Entrevista al doctor Mariano Borinsky sobre despenalización del aborto, minoridad e inseguridad

En diálogo con el director de nuestra publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y Presidente de la Comisión Reformadora del Código Penal, doctor Mariano Borinsky, nos responde sobre temas controversiales como la legalización y despenalización del aborto -que se encuentra actualmente debatiéndose en el Congreso-, sobre la edad de la imputabilidad de menores y sobre inseguridad.

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Luego de la reciente media sanción que obtuviera en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo el pasado viernes 11 de diciembre, el director de nuestra publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, doctor Mariano Borinsky, analiza las modificaciones del actual Código Penal de la Nación en relación al proyecto de despenalización del aborto que se encuentra actualmente debatiéndose  en el Congreso.

En lo que respecta a la ley especial del aborto que se está discutiendo en el Congreso, “debe ser tratada en el marco de un Proyecto Integral del nuevo Código Penal, en este sentido darle protección tanto a libre disposición del cuerpo de la mujer como al derecho del niño por nacer. Vale decir, que ambas garantías constitucionales sean protegidas”.

El magistrado indica que la mejor forma de proteger ambas garantías es -como lo dispone el Proyecto de Reforma del Código Penal- eximiendo de pena, tendiendo a la despenalización y no tanto a la legalización. Es la posición que mejor va a conjugar todos los derechos constitucionales en pugna y los distintos intereses y valores que atraviesan a la sociedad. De esta forma, en el nuevo Código Penal se le da tutela -tal como lo hace la Organización Mundial de la Salud-, protegiendo tanto la salud física como la mental de la mujer”.

En nuestra charla, tocando diversos temas de interés, y ante los hechos de violencia de público conocimiento vinculados con la participación de menores, el Juez Borinski considera que es fundamental la modificación de la ley penal de minoridad vigente desde hace 40 años. La ley actual es de 1980, vigente desde la época de la dictadura y debe ser tratado desde un proyecto Integral que incluya no solo los aspectos penales, sino también los de reinserción social del menor teniendo en cuenta como política de Estado, lo que tiene que ver con educación, equipo multidisciplinario y las posibilidades de que ese niño sea reinsertado en la sociedad”.

Respecto de la edad de imputabilidad en menores, considera que es una circunstancia que debe ir de la mano con los cambios que tienen que ver con la madurez, tal como lo establece el Nuevo Código Civil y Comercial, donde a partir de los 16 años el menor puede votar.

Tal y como sucede en otros países del mundo y del continente, como los casos de Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros, ya prevén bajas en lo que tiene que ver con la edad de imputabilidad. Prevén penas a edades menores de la que prevé la ley nacional. La argentina es de 16 años, en otros países como Chile, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, se habla de 14 años;  Nicaragua, Guatemala, Uruguay 13 años y  Brasil de hasta 12 años, teniendo en cuenta los derechos electorales y los civiles. Tal vez como un aspecto que sea espejo de la realidad actual es necesario una baja de la imputabilidad. Pero no solo la baja en sí misma, sino en forma complementaria, como verdadera política del Estado.

También nos responde en referencia a los cambios que incluye el nuevo Código Penal  materia de inseguridad y menoridad.

El magistrado explica que, el proyecto de Nuevo Código Penal juvenil que se encuentra en estudio del Congreso desde el año 2019 tiene en cuenta las siguientes modificaciones:

- Garantizar el interés superior del adolescente.

- Introducir el concepto de justicia especializada.

- Prevé sanciones socioeducativas y disciplinarias.

- En supuestos de privación de la libertad, esta debe ser entendida como la última instancia. Si tuviera que proceder la prisión preventiva no puede exceder de un año.

- El Ministerio Público Fiscal se va a focalizar solo en aquellos delitos que tengan una pena máxima superior a 10 años y en los demás casos prevén medios alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación y la conciliación.

 Incluso prevén dar vista e intervención desde la detención misma a un equipo interdisciplinario con distintos especialistas, psicólogos, deportólogos, asistentes sociales con vías a garantizar la reinserción social.  El  juez deberá tener la obligación de hacer contacto con del adolescente y sus familiares.

Este nuevo proyecto tiene en cuenta y garantiza el pleno y efectivo derecho -reconocido en la Convención de los derechos del Niño- que tiene que ver con un crecimiento físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente.

Finalmente, nos enseña que el proyecto de nuevo Código Penal que se encuentra en estudio desde el 2019 en el Congreso de la Nación prevé distintas medidas en materia de inseguridad, tales como la incorporación de pautas de agravantes como odio, discriminación, violencia de género que obliga al juez a aplicar un pena del tercio superior de la escala penal. Se mantiene el instituto de la reincidencia.

Se prohíbe la libertad condicional en casos de narcotráfico, homicidios agravados, abusos sexuales, secuestros extorsivos.  Se incrementa el marco punitivo en lo que tiene que ver con la tenencia de armas. Se revocan los beneficios vinculados a aquellos condenados que gozaban de libertad condicional ante la comisión de un nuevo delito. Se incorpora el instituto de seguimiento socio judicial para los casos de homicidios graves, secuestros extorsivos y la obligación por parte del juez de ejecución de hacer un control de esa ejecución penal hasta un plazo de 10 años de prisión.

Estas son algunas de las medidas vinculadas con verdaderas políticas de Estado que se deben adoptar en materia de inseguridad.

 

Fuente: Erreius