JURISPRUDENCIA

 

 

 

 

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Marcos Juárez, tres de Junio de dos mil veintidós.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “B., F. – Denuncia por Violencia Familiar” (Expediente …), venidos a despacho a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por M. B. A., en contra del decreto del 18/02/2022 dictado por el juez del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, que dispone: “Atento lo manifestado en la denuncia formulada por M. B. A., de lo que surge que los hechos denunciados no encuadran en los supuestos previstos por la Ley 9.283 para la procedencia de las medidas de resguardo contempladas, y teniendo presente que la denuncia ha sido formulada en la Unidad Judicial de esta ciudad, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de la Sede (Expte. n° …), siendo el Ministerio Público Fiscal quien realizará la investigación de un posible delito, archívese las presentes actuaciones. Notifíquese”.

CONSIDERANDO:

I. Los Agravios.

Se agravia la apelante con patrocinio del Asesor Letrado de la Sede Corral de Bustos, Dr. Hedelsio Luis Villarroel, manifestando que se ha omitido brindar participación como parte a la solicitante para actuar en este proceso judicial.

Plantea la declaración de nulidad del mismo, como sanción procesal necesaria para conculcar el vicio que padece y que perjudica a esta compareciente (arts. 362, 76 y 77 C.P.C.C.).

Por otra parte, y sin perjuicio de que no se le habría brindado participación en el proceso judicial, se ha obtenido conocimiento del contenido del decreto que ordena el archivo, por lo que también se impugna el mismo.

Ataca en primer lugar, la omisión de brindar participación a la misma y ser constituida como parte, calidad necesaria para actuar en este proceso judicial, siendo que es la víctima/denunciante y ha cumplimentado las exigencias legales a tal fin.

En segundo lugar, la violación de los siguientes derechos y garantías constitucionales: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, derecho de defensa (en su sentido bilateral) y debido proceso.

En tercer término, el desconocimiento de los derechos y garantías establecidos en el art. 1 de la Ley nº 10.401, relativos a la protección de la integridad física, psíquica, sexual, libertad y trato igualitario, seguridad y no discriminación por la condición de mujer.

En cuarto lugar, la afectación de los derechos y garantías constitucionales individualizadas en el punto precedente (art. 362 C.P.C.C.), ya que el decreto que solo pone en conocimiento una decisión ulterior, sin otorgar la calidad de parte, ni brindar participación.

Por último, la incorrecta decisión de archivar la presente causa ya que el hecho constituye una manifestación de violencia contra la mujer.

Sostiene que ordenar el archivo de una causa, sin siquiera poner en conocimiento a la denunciante del hecho, viola las 100 Reglas de Brasilia, las que tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, recomendándose priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia.

Asimismo, no permitir el acceso al sistema judicial, consecuentemente afecta el derecho de defensa de la víctima denunciante, la que a su vez, se encuentra transitando una victimización secundaria por la falta de respuesta e inmediato archivo de la causa.

También, se viola el objeto de la Ley 27.732 de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Nacional es parte, la Constitución Provincial y ordenamiento local.

Asimismo, este ordenamiento normativo (Ley Nacional nº 27.732) plantea los derechos de la víctima a: ser informada verbalmente sobre el estado del proceso, ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada; solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante; a que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores. Todas estas violaciones a derechos consagrados constitucionalmente, resultan capaces de producir un perjuicio de difícil, tardía o imposible reparación ulterior, toda vez que no brindar el curso legal correcto, podría afectar a la víctima, y con ello, hacerla desistir de recurrir a la justicia en casos como el presente y poner en riesgo su integridad moral, física, mental. Un paso adelante en este camino será lograr prevenir comportamientos que atenten contra la igualdad de género a partir de la aplicación de reglas claras sustentadas en la idea de una sociedad libre y democrática de modo tal que todos sus integrantes logren proyectar su plan de vida y ejecutarlo. Para ello, los órganos judiciales deben construir el análisis de los casos desde una adecuada perspectiva de género para así reconocer fielmente los derechos de las víctimas mujeres y evitarles una nueva victimización en la esfera institucional” (T.S.J., Sala Penal, S. nº 56, “Lizarralde”, 9/3/2017).

II. La Solución.

II.1.Le asiste razón a la apelante.

II.1.a. La Ley 10.401 de protección a la mujer por cuestión de género, establece aspectos jurisdiccionales y procesales vinculados a la aplicación, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, de las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional Nº 26.485, cuya adhesión se dispuso mediante Ley Nº 10.352, tendiente a fortalecer el marco procesal vigente para asegurar a las víctimas de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, una protección integral en instancias administrativas y jurisdiccionales, contribuyendo a hacer reales y efectivos los principios de equidad consagrados en la Constitución Nacional, protegiendo su integridad física, psíquica, sexual, libertad y trato igualitario, seguridad y no discriminación por su condición de mujer.

II.1.b. Por ello, si es evidente que se trata de una cuestión de género, en la que una mujer está planteando una cuestión relacionada con la aplicación de las disposiciones de la Ley 9.284 de violencia familiar, que en su artículo primero establece que son de orden público e interés social y tienen por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar y de la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la modalidad doméstica, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograr tal cometido, el archivo de las actuaciones, el argumento utilizado para ordenar el archivo de la causa, aparece en principio como improcedente y prematuro.

II.1.c. Si encuadran o no los hechos denunciados de la Violencia Familiar, deberá agotarse la intervención jurisdiccional en el juzgado pertinente con perspectiva de Género que, deriva además de tratados internacionales suscriptos por nuestra Nación.

II.1.e. En ese sentido, considerando la creciente problemática de violencia familiar y de género que se ha tornado cada vez más compleja y diversa, el Tribunal Superior de Justicia dispuso la reorganización de las estructuras judiciales existentes para el tratamiento de la temática de violencia familiar y de género en las Sedes del interior provincial, la que se debe realizarse en cada Sede de manera particular y conforme a relevamientos que se llevarán adelante en cada una de ellas”.

Por ese fundamento procedió a modificar la nominación de los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, agregándole el Género, en función de las modificaciones introducidas por Ley n° 9.283 y la adhesión a la Ley Nacional n° 26.485, dispuesta por Ley n° 10.352 (Acuerdo Serie “A” – N.° 1685 - Año: 2021).

II.1.d. En definitiva, previo trámite conforme al procedimiento previsto por la ley, deberá expedirse sobre la potencial lesión al derecho de una mujer que requiere un análisis y una respuesta judicial desde una perspectiva de género, adoptando las medidas pertinentes que fueren necesarias, pero no ordenar el archivo sin más fundamento que el dado en el decreto que se ataca.

Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por M. B. A., en contra del decreto de fecha 18 de febrero de 2022, el que se revoca en todas sus partes, disponiendo que el Juez de primera instancia, dé trámite a la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones, a los fines de lograr una protección integral de los derechos de la denunciante, desde una perspectiva de género, para el caso de que los mismos hubiesen sido violentados, adoptando, en su caso, las medidas pertinentes.

Protocolícese, hágase saber y bajen.

 

Texto Firmado digitalmente por:

MORRA Raúl Enrique

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.06.03

FILIBERTI Graciela Del Carmen

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.06.03

NAMUR Jorge Juan Alberto

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.06.03

MENESES Rafael

SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA

Fecha: 2022.06.03

 

  Correlaciones:

A. P., E. - denuncia por violencia familiar s/cuestión de competencia - Trib. Sup. Just. Córdoba - 04/07/2013 - Cita digital IUSJU210765D

 

Cita digital:IUSJU017950F