Entra en vigencia el nuevo Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo

Puntos clave para entender el nuevo Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo.

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El nuevo protocolo tiene por objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo, basándose en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales. 

Se encuentra orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas, y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y regirse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan. 

Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos. 

Las causales que habilitan a solicitar una interrupción legal del embarazo son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación.

Entre otras cosas, indica que una atención adecuada y completa de situaciones que habilitan la interrupción legal del embarazo implica necesariamente una visión integral de la salud, en sus tres dimensiones: física, mental y social.

Este protocolo deberá ser actualizado cuando los estándares clínicos y el avance del progreso científico introduzcan nuevas evidencias, y sus modificaciones deberán ser siempre progresivas, dado que mejorar la vida y la salud de las personas requiere de bases científicas cada vez más sólidas y de un reconocimiento de derechos cada vez más integral e inclusivo, conforme lo exigen tanto el bloque constitucional-convencional, como en lo específico, la ley 25673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable dentro del ámbito de este Ministerio de Salud.

Puntos clave para entender el nuevo Protocolo para la

Interrupción Legal del Embarazo

A través de la resolución 1/2019, firmada por el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, se aprobó la actualización del protocolo de la interrupción legal del embarazo (ILE). Establece el procedimiento para el cumplimiento del derecho al aborto no punible, consagrado en el Código Penal desde 1921.

De acuerdo a los considerandos de la normativa, “tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”.

“Se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”, agrega.

Por otro lado, indica que el “Protocolo para Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo 2da edición 2019” se inspiró en la resolución, luego derogada, del mes pasado y en sus homónimos de 2015, 2010 y 2007, este último lanzado por González García cuando era ministro de Salud de Néstor Kirchner.

En cuanto a su contenido, es un documento bastante similar al publicado el 20 de noviembre por el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y que fue derogado dos días después por el Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri.

La medida se basa en el fallo “F. A. L. s/medida autosatisfactiva” por el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la interrupción del embarazo no precisa una autorización judicial en las condiciones descriptas en el artículo 86 del Código Penal.

“Desde un punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos”, destaca la resolución.

Afirma que el protocolo “es un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva” y establece que “deberá ser actualizado cuando los estándares clínicos y el avance del progreso científico introduzcan nuevas evidencias. Estas modificaciones deberán ser siempre progresivas, dado que mejorar la vida y la salud de las personas requiere de bases científicas cada vez más sólidas y de un reconocimiento de derechos cada vez más integral e inclusivo”.

Para justificar su publicación, señala que “en la Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna”.

En el 2017, las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Mientras las muertes maternas por trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio representaron el 18,32% del total y las muertes por sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio, el 16,83%.

 Puntos principales

- Todos/as los/las profesionales de la salud tienen un rol fundamental en brindar información y orientación a las personas amparadas por el derecho a la interrupción legal del embarazo.

- La solicitante debe firmar un consentimiento informado en donde manifieste haber recibido información y decidido en forma autónoma, libre de presiones de cualquier tipo, y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo que cursa.

- En casos de que el embarazo haya sido originado por una violación, se deberá completar una declaración jurada en la que la paciente exprese haber sido víctima de un hecho de ese tipo: en ninguna situación es necesario que describa los hechos ni que presente una denuncia policial o judicial.

- La historia clínica debe contener el detalle de todos los pasos realizados durante el proceso de atención, así como también la documentación requerida para la ILE (consentimiento informado y, en los casos de violación, declaración jurada).

- Para realizar la interrupción, se establece el tratamiento medicamentoso con misoprostol (incluida la provisión de la medicación y las indicaciones de uso) o la AMEU (aspiración manual endouterina), de acuerdo a lo que evalúe el médico en cada caso en particular: puede ser un tratamiento ambulatorio o con internación.

- Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero tiene que haberlo declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes, para evitar que eso se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención sanitaria.

Debe estar regida por el principio de buena fe y no debe dañar los derechos de las pacientes. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, no impedir el ejercicio de derechos por parte de las pacientes.

- Sin embargo, la objeción de conciencia no podrá ejercerse si no existiera un/a profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna o cuando se trate de una emergencia y la ILE deba realizarse de forma urgente.

- La objeción de conciencia es individual, por lo que los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE. Puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta del aborto, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral, sean previas o posteriores al aborto.

- Al obtener el alta tras la internación o luego de recibir las indicaciones de cómo utilizar los medicamentos, los médicos deben explicarle a la persona lo relacionado con posibles hemorragias y dolores después de la ILE, así como también brindarle los consejos sobre higiene y cuidados.

En el artículo “Interrupción voluntaria del embarazo (IVE): desbaratando argumentos acerca de su inconstitucionalidad”, publicado en Erreius online, Claudio Zito señala: el fallo “F. A. L.”, por un lado, consagra la obligatoriedad del Estado de brindar a la víctima del delito (en este caso hace alusión a la violación) “atención médica integral, tanto de emergencia como de forma continuada”, añadiendo que deberá ser bajo “las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”.

Dicha sentencia remarca que no resulta necesario requerir autorización judicial para practicar la interrupción en los supuestos de aborto no punible, como ocurre en la práctica cotidiana, porque “además de ser innecesaria e ilegal … obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada y es contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho a la interrupción del embarazo en condiciones seguras”.

En síntesis, para acceder al aborto no punible en caso de violación “… supone tan solo como necesario que la víctima de este hecho ilícito o su representante manifiesten ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal”.

Además, Zito destaca que el aborto ya se encuentra autorizado en nuestro ordenamiento desde 1921 por derivación del principio de legalidad, y lo que se discute en la actualidad es la posibilidad ampliar las causales.

“Tal ha sido la razón por la que nuestro país suscribió la CADH, que expresamente admite excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. Más aún, la Corte IDH señaló que la protección de tal derecho no era absoluta sino gradual e incremental”, señala el especialista.

Y enfatiza que hay “ausencia de obstáculos en nuestra Constitución Nacional o en tratados de derechos humanos para avanzar con la sanción de la ley”.

Una postura en contrario importaría admitir que la legislación vigente (art. 86, CP) contraría la normativa constitucional e internacional hace décadas, lo que constituye una incongruencia jurídica inadmisible.

Resolución 1/2019 - Protocolo para la Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, Segunda Edición 2019

Fuente Erreius