Presentaciones electrónicas en la Acordada (CSJN) 4/2020

Dentro de la serie de medidas que decide adoptar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ac. 4/2020, en el art. 11 dispone que las presentaciones que se realicen en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal serán completamente en formato electrónico. Este punto en especial amerita ser meditado detenidamente por sus implicancias en lo que hace al camino hacia el expediente digital.

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Gabriel H. Quadri (*)

Dentro de la serie de medidas que decide adoptar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ac. 4/2020, en el art. 11 de dicha Acordada se dispone que “a partir del 18 de marzo del 2020 -con excepción de las presentaciones iniciales que no puedan ser objeto de ingreso digital-, todas las presentaciones que se realicen en el ambito de la Justicia Nacional y Federal serán completamente en formato digital a traves del IEJ (Identificación Electrónica Judicial), registrada en cada una de las causas”. Aclarando que “dichas presentaciones deberán estar firmadas electrónicamente por el presentante” y que “tales presentaciones y su documentación asociada tendrán el valor de Declaración Jurada en cuanto a su autenticidad, seran autosuficientes y no deberá emitirse copia en formato papel”.

Este punto en especial amerita ser meditado detenidamente por sus implicancias en lo que hace al camino hacia el expediente digital.

Recordemos que, en el ámbito de la justicia nacional y federal, la cuestión de la digitalización de las presentaciones judiciales, a diferencia de lo sucedido con las notificaciones, no había avanzado demasiado.

Al tema nos hemos referido en “Escritos de mero trámite presentados por vía electrónica, ¿actos impulsorios?” (Temas de Derecho Procesal, Erreius, Junio 2018, p. 547) donde analizamos su naturaleza jurídica.

Remarcábamos allí que no se podía hablar de un sistema de presentaciones electrónicas propiamente dicho a nivel nacional; que lo que en general se imponía allí era la necesidad de aportar copias digitales de las presentaciones efectuadas en soporte papel [art. 5, Ac. (CSJN) 3/2015] y que las únicas presentaciones que podrían efectuarse exclusivamente vía electrónica en el ámbito nacional eran las de mero trámite (art. 6 Ac. citada).

Ahora, y respecto de este tipo de presentaciones, marcábamos el problema de su firma, pues -en el contexto de los arts. 286 y288 delCCyCN- se trataba de instrumentos particulares no firmados.

Así razonabamos por cuanto el art. 288 citado exige, para que los documentos electrónicos puedan considerarse firmados, la presencia de “firma digital” y los escritos presentados mediante el sistema del Poder Judicial de la Nación carecen de ella contando solo con firma electrónica.

Allí analizamos el tema en profundidad, por lo que no cabe reeditar ahora esas consideraciones, a las que podrá acudir el lector. Solo nos detenemos a señalar que la interpretación que así efectuamos es la que, desde nuestro punto de vista, se apega a la redacción dada al art. 288 del CCyCN; aclaramos, en cuanto a la norma, que preferimos su redacción en el anteproyecto original (que también daba lugar al uso de firma electrónica, en la medida en que ofreciera suficiente seguridad)  pero no siendo ese el texto que prosperó, nos toca trabajar con lo que la ley dice, y no con lo que nos gustaría que dijera.

Pues bien, en la Acordada 4/2020 y luego de varios años, en el contexto de definir cursos de acción frente a una crisis sanitaria de gran magnitud, la Corte Suprema incluye la norma antes indicada y manda a efectuar presentaciones, directamente, con “firma electrónica”.

La cuestión presenta varios puntos dignos de análisis.

Preliminarmente, dado el tenor del presente, marcamos que -desde nuestro punto de vista- se trata de una normativa de emergencia, destinada a funcionar hasta tanto se supere la situación sanitaria. Creemos que los Considerandos de la Acordada (mas precisamente el VII) avalan este parecer. Allí leemos que “a fin de lograr una menor afluencia los tribunales, se advierte la necesidad de que las presentaciones que se realizan en las causas sean exclusivamente en formato digital, con firma electrónica, eximiendo la exigencia de su presentación en soporte material (Ley 26.685)”.

Evidentemente, entonces, con esta regulación se ha intentado consagrar una preceptiva que funcione frente a una situación sanitaria puntual y que, cuando ya no sea necesaria evitar la afluencia a los tribunales, desaparecerá su razón de ser.

No cabe, desde nuestro punto de vista, otra posibilidad y solo la emergencia puede justificar esta solución ya que -no habiendo mayores modificaciones a nivel estructural- hasta el 17 de Marzo del corriente solo se pudieran efectuar por esta vía presentaciones de mero trámite y, ahora, todas ellas (cualquiera sea su naturaleza, y salvo las iniciales de un proceso) deban efectuarse en este formato.

Entonces, y como sistema de emergencia, podemos ser mas elásticos al tiempo de analizar sus virtualidades: frente a una crisis tan grave, no parece que debamos atrancarnos en cuestiones dogmáticas.

En lo que hace a su funcionamiento, la norma es clara cuando señala que estas presentaciones contarán con “firma electrónica” y no con firma digital. Con lo cual, seguimos en el ámbito de la carencia de firma, por incumplimiento con las reglas del art. 288 del CCyCN.

Y ello no se zanja por el hecho de que, al ingresar al sistema se nos pida aceptar los términos, luego de la indicación que dice que “Por el presente solicito se me otorgue firma electrónica, al solo efecto de su uso en expedientes digitales que tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, reconociendo la autoría de los documentos validados con idéntica eficacia probatoria que la que provee la firma ológrafa en los términos del art. 288 del Código Civil”, con alguna referencia en cuanto al uso de la clave y el compromiso de no desconocer los documentos validados y presentados con ella, asumiendo la responsabilidad a su respecto.

Así, nos hallamos ante escritos que siguen teniendo, solamente, “firma electrónica”.

Hay un dato no menor; el Colegio Público de Abogados con fecha 17 de Marzo envió un pedido de aclaración a la Corte indicando que, en atención a lo dispuesto en el punto 11, precise los alcances de la presentación en formato digital a la que se refiere, señalando que “los términos del art. 288 del CCyCN resultarían incompatibles con lo establecido por los arts. 5 y 6 de la ley 25.506 y con lo dispuesto por la ley 26.685” al no encontrarse satisfecho el requisito de firma digital. O sea, y dicho de otro modo, lo mismo que estamos señalando aquí.

En cuanto a su uso en la práctica, tenemos que:

- Por esta vía, deberían efectuarse todas las presentaciones, salvo las iniciales de un proceso.

- Las mismas contarán, a lo sumo, con firma electrónica del letrado. Se presenta, entonces, la cuestión de la falta de firma del patrocinando (en los casos en que el letrado no sea apoderado), tema acerca del cual la norma no dice absolutamente nada. Salvo que se interprete que este mecanismo implica la necesidad de subir al sistema la copia digital del original firmado por ambos, tal como lo establece el art. 5 de la Ac. 3/2015. Ahora, y si esto fuera así, creemos que la norma es muy poco clara.

- La adjunción de documentación a las presentaciones en formato digital (claramente en referencia a los originales scaneados) conlleva una declaración jurada en cuanto a su autenticidad. No se dice absolutamente nada en cuanto a la necesidad, o tiempo, de presentación de los originales (y muchas veces los originales son necesarios en el proceso). Tampoco hay alusión acerca de dónde deben quedar estos originales (si en poder del letrado o de la parte). Quizás se ha procurado instalar, de algún modo, la figura del “letrado depositario”; de ser así, creemos que la normativa es claramente insuficiente para hacerse cargo de la totalidad de las facetas de este instituto.

- No deberá emitirse copia en papel. Lo cual implica la innecesariedad de imprimir las presentaciones que lleguen en formato digital. Esto conllevará, según creemos, la instalación de un expediente híbrido (tal como ha sucedido en la Provincia de Buenos Aires), con algunos problemas de compaginación.

De este modo, la lectura del precepto reafirma nuestra postulación previa en el sentido de que se trata de una solución de emergencia. Es que solo el ser una solución de emergencia, en medio de una crisis sanitaria, podría justificar que -luego de cinco años- aparezca una norma que apunte a la despapelización, pero planteada de una manera harto sintética y claramente insuficiente.

Por lo demás, la Acordada no ha previsto ninguna solución para dos problemas del momento, interconectados: el de la digitalización de las resoluciones judiciales (memoremos que en el ámbito nacional los magistrados no cuentan con firma digital aún, como sí sucede en la Provincia de Buenos Aires) y la cuestión del teletrabajo en el ámbito judicial (tema que sí se está estudiando en el ámbito de la provincia, cfe. Res. 6/2020 Suprema Corte de Justicia, dada su importancia para permitir un balance entre la continuidad del servicio de justicia y la seguridad de sus operadores, en medio de una situación de crisis sanitaria).

En conclusión: creemos que, con este precepto, se ha intentado construir una solución de emergencia, que solo procura evitar la afluencia de personas a los estrados tribunalicios durante este lapso.

Sistema que, en esencia, implica que todas las presentaciones a efectuarse se realicen como, hasta ahora, solo podían realizarse las de mero trámite.

Como solución de emergencia, y dictada en el singular contexto de la justicia nacional (donde el avance hacia el expediente digital durante el último lustro parece haber sido casi nulo), podemos considerarla razonable.

Aunque, paralelamente, entendemos que -superada la emergencia sanitaria- sería menester volver al sistema anterior y emprender, con mayor rigor técnico, el camino definitivo hacia la implementación del expediente digital en el ámbito de la justicia nacional.

A raíz de las diferentes consultas de matriculados, el Colegio Público de Abogados presentó una nota ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que el Máximo Tribunal aclare el sentido de la misma. Asimismo, publicó en su página web una Guía: "Acerca del punto 11) de la Acordada 4/2020".

Acceda a la guía haciendo click aquí

Fuente Erreius

 

(*) Coordinador de la publicación de Erreius “Temas de Derecho Procesal”