Sancionan con $5 millones a Facebook Argentina por incluir cláusulas abusivas en los términos de uso de Whatsapp

Tras la denuncia de una abogada, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo (DNDC) imputó a la empresa por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Leé la nota para enterarte cúales fueron las conductas cuestionadas.

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La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo (DNDC) aplicó una multa de $5.000.000 a la empresa Facebook Argentina SRL por incluir cláusulas abusivas violatorias de la Ley de Defensa del Consumidor en sus Términos y Condiciones de la Política de Privacidad y Condiciones del servicio Whatsapp de mensajería instantánea.

Luego de abrirse la instancia de instrucción tras la denuncia de una abogada y después de analizar los instrumentos en cuestión, el organismo imputó a Facebook Argentina SRL por infracción a los arts. 4° y 37° de la Ley de Defensa del Consumidor. La empresa no presentó descargo en el plazo correspondiente.

 

Conductas cuestionadas

La sanción fue establecida por la DNDC luego de determinar que las cláusulas cuestionadas no cumplían con el deber de brindar información cierta, clara y detallada y que resultan abusivas ya que desligaban a la firma de sus obligaciones. Entre otros puntos, se reprochó a la empresa la limitación de su responsabilidad por daños, la restricción de los derechos del consumidor y la ampliación de los propios.

Al aceptar los nuevos términos, el usuario le otorgaba a la firma la interpretación exclusiva del contrato, la facultaba a modificar unilateralmente los términos del mismo y la autorizaba a rescindir el contrato sin causa y sin que medie incumplimiento del consumidor.

Otros instrumentos que componían el contrato que se señalaron como violatorios del derecho a la información fueron las cláusulas que:

- imponían un posible cobro por los servicios utilizados sin especificar en qué casos procedería o por qué monto;

- preavisaban que no se garantizaba que la información proporcionada sea precisa, completa o útil;

- denunciaban que el texto del contrato es una mera traducción puesta a disposición del usuario que carece de validez, y que prevalecerían las disposiciones del idioma inglés;

- demandaban del usuario estar atento a posibles modificaciones unilaterales de las condiciones de contrato por parte de la empresa.

 

La resolución de Defensa del Consumidor

El organismo consideró abusiva la cláusula que establece la eximición de responsabilidad de la firma frente a las y los consumidores, que asumen todos los riesgos por el uso del servicio. A su vez, tuvieron en cuenta que la empresa pretendía eximirse de responsabilidad por daños o limitarla a la suma de u$s100.

Remarcó que la empresa no puede eludir su responsabilidad respecto de la información que ella misma proporciona, la que resulta vinculante para con los consumidores y enfatizó que la responsabilidad del proveedor, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, es objetiva.

Por otra parte, revocó la cláusula de prórroga de jurisdicción, que le otorgaba al proveedor la facultad exclusiva de elegir el tribunal competente para la resolución de conflictos, cuando la normativa establece lo contrario.

“De llevarse a cabo esta cláusula, los usuarios de Argentina deberían ante un conflicto recurrir exclusivamente al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California o un Tribunal Estatal ubicado en el condado de San Mateo en California”, explicaron desde el organismo.

Finalmente, la DNDC cuestionó que la compañía procurase, además de los números de teléfono de los usuarios de Whatsapp, arrogarse la potestad de requerir de los usuarios del servicio de mensajería los contactos de sus libretas de direcciones -aún cuando aquellos no sean usuarios del servicio-, sin determinar el objeto, ni su alcance y, dejándolo librado a su exclusivo recurso.

 

¿Qué artículos de la ley se infringían?

El organismo destacó que el artículo 985 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato...”.

“El derecho a la información es uno de los pilares sobre los que reposa el sistema tuitivo de las y los consumidores y tiene jerarquía constitucional por la incorporación del artículo 42 a nuestra Ley Fundamental, convirtiéndose en uno de los elementos esenciales para limitar la asimetría entre consumidores”, añadió.

Luego enfatizó que “la información brindada por la firma en las cláusulas referidas resulta incompleta e inadecuada, por lo que resta decir que se encuentra configurada la infracción al artículo 4 de la Ley 24.240”.

 

Monto de la multa

A los fines de la imposición de la multa se ponderó la privilegiada posición dominante de la empresa en el mercado, su superioridad técnica y su capacidad económica, así como los potenciales perjuicios sociales que podrían haberse derivado de la conducta verificada y los beneficios que le generaban a la compañía.

 

Desequilibrio ostensible

En diversos artículos publicados en Erreius online, Diego S. González Vila explica que “el sistema de leyes regulatorio de las relaciones de consumo -como es el caso sub examine- deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección del consumidor y acceso al consumo sustentable (arg. art. 42, CN y 1094, CCyCo.)”.

Estas renuncias “permiten un desequilibrio ostensiblemente perjudicial e injustificadamente oneroso en detrimento del consumidor, conculcando no solo la normativa específica sobre las cláusulas abusivas”.

 

Fuente: Erreius