JURISPRUDENCIA

 

 

 

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Ciudad de Buenos Aires.

Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución que rechazó las excepciones opuestas, mandó llevar adelante la ejecución y extendió la responsabilidad solidaria al presidente de la empresa, Domingo Pedro Mezzanotte (actuación 12156238/18); y

CONSIDERANDO:

I. El GCBA promovió la presente ejecución fiscal contra Fleetmar SA y su presidente Domingo Pedro Mezzanotte -en su carácter de responsable solidario- a fin de obtener el cobro de un millón ciento ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos con veinticuatro centavos ($1 184 762,24), con más intereses y costas, en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB) por los períodos 2008, ant. 12; 2009, ant. 5° y 9° a 12; 2010, ant. 1° a 12; 2011, ant. 2° a 5° y 8° a 10; 2012, ant. 1° a 12; y 2013, ant. 1°, 2°, 4° y 5°.

II. El Dr. Enrique Luis Condorelli, apoderado de ambos codemandados, se presentó espontáneamente y opuso excepciones de prescripción e inhabilidad título. En particular, en defensa del Sr. Mezzanotte, opuso la falta de legitimación pasiva y planteó la inconstitucionalidad de los artículos 11 -inciso 4°-, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2018).

II.1. Afirmó que los anticipos comprendidos entre los períodos fiscales 12/08 y 9/11 -inclusive- se hallaban prescriptos, de conformidad con la doctrina de los casos “Marini” (TSJ, 22/10/13), “Bottoni” (CSJN, 6/12/11) y “Filcrosa” (CSJN, 30/9/03) -entre otros- y, con base en los fundamentos que surgen de los casos mencionados, planteó la inconstitucionalidad de los artículos 82, 87 y 89, inciso 1, del Código Fiscal (t.o. 2018) y de la cláusula transitoria de la Ley 2569 -que suspendió el curso de la prescripción por un año-.

Agregó que el Código Civil y Comercial, en sintonía con la jurisprudencia referida, solo permite que las jurisdicciones locales regulen el plazo o duración de la prescripción, pero no cuándo comienza ni cómo se suspende o interrumpe.

11.2. Adujo que la supuesta deuda reclamada no se encontraba firme, en tanto se hallaba discutida en los autos “Fleetmar SA y otros contra GCBA y otros sobre impugnación de actos administrativos”, C77934-2017/0, y vinculó la excepción de inhabilidad de título a la inexistencia de deuda debatida en esa causa.

11.3. Por su parte, en representación de Domingo Pedro Mezzanotte adhirió a las defensas articuladas por Fleetmar SA opuso la falta de legitimación pasiva y planteó la inconstitucionalidad de los artículos 11 -inciso 4°-, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2018), en la medida en que establecían un régimen de responsabilidad solidaria diferente al previsto en los artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades y, por lo tanto, vulneraban el principio de jerarquía contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Precisó que, mientras en la ley nacional el factor de atribución era subjetivo -por cuanto exigía dolo o culpa del director-, en el régimen local se consagraba la responsabilidad objetiva, solidaria e ilimitada de los integrantes de los órganos de administración respecto del pago de los gravámenes.

III. El GCBA contestó el traslado de las excepciones opuestas. Sostuvo la plena facultad de la Ciudad para legislar en materia de prescripción de impuestos locales, con fundamento en el artículo 2532 del Código Civil y Comercial y en la doctrina del fallo “Fornaguera Sempe” (TSJ, 23/10/15).

Adujo que el ISIB era un tributo de ejercicio anual, por lo que se hallaba justificado que el cómputo del término para la prescripción de las deudas en tal concepto comenzara el 1° de enero del año siguiente al vencimiento de la obligación. Señaló que no había transcurrido el plazo exigido por el Código Fiscal para hacer lugar a la excepción.

Destacó la autonomía de la acción ejecutiva frente a la causa de conocimiento y, consecuentemente, solicitó el rechazo de la defensa planteada en torno a la inhabilidad del título.

Aseveró que la Ley de Sociedades no era de naturaleza federal, sino una norma de derecho común, y puso de resalto la diferencia entre la responsabilidad de los directores respecto de los accionistas y aquella frente a los terceros y el fisco.

Explicó que la responsabilidad solidaria por deuda ajena tenía su origen en la conducta negligente o culpable del administrador de la empresa, por lo que podían eximirse de ella quienes demostraran debidamente que sus representados o mandantes los habían colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.

Refirió que al sustanciarse las actuaciones administrativas en las que se determinó la deuda a Fleetmar SA, se extendió la responsabilidad solidariamente, por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, a Domingo Pedro Mezzanotte.

Solicitó que se rechazaran las defensas articuladas y se mandara llevar adelante la ejecución.

IV. El Dr. Martín Converset, juez de primera instancia, rechazó las excepciones de inhabilidad de título, prescripción, y falta de legitimación pasiva opuestas por los demandados y ordenó llevar adelante la ejecución contra Fleetmar SA y Domingo Pedro Mezzanotte (v. actuación 12156238/18).

Sostuvo que la constancia de deuda no tenía vicios de forma que permitieran dudar de su habilidad como título ejecutable y que no se advertían faltas en el procedimiento seguido por la Administración.

Citó el precedente “Fornaguera Sempe” y efectuó un análisis del marco normativo local y de las constancias de autos para concluir que los períodos reclamados no se hallaban prescriptos.

Por último, afirmó que de la prueba producida surgía que Domingo Pedro Mezzanotte, a quien la AGIP le había extendido la responsabilidad solidaria, era presidente de Fleetmar SA y que, al no haber demostrado haber sido colocado en la imposibilidad de cumplir con sus deberes fiscales -como lo exige el Código Fiscal- correspondía rechazar su planteo de falta de legitimación pasiva.

V. El apoderado de los demandados apeló la decisión. Cuestionó el rechazo de la excepción de inhabilidad de título, con el argumento de que se hallaba en curso un proceso de conocimiento que, de prosperar, tendría consecuencias en los presentes actuados.

Advirtió que el magistrado, al apoyarse en el precedente “Fornaguera Sempe”, había incurrido en un error en el cómputo del plazo de prescripción. Puso de resalto la contradicción entre el artículo 82 del Código Fiscal, que dispone que el término comienza a correr el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produzca el vencimiento de las obligaciones, y el artículo 2554 -anterior 3956- que ubica el inicio del cómputo el día mismo del vencimiento.

Alegó que la excepción de prescripción debe ser analizada de acuerdo a la jurisprudencia de la CSJN y las disposiciones del Código Civil, en atención a los períodos involucrados.

Contrastó el articulado de la Ley 19550, que impone al acreedor la carga de probar la culpa grave o el dolo, con el régimen que establece el Código Fiscal, en el que son los designados como responsables solidarios quienes deben demostrar que el obligado principal los colocó en la imposibilidad de cumplir.

Con base en la contradicción entre ambos sistemas, reiteró el planteo de inconstitucionalidad sobre las disposiciones del Código Fiscal, por cuanto sostuvo que la responsabilidad solidaria es materia del Congreso de la Nación en razón del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.

VI. El GCBA contestó el memorial y solicitó que se declarara desierto el recurso de los demandados.

Sostuvo que su contraparte no había acreditado la inexistencia de la deuda reclamada.

Adujo que el instituto de la prescripción no era materia delegada a la Nación, por lo que cada jurisdicción podía regular lo concerniente a los plazos y sus cómputos en materia tributaria, tal como expresamente indicaba el artículo 2532 del Código Civil y Comercial.

Reiteró la correspondencia entre los regímenes de responsabilidad solidaria establecidos por la Ley de Sociedades y el Código Fiscal, y negó que se tratara de un caso de responsabilidad objetiva, en la medida en que quedaban eximidos quienes demostraran haber sido colocados en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con los deberes fiscales.

VII. Habiendo dictaminado la fiscal ante la Cámara, pasaron los autos a resolver (v. actuación 12967157/19).

LA DRA. GABRIELA SEIJAS DIJO:

I. En primer lugar cabe analizar la crítica concerniente al rechazo de la prescripción de las diferencias correspondientes a los períodos reclamados en autos (2008, ant. 12; 2009, ant. 5° y 9° a 12; 2010, ant. 1° a 12; 2011, ant. 2° a 5° y 8° a 10; 2012, ant. 1° a 12; y 2013, ant. 1°, 2°, 4° y 5°).

Sabido es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, a partir de la causa “Filcrosa SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda” (del 30/09/03, Fallos, 326:3899), que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, por lo que -en virtud de la interpretación que propicia de la habilitación conferida por el artículo 75, inc.12 de la CN- corresponde al Congreso de la Nación no solo fijar los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino también establecer un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía. En tal sentido, sostuvo que “en tanto modo de extinguir las acciones, este instituto involucra aspectos típicamente vinculados al derecho de propiedad cuya inclusión dentro de tal delegación no se discute” y que “el principio según el cual el órgano habilitado a generar una obligación debe entenderse facultado para regular lo atinente a sus efectos y eventuales defensas del deudor para proteger su patrimonio, debe ser interpretado a la luz de las normas que distribuyen tales competencias en la Constitución, de las que resulta que, con el fin de asegurar una ley común para el pueblo de la Nación, que fuera apta para promover las relaciones entre sus integrantes y la unidad de la República aun dentro de un régimen federal, las provincias resignaron a favor de las autoridades nacionales su posibilidad de legislar de modo diferente lo atinente al régimen general de las obligaciones, una de cuyas facetas es la involucrada en la especie”. Por consiguiente, concluyó que la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores correspondía a la legislación nacional y las provincias y municipios no pueden dictar normas incompatibles con lo establecido por los códigos de fondo en la materia.

Tal posición ha sido reiterada en numerosas ocasiones (v. “Casa Casmma SRL s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía promovido por Municipalidad de La Matanza”, del 26/03/09, Fallos, 332:616; “Municipalidad de Resistencia c/ Lubrico SRL s/ ejecución fiscal”, del 08/09/09, Fallos, 332:2108; “Bruno, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción de inconstitucionalidad”, del 06/10/09, Fallos, 332:2250; entre muchos otros). También fue adoptada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (v. “Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ incidente de revisión en autos: ‘Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada’. Concurso preventivo”, del 30/05/07; “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra SRL y otros s/ apremio”, del 14/07/10; entre otros). Con anterioridad a la causa “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” (Exp. 11148/14, del 23/10/15), la doctrina de la Corte Suprema había sido compartida, por razones de economía procesal, por el TSJ de la Ciudad en el precedente “Marini, Osvaldo Oscar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Osvaldo Marini s/ ej. fisc.-avalúo” (Exp. 9070/12, del 22/10/13).

En lo concerniente a los alcances de la aplicación de las disposiciones del Código Civil a la materia, la procuradora Laura M. Monti - a cuyo dictamen se remitió la CSJN en “Fisco de Provincia c/ Ullate, Alicia Inés s/ ejecutivo- apelación-recurso directo”, del 01/11/11- aclaró que “si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fijó su cómputo”. Tal criterio fue ratificado en “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni, Julio Humberto s/ ejecución fiscal-radicación de vehículos”, del 6 de diciembre de 2011. Más adelante, en el caso “Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ HAE s/ apremio”, del 11 de febrero de 2014, la Corte señaló que la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a sus plazos, como al momento de su inicio y a sus causales de suspensión e interrupción, se rigen por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República, y ante la ausencia de norma nacional que la discipline, su solución debe buscarse en el Código Civil.

El 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (v. art. 7° de la Ley 26994, cf. art. 1° de la Ley 27077). Dicho ordenamiento prevé en su artículo 2532 que “[e]n ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo [Capítulo 1 sobre ‘Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva’ del Título I del Libro Sexto] son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos”. En consonancia, su artículo 2560 determina que “[e]l plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”. Si bien en la citada causa “Fornaguera Sempe”, el TSJ de la Ciudad interpretó que el nuevo Código validó la tesis sostenida por aquel en cuanto a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la jurisdicción, con posterioridad, la CSJN ha mantenido su posición en sentido contrario.

En efecto, al dictar sentencia el 5 de noviembre de 2019 en el marco de las actuaciones “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones” (Fallos, 342:1903), que guarda analogía con esta causa, el tribunal ha sostenido que, más allá de la entrada en vigencia del CCyC y las “reformas significativas en cuanto a la prescripción” que produjo, cuando el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de un tributo se ha iniciado y corrido durante la vigencia del antiguo régimen, no corresponde juzgar los hechos a la luz de dicho Código ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior y según la interpretación que de ella ha realizado la propia Corte. Este criterio ha sido reiterado recientemente en el pronunciamiento recaído el 8 de octubre de 2020 en los autos “Montamat y Asociados SRL c/ Provincia de Neuquén” (Fallos, 343:1218).

Estimo que la autoridad institucional de los precedentes de la CSJN y razones de economía procesal imponen la aplicación en las presentes actuaciones de las normas del derogado Código Civil relativas a la prescripción liberatoria.

Cabe observar que, sin contabilizar suspensión o interrupción alguna, el plazo de prescripción de los anticipos reclamados comenzó a correr antes de la entrada en vigor del CCyC.

Adviértase que en los supuestos en que el término hubiera de cumplirse con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ante la coexistencia de dos plazos de prescripción, debe aplicarse el que finalice antes, que en el caso bajo estudio es el que establecía el Código Civil (conf. art. 2537 del CCyC).

II. Las causales de suspensión y el cómputo del plazo considerados en la sentencia de grado no resultan, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, aplicables al caso.

Cabe observar que el planteo de prescripción de la actora se extiende hasta el período fiscal 9/11 (v. contestación de demanda, ap. IV.A). Con base en las normas del Código Fiscal, el demandado sostuvo que “[e]l impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto de ejercicio, teniendo los anticipos un carácter netamente provisorio, debiendo liquidarse el impuesto definitivo sobre la liquidación final anual”. En tal línea argumental, concluyó que estaba “plenamente justificado que el cómputo del término de la prescripción de las obligaciones tributarias reclamadas en autos deba iniciarse recién a partir del 01 de enero del año siguiente, como lo estipula el Código Fiscal, en tanto es congruente con el vencimiento de la obligación que prevé la normativa” (v. escrito presentado el 14 de junio de 2018, ap. III.C).

Según se desprende de las Resoluciones 2726-DGR-14 del 16 de octubre de 2014, 2592-DGR-15 del 29 de septiembre de 2015 y 2956-DGR-16 del 17 de octubre de 2016, Fleetmar SA se encontraba inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el número “0994355-02”. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2°, inciso a, de la Resolución 3013-MHGC-10 (BOCBA 3566 del 17/12/10) la fecha de vencimiento del “anticipo” 9 correspondiente al ejercicio fiscal 2011 se produjo el 14 de octubre de 2011.

El artículo 3956 del Código Civil establecía que la prescripción de las acciones personales, llevasen o no intereses, comenzaba a correr desde la fecha del título de la obligación. Siendo cada “anticipo” exigible individualmente al día siguiente de su vencimiento, el cómputo de la prescripción de cada uno de ellos comenzó a partir del momento de su exigibilidad. Por tanto, el plazo de prescripción referido al período 9 del año 2011 comenzó el 15 de octubre de 2011.

Ahora bien, el 29 de septiembre de 2015, con el dictado de la Resolución 2592-DGR-15 -por la que se intimó a la contribuyente y a su presidente a ingresar la suma determinada- el cómputo del término se vio suspendido, por única vez, por un año (cf. artículo 3986, párrafo 2°). Hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 11 meses y 14 días.

El plazo fue reanudado el 29 de septiembre de 2016. Al 11 de octubre de 2017, fecha de inicio de la presente ejecución fiscal, habían transcurrido -en total- 4 años, 11 meses y 26 días. Es decir que, para este “anticipo” no llegó a cumplirse el término quinquenal previsto en el Código Civil.

Sin embargo, de este cómputo surge que todos los períodos anteriores sí se encontraban prescriptos al momento de promoverse las presentes actuaciones.

En atención a lo expresado, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 82 del Código Fiscal (t.o. 2017 y arts. concs. en los sucesivos), toda vez que, al establecer que el término de prescripción se inicia el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas o ingreso del gravamen, amplía indebidamente el plazo de prescripción quinquenal previsto en el artículo 4027, inciso 3°, del Código Civil.

La misma solución resulta aplicable al inciso 1° del artículo 89 del Código Fiscal (t.o. 2017 y arts. concs. en los sucesivos), en tanto prevén la suspensión por un año de la prescripción desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución que inicia el procedimiento de determinación de oficio. Dicha causal suspensiva no se encuentra prevista en el Código Civil y, por tanto, siguiendo la doctrina de la Corte, también importa una indebida extensión del plazo del artículo 4027.

Por otro lado, si bien no ha sido motivo de controversia, la Ley 2569 (BOCBA 2838 del 26/12/07), sancionada por la Legislatura local, no podía válidamente introducir modificaciones en las normas relativas a la prescripción aprobadas por el Congreso de la Nación que resultan aplicables al caso en los términos de la jurisprudencia de la CSJN citada en el considerando que antecede.

En consecuencia, toda vez que los ajustes correspondientes a los períodos reclamados hasta el “anticipo” 8/11 inclusive, se vinculan con obligaciones fiscales que se encuentran prescriptas, corresponde hacer lugar parcialmente al planteo de la actora.

III. Corresponde abordar lo relativo a la atribución de responsabilidad solidaria al Sr. Mezzanotte.

En su expresión de agravios, el apoderado de los codemandados reiteró el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 11 -inciso 4°-, 14 -inciso 1°- 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2018) en la medida en que sostenían un régimen de responsabilidad solidaria distinto al previsto en la Ley de Sociedades (que requiere que el acreedor acredite la culpa grave o el dolo).

Ahora bien, contrariamente a lo alegado por el Dr. Condorelli, la legislación local no crea un régimen propio de atribución de responsabilidad de las sociedades sino que solo establece el sujeto pasivo de la relación tributaria. Por otro lado, la responsabilidad solidaria extendida a los directores de sociedades tiene carácter subjetivo, y no se advierte la incompatibilidad con la Ley 19550 invocada por el recurrente (ver Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, en la causa “GCBA c/ Luis Bernini S.A., Sres Luis Ernesto Bernini (hijo) -Presidente-, Luis Ernesto Bernini -Vicepresidente- y todos sus representantes legales por todo el periodo verificado (responsabilidad extendida) Luis Bernini S.A. s/ ejecución.- Ing. brutos s/ recurso de apelación ordinario concedido y recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte n° 14067/16, sentencia del 19 de diciembre de 2018, voto del Dr. Casás, coincidente con los argumentos del Dr. Luis Lozano).

Por otro lado, el Sr. Mezzanotte, presidente de la sociedad, en ningún momento alegó haber desconocido las operaciones en estudio, las normas aplicables, ni haber tenido impedimento alguno para realizar sus funciones adecuadamente.

IV. Por último, en cuanto a la inhabilidad de título, el apelante no rebate que debido a la falta de norma que otorgue efectos suspensivos, la interposición de un proceso ordinario por la demandada no impide la posibilidad de promover la ejecución fiscal del título reclamado.

V. En razón de lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, declarar la prescripción de los períodos reclamados hasta el “anticipo” 8/2011 inclusive, y confirmar la sentencia de grado en lo restante, con costas en el orden causado, en atención a los vencimientos parciales y mutuos (art. 65, CCAyT).

EL DR. HUGO ZULETA DIJO:

I. Cabe expedirse, en primer lugar, respecto del cuestionamiento relativo a la prescripción.

En relación con la normativa que corresponde aplicar, coincido con la argumentación desarrollada por el Dr. Horacio Rosatti en su disidencia en “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa” (CSJ 4930/2015/RH1, sentencia del 5/11/19). En dicho precedente, el Ministro nombrado sostuvo que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “cuentan con competencia para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión; esto es, en cuanto refiere a los poderes del Fisco para reclamar sus tributos (el plazo, la forma de cómputo y las causales de suspensión e interrupción) y en lo atinente a la acción de repetición”.

Es pertinente agregar que la argumentación expuesta en la disidencia mencionada es concordante con la desarrollada por el suscripto en autos “Banco de Valores SA c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos” (EXP 33241/0, sentencia del 04/02/15), entre otros precedentes. En ese pronunciamiento, tuve ocasión de hacer notar que: A) existen razones que justifican una regulación distinta de la prescripción para las obligaciones civiles y las tributarias y el propio Congreso Nacional, al dictar la ley 19489, estableció un régimen diferente para ambas categorías; B) la incidencia de la prescripción sobre cuestiones estrechamente vinculadas al derecho de propiedad no es una guía constitucionalmente válida para ampliar o restringir las autonomías locales. En suma, concluí que, a efectos de determinar si las obligaciones fiscales objeto de aquella causa se hallaban prescriptas, debía aplicarse el Código Fiscal y solo subsidiariamente y por analogía las del Código Civil.

En virtud de tales motivos, entiendo que corresponde adoptar la misma tesitura en estos actuados y rechazar el agravio relativo a la prescripción.

II. En cuanto a los agravios relativos a la falta de legitimación pasiva y a la inhabilidad de título, adhiero a las consideraciones efectuadas por la Dra. Seijas, así como a la solución propuesta.

III. En función de lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por los codemandados y confirmar la sentencia de grado, con costas (art. 62, CCAyT).

EL DR. HORACIO CORTI DIJO:

I. La parte demandada sostiene que para computar la prescripción del tributo deben considerarse las reglas establecidas en el Código Civil -vigente al momento del vencimiento de las obligaciones fiscales- de acuerdo con la jurisprudencia de la CSJN.

Sobre esta cuestión haré las siguientes consideraciones.

I.1. Con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación sostuve que el tributo, en cuanto obligación de derecho público, puede ser configurado en todos sus aspectos por los gobiernos federal y local, según la distribución de potestades normativas tributarias establecida por la Constitución Nacional, entre los diferentes niveles de gobierno. No hay, entonces, punto de contacto entre las obligaciones tributarias y civiles y, por tanto, entre ambos regímenes jurídicos, el tributario y el civil, más allá de su estructura común en cuanto a obligaciones (vgr. Sala I causas “Y.P.F. S.A. c/DGR (Res. N° 480/DGR/2000) s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR” Expte. N° 37, sentencia del 27 de junio de 2003; “GCBA c/Lacaze, Gastón Gabriel s/ Ej. Fiscal - radicación de vehículos”, expte. EJF n° 33632/0, sentencia del 28 de abril de 2004, “Banco Mariva S.A c/GCBA s/ Impugnación de acto”, Expte. EXP 37258/0, sentencia del 16/09/2012, entre otras).

Al ser una obligación específica de derecho público habrá regulaciones eventualmente diferentes entre el régimen tributario y el civil. Así sucede en la legislación federal, donde la ley 11.683 regula, de forma específica, los caracteres básicos de las obligaciones tributarias federales, con diversas diferencias desde la óptica de la regulación de las obligaciones civiles o comerciales. La misma situación se presenta entre el régimen tributario local y el régimen civil, donde no hay justificación racional para diferenciar, en este punto, al derecho tributario local del federal.

Es cierto que la Corte Federal ha sostenido, desde antiguo, aunque no de forma pacífica, que las relaciones entre acreedores y deudores son materia propia de la regulación civil, aun cuando el deudor o acreedor sean personas estatales. Dicho criterio, además de su debilidad al no distinguir entre relaciones de derecho privado - regidas por el derecho privado, calificado de común por la CN- y de derecho público -regidas en principio por el derecho público, de carácter local-, ha sido expresamente abandonado por la Corte en otro pronunciamiento, donde se convalidó la constitucionalidad de una ley de emergencia local que modificó la relación jurídica entre la Provincia deudora y sus acreedores, por tratarse de una materia regida por el derecho local, ajena al derecho civil (in re “Juan Manuel Cena c/ Provincia de Santa Fe”, Fallos: 322:2817, con la única disidencia del juez Petracchi, quien mantiene el criterio tradicional).

Dado que la prescripción a considerar no es más que una forma de extinción de la obligación tributaria, ella puede ser válidamente reglada por el legislador local, ya que no se encuentra en juego la delegación establecida por el art. 75, inc. 12, CN para dictar el derecho común.

Adviértase que, de lo contrario, las autoridades locales sólo podrían regular, en materia tributaria, el hecho imponible, pues todos los aspectos de la obligación (por ejemplo las restantes formas de extinción, así el pago o la compensación, o las modalidades de pago, como los anticipos) debieran regirse por las disposiciones de fondo, consecuencia que limitaría de forma irrazonable las potestades tributarias locales reconocidas por el ordenamiento constitucional y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto.

Las razones anteriores no implicaban desconocer la doctrina establecida por la Corte Suprema de la Nación en la causa “Filcrosa S.A. s/quiebra s/incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda” (Fallos 326:3899) y “Casa Casmma S.R.L s/concurso preventivo s/incidente de verificación tardía (promovido por Municipalidad de la Matanza)” (Fallos 332:616), sino que, en mi criterio, continuaban siendo de mayor peso que las vertidas en aquellos precedentes.

El Tribunal Superior de Justicia al dictar sentencia en las causas “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/DGR (resol. 1181/DGR/00) s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR (art. 114, C.FCBA)”, expte. N° 2192/03, sentencia del 17/11/2003 y “Bottoni, Julio Heriberto s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘GCBA c/ Bottoni, Julio H. s/ ej. fiscal -radicación de vehículos-” Expte. n° 6816/08, sentencia del 22/09/2010 -entre otras-, también dio fundadas razones para no adherir a la solución brindada por la CSJN.

Ahora bien, el 22 de octubre de 2013, el TSJ dictó sentencia en la causa “Marini, Osvaldo Oscar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ Osvaldo Marini s/ ej. fisc. - avalúo”, expediente N° 9070/12, donde, por respeto a la autoridad institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por razones de economía procesal, decidió seguir la doctrina fijada por aquel Tribunal en la causa “Filcrosa S.A.” (ya citada).

Este criterio fue seguido por mis colegas de Sala al pronunciarse en las causas “(Reservado) GCBA c/ AGM Argentina SA. s/ ejecución fiscal”, expediente N° 972822-0 sentencia del 09/03/2015; “GCBA c/ Bufager María Mercedes s/ ejecución fiscal”, expediente N° 1140525-0, sentencia del 16-06-2015, entre otras.

1.2. Con posterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia dictó la causa “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expediente N° 11148/14, sentencia del 23/10/2015, donde recuperó su anterior doctrina vinculada con la potestad de la jurisdicción local para legislar en materia de prescripción de impuestos.

El Dr. Osvaldo Casás indicó que “el Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar el alcance y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de prescripción de los tributos de la jurisdicción -independientemente de la fecha de entrada en vigencia del nuevo plexo, y de los aspectos de derecho intertemporal-; y existen suficientes razones para apartarse de la jurisprudencia anterior sentada por la CSJN sobre esta materia!”.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa” (Fallos 342:1903), entre otras. Allí revocó las sentencias que habían resuelto el planteo de prescripción introducido por la actora de acuerdo con las reglas del Código Fiscal provincial.

1.3. Ahora bien, en el caso bajo estudio, las obligaciones exigidas vencieron con anterioridad al 1 de agosto de 2015, pero fueron determinadas y exigidas con posterioridad, de modo que quedaría habilitada la aplicación de las pautas que sobre esta cuestión introdujo el Código Civil y Comercial de la Nación.

En estas condiciones, entiendo que el razonamiento que expuse al inicio del voto sobre la potestad que las jurisdicciones locales tienen para regular este modo de extinción de la obligación tributaria se encuentra plenamente vigente.

Es claro que, en el marco de la interpretación antes efectuada, cuando los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial facultan a las legislaturas locales a regular los plazos de prescripción de los tributos, habilitan también la reglamentación de su cómputo y las causales de suspensión e interrupción. Efectuar una lectura disímil a ésta importaría no desconocer la potestad originaria de las jurisdicciones locales para regular esta cuestión.

Los motivos expuestos conducen a desestimar el agravio esgrimido por la demandada.

II. En cuanto a los restantes cuestionamientos, relativos a las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva, adhiero a los fundamentos de la Dra. Gabriela Seijas, así como a la solución propuesta.

Por ello, por mayoría, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los codemandados, con costas (art. 62, CCAyT).

Notifíquese a la fiscal y a las partes por Secretaría. Oportunamente, devuélvase.

 

  Gabriela Seijas

JUEZ/A DE CAMARA

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC-SALA III

Hugo Ricardo Zuleta

JUEZ/A DE CAMARA

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC-SALA III

Horacio Guillermo Anibal Corti

JUEZ/A DE CAMARA

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC-SALA III

 

  Correlaciones:

Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Necotrans SA y otros s/apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley - Sup. Corte Just. Bs. As. - 25/02/2021 – Cita digital IUSJU004479F

 

Cita digital:IUSJU017846F