Cuotas alimentarias: ¿Qué criterios usa la jurisprudencia para fijarlas y para actualizar su poder adquisitivo?

Atendiendo al contexto inflacionario y con el objeto de resguardar el equilibrio entre quien recibe los alimentos y quien debe entregarlos, el autor plantea que quizá haya llegado el momento de implementar otros modos de cumplir dicha obligación - por ej. a través del pago en especie o la colaboración en actividades económicamente mensurable como el trabajo doméstico o la guardería infantil-.

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ELBIO R. RAMOS(*)

LA CUOTA ALIMENTARIA Y LOS ESFUERZOS DE LA JURISPRUDENCIA PARA ESTABLECER UN CRITERIO ADECUADO DE FIJACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SU PODER DE ADQUISICIÓN

 

I - INTRODUCCIÓN

El valor del dinero cambia con el tiempo y mientras más largo sea este mayor es la evidencia de la forma como disminuye su valor. Tomemos como referencia el valor de la matrícula en una universidad. Si el valor relativo va a permanecer constante en el tiempo, es necesario que esta se incremente anualmente en un valor proporcional a la tasa de inflación, que en el fondo indica que el valor de cada peso disminuye en el tiempo.

De otra manera, si una persona realiza una inversión, lo que se pretende es que la suma invertida genere una rentabilidad por encima de la inflación. La diferencia entre esta rentabilidad y la tasa de inflación se convierte en la renta generada por el dinero que se invirtió.

El dinero tiene entonces un valor diferente en el tiempo, dado que está afectado por varios factores.

Enunciemos algunos de ellos: La inflación que consiste en un incremento generalizado de precios hace que el dinero pierda poder adquisitivo en el tiempo, es decir que se desvalorice. El riesgo en que se incurre al prestar o al invertir, puesto que no tenemos la certeza absoluta de recuperar el dinero prestado o invertido. La oportunidad que tendría el dueño del dinero de invertirlo en otra actividad económica, protegiéndolo no solo de la inflación y del riesgo sino también con la posibilidad de obtener una utilidad.

El dinero per se, tiene una característica fundamental, la capacidad de generar más dinero, es decir de generar más valor. Los factores anteriores se expresan y materializan a través de la Tasa de Interés. Por ejemplo, si un par de zapatos vale hoy $ 1.000 y la inflación proyectada para el año entrante es de un 7%, esto quiere decir que para adquirir los mismos zapatos dentro de un año será necesario disponer de $ 1.070.

La inflación es un aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los precios promedio de los principales artículos de consumo. Para conocer qué productos deben incluirse en esta canasta representativa se hace, generalmente, una encuesta a una muestra representativa de hogares. La composición de la canasta usada para el IPC varía entre países y refleja los diferentes patrones de consumo e ingreso de cada uno de ellos. La inflación origina una serie de efectos negativos sobre determinados agentes económicos (trabajadores, ahorristas, rentistas, etc.), por esto conviene tipificar y analizar sus causas con el propósito de afrontarla.

Más allá del conflicto implícito en estas breves y claras descripciones, sucede que los habitantes de Argentina conviven con los mecanismos de actualización de valor de su dinero como algo cotidiano y hasta normal. Pero ello no deja de ser una preocupación constante y recurrente, que provoca enormes padecimientos a vastos sectores de la población, y se constituye, sin duda alguna, en uno de los peores flagelos de la macroeconomía argentina.

De manera recurrente, a los abogados y operadores judiciales dedicados al derecho de familia se les pregunta sobre el monto de la cuota alimentaria, lo cual genera un relato mítico que se convierte en leyenda urbana o popular:

el 30% de los ingresos, la mitad del sueldo bruto, una suma fija que se actualiza con el aumento de sueldo, la mitad de las ganancias anuales divididas por los meses del año, y así surgen índices y parámetros razonables, posibles, creíbles y descabellados. Y se suele afirmar que eso está en la ley.

Lo cierto es que la ley -el CCyCo. en este caso- nada dice, más allá de la fórmula “las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas del alimentante”, y que tampoco es un dogma sacrosanto.

La tarea de determinar los mecanismos de fijación cuantitativa del monto de alimentos corresponde a los jueces, atendiendo al aspecto cualitativo que está representado por las necesidades de quien recibe dicha prestación, conforme el vínculo o relación jurídica que lo une al alimentante. Pero esto que podría dar lugar a una simple fórmula aritmética depende de imponderables, que no forman parte de los factores de la ecuación y que claramente pueden afectar el producto.

Inflación, inestabilidad laboral, recesión, caída del salario en términos reales -ahora la pandemia y sus efectos materiales en mediano plazo- forman un trágico tándem que resulta moneda corriente en nuestra historia económica, y que produce distorsiones y alteraciones en los extremos del binomio “necesidades del alimentado - posibilidades económicas del alimentante”.

El Código Civil y Comercial (CCyCo.) ha innovado en esa materia, precisando y especificando el qué y el cómo en materia de alimentos a través de prever instrumentos y mecanismos para determinar el alcance y extensión de los mismos, de facilitar la cobertura alimentaria ampliando la nómina de quienes formarían la parte deudora de la relación nutricio-legal, y de qué manera proteger su percepción a través de la exigibilidad coactiva del pago. Al respecto he hecho una descripción del estado de cosas jurisprudencial oportunamente.

No obstante ello, la determinación del cuánto y su actualización ha quedado fuera de la previsión legal, por lo que resulta resorte de los jueces llevar adelante esta ardua tarea.

II - EL CRÉDITO ALIMENTARIO COMO DEUDA DE VALOR

El CCyCo. recepta en el artículo 772 las denominadas obligaciones de valor. A diferencia de las obligaciones de dar sumas de dinero que desde su nacimiento tienen por objeto un monto determinado de dinero, aquellas tienen por objeto un valor abstracto o una utilidad, constituida por bienes, que habrá de medirse en dinero necesariamente en el momento del pago. En las primeras, se debe dinero y se paga con dinero; en las restantes, se debe un valor y se paga en dinero.

De acuerdo al texto del artículo parecería que las obligaciones de valor pueden surgir de acuerdo de partes o de relaciones no convencionales (responsabilidad extracontractual) o de la ley. Tradicionalmente las obligaciones catalogadas como de valor no provenían de convenios (obligación de pagar daños y perjuicios, deuda de medianería, alimentos), pero el texto del Código invita a pensar que también las obligaciones de valor pueden ser convenidas por contrato.

Pero ¿qué es una deuda de valor?

La categoría de obligaciones de valor fue un recurso técnico ideado para épocas de inflación importante y de esta manera evitar la aplicación del principio nominalista a algunas obligaciones dinerarias, ante la injusticia de mantener la deuda en los valores nominales originarios o históricos, en claro perjuicio del acreedor.

En principio consiste en una obligación en la que se pacta que el deudor ha de abonar al acreedor al momento del vencimiento una determinada cantidad de dinero, con el mismo poder adquisitivo que la suma originariamente acordada. Entonces, deuda de valor se considera a la que debe permitir al acreedor la adquisición de ciertos bienes, recayendo de esa manera sobre determinado bien o interés del acreedor, antes bien que sobre una cantidad de dinero. En las obligaciones de valor el dinero aparece solamente como sustitutivo del objeto especificado.

Ello responde en su causa fuente a una obligación de valor, que es aquella cuyo objeto consiste en la valuación de un bien o utilidad reajustable de acuerdo con las oscilaciones que experimente el signo monetario hasta el momento de su cuantificación en dinero.

Lo expresado significa que toda obligación de valor, en última instancia y a efectos de su cumplimiento, debe ser traducida en una deuda dineraria, sea por acuerdo de partes o mediante sentencia judicial. Por caso, la indemnización constituye el ejemplo más importante de esta categoría de obligaciones.

Como explican Alterini, Ameal y López Cabana, la denominación obligaciones de “valor” fue acuñada por Nussbaum quien siguió a Ascarelli. En síntesis, para estos autores será deuda de valor la que permita al acreedor la adquisición de determinados bienes, recayendo de esta manera sobre un quid (la cosa o interés que se pretende), la causa fin en concreta, antes que sobre un quantum (una determinada suma de dinero).

Bien ha expuesto Scaccia que en la deuda dineraria el dinero actúa in obligatione e in solutione (se debe dinero y se paga dinero); en tanto que en la deuda de valor “se atiende ‘in obligatione’ a una determinada porción patrimonial, y el dinero opera únicamente ‘in solutione’ (aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor). En la deuda dineraria, ‘pecunia est in obligatione’; en la de valor, ‘pecunia est in solutione’”.

Queda claro, entonces, que en las obligaciones de valor no existe una referencia inicial a una cantidad de dinero, sino precisamente a un valor. Por otro lado, es importante resaltar que la categorización de las deudas de valor (como también la debida actualización de las obligaciones de dar sumas de dinero) es muy útil para superar la injusta situación en que se encuentran los acreedores cuando se produce un proceso inflacionario y se deprecia la moneda“en las deudas de valor el obligado debe el valor correspondiente, y el acreedor tiene el derecho de que, cuando reciba el dinero que lo representa, esté en situación de proveerse de los bienes a los que corresponde dicho valor; por ejemplo, en materia de alimentos es inaceptable que sean congelados a montos nominales históricos, cuando el costo de la vida ha crecido desde el momento en que fueron fijados, puesto que de ese modo se reducen los bienes que el alimentado está en situación de adquirir con ellos”.

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"Cuota alimentaria: modificaciones que generó el COVID-19".

(1) Abogado UBA - Juez a cargo del Juzgado de Garantías Penal Juvenil, con asiento en Berazategui, Departamento Judicial Quilmes, Provincia de Buenos Aires - Profesor Universitario de Derecho de Familia, Extrapatrimonial y Patrimonial, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carrera de Abogacía, Universidad Abierta Interamericana - Especializado en Derecho de Familia y en Derecho Penal Juvenil

Fuente: Erreius