El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó a cabo el acto de inauguración del año judicial, en el que se presentó una política de Estado para la transformación de los poderes judiciales. Los representantes de la magistratura de todos los fueros del orden federal, nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires discutirán las propuestas durante los días 6 y 7 de marzo, tendientes a ser consensuadas con los demás poderes del Estado. Se instó a dar debate para mejorar el servicio de justicia que dan los tribunales.

Ponemos a disposición el texto completo del documento emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Lineamientos de una política de Estado para la transformación de los poderes judiciales".

LINEAMIENTOS POLÍTICA DE ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL, LA ABOGACÍA Y LA EDUCACIÓN LEGAL

PRIMERA PARTE: EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

I) Objetivos de la transformación

 El Poder Judicial (no se incluye a los ministerios públicos porque son órganos distintos) necesita una transformación profunda para mejorar su funcionamiento con la finalidad de lograr una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos.

 Los objetivos centrales de la transformación son conocidos y han sido consensuados en numerosos documentos y decisiones normativas y pueden resumirse en los siguientes:

1) fortalecer la independencia del Poder Judicial, tanto en el aspecto individual de los magistrados como institucional;

2) mejorar la gestión medida en función de parámetros cuantitativos (cantidad de sentencias dictadas, por ejemplo) y cualitativos (nivel de disminución de la litigiosidad, nivel de paz social, contribución del Poder Judicial en el proceso de democratización, etc.);

3) actualizar instituciones y procesos, para dotarlo de nuevas herramientas capaces de dar respuestas a las demandas de la sociedad del siglo XXI;

4) orientar valorativamente el funcionamiento del Poder Judicial para lograr mayor acceso, igualdad e inclusión de los ciudadanos y el fortalecimiento del estado de derecho en todos sus aspectos.

 El consenso respecto de los objetivos no debe ocultar que el problema reside en la implementación. En numerosos casos las reformas se detienen en grandes declaraciones que luego no logran penetrar en la estructura de funcionamiento institucional.

Por esta razón, damos conocidos y aceptados los objetivos generales para concentrarnos en su aplicación concreta.

En virtud de que todos los ciudadanos del país tienen igual derecho a una tutela judicial efectiva, el proceso debe dar participación a todos los fueros y a los poderes judiciales del orden federal, nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este aspecto debe incluirse tanto a los magistrados como a los funcionarios y empleados judiciales en las distintas etapas participativas.

Debe tenerse en cuenta que el Poder Judicial está estrechamente vinculado al contexto jurídico y, por eso, también es relevante incorporar la educación legal que se realiza en las universidades y el ejercicio y la regulación de la abogacía.  

Asimismo, el objetivo prioritario de la transformación tiende a acercar un servicio de justicia eficiente a la población, lo que también exige reconocer un papel relevante a la sociedad civil y sus organizaciones en torno a los cambios en el sistema de justicia.

II) Agente del cambio:

El agente del cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a un consenso de todos los poderes del Estado.

La historia enseña que las medidas que ignoran este diseño han tenido escasos resultados y no han logrado cambiar el funcionamiento de la institución en los últimos treinta años.

La experiencia también demuestra que el Poder Judicial no puede actuar aisladamente. La Corte Suprema ha promovido una profunda revolución cultural en los últimos diez años (La Corte estructuró un plan de Políticas de Estado en el año 2007 que está a disposición), pero ha sido muy difícil que ello penetre en otras instancias. Ello es así, porque la Corte tiene una parte de las decisiones, otras son competencia del Consejo de la Magistratura, otras del Congreso Nacional, otras del Poder Ejecutivo y lo mismo sucede a nivel de las Provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, se propone una política de estado que involucre a los tres poderes, que unifique la ejecución de estos principios modélicos.

Este proceso debe realizarse con pleno respeto de los lineamientos constitucionales que distribuyen las potestades entre los diversos departamentos del gobierno federal, y el efectivo reconocimiento de las prerrogativas propias de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por ello que, además de la intervención de las jurisdicciones mencionadas, se requiere la participación de todos los poderes del Estado.

De esta manera, no sólo se procura el respeto de nuestra norma suprema, sino también la efectividad de la transformación, ya que se tienen en cuenta todas las interconexiones dentro del sistema legal para obtener resultados viables. A la luz de la experiencia recabada bajo el plan de Políticas de Estado que ha desarrollado la Corte Suprema a partir del año 2007, se propone que, mediante la cooperación de los diversos departamentos del gobierno federal, se unifiquen los principios modélicos y, luego, se coordine con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo es implementar y no declarar reformas, razón por la cual pretendemos que las propuestas sean muy concretas y susceptibles de aplicación.

Por ello es importante establecer una base de consenso inicial, capaz de generar un proceso de cambio, que luego sea auditado.

III) Cambio sistémico y cultural

1) El cambio debe ser sistémico y no basado en aspectos parciales que no suelen dar resultados.

La temática debe incluir:

 Aspectos internos:

o La transformación de la estructura organizativa de todo el Poder Judicial, federal y provincial, la abogacía y la educación legal. 

o Eficiencia y eficacia: informatización, gestión, criterios de responsabilidad fiscal en materia presupuestaria.

o Educación y entrenamiento. Evaluación de la tarea de los jueces y funcionarios.

Aspectos externos de especial interés social:

celeridad de los juicios penales; tratamiento del delito de corrupción; de la problemática del narcotráfico; celeridad de los juicios laborales y previsionales; acceso a justicia.

En muchos de estos temas hay trabajos realizados que hay que aprovechar y que servirán para el desarrollo de las actividades.

En este sentido, hay proyectos dentro del Poder Judicial, hay un plan en el Ministerio de Justicia (Justicia 2020), también hay varios proyectos legislativos en trámite en el Congreso nacional.

Debemos aprovechar ese esfuerzo, producir cambios concretos y generar un proceso orientado hacia la transformación.

Para ello es necesario contar con herramientas que permitan medir el avance en el cumplimiento de las metas propuestas, como el uso de indicadores, información estadística, tasa de resolución y duración de procesos; para generar, difundir y poner a disposición de todos los interesados información confiable y actualizada.

Es importante señalar que la Corte Suprema actúa como cabeza del Poder Judicial pero no prejuzga sobre los aspectos jurídicos de las normas que se sancionen.

2) El cambio debe ser cultural, en el sentido de influir sobre las conductas de todos los integrantes del sistema orientándolas hacia el cumplimiento de los valores constitucionales.

La educación y capacitación de los integrantes del sistema deben enfocarse en la noción de servicio a la comunidad que persigue la tutela judicial efectiva, los valores de la justicia y el uso de las nuevas tecnologías.

También debe proyectarse la transmisión de los valores de la cultura jurídica a la sociedad. En este sentido, es importante distinguir el valor “Justicia”, que toda la sociedad persigue, de lo que puede hacer el Poder Judicial como institución, la función de los distintos poderes del Estado, la prevención de los conflictos y la eliminación de las barreras culturales. Para todo ello es imprescindible la participación de la sociedad.

IV) Implementación

1) El problema

 La fase de implementación de las transformaciones es la más crítica y difícil de llevar adelante.

Una gran parte del problema reside en la inexistencia de una unidad decisoria única. La Corte Suprema puede adoptar algunas decisiones de superintendencia, el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces y administra el Poder Judicial, el Congreso Nacional sanciona las leyes, el presupuesto es elaborado por el Poder Ejecutivo y el Congreso. Este modelo está basado en la Constitución, pero no impide la creación de organismos de ejecución, como ha ocurrido en otros países. En poderes judiciales como el de Chile, de Brasil, de Estados Unidos de América, hay una decisión centralizada que facilita la rapidez y efectividad de las decisiones. Por eso, se propone crear una “unidad de ejecución” mediante acuerdos entre la Corte, el Consejo y otros sectores del Poder Judicial, y una colaboración más estrecha con otros poderes a través de la creación de un consenso básico. Lo mismo se puede hacer en las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un segundo factor es la duplicación de esfuerzos, porque existen áreas en los poderes ejecutivos que se superponen con las judiciales. Ello ocurre, por ejemplo, en materia de investigación de delitos, en narcotráfico, en violencia doméstica, con organismos periciales, etc. Evitar esa duplicación es más necesario, aún en un contexto de recursos escasos, tanto a nivel nacional como provincial. Por eso, se propone examinar en cada área los organismos existentes y evitar esa doble jurisdicción. 

Un tercer elemento es la falta de controles de ejecución. En general, las propuestas de cambio corren el riesgo de terminar siendo meramente declarativas, porque no hay un seguimiento del modo en que se cumplen. Se proponen modelos de seguimiento estadístico.

2) El consenso inicial

La Corte Suprema ha convocado a un acto inicial para el día 6 de marzo de 2018 con la presencia de representantes de todas las jurisdicciones de los poderes judiciales mencionados. También se dará participación a representantes de los funcionarios, a empleados judiciales, de la abogacía y de las Facultades de derecho del país. En etapas posteriores se consultará a la sociedad civil.

En una segunda etapa se trabajará en varias comisiones, con un plan de trabajo que termine expresando la opinión del Poder Judicial. Se reunirán las comisiones en el Palacio de Justicia de conformidad con el programa adjunto.

Con posterioridad, se convocará a los tres poderes del Estado para consensuar y comenzar el proceso. El acto tendrá la presencia del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso Nacional, de gobernadores de distintas provincias, de la abogacía, de las universidades y del Poder Judicial.

SEGUNDA PARTE: COMISIONES DE PROPUESTAS:

 Estas comisiones funcionarán con posterioridad al acto de inauguración del año judicial conforme al programa adjunto. Están invitados a asistir representantes de los distingos tribunales, asociaciones judiciales, gremios, Colegios de Abogados y Facultades de derecho.

 Sólo se admitirán propuestas concretas y específicas que podrán ser enviadas con anterioridad (hasta el día lunes 5 de marzo de 2018).

 Se discutirán las propuestas y se elaborarán conclusiones.

 En cada comisión habrá un grupo de coordinadores para ordenar el trabajo.

 Las comisiones y los subtemas que se sugieren, son las siguientes:

I) CELERIDAD DE LOS JUICIOS PENALES: NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN, TRATA DE PERSONAS, DELITOS EN GENERAL

1) Implementación gradual del sistema acusatorio; reformas procesales mientras se cumple con el proceso de implementación del sistema acusatorio, para celeridad en los juicios (limitación de resoluciones de mérito y apelaciones, audiencias multipropósito, concentración de actos); soluciones rápidas y de calidad; generalización del sistema de flagrancia; 

2) Fortalecimiento de la Comisión de Narcotráfico creada por la Corte Suprema con la participación de sectores judiciales y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Observatorio del narcotráfico y coordinación de las acciones.

3) Capacitación y formación de los operadores para la aplicación de técnicas especiales de investigación criminal.

4) Cumplimiento de las penas. Soluciones para la crisis del sistema carcelario.

5) Principios de armonización entre seguridad ciudadana y garantías del proceso penal.

II) FUERO CIVIL Y COMERCIAL:

Instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento; rápida conclusión de los procesos y favorecimiento de la conciliación; capacitación en métodos de resolución alternativa de disputas. Salas de audiencia comunes; oficina judicial; oficinas de servicios comunes; gabinetes técnicos; expediente digital y videograbación de audiencias; reforma de estructuras internas, redistribución del personal y rediseño de procesos; programas de gestión de calidad; acortamiento de plazos.

III) FUERO LABORAL Y PREVISIONAL:

Instalar la oralidad efectiva en los procesos de conocimiento; rápida conclusión de los procesos y favorecimiento de la conciliación; capacitación en métodos de resolución alternativa de disputas.

Salas de audiencia comunes; oficina judicial; oficinas de servicios comunes; gabinetes técnicos.

IV) FUERO ELECTORAL: 

Relación entre el fuero electoral y el Poder Ejecutivo, organización de la justicia electoral. Competencia para delitos electorales.

V) ACCESO A JUSTICIA:

Mapa judicial.

Creación de juzgados de pequeñas causas y formación de mediadores para una efectiva solución rápida de conflictos en los sitios donde se producen.

Propuesta de legislación de acciones de clase y procesos colectivos (Opinión sobre el proyecto del Ministerio de Justicia).

Políticas de género y mediación en el ámbito federal.

VI) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL:

1) Consejo de la Magistratura: Es necesario dar estabilidad a la regulación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, nacional y provinciales. En el orden nacional hay proyectos y se debe definir si se aprueban o no por el Congreso nacional.

2) Selección de magistrados: Es urgente lograr acortar los plazos de designación y el proceso de selección, para cubrir el cien por ciento de las vacantes, tanto en el orden nacional como en el provincial. Avanzar en la carrera judicial y en la formación de quiénes serán magistrados.

3) Cobertura inmediata de vacantes judiciales transitorias: La ley de subrogancias ya tiene media sanción. Soluciones a nivel provincial.

4) Rediseño de la estructura organizacional y edilicia: Existe un enorme atraso en materia edilicia y su actualización debe efectuarse con criterios específicamente judiciales y actuales. 

Por eso se proponen: diseños aptos para el trabajo, espacios abiertos en edificios accesibles sin barreras arquitectónicas; salas de uso común y salas de audiencia comunes; uso adecuado de cartelera; exhibición de agenda pública de audiencias; la oficina judicial; tribunales de gestión asociada; modelos ajustados a las realidades locales; oficinas de servicios comunes.

5) Política presupuestaria: La autonomía presupuestaria de los poderes judiciales. Aplicación de criterios de responsabilidad fiscal en la gestión presupuestaria (la Corte Suprema los viene aplicando hace diez años), diagnóstico del personal ocupado e identificación de sus funciones. Auditoría de gestión a cargo de la Corte Suprema. Fondos de equiparación para las jurisdicciones provinciales y criterios salariales mínimos.

6) Oficina de investigación criminal: Sobre la base de la antigua oficina de escuchas judiciales, la Corte Suprema ha creado una dirección que incluye no sólo la captación de llamadas, sino la posibilidad de ampliación hacia otros campos: investigación en las redes sociales, nuevas tecnologías, el cuerpo pericial de peritos especializados en delitos contra la administración pública y casos de corrupción, etc. Se propone ampliarla de modo que se llegue a una oficina de investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos.

VII) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE MAGISTRADOS,

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES

1) Régimen de la feria judicial, horarios, licencias. 

2) Organización del trabajo del personal: métricas y sistemas de evaluación, permanencia y desvinculación de funcionarios y empleados.

3) Educación continua, métricas y sistemas de evaluación cuantitativos y cualitativos.

4) Centro de asistencia judicial federal: La ampliación de cuerpos periciales confiables es muy relevante, tanto en materia penal, como en el plano laboral, para accidentes de trabajo por ejemplo, en las prestaciones de salud, etc. Se propone la ampliación progresiva de los peritos. El Centro ha sido creado por acordada de la Corte Suprema -acordada 35/2017. Gradualmente se incrementará la cantidad de peritos y sus incumbencias y se buscará su descentralización para cubrir distintas regiones del país. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se encuentra trabajando en una ley de creación del Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales, para someterlo a discusión durante el año 2019. Es importante no duplicar esfuerzos y presupuestos, y el organismo debe ser judicial.

VIII) NUEVAS TECNOLOGIAS

Expediente digital

Es necesario aplicar de modo urgente las nuevas tecnologías, lo que exige discernir distintos aspectos: 1) gestión: es el desarrollo de sistemas que permitan que los abogados puedan presentar sus demandas on line y los magistrados tramitar sus procesos, incluyendo notificaciones, pagos, informes, etc por la vía digital. En el ámbito federal este tema está a cargo del consejo de la magistratura con el sistema lex 100 que hay que perfeccionar y mejorar en cuanto a la conectividad. En las provincias hay varios sistemas. 2) digitalización de documentos y expediente digital: es la fase de inicio de un expediente en primera instancia hasta su finalización. Existen áreas en las cuales se puede tramitar un expediente totalmente digital, como ya se hizo en el proceso de homologación de acuerdos de reparación histórica -acordadas 33 y 38/2016-, 3) información digitalizada de datos para mejorar la trasparencia y los niveles de análisis estadístico de la información.

IX) EDUCACIÓN LEGAL

Educación legal: currícula universitaria, educación práctica, educación profesional continua, habilitación profesional.

Profesión legal: rol de los Colegios de Abogados en el control de la profesión y en la evaluación del funcionamiento del Poder Judicial; jerarquización de la profesión, ética profesional en los procedimientos judiciales; cambios procesales que permitan mejorar la actividad profesional.

Sistemas de habilitación profesional. 

TERCERA PARTE. ANEXOS DE INFORMACIÓN

Decisiones y declaraciones adoptadas por la Corte o por las Conferencias Nacionales de Jueces.

POLÍTICA DE ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL

I) INTRODUCCIÓN:

1). Experiencia de los últimos diez años

 El Poder Judicial, tanto nacional como provincial, necesita cambios profundos que involucran aspectos internos, modificaciones de los procedimientos y presupuestarias.

 La realidad demuestra que:

• Los cambios que hay que hacer son ampliamente conocidos y consensuados;
• La Corte Suprema no los puede hacer porque no tiene competencia legal ni autonomía, como ocurre en otros países;
• Es necesario que todos los poderes del Estado participen, tanto nacionales como provinciales, porque se necesita legislación respaldatoria, presupuesto y una agenda común. En esa agenda deben participar los poderes judiciales y los Colegios de Abogados (Conferencia Nacional Salta, 2007) y las universidades. 

Esto fue expresado en numerosas oportunidades:

“El justo reclamo de acceso a la justicia y de una decisión rápida, requiere del dictado de legislaciones adecuadas por parte de los poderes legislativos y de inversiones en personal y tecnología por parte de los poderes ejecutivos. Por ello es necesaria la definición de políticas de estado respecto del Poder Judicial que, basándose en el consenso, sean respetadas en todo el país para que la población reciba el servicio que merece” (Conferencia Nacional de Jueces, 2006).

“Es recomendable que el Poder Judicial realice, en lo interno, una profunda evaluación crítica y un sincero reconocimiento de sus falencias frente al reclamo social de solución oportuna y eficaz de los conflictos; hay que tomar conciencia de que la ciudadanía reclama una administración de justicia rápida y eficaz; debemos hacer los cambios necesarios a fin de enfrentar la responsabilidad de administrar justicia” (Conferencia Nacional de Jueces, Salta, 2007).

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un plan de Políticas de Estado en el año 2007, que luego fue discutido en diferentes Conferencias Nacionales de Jueces. Se adjunta copia del Plan de Políticas de estado de 2007 y conclusiones de Conferencias Nacionales de Jueces, años 2006, 2007, 2008, 2014, 2016.

 Por otra parte, la Corte Suprema efectuó numerosos cambios internos que luego fueron adoptados por otras jurisdicciones. Ello, está reflejado en los informes de presidencia anuales (Informes de la Presidencia de la Corte Suprema, desde el año 2007 en adelante). 

Dado el alto grado de consenso alcanzado, es importante tomar en cuenta esta base.

Propuestas implementadas por la Corte Suprema La Corte Suprema ha implementado numerosas propuestas mediante acordadas, cuyo resumen es el siguiente:

? Secretaría de Comunicaciones y Gobierno Abierto (Acordada 42/2015). Centro de Información Judicial (Acordada 17/2006).

? Oficina de Violencia Doméstica (Acordada 29/2006).

? Creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (Acordada 12/2007).

? Comisión Nacional de Gestión Judicial (Acordada 37/2007).

? Comisión Nacional de Acceso a la Justicia (Acordada 37/2007).

? Unidad de Superintendencia de los Delitos de Lesa Humanidad (Acordada 42/2008).

? Oficina de la Mujer (Acordada 13/2009).

? Unidad de Análisis económico (Acordada 26/2009).

? Audiencias mediante videoconferencias (Acordada 20/2013).

? Creación de Comisiones sobre Celeridad en los Procesos de la Justicia Penal (Acordada 32/2013).

? Plan de informatización. Circulación electrónica de expedientes (Acordada 14/2013). Digitalización de antecedentes. Notificación por medios electrónicos (Acordadas 31/2011, 3/2012, 29/2012, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013). Unificación de la mesa de Entradas (Acordada 26/2011). Ampliación del pago electrónico (Resolución 400/2014). 

? Foro de Políticas de Estado (2013).

? Oficina de Justicia Ambiental (Acordada 1/2014).

? Creación del Cuerpo de Peritos Especializados de la Nación, Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública (Acordada 34/2014).

? Programa de Gobierno Abierto enfocado en la transparencia de la información (Acordada 42/2015).

? Comisión sobre Problemática Carcelaria.

? Cursos obligatorios sobre el sistema de gestión (Acordada 26/2015).

? Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico (Acordada 28/2015).

? Registro Público de Procesos Colectivos (Acordada 32/2014) y reglamento de actuación (Acordada 12/2016).

? Reglamento para el ingreso de causas por medios electrónicos (Acordada 16/2016).

? Dirección de Captación de Comunicaciones (Acordada 2/2016) y Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Acordada 30/2016).

? Uso de firma digital (Acordadas 9/2016, 33/2016 y 38/2016).

? Reglamento para la implementación del expediente judicial electrónico para la tramitación de acuerdos de la ley 27.260 (Acordadas 33/2016 y 38/2016).

? Creación del Centro de Asistencia Judicial Federal (Acordada 35/2017).

? Digitalización matrícula federal (Acordada 39/2017).

? Relevamiento, supervisión y control del funcionamiento, de gestión y auditoría de los tribunales y demás órganos de la administración de justicia (Acordada 1/2018).

? Reglamento de efectos secuestrados y objetos decomisado. Bienes secuestrados para otorgarles una finalidad pública (Acordada 2/2018).

CELERIDAD EN LOS PROCESOS

? Todas las magistradas y todos los magistrados presentes en la Conferencia acuerdan que resulta necesario trabajar en soluciones sistémicas para gestionar la conflictividad en tiempos razonables (Conferencia Nacional de Jueces, Mar del Plata, 2014). En ese sentido, recomiendan: utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs); desarrollar estrategias de capacitación y formación continua para la correcta utilización de las tecnologías; implementar un proceso totalmente automatizado para pequeñas causas y para causas especiales; coordinar con los otros poderes acciones tendientes a brindar mayor celeridad, tales como la creación de nuevos tribunales y la habilitación de los ya creados, el dictado de normas procesales o su reforma, y la cobertura de las vacantes de magistrados existentes. 

Asimismo, ante un aumento de los índices de litigiosidad, resulta necesario: simplificar los trámites procesales para garantizar que toda persona pueda disponer de un procedimiento breve y sencillo y que logre obtener la determinación de sus derechos en un plazo razonable; avanzar hacia el expediente digital mediante la implementación de la notificación electrónica, el remplazo de los libros de registro e índices en papel por su asentamiento electrónico, la visualización de las actuaciones judiciales por internet o mediante puestos de auto-consulta, la publicación de las sentencias, la firma digital, el ingreso de escritos vía web, etc.; firmar convenios de colaboración con organismos externos al Poder Judicial para lograr comunicaciones electrónicas que permitan agilizar y ampliar el acceso a bases de datos y simplificar el intercambio de información; instaurar un sistema de cooperación online entre los poderes judiciales, de alcance nacional y regional, para la consulta de información judicial y la obtención o materialización de pruebas en ajena jurisdicción.

 Hay que desarrollar un programa de gestión que se enfoque en el destinatario del servicio de justicia, con tecnología adecuada, capacitación, información pública, planificación estratégica y operativa, control de calidad, control de los resultados operativos (Conferencia Nacional de Jueces, Salta, 2007).

Desarrollo del expediente digital en todo el país. 

Ampliación del Centro de Asistencia Judicial Federal (peritos contadores, médicos, etc., en todo el país).

Reducción de la feria judicial de julio.

Cambio de las fechas de la feria judicial de enero.

Ampliación de la cantidad de horas de trabajo de seis a ocho.

Los funcionarios no cobrarán horas extras.

Eliminación de las licencias especiales. 

CELERIDAD EN LOS PROCESOS PENALES:

? Reforma procesal con el objetivo de acelerar los procesos, incorporando oralidad, concentración de las defensas en un solo acto, etc.

? Trámite especial de los procesos relevantes con un procedimiento especial para asegurar su resultado.

? Creación de una unidad de investigación: sobre la base de la DICOM -hoy Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación-, incorporar tecnología y policía de investigación judicial para los procesos penales.

? Incorporar una audiencia preliminar en la que se analice la prueba y se ordene la tramitación de la causa (Conferencia Nacional de Jueces Salta, 2007).

ACCESO A JUSTICIA

Creación de tribunales de menor cuantía para resolver una gran cantidad de temas que no precisan de un proceso complejo (Conferencia Nacional de Salta, 2007).

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1. Durante más de diez años se ha producido una vacancia de cargos judiciales de un treinta por ciento de promedio, lo que ha desarticulado totalmente el funcionamiento del Poder Judicial. Se propone un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura para hacer un listado de las vacantes de todo el país y un reglamento para cubrirlas en un plazo de seis meses.

2. La subrogancia debe ser excepcional y debe sancionarse una ley en forma inmediata.

3. El estado de los edificios y la infraestructura del Poder Judicial es lamentable. Se propone crear un organismo de ejecución de obras del Poder Judicial, que sea integrado por miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, que haga una planificación anual y que, una vez aprobada por esas instituciones, sea ejecutada por el referido organismo.

Autonomía presupuestaria:

En las Conferencias Nacionales de Jueces de Salta (2007) y de Buenos Aires (2010) se propuso:

? Propuesta de proyecto de ley de fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial de la Nación, en el que se sostiene la autonomía presupuestaria del Poder Judicial así como las facultades reglamentarias para el ordenamiento de superintendencia (se encuentra disponible en la página del CIJ).

? Propuesta de ley para la creación de un fondo estructural para el desarrollo de las justicias provinciales. Es necesaria la presentación de un proyecto legislativo nacional que establezca un fondo estructural para garantizar -en aquellas jurisdicciones que no alcancen los mínimos suficientes- mecanismos de compensación que corrijan las asimetrías con el fin de mejorar los tiempos procesales y la eficiencia en le manejo de los recursos; incorporar tecnología necesaria y afinar la comunicación con la sociedad, de modo tal de garantizar la tutela judicial efectiva, y lograr la auténtica realización del valor justicia. Como se sostuvo en la II Conferencia Nacional de Jueces -Salta, 2007-, la autarquía presupuestaria plena es garantía de la independencia judicial y “debe contar con pisos porcentuales de mínima, normativamente establecidos, que garanticen efectivamente el adecuado funcionamiento del poder judicial” (el proyecto se encuentra disponible en la página del CIJ). 

 

Fuente: CIJ.