nº 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: 1º) Hacer lugar al recurso extraordinario planteado por el apoderado de la parte demandada, revocando el Fallo Nº 19.866/2021 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que confirmó el Auto Interlocutorio Nº 882/2019 dictado por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2, en lo que hace a los agravios analizados en relación a la representación de la parte para estar en juicio, conforme lo expresado en los considerandos. 2º) Bajen las actuaciones al Tribunal de origen, para que continúe la causa según su estado. 3°) Costas a la actora (art. 68 del CPCC). 4°) Regístrese. Notifíquese. DR. MARCOS BRUNO QUINTEROS DR. GUILLERMO HORACIO ALUCIN DR. ARIEL GUSTAVO COLL DR. EDUARDO MANUEL HANGS DR. RICARDO ALBERTO CABRERA

 

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C., D. H. s/excepción de falta de personería - Cám. Nac. Crim. y Correc. - 03/07/2014 - Cita digital IUSJU220475D

 

 

Cita digital:IUSJU015619F