Libertad de expresión y responsabilidad civil de los motores de búsqueda

En esta entrega de Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, la Dr. Plá Sasmut analiza el derecho a la libertad de expresión frente a la responsabilidad de los buscadores de Internet por contenidos que le son ajenos al mismo. Además, reflexiona sobre cómo establecer si los motores de búsqueda deberían tener responsabilidad objetiva o subjetiva por dicha información.

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PAULA PLÁ SASMUT (1)

I - EL TEMA

En este breve ensayo, nos proponemos analizar el derecho a la libertad de expresión frente a la responsabilidad de los buscadores de internet por contenidos que le son ajenos al mismo, así como establecer si los motores de búsqueda deberían tener responsabilidad objetiva o subjetiva por dicha información.

En los tiempos que corren, no existen dudas acerca de la importancia del rol que desempeñan los buscadores en el funcionamiento de internet, cumpliendo con un papel decisivo en la difusión global de datos en la medida en que facilitan el acceso a la información, así como a la publicación de contenido.

Atento a que a la fecha no existe ley alguna que regule tal problemática, resulta esencial analizar lo anteriormente mencionado a la luz de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia, a saber, “Rodríguez”, del año 2014, y “Gimbutas”, de 2017, los cuales delimitaron la responsabilidad de los motores de búsqueda.

II - INTERNET Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La inserción de la informática en el ámbito jurídico es una inevitable y necesaria consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías. No caben dudas de que uno de los temas fundamentales a considerar dentro de esta problemática es la protección jurídica de los derechos individuales a la luz de los avances tecnológicos.

A través de internet, se puede concretizar el derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar -o no hacerlo- sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc. Desde el aspecto colectivo, internet constituye un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública. Es por ello que se ha subrayado el carácter transformador de internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a la información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información (conf. Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, del 1/6/2011, de la Organización de Estados Americanos).

El acceso a internet, debido a su naturaleza multidireccional e interactiva, su velocidad y alcance global a un relativo bajo costo y sus principios de diseño descentralizado y abierto, posee un potencial inédito para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión: individual y colectiva (Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Libertad de expresión e internet” - párr. 36).

La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH ha declarado, como principio general, que “la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Esto implica que cualquier restricción al ejercicio de este derecho en internet debe seguir los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, la Relatoría Especial ha enfatizado que, al momento de establecer medidas que puedan impactar a internet, se deben tener en cuenta las características que hacen de ese medio un espacio único para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión”.

Se ha señalado que internet nace como un ámbito de plena libertad donde todo pareciera ser válido y cualquier intento de impedir, filtrar o castigar por contenidos violatorios de la moral o, en definitiva, de la ley no es aceptable. Sin embargo, no podemos establecer que internet sea un ámbito donde las conductas ilegales no generen responsabilidad.

III - LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Nuestra Constitución contiene tres artículos referidos a esta temática. Por un lado, el artículo 14, que establece: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos: ... de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa...” El artículo 32: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Y el artículo 75, inciso 19), que establece el dictado de leyes a los fines de la protección de “la libre creación y circulación de las obras del autor”.

Asimismo, este derecho se encuentra garantizado en el artículo 13 de la CADH y ha sido protegido con especial énfasis por nuestra Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo un derecho determinante para la dignidad humana, así como el rol que cumple por ser el pilar fundamental en la vida democrática de los países.

Se ha definido a la libertad de expresión como una exteriorización de la libertad de pensamiento, que implica el derecho de hacer público, a transmitir, difundir y exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones y críticas a través de cualquier medio.

Néstor Sagüés afirma que “la conducta expresiva de un sujeto tiende a transmitir sus pensamientos (ideas, voliciones, sentimientos). El derecho de expresión tutela precisamente esa conducta expresiva, y es un complemento indispensable del derecho de pensamiento, dada la naturaleza intrínsecamente social del hombre”.

En este sentido se ha manifestado la CIDH en su opinión consultiva 5/85, reiterada en los fallos “La última tentación de Cristo” y “Kimel”: “Quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, que requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas”.

Podemos concluir, entonces, que el derecho a la libertad de expresión contiene dos dimensiones fundamentales: una individual, que comprende el derecho de manifestar el pensamiento, escribiendo y hablando, así como utilizar cualquier medio a los fines de difundir esas ideas; y una colectiva, que refiere al derecho de conocer otras opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.

Ambas dimensiones resultan significativas y deben garantizarse de manera simultánea para dar efectividad total al derecho de la libertad de expresión.

Sostiene Alfonso Santiago que “la libertad de expresión es una libertad ‘preferida’ que exige una protección muy particular, por la importancia ‘estratégica’ que tiene en una sociedad democrática. El régimen específico de la libertad de expresión no ha sido desarrollado principalmente a nivel legislativo, sino fundamentalmente jurisprudencial, con una delicada ponderación de los bienes en juego y una necesaria armonización de los derechos comprometidos en cada caso concreto”.

Afirma Marcela Basterra: “Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática juega un papel fundamental, toda vez que si el derecho a la información -materializado en todos sus términos- no se encuentra efectivamente garantizado, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia comienzan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se vuelven inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que los sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”.

Este contenido, que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, dirigida por las doctoras Lily Flah y Silvia Y. Tanzi, es exclusivo para suscriptores de Erreius. Podés ingresar al artículo completo haciendo clic acá.

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Notas:

(1) Abogada (UNR). Empleada del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Especialista en la Magistratura (UNR). Diplomada en Derecho Constitucional (UCA). Aspirante a adscripta en Derecho Constitucional I (UNR)