Alquileres: se creó un protocolo de alerta temprana de desalojos

Tiene como objetivo establecer un marco de actuación institucional, tendiente a sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial. Además, busca proponer convenios de colaboración y asistencia para evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.

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Este martes 6/4/2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 5/2021 por la cual la Secretaria de Desarrollo Territorial aprobó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales (el “Protocolo”) para ayudar a las familias que incumplieron contratos de locación durante la pandemia del coronavirus.

El Protocolo busca establecer un marco de actuación institucional, tendiente a sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.

Asimismo, también busca desarrollar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente; y proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.

El protocolo se implementará en aquellos casos en los que locatarios de vivienda Única y Familiar en regímenes de alquileres formales enfrenten procesos de mediación o judiciales de desalojo cuyos contratos hubieran estado alcanzados por el Decreto 320/2020.

La resolución aclara que se entiende por alquileres formales a aquellos contratos de locación de inmuebles declarados ante la AFIP conforme lo establecido por el artículo 16 de la ley Nº 27.551 y la Resolución General de AFIP Nº 4933/2021.

La Secretaría de Desarrollo Territorial será la encargada de llevar adelante un registro de población en riesgo de desalojo. El registro contemplará, entre otros, datos información personal de los locatarios, composición del grupo familiar o conviviente, especificando personas en situación de vulnerabilidad, registro del contrato en la AFIP, plazo de vigencia de la locación, canon locativo, monto y frecuencia de actualizaciones, pago de expensas, impuestos y/o servicios a cargo del locatario.

También se deberá indicar la localización, características y condiciones edilicias del inmueble, los ingresos, deudas y otros datos y el estado en que se encuentran los procesos de desalojo e información de partes intervinientes.

Adicionalmente, se aclara que el registro respetará el habeas data, garantizando que cualquier producción y difusión de estadística no difundirá información personal.

Por su parte, a los fines de poder llevar adelante un abordaje integral de las situaciones contempladas, se prevé la suscripción de convenios “que permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que puedan ser utilizadas”.

Además, se tendrá en cuenta “la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”. Para este fin, se preverán mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger.

Entre los grupos priorizados se enuncian las familias monomarentales y monoparentales, las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad, las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad y las personas en extrema pobreza y/o indigencia.

Fuente: Erreius