La Corte eximió a un defensor oficial de hacer el depósito impuesto para los recursos de queja

Un defensor oficial, en el marco de un hábeas corpus, interpuso una queja para plantear que el depósito (art. 286, CPCCN) que se obliga a pagar en esos casos no corresponde

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos “F., C. s/homicidio - recurso de hábeas corpus”, que el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para los recursos de queja, no tendría que haberse exigido a un defensor oficial.

La norma mencionada -ubicada en la séptima sección del Código, titulada “Queja por recurso denegado”- establece: “Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación del recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000). El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales. No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas. Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el término de CINCO (5) días. El auto que así lo ordene se notificará personalmente o por cédula”. Mediante la acordada 44/2016 (BO 30/12/2016), el máximo tribunal dispuso que el monto sea de $ 26.000, desde el día siguiente a la publicación de la acordada de referencia en el Boletín Oficial.

El fallo dispuso: “no debió efectuarse la intimación de fs. 59 en razón de que no corresponde exigir el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Por tal motivo, se hizo lugar al pedido y se dejó sin efecto la exigencia de realizar el depósito.

El defensor fundamentó su queja en el carácter constitucional de las cuestiones y en la legislación de la Provincia de Santa Fe, la cual impone la gratuidad de los servicios ofrecidos por el Ministerio Público de la Defensa. Además, citó antecedentes del máximo tribunal del país en la intervención de los defensores de menores e incapaces.

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Fuente: Errepar