Día de la mujer y violencia de género: denuncian un femicidio cada 34 horas

Un informe demuestra que el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo su propia casa ya que casi el 60% de los femicidios se cometió en la vivienda de la víctima.

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Desde hace seis años, el observatorio “Ahora que sí nos ven” realiza un monitoreo de medios gráficos y digitales de todo el país para recoger información y generar estadísticas sobre los femicidios en Argentina.

Entre el 1 de enero y el 30 de diciembre del 2021 relevaron 256 asesinatos por razones de género, es decir, 1 cada 34 horas. Es una cifra que, comparada con los últimos seis años, no ha sufrido cambios significativos.

El informe demuestra que el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo su propia casa ya que casi el 60% de los femicidios se cometió en la vivienda de la víctima -que en el 32% de los casos era de ella y en el 27,7% compartía con el agresor-.

El 39,5% de los femicidas eran pareja de sus víctimas y el 27%, expareja. Es decir, pertenecen al círculo íntimo de las víctimas, tuvieron algún tipo de relación afectiva, incluso hasta el último día.

Además, una de cada cuatro víctimas de femicidios había realizado al menos una denuncia o tenían medidas de protección.

 

Datos de la Corte Suprema

Los números son alarmantes. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió durante la feria judicial de enero de este año 722 denuncias de violencia doméstica, en las que resultaron afectadas principalmente mujeres adultas (59%) y niñas, niños y adolescentes (32%). Los varones adultos representaron el 9% del total de las personas afectadas.

A partir de las denuncias recibidas, se desprende que 954 personas fueron afectadas por situaciones de violencia familiar y que los principales agresores fueron varones (78%).

El vínculo entre la persona afectada y la denunciada fue mayoritariamente de exparejas (32%) y parejas (convivientes, cónyuges y novios/as) (19%). También se registraron vínculos de tipo filial (32%), fraternal (4%), de otro familiar hasta 4° grado de parentesco (5%) y otros vínculos (8%).

Los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como alto y altísimo en el 38% de los casos, medio y moderado en el 54% y bajo en el 8%.

Los casos fueron derivados a la Justicia civil (100%) y a la Justicia penal (89%).

Marco normativo internacional

En el artículo Delitos de género en el Código Penal (L. 26791). La perspectiva de género como política estatal: algo más que una forma estereotipada de legislar”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Luciano Bianchi explicó que “los instrumentos de derechos humanos más importantes ligados con la protección de mujeres aplicables en la región y en Argentina son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará)”.

La CEDAW reconoce la violencia sexista y su vinculación estrecha con comportamientos actitudinales constituyentes de posturas discriminatorias para con la mujer por el solo hecho de serlo.

En tanto, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará), también instituye y desarrolla dispositivos de resguardo de los derechos de las mujeres como esenciales para la lucha contra el fenómeno de la violencia contra la integridad física, sexual, psicológica, cualquiera fuere el ámbito en el que se provoque, y su reivindicación dentro de la sociedad.

 

Las leyes contra la violencia por razones de género en Argentina

En nuestro país, se sancionó la ley 24.417 deprotección contra la violencia familiar”, que establece dispositivos de tutela para los miembros del grupo familiar y, especialmente, de personas con mayor grado de vulnerabilidad.

El resguardo estaba circunscripto a cuestiones estrictamente de violencia doméstica, siendo los sujetos de protección todos los miembros del grupo familiar.

Luego se aprobó la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, mediante la cual se establecen y refuerzan los conceptos de violencia y discriminación contra la mujer contenidos en la CEDAW y en la Convención Belem Do Pará.

Además, combate a la violencia, mediante el desarrollo de un programa político de igualdad y no discriminación que deben implementar y poner en marcha cada uno de los poderes del Estado e instituye lineamientos básicos para las políticas estatales. Finalmente, consagra las garantías procesales de las mujeres y el derecho de acceso a la justicia.

A partir de la última ley, comienza a tutelarse a la mujer como sujeto pasivo de actos de violencia, independientemente que acontezca en el seno del ámbito familiar o por sobre esa esfera doméstica. La tutela adquiere una impronta publicista y pasa -entonces- a ser un tema de interés público.

Con la sanción de la ley 26791, se incorpora al catálogo punitivo el femicidio y otros delitos afines estrictamente vinculados con la violencia de género.

“La tutela pasa a ser una cuestión de interés público, fundada sobre la base y representación de aquellas desigualdades entre hombre y mujer, provocadas a causa de determinados patrones culturales demostrativos de un régimen de discriminación, acatamiento y subordinación”, enfatizó Bianchi.

Políticas públicas

Por otro lado, el especialista señaló que “no es viable adoptar medidas para hacer frente a esta problemática sin tomar en cuenta los contenidos del modelo cultural dominante y los procesos de reproducción simbólica que habilitan ese tipo de violencia”.

Las raíces del problema son estructurales, por lo que es indispensable efectuar políticas públicas que permitan modificar los mecanismos que conducen a su perpetuación y reproducción, e ir creando un contexto favorable para romper aquellos mandatos patriarcales y venerar la igualdad entre varones y mujeres, dado el respeto que exige el resguardo de la dignidad de toda persona humana por el solo hecho de serlo”, concluyó.

 

 

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Fuente: Erreius