Diversos aspectos sobre el delito de pornografía infantil

Actualmente la pornografía infantil es un problema de dimensión internacional que se ha ramificado con el avance de las nuevas tecnologías, que permiten y facilitan la comisión de esta conducta delictiva

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LA PORNOGRAFÍA INFANTIL Y LA TENENCIA

POR DANIELA DUPUY

I - INTRODUCCIÓN

Actualmente la pornografía infantil es un problema de dimensión internacional que se ha ramificado con el avance de las nuevas tecnologías, que permiten y facilitan la comisión de esta conducta delictiva, y que tornan insuficientes los programas de acción de los diferentes países del mundo para combatirla.

La eclosión de Internet ha revolucionado y facilitado el mercado de la pornografía infantil por varias razones:

- Disponibilidad económica de los usuarios para acceder a los equipos informáticos que posibilitan la captación y obtención de material de pornografía infantil.

- Abundancia de material pornográfico infantil que circula por la red, que facilita la interrelación entre el enorme número de aficionados y permite un intercambio constante de las fotografías, videos, películas, producciones, etc.

- Facilidad para descargar y compartir archivos con cero costos económicos, pues las técnicas de producción e introducción de dicho material en la red se ha multiplicado; comunicaciones y conversaciones interactivas por chat, por ejemplo, que permiten fácilmente poner a disposición videos y fotografías.

- La ventaja de permanecer en el anonimato. Intercambiar material de pornografía infantil detrás de la pantalla fomenta altamente el intercambio, la facilitación y la distribución del material, pues se desconoce el origen de la transmisión de los datos. El usuario puede enmascararse en identidades ficticias o de imposible identificación y difundir contenidos a otro país, dificultando rastrear el origen desde donde se subió efectivamente el material pornográfico infantil.

- La posibilidad de acceder con mayor facilidad a los niños menores de edad a través de Internet, pues hoy las redes sociales representan una herramienta de comunicación natural y permanente para niños y adolescentes.

- La existencia de manuales de ayuda a pedófilos que permiten ayudarse mutuamente tanto para acceder al material que no encuentran, como así también para intercambiar consejos y advertencias para permanecer en el anonimato y no ser descubiertos por la justicia.

Estos aspectos explican el fuerte incremento en la distribución e intercambio de material pornográfico, que no se reduce a una finalidad comercial o de lucro sino con el objetivo de satisfacer las inclinaciones sexuales de los consumidores, con la consiguiente creación de redes internacionales de intercambio de pornografía infantil, que genera espacios que facilitan e incrementan la colección de fotografías y videos que los delincuentes suelen seleccionar y archivar en diferentes carpetas relacionadas con la edad, el sexo, el color de pelo de niños y niñas, desde una edad muy temprana -bebes de meses- hasta la adolescencia.

A lo expuesto debemos agregar la perpetuidad de la lesión al bien jurídico protegido -integridad sexual y libre desarrollo de la personalidad de los niños- pues tal accionar de circulación permanente del material prohibido en la red genera y asegura una continua distribución.

Miró Llinares(1) señala que no debemos desconocer las distintas fases por las que ha pasado la difusión de pornografía infantil a lo largo de los años hasta la irrupción de Internet.

Hace varios años existían páginas web alojadas en servidores de Internet, en las que el traficante comerciaba con el material pornográfico infantil que ponía a disposición de los usuarios, quienes previamente pagaban una contraprestación vía tarjeta de crédito del adquirente. En esta modalidad hay dos conductas: la de quien busca acceder a una determinada página web cuyo contenido sabe que contiene material pornográfico infantil; y la de quien crea la página de internet misma.

Luego aparecieron los chats en tiempo real, en los que los pedófilos dialogan y acuerdan intercambiarse a través de correo electrónico el material aludido. También la compra directa del material o la simple descarga de archivos. Luego los foros como medio de comunicación, el camuflaje de las páginas web de pornografía infantil que no se accedía a través de buscadores.

En poco tiempo, la figura del vendedor de pornografía infantil fue sustituida por la de consumidores que se asocian sin ánimo de lucro, bajando, subiendo y facilitando cantidad de archivos de contenido pornográfico infantil rápidamente y ayudados por las técnicas avanzadas de la tecnología -red peer to peer-.

Hoy la situación es incontrolable y es fundamental abordar la problemática desde la prevención, correcta legislación y sin dejar de observar el tratamiento en otros países, pues una de las características fundamentales de los delitos que se llevan a cabo en entornos digitales es la transnacionalidad.

II - LEY 27436 DEL CÓDIGO PENAL

Recientemente el Congreso ha sancionado la ley que transforma en delito la mera tenencia de material de pornografía infantil.

La ley 27436 ha modificado el artículo 128 del Código Penal por el siguiente:

Art. 128 - “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que produjere, financiare, ofreciese, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.

Será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución, comercialización.

Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años.

Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de 13 años”.

El artículo 9 de la Convención de Budapest, referente a la pornografía infantil, tiene como finalidad reforzar las medidas de protección de los menores, incluida su protección contra la explotación sexual, mediante la modernización de las disposiciones del derecho penal con el fin de circunscribir de manera más eficaz la utilización de los sistemas informáticos en relación con la comisión de delitos de índole sexual contra menores.

Esta disposición responde a la preocupación de los jefes de estado y de gobierno del Consejo de Europa, y es acorde con la tendencia internacional encaminada a lograr la prohibición de la pornografía infantil, como se evidencia del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y por la iniciativa de la Comisión Europea relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía (COM2000/859).

Esta disposición establece como delitos diversos aspectos de la producción, posesión y distribución electrónica de pornografía infantil.

La mayoría de los estados ya han establecido como delito la producción tradicional y la distribución física de pornografía infantil. Con todo, debido al uso creciente de Internet como principal instrumento para el comercio de tales materiales, se consideró sin lugar a dudas que era esencial establecer disposiciones específicas en un instrumento jurídico internacional para combatir esta nueva forma de explotación sexual que representa un peligro para los menores.

La opinión generalizada es que los materiales y prácticas en línea, tales como el intercambio de ideas, fantasías y consejos entre los pedófilos, desempeñan un papel para apoyar, alentar o facilitar los delitos de índole sexual contra los menores.

El Informe Explicativo de la Convención de Budapest señala que la posesión de pornografía infantil estimula la demanda de dichos materiales. Una manera eficaz para reducir la producción de pornografía infantil es imponer consecuencias penales a la conducta de cada participante que intervienen en la cadena desde la producción hasta la posesión.

Asimismo, la directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13/12/2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil ha condicionado y directamente inspirado la reforma que a nivel internacional han encarado los países respecto de los tipos de pornografía infantil.(2)

Hoy la Argentina se suscribió a la Convención de Budapest que, en su cuarto párrafo, permite a las partes hacer reservas respecto de la tenencia de material de pornografía infantil. Sin embargo, nuestro país ha dado un paso adelante con la sanción de la ley 27436.

III - ¿QUÉ ES MATERIAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL Y COMPORTAMIENTO SEXUALMENTE EXPLÍCITO?

Ante todo, es importante tomar conciencia del contenido que se prohíbe tener. Son fotografías y/o videos en los que bebés, niños y/o adolescentes aparecen siendo abusados sexualmente por una o más personas, o bien se encuentran posando en posiciones eróticas o sexuales, o realizando alguna actividad sexual.

La expresión “comportamiento sexualmente explícito” abarca por lo menos las siguientes alternativas: a) las relaciones sexuales, ya sea en forma genital-genital, oral-genital, anal-genital u oral-anal, entre menores o entre adulto y menor, del mismo sexo o del sexo opuesto; b) la bestialidad; c) la masturbación; d) los abusos sádicos y masoquistas en un contexto sexual, o e) la exhibición lasciva de los genitales o la zona pública de un menor.(3)

IV - ESCENARIO ACTUAL

El avance de la tecnología crea constantemente nuevas modalidades que corresponde analizar cuidadosamente si debieran ingresar al ámbito del derecho penal y, de introducirse, dilucidar si conforman conductas delictivas autónomas o pueden adaptarse a los tipos penales ya existentes.

En ese sentido, es indiscutible que el alcance e impacto de Internet y las redes sociales nos hace replantear el análisis del escenario delictivo, de sus autores y de las víctimas, pues el ciberespacio facilita la comisión de delitos y, en muchos casos, permite que se perpetúen en el tiempo a través de la viralización, indexación, distribución y facilitación del material delictivo.

La Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmó un Convenio con el National Center for Missing and Expotation Children (NCMEC), el día 11/10/2013.(4)

El NCMEC es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos de América. Esta institución ha recibido apoyo del Congreso norteamericano con el fin de construir una respuesta internacional coordinada e intercambiar información respecto de la problemática de los niños desaparecidos y explotados sexualmente.

Asimismo, el NCMEC ha obtenido autorización para establecer la CyberTipline, la cual proporciona un mecanismo centralizado donde los proveedores de servicios de Internet reportan actividades sospechosas relacionadas con la explotación sexual de los niños.

Así, a partir de la celebración del Convenio, el Ministerio Público Fiscal de la CABA tiene acceso a todos los reportes de actividades sospechosas que se detecten de usuarios de Internet en nuestro país.

Un dato significativo que demuestra la gravedad de la problemática de la distribución, difusión y tenencia de material de pornografía infantil es el creciente ingreso de casos. Durante el año 2016 ingresaron 8.823 reportes y, en 2017, 23.086.

reporte

De este universo de casos que ingresan se efectúa una selección temprana y, algunos de ellos, son archivados por diferentes motivos -atipicidad, carencia probatoria, oportunidad, etc.-.

El resto ingresa para su correspondiente investigación y se pueden dar distintas situaciones en el marco del análisis de dispositivos de almacenamiento informático:

1. El sospechoso tiene cantidad de imágenes y videos de pornografía infantil.

2. El sospechoso tiene cantidad de imágenes y videos de pornografía infantil, y además las distribuyó o facilitó.

3. El sospechoso tiene cantidad de imágenes y videos de pornografía infantil, y además las distribuyó o facilitó, y también se detectaron conversaciones -a través de medios informáticos- de contenido erótico o sexual, entre el mayor y un menor de edad.

4. El sospechoso tiene cantidad de imágenes y videos de pornografía infantil, y además las distribuyó o facilitó, y también se detectaron conversaciones -a través de medios informáticos- de contenido erótico o sexual, entre él y un menor de edad.

5. Y además hay prueba -digital y/o física- de abuso sexual y/o corrupción de menores.

Ante cualquiera de estos posibles escenarios, y ante la imposibilidad de evitar analizarlos interconectándolos, se desprende una clara conclusión, internacionalmente aceptada: quien consume o tiene imágenes o videos de pornografía infantil no se conforma con unos pocos, cada vez quiere más y diferente, para proceder a su prolija clasificación en edades de los niños, sexo y acto sexual que realiza. Dicha demanda genera la necesidad de mayor oferta; situación que conlleva a tener que producir más material para satisfacer los pedidos; y esa producción se traduce en la consumación de abuso sexual de menores. Pero a su vez, el que demanda y recibe debe dar algo a cambio: más material y diferente: debe distribuir, facilitar.

Conclusión: no es posible tener sin antes haber abusado sexualmente de un niño.

En consecuencia, el fundamento para castigar a la persona que consume material pornográfico con menores de edad se basa en que la demanda incide directamente en el aumento de oferta, y para ello será necesario producir incluso más cantidad de material pornográfico con la intervención de menores.

Así lo explica Fernández Teruelo cuando expresa que dicho criterio se fundamenta en que “tanto los actos de difusión de pornografía infantil como los relacionados con la misma pueden determinar -con base en la experiencia general- un aumento de la oferta. De este modo, la puesta en el mercado de estos materiales generaría nuevas necesidades estimulando la demanda. Si aumenta la demanda aumentará también la oferta, y la oferta solo puede satisfacerse utilizando a menores de carne y hueso en prácticas de naturaleza sexual para tomar las imágenes o realizar grabaciones en otros soportes”.(5)

Entonces, esta es la razón que justifica la intervención penal y no el hecho de obtener satisfacción sexual con la contemplación de imágenes de menores, lo que en realidad queda dentro de la moral sexual de cada uno.

En igual sentido, el fundamento político criminal que originó la aprobación de la criminalización de la posesión de material pornográfico infantil en Estados Unidos fue que dicha tenencia facilita la reproducción permanente e infinita de una situación concreta de abuso o agresión sexual, toda vez que lo que se observa en las imágenes es la vulneración de los derechos de uno o más niños. Por ende, el poseedor participa o contribuye con ese hecho al tomar parte de la cadena de mercado ya que la demanda por más material incentiva a los productores a cometer abusos.(6)

El ciclo de la pornografía infantil, desarrollada por el Dr. O’Brien en 1983 según Akdeniz(7), consiste en los siguientes pasos: a) la pornografía infantil se muestra a los niños con fines educativos, b) se intenta convencer a los niños que el sexo explícito es aceptable, incluso deseable, c) el niño está convencido de que otros niños tienen una vida sexual activa y que tal conducta es correcta, d) la pornografía infantil desensibiliza al niño, reduce sus inhibiciones, e) algunas de estas sesiones progresarán con actividades sexuales que involucran al niño, f) se toman fotografías o videos de la actividad sexual, g) este nuevo material se distribuye en las redes internacionales de pornografía infantil y también, para atraer, seducir y obtener más víctimas menores.

A todo ello, se debe agregar las consecuencias: el adquirente de pornografía infantil cada vez que pasa en video las imágenes reproducidas -a veces de menores de cinco o seis años de edad, e incluso de bebés-, perpetúa el ataque a la libertad y a la dignidad de los niños que han sido grabados previamente por si fuera poco el trauma sufrido por haber sido objeto de brutales agresiones sexuales filmadas o fotografiadas, que probablemente van a influir determinante y negativamente en el desarrollo adulto de su vida sexual y sentimental, encima se les quiere hacer soportar que los bienes jurídicos de su dignidad y de su intimidad, puedan seguir siendo pisoteados continuamente, sin consecuencia jurídica penal alguna, cada vez que un pedófilo decida contemplar las imágenes del atropello del que aquellos fueron objeto en la infancia”.(8)

V - POR QUÉ PENALIZAR LA TENENCIA DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

La punibilidad de la mera posesión de los objetos prohibidos representa un adelantamiento de las barreras de protección mediante el castigo estatal de una etapa preparatoria, cuyo riesgo para el bien jurídico puede concretarse si se ejecutare un delito utilizando alguna de aquellas cosas no permitidas.

El creciente auge de esta categoría dogmática de delito se debe a la búsqueda de una mayor eficiencia del derecho penal de riesgo, siendo los delitos de posesión una herramienta útil para luchar contra la delincuencia.

Sin embargo, considero que es vital distinguir las diferentes problemáticas para evaluar concretamente la posibilidad de riesgo y así evitar que se cometan conductas más graves con consecuencias irreversibles.

En esta línea, y tal como lo expresara en otra oportunidad(9), no es lo mismo tener material de pornografía infantil que tener estupefacientes para consumo propio. Quien decide consumir drogas, afecta su propia salud; quien consume pornografía infantil, afecta la integridad sexual de los niños.

 

Gimbernart Ordeig así lo explica(10): “El bien jurídico protegido en los delitos de tráfico de drogas es la salud, y el titular de ese bien jurídico es el adquirente … y no se puede castigar la adquisición para el propio consumo de una sustancia que solo potencialmente puede menoscabar la vida o la salud de quien legítima y libremente puede disponer de ellas. En cambio, el bien jurídico protegido en un eventual delito de adquisición de pornografía infantil no pertenece al comprador, sino a un tercero (por ejemplo, al bebé cuya libertad e indemnidad sexual son brutalmente atropelladas por el productor pornográfico); por lo que al contrario de lo que sucede con quien se procura droga, el adquirente no tiene ninguna legitimación para disponer de los intereses de un tercero”.

En igual sentido, Fletcher(11) va más allá y señala que existe una diferencia de tratamiento en el delito de posesión de herramientas destinadas a cometer los delitos de robo o hurto, por ejemplo, frente a los cuestionamientos que se presentan al momento de decidir los casos vinculados a la posesión de material pornográfico infantil. Manifiesta que existen dos razones que justifican la diferencia de tratamiento sobre la base de distinguir entre “criminalidad manifiesta” (manifiest criminality) en contraste con la “criminalidad subjetiva” (subjetive criminality). En tal sentido, se debe diferenciar entre los delitos de posesión en donde solo el hecho de detentar la tenencia material de un objeto puede dar lugar a graves consecuencias materiales (sinister implications), por el riesgo o peligro que representa ese hecho per se, como se desprende concretamente de la tenencia de material pornográfico infantil, en el que la experiencia enseña que generalmente son mantenidos con fines ilícitos; de los casos de tenencia de herramientas para la realización de los delitos de hurto o robo; en donde es exigible la acreditación del conocimiento de la prohibición del porte y la existencia de un fin diverso, pues precisamente la posesión de tales objetos no entraña inequívocamente un riesgo, porque no es dable pensar que se trata de elementos peligrosos para quienes tomen contacto con ellos.

Por lo expuesto, la posesión de cosas se la puede prohibir bajo amenaza de pena si se la asocia a un determinado fin delictivo, por parte del poseedor, que permita afirmar su carácter peligroso para algún bien jurídico.

En ese sentido, psiquiatras expertos en el tratamiento de quienes cometen este tipo de delitos contra menores de edad -pornografía infantil, grooming, abuso sexual, etc.- aseguran que la tenencia es un comienzo. Luego, y en razón de la lógica del funcionamiento de estas redes, dichos individuos son propensos a distribuir las imágenes sexuales que recibieron y son propensos a animarse a efectuar acercamientos a niños para abusar de ellos. No es casual que gran parte de ellos tienen un trabajo que les permite estar en contacto diario con los menores.

Concretamente, el fundamento para la criminalización de la tenencia de pornografía infantil se basa en el interés superior de la infancia, pues es la reproducción constante y la difusión de un abuso o agresión sexual cometida en contra de un niño que carece de la capacidad de autodeterminación en el ámbito sexual.

En ese sentido, el daño ya provocado a ese niño derivado del abuso sexual practicado durante la producción lo ha sido porque el poseedor tiene una responsabilidad en el comportamiento de quienes producen. Su conducta -tener- incentiva la producción y realización de otros abusos sexuales.

En este orden de ideas, entiendo que quienes almacenan en sus dispositivos informáticos imágenes de pornografía infantil para satisfacer sus deseos personales tienen probabilidad de agredir o abusar sexualmente de los niños; entonces, su tipificación operaría como una forma de control discrecional de la sociedad, entendiéndose como una manifestación de criminalidad objetiva, por cuanto la tenencia de material pornográfico infantil puede provocar graves riesgos y peligros.

En España, la tenencia de pornografía infantil va más allá con la reforma 1/2015: no solo es delito tener sino también adquirir o poseer material pornográfico virtual o técnico, lo cual amplía el radio de las conductas típicas relacionadas con la posesión.(12)

VI - UN PASO MÁS

Ya es ley la tenencia. Es necesario dar un paso más.

En primer lugar, pronostico un considerable aumento de casos a investigar que antes eran apartados tempranamente por atipicidad.

Hoy, si los hechos fueron cometidos con posterioridad a la sanción de la ley, ingresarán al universo diario de investigaciones.

Considero fundamental efectuar una gestión eficiente de los nuevos casos, efectuando su tratamiento especial y superador con miras a la prevención, a la profunda concientización de las consecuencias que este accionar genera.

En primer lugar, analizar cada caso en particular para poder distinguir -y comprobar- quiénes tienen el material de pornografía infantil con fines inocentes, o con desconocimiento de tal posesión, de aquellos otros que lo poseen porque forman parte del círculo estudiado. Dicha circunstancia será analizada en el contexto del plexo probatorio en cada caso concreto.

Una vez descartada la posibilidad de error, y toda duda sobre su autoría, es importante adoptar decisiones de calidad en relación con los autores de la tenencia, a fin de implementar, con la intervención de psicólogos y psiquiatras expertos en perfiles de personalidad perversa, un programa de tratamiento y concientización de la implicancia de estas conductas, con el fin de evitar reincidencias, conductas más graves y, por sobre todo, el aumento escandaloso de víctimas menores de edad.

Entiendo que sería innovador crear y aplicar -como prueba piloto y por un tiempo establecido- un protocolo de actuación con intervención multidisciplinaria para, luego de ese lapso temporal, evaluar su impacto en la probable disminución de la comisión de estas modalidades directamente conectados con la lesión a la integridad sexual de los niños.

El diagnóstico ya existe. Debemos trabajar a conciencia con las personas que consumen el material prohibido pues la tenencia representa la línea de largada, el comienzo de un camino que deja huellas irreversibles en la vida de los niños.

VII - CONCLUSIÓN

Considero que la sanción de esta ley fue un gran avance pues se tuvo en cuenta la opinión de los investigadores, quienes a diario sentíamos la impotencia de conocer a fondo la problemática y las consecuencias de la implicancia del tener y no poder aplicar la ley pues no existía.

Los legisladores comprendieron a la perfección la dinámica de la tenencia y del círculo de la pornografía infantil, y votaron en consecuencia -211 votos a favor y solo una abstención-, sancionando la ley.

El alcance de esta nueva legislación es aún mayor: la posibilidad de cooperación internacional recíproca entre todos los países en los que la tenencia es delito.

Es cierto que estábamos ante una importante disyuntiva, ambas de peso: la racionalidad de las demandas de la sociedad de mayor seguridad frente a la posible tensión de los delitos de tenencia con los principios constitucionales del derecho penal sustantivo -derecho a la privacidad e intimidad, entre otros-.

La comunidad ha optado por mayores cuotas de seguridad en desmedro de las libertades. Y en ese sentido se expide Cox Leixelard(13), al expresar que no es posible inferir que la pretensión de eficiencia penal implica el abandono de un modelo de garantías. Por el contrario, la expansión del derecho penal a través del aumento de las incriminaciones de las figuras de posesión se desarrolló tomando como base principios tradicionalmente considerados garantísticos. De hecho, los principios del daño y de exclusiva protección de bienes jurídicos frente al poder del Estado sirven hoy para aumentar el castigo y relajar las garantías.

Y el efectivo análisis de la realidad empírica extraída de los casos que ingresan creciente e incesantemente al ámbito penal, y su lógica encadenada a un círculo perfecto que termina -o comienza- en el abuso sexual de niños/as, demanda su efectiva y correcta tipificación.

El desafío no termina en que la tenencia sea ley. Ello es tan solo el comienzo de un proceso en el que debemos trabajar a conciencia y profesionalmente para un abordaje efectivo, y eso hace imprescindible fijar pautas hermenéuticas para alcanzar una respuesta uniforme y respetuosa con los principio de igualdad ante la ley, seguridad jurídica, proporcionalidad y culpabilidad, con el fin de evitar que se comentan delitos de la especie más graves y desalentar así la posesión del material que, inexorablemente, para poder tenerlo, previamente hay que abusar de un niño.

 

Notas:

(*) Abogada (UBA). Master in Law (Universidad de Palermo). Fiscal a cargo del equipo especializado de delitos informáticos de la CABA. Profesora adjunta en grado y posgrado de delitos informáticos (Universidad de Palermo). Docente de derecho procesal penal y contravencional de la CABA (Instituto Superior de Seguridad Pública)

(1) Miró Llinares, F.: “El cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio” - Ed. Marcial Pons - 2012 - pág. 109

(2) LO 1/2015 - España - 30/3

(3) Informe explicativo Convención de Budapest - rm.coe.int

(4) R. (FG) 435/2013 - 12/11/2013

(5) Fernández Teruelo, J.: “Cibercrimen. Aspectos de derecho penal y procesal penal. Cooperación internacional. Recolección de evidencia digital. Responsabilidad de los proveedores de servicios de internet”, Dupuy, Daniela (Dir.) - Ed. BdeF. - Madrid - 2016 - pág. 63

(6) Schmidt-sandwick, Robin: “Constitutional law-freedom of speech: Supreme Court strikes down two provisions of the child pornography prevention act, leaving virtual child pornography virtually unregulated. Ashcroft v. Free Speech Coalition, 122 S. CT.1389 2002, North Dakota Law Review, t.79. 2003 - pág. 186

(7) Akdeniz, Yaman: “Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses” - Padstow, Cornwall: TJ International ltd - 2008

(8) Gimbernat Ordeig, Enrique: “La teoría del bien jurídico” – Ed. Marcial Pons - Madrid - pág. 11 y ss.

(9) Fernández Teruelo, J.: “Cibercrimen. Aspecto de Derecho penal y procesal penal”, Dupuy. Daniela (Dir.) - Ed. BdeF. - Madrid - 2016 - pág. 123 y ss.

(10) Gimbernat Ordeig, E.: “Estado de derecho y ley penal” - LL - Madrid - 2009 - pág. 206 y ss.

(11) Fletcher, G.: “Rethinking Criminal Law” - 2ª ed. - New York. Oxford University Press - 2000, nota 52 - pág. 200 cit. Oxman, Nicolás en: “Aspectos políticos-criminales y criminológicos de la posesión de pornografía infantil en EE. UU.” - Política Criminal - Nº 12 - 2011, art. 2. - vol. 6 - págs. 253-295

(12) Circular 2/2015 de la Fiscalía General del Estado de España sobre los delitos de pornografía infantil operado por LO 1/2015. En: fiscal.es

(13) Cox Leixelard. J. P: “Delitos de posesión. Base para una dogmática” - Ed. B de F - 2012 - págs. 13 y ss.

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