Este jueves 3 de junio se cumplen 6 años de aquella histórica y masiva convocatoria lanzada a través de las redes sociales bajo la consigna “Ni Una Menos”, como respuesta a una serie de femicidios y casos de violencia de género ocurridos en el país. Varias organizaciones realizaron distintos informes con los datos de la violencia de género en Argentina.

En el ámbito del Poder Judicial, desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travesti por razones de género. Para llevar adelante el registro, la Dra. Elena Highton de Nolasco, a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del país, quienes desde entonces aportan la información relativa a las causas, las víctimas y los sujetos activos de femicidio.

Los femicidios en cifras

El pasado 29 de mayo, la OM-CSJN difundió un informe donde se actualizaron las cifras del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondientes al año 2020.

En este sentido, el informe reveló que durante el 2020 hubo en total 287 víctimas letales de violencia de género (251 víctimas directas y, al menos, 36 vinculadas). Esto arroja un promedio de 1 femicidio directo cada 35 horas.

Además, se identificó que durante el 2020 los domingos fueron los días en los que se cometieron más femicidios, esto es, en promedio, un femicidio cada domingo. En la mayoría de los casos (56%) sucedieron entre la noche y la madrugada. A diferencia de lo ocurrido durante otros años, el mes pico de femicidios fue abril, con 27 casos. Sin embargo, la cantidad total de casos se mantuvo estable entre 2019 y 2020.

Asimismo, se pudo identificar que en el 84% de los casos, la víctima conocía al agresor, que a su vez en el 59% de los casos era pareja o expareja, y en el 48%, convivían. Sobre el total de las víctimas de femicidio informadas, había al menos 216 niños, niñas y adolescentes que estaban a cargo de ellas.

El 63% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que al menos 14 personas contaban con medidas de protección vigentes al momento del hecho. En el 32% de los casos, el medio comisivo del femicidio fue la fuerza física, en el 26%, armas blancas, y en el 18% se trató de armas de fuego.

Qué sucede a lo largo y a lo ancho del país

El informe muestra que 7 provincias tuvieron una tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres mayor que el promedio nacional de 1,09 para el año 2020. Dichas jurisdicciones fueron:

• Jujuy (2,82)

• Tucumán (2,10)

• Chaco (1,97)

• Salta (1,53)

• Misiones (1,43)

• Santa Fe (1,38)

• Corrientes (1,23)

En el informe se aclara que, a pesar de que en algunas provincias sucedieron pocos casos, se vieron muy afectadas por el escaso peso poblacional de mujeres. Sin embargo, si se tienen en cuenta solo las cantidades en números absolutos, en el año 2020 el 37% de los femicidios directos del país ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, seguido por el 10% de los casos en la provincia de Santa Fe, ambas con una amplia población femenina.

El acceso a la Justicia de las mujeres

En la Argentina no se dispone de mediciones de calidad sobre el acceso a la justicia de las mujeres en casos de violencia de género. Sin embargo, la doctrina coincide uniformemente en las vastas dificultades que soportan las mujeres para denunciar hechos de violencia de género, las barreras existentes para poder sostener su versión en los tribunales, el alto grado de descreimiento que padecen y la especial desprotección que afrontan en su tránsito por un proceso penal que suele exponerlas a las represalias de los ofensores sin poder contar con redes de protección.

Según explica la Dra. Graciela J. Angriman en su artículo "VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUSTICIA PENAL: LA INFLUENCIA DE LA VOZ DE LAS MUJERES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA", publicado en la Editorial Erreius On Line, "es necesario comprender que, en muchos casos, los conflictos presentan cursos evolutivos divergentes y es decisivo asumir que, para una mujer, en muchos casos, denunciar ataques machistas implica una suerte de autocondena de muerte".

Y más adelante asegura que en estos contextos "hay que tener en consideración las regularidades observadas, que dan cuenta de que no toda mujer desea iniciar el proceso penal ni dispone de recursos personales y materiales para hacerlo, ni para mantener esa denuncia, ni proseguir con el proceso, ya sea por ausencia de independencia económica, falta de contención psicológica, sobrecarga en la función de cuidados, o por la prolongación del trámite, o directamente porque el conflicto perdió incidencia en su vida o ha sido superado. Otro componente crítico es el grado de culpabilización que experimentan las víctimas mujeres dentro de su entorno intrafamiliar, porque se sienten responsables de que, debido a su testimonio, el padre de sus hijos está en prisión".

De esta manera, "por falta de mecanismos estatales de protección, muchas mujeres carecen de recursos para quebrar la espiral violenta, y eso se expresa en sus imposibilidades para atestiguar contra el agresor conviviente".

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Fuente: Erreius