Inician amparo colectivo para que se diseñen billetes y monedas accesibles para personas con discapacidad visual

Para los solicitantes, la situación actual acredita la “discriminación por motivos de discapacidad”. Y reclamaron que “se ordene para lo sucesivo como política pública regular el diseño de billetes y monedas de circulación legal de forma que sean certeramente detectables al tacto según su diferente tamaño en cada valor, sin excluir eventualmente marca en Braille y colores brillantes”.

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Un grupo de personas, acompañados por la Asociación Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, promovió una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central y Casa de Moneda para solicitar que el diseño de billetes y monedas de cuso legal se realice de una forma que sean accesibles y detectables para su uso por parte de personas con discapacidad visual.

Explicaron que “tal como se emiten y acuñan en nuestro país los billetes y monedas de curso legal, no hay modo para personas con discapacidad visual de acceder a su identificación clara y certera, atentando, de este modo, contra su derecho a la autonomía, seguridad personal y patrimonial y a una vida independiente, digna y sin discriminación -todos derechos que la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad coloca en primera plano de protección y que se desarrollan exhaustivamente en la Observación General 2 de su Comité ONU (2014)-“.

En este sentido, aclararon que otros modos de identificación, vinculados fundamentalmente a texturas y relieves resultarían improcedentes, en tanto tales características se pierden con su uso y circulación.

 

Justificación normativa

Para los solicitantes, la situación actual acredita la “discriminación por motivos de discapacidad” en los términos del art. 2do párrafo tercero de la Convención, punto 14 de la Observación General 2 citada; y de su art. 4to, que fija las obligaciones generales a cargo del Estado y de la sociedad”.

Explicaron que la Convención tiene rango máximo en nuestro país y sus cláusulas, principios y derechos son de aplicación inmediata, tanto como las observaciones generales que la despliegan y cada “informe país” de su Comité de seguimiento, de indudable carácter vinculante (art. 75- 22 CN.).

“El deber para el Estado demandado de asegurar la accesibilidad, en este caso sobre billetes y monedas, atraviesa toda la Convención de manera estructural, tanto como la prohibición de discriminación y su indignidad cuando sucede –como aquí-, entre los principios fundantes de los arts. 3 y 5 de este tratado (OG 2, Comité ONU, 2014, punto 14)”, añadieron.

“Se impone pues a la luz de la Convención que el Estado nacional, su Casa de Moneda y en particular el Banco Central de la República Argentina, encargado por ley de la emisión de billetes y monedas de curso legal, ajuste su diseño de manera de hacer efectivamente posible su identificación certera para personas con discapacidad visual, contemplando un tamaño por cada valor de sencilla identificación, esto en un plazo razonable (es decir, un tiempo preciso y definido) que conjugue la necesidad perentoria de contar con ello y el tiempo que requiera para la autoridad federal competente su diseño -con consulta y participación de nuestro colectivo (art. 4 y 29, Convención)- y puesta en práctica”, agregaron.

 

Legitimación activa

Las accionantes destacaron que son personas físicas con una discapacidad visual absoluta o de grado, “afectadas” directas permanentes por la ausencia de diseño universal accesible de billetes y monedas de curso legal.

En función del art. 43 de la Constitución nacional, indicaron que la legitimación es indudable frente a su “condición objetiva de afectados/as por la omisión del Estado en cumplir con el mandato convencional de accesibilidad universal y de ajustar a este fin las normas internas a su imperativo, cuya persistencia perpetúa un estado general de discriminación material y simbólica (arts. 2, 3, 4, 5 y 9 Convención)”.

“En esta situación se encuentran más de 900.000 personas en nuestro país, por lo que se trata de una legitimación activa amplia y a lo largo del territorio nacional, que congrega a semejante número de personas con discapacidad visual afectadas, que en su abrumadora mayoría no pueden acudir a un tribunal de justicia para hacer cumplir la más elemental prestación de acceso a la moneda de cuso legal, premisa de intercambio de todo trato jurídico cotidiano, hasta el más elemental y rutinario”, recalcaron.

“El derecho que aquí se hace valer es indivisible y no tiene un beneficiario singular y personal sino un colectivo preciso integrado por todas aquellas personas que en todo el país porten la condición de ceguera o disminución de la visión en diversos grados”, argumentaron.

 

La solicitud

Los actores señalaron que “los billetes emitidos en este último tiempo -acto que tuvo alta difusión pública por incorporar nuevas figuras e ilustraciones en su cuerpo central- no contemplan en modo alguno modalidades de identificación (sea por su tamaño –el más eficaz- o por color según su valor o con identificación que resalte al tacto)”.

Ello, remarcaron, “es una prueba patente y notable de la falta de respuesta al reclamo de diversas organizaciones tanto como del mantenimiento del estado de incumplimiento convencional”.

De esta manera, los demandantes reclamaron que “se ordene para lo sucesivo como política pública regular el diseño, con consulta y participación del colectivo, de billetes y monedas de circulación legal de forma que sean certeramente detectables al tacto según su diferente tamaño en cada valor, sin excluir eventualmente marca en Braille y colores brillantes”.

Suscripción Civil

Fuente: Erreius