Actualidad en materia de salud mental

El doctor Damián Lembergier analiza la aplicación que tiene la ley 26657 y su interpretación frente a las personas con problemáticas de salud mental, incluidas las adicciones.

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La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010, ha traído muchos cuestionamientos. Se ocupa de regular los derechos de las personas que tienen padecimientos de salud mental, junto con el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el año 2015, y que también trata las cuestiones de salud mental en un apartado específico.
 
Consultado el Dr. Damian Lembergier, Defensor Público Curador en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa Nacional, nos indica que "esta ley reconoce muchos derechos a un grupo muy vulnerable de la población, como son las personas que padecen algún tipo de afección en su salud mental, entras las que están incluidas las problemáticas relacionadas a las adicciones".
 
Y agrega que "la norma fortalece derechos fundamentales reconocidos por instrumentos internacionales que Argentina adoptó como legislación interna con jerarquía constitucional".
 
  • Los invitamos a ver el siguiente video especial de Erreius, donde el especialista analiza la aplicación que tiene actualmente la ley 26657 y su interpretación frente a las personas con problemáticas de salud mental, incluidas las adicciones. 

¿Se puede realizar una internación contra la voluntad del paciente? 

La Ley de Salud Mental contempla y regula dos tipos de internaciones, las voluntarias y las involuntarias, estableciendo además los plazos por los cuales debe prolongarse, los derechos que tienen la persona dentro del marco de una internación, cómo proceder si opera una internación involuntaria, si corresponde o no judicializarla, entre otras cuestiones.
 
De esta manera, la norma en estudio asegura los mecanismos para llevar adelante una internación contra la voluntad del paciente. 
 
Sin embargo "los dispositivos y recursos no son adecuados", asegura el especialista consultado. "Están faltando políticas públicas que permitan cumplir con la letra de la norma". Es el Estado el que debe procurar que estén las partidas presupuestarias dispuestas para la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental.
 
Según el Dr. Lembergier, la crítica que debe hacerse "es poner la mirada en los recursos que se destinan a las cuestiones de salud mental, a la creación de los dispositivos necesarios y a la accesibilidad de los mismos".
 
Por su parte, en el artículo "Algunos bemoles en externación psiquiátrica. Reflexiones sobre limitantes de la Ley 26657", publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética de Erreius, el Dr. Ignacio Barreira remarca que "esta ley busca facilitar las prácticas en salud mental para los usuarios de la misma, proveyendo derechos y regulación de los dispositivos de internación psiquiátrica. Lo cierto es que el excesivo énfasis en el rol del equipo multidisciplinario en los tratamientos de usuarios internados descuida la responsabilidad de otros factores como la familia del usuario, los agentes de cobertura en salud mental, el rol de la justicia como regulador de estas prestaciones y, a veces también, el posible abuso de derechos por parte del mismo usuario".
 

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Fuente: Erreius