Las claves del DNU sobre extinción de dominio

En el día de la fecha, 22/1/2019, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2019, titulado “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”. Este está compuesto de 8 artículos y un Anexo.

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GABRIEL H. QUADRI

Indudablemente, como ya lo ha hecho en las pocas horas que transcurrieron desde su dictado y al margen de su análisis político, la norma traerá más de una discusión jurídica, especialmente desde el punto de vista constitucional: la discusión se abrirá, evidentemente, para analizar la convergencia de las razones que ameritaban acudir al recurso del DNU (de acuerdo con los fundamentos dados para el dictado del decreto); igualmente, para analizar la posibilidad de regular este tipo de cuestiones mediante un decreto emanado del Poder Ejecutivo; también para meditar acerca de las razones por las cuales, siendo las analizadas en la preceptiva cuestiones derivadas de ilicitudes penales, se abre la posibilidad de un trámite civil, cuando -en esta cuestión- están interviniendo los magistrados del fuero punitivo; en sintonía con ello, para determinar la validez de estas extinciones dictadas en sede civil, antes de que los magistrados del fuero penal sentaran una conclusión, definitiva y firme, acerca de la existencia -o no- de los delitos imputados; y, superadas todas estas cuestiones, para desmenuzar, desde el punto de vista procesal -pero también constitucional- los diversos artículos que integran su Anexo.

En lo que respecta a esta breve reseña, se prescinde de todo análisis valorativo, siendo su única finalidad el acercar a nuestros lectores un reporte (objetivo y contemporáneo con su dictado) acerca de los alcances de esta preceptiva. Quedará para futuros trabajos, con más tiempo para el estudio y ponderación, el análisis y profundización acerca de los tópicos antes enumerados.

Una primera cuestión advertida, quizás la más trascendental, es que si bien se lo titula como un “régimen procesal” este DNU contiene modificaciones tanto al Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.), como a la ley de concursos y quiebras (LCQ).

En el primer sentido, el decreto retoca el artículo 1907 del CCyCo.

En su versión original, la norma establecía que “sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena”.

El texto modificado ahora indica que “sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, estos se extinguen, por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono, por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena y por sentencia judicial que así lo disponga en un proceso de extinción de dominio”.

Como se ve, el agregado es el operado en su última parte.

También se modifica la LCQ, en su artículo 21, excluyendo de la suspensión y del fuero de atracción concursal a los procesos de extinción de dominio.

Además, se retoca la ley 27148 (orgánica del Ministerio Público Fiscal).

En sus artículos subsiguientes, se establece que el decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación -es decir el 22/1/2019- (art. 6) y se resuelve dar cuenta del mismo a la Comisión Bicameral Permanente (art. 7).

El régimen de la acción propiamente dicho está contenido en el Anexo que acompaña al decreto.

A lo largo de 22 artículos procura reglamentarse la misma.

El artículo 1 establece su naturaleza, indicando que “la acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión”.

El artículo 2 determina la competencia: la Justicia Federal con competencia en lo Civil y Comercial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal, indicando que “será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora podrá accionar en todas o cualquiera de ellas”.

El artículo 3 crea la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, en el ámbito de la Procuraduría General de la Nación y puntualiza acerca de su ámbito de actuación.

A su turno, el artículo 4 describe la legitimación, tanto la activa como la pasiva; y los artículos 5 y 6 describen qué bienes pueden ser objeto de la acción que se reglamenta. Estos dos artículos son medulares en el contexto del decreto pues resultan ser los que delimitan su ámbito de aplicación.

Mientras tanto, el artículo 8 habla del objeto de la demanda, y establece para estas acciones el trámite sumarísimo (art. 498, CPCC), “con excepción del plazo de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días”.

Aquí es de remarcar que el artículo define el supuesto que habilita la promoción de esta acción al decir que “el dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos en el artículo 5 de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo 6, habilita la presentación de una demanda de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose acompañar la documentación que así lo acredite”. 

De este modo, la procedencia de la acción no está dada por la condena penal, sino solamente por el dictado en aquella sede de alguna de estas medidas. 

Mientras tanto, el artículo 9 indica que solo será admisible, como excepción previa en los términos del artículo 346 del CPCC, “la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva”.

Por otro lado, y en lo que hace a la tramitación, advertimos que nada se dice en cuanto a la celebración de la audiencia del artículo 360 del CPCC.

A la cuestión probatoria se refiere el artículo 10: excluye la prueba confesional, determina que en los demás medios de prueba será aplicable el CPCC y consagra una regla vinculada con la carga probatoria (que termina sentando una presunción): “la parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido”.

Trascendiendo lo probatorio, el artículo 10, parte final, indica que “los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada”; es de destacar, aquí, que a tenor de lo prescripto por el artículo 5, inciso c), de la ley 26589 estas acciones estarían excluidas de la mediación previa.

Volviendo al trámite, tenemos que el artículo 11 contempla ciertos recaudos especiales que se imponen para las sentencias en este tipo de procesos.

A su vez, el artículo 12 alude a los alcances de la cosa juzgada y al temperamento que cabe adoptar si, en sede penal, se dictara un sobreseimiento o absolución “fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal”; en correlato con ello, el artículo 15 crea un fondo de garantía a los fines de este artículo.

El artículo 13 regula el destino de los bienes objeto del proceso; mientras que el artículo 14 contempla la posibilidad el que el juez “a pedido del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público”, reglamentando el procedimiento en ese sentido.

Los artículos subsiguientes también tienen impacto en varias disposiciones del CCyCo.

El artículo 16 se refiere a la prescripción; pero en lugar de operar una modificación a la normativa del CCyCo, se lo regula aquí, indicando que “la acción de extinción de dominio prescribe a los VEINTE (20) años” y que “el plazo comienza a computarse desde la fecha de ingreso al patrimonio de los titulares o poseedores del bien o de los bienes objeto de la presente acción. Cuando no pudiera determinarse, deberá computarse desde la fecha de presunta comisión del delito investigado en sede penal”.

El artículo 17 excluye a estos procesos de la suspensión prevista por el artículo 1775 del CCyCo.

El artículo 19 determina que “la acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso”; es decir, implica poner a este proceso por encima de cualquier otro que estuviera tramitando.

Y el artículo 20 vuelve a incidir en cuestiones fondales, al establecer que “ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es oponible a la acción de extinción de dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 11 del presente”.

Finalmente, el artículo 21 impone a la Procuración General de la Nación del Ministerio Público Fiscal el deber de “realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite a los efectos del artículo 7 del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su entrada en vigencia”.

Hemos procurado, hasta aquí, pasar revista a las disposiciones del decreto y su Anexo; seguramente, los próximos días estarán plagados de discusiones frente a los -intensos- reparos que el decreto generará, por un lado, en el ámbito jurídico y, por otro, la encendida defensa que del mismo podrá llevarse a cabo tanto desde los sectores del arco político, como en el de varios sectores de la opinión pública y la sociedad en general. 

El debate quedará abierto y seguramente se prolongará bastante a lo largo del tiempo.

Acceda al decreto aquí

Fuente: Erreius