Hace un año comenzó a implementarse la sociedad por acciones simplificada (SAS) en la Ciudad de Buenos Aires, creada por la Ley 27.349.

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Desde su creación, se constituyeron en la Ciudad de Buenos Aires 4169 SAS hasta agosto de 2018. Esto, sin contar las que se constituyeron en el resto del país, de las cuales no hay datos actualizados, por no haberse adherido todas las provincias al sistema web de constitución.

Del total de SAS constituidas, 1746 (41%) son unipersonales.

En el transcurso de este año, se constituyeron 9685 sociedades en la capital argentina, de las cuales 3037 han sido SAS (31%); 2319, SA (25%) y 4329, SRL (45%).

Según explica el especialista Eduardo Favier Dubois, colaborador de la editorial Erreius, “dicho tipo social es útil no solo para ‘emprendedores’, sino particularmente para ‘empresas familiares’, como así para ser utilizada como ‘holding’ y para la titularidad individual de inmuebles”.

“La finalidad legal no ha sido otra que favorecer a los emprendedores de ‘garage’, jóvenes millennials acostumbrados a actuar en el mundo digital, con grandes ideas pero sin recursos para armar una estructura, y menos para financiar los proyectos. A esos fines, la ley facilita la actividad de los emprendedores y la constitución y el financiamiento de nuevas empresas”, destaca.

“Su mayor ventaja es la libertad estatutaria, que incluso admite incorporar los ‘pactos de socios’, por lo que resulta conveniente prever en sus estatutos la aplicación o no de determinadas reglas de la ley 19.550”, agrega el experto.

En este punto, de acuerdo al especialista, “el nudo gordiano de la interpretación pasa por admitir la validez de cualquier cláusula que se refiera a las relaciones de los socios entre sí y respecto de la sociedad. En cambio, ninguna cláusula que cercene los derechos de los acreedores sociales podrá ser válida”.

Además, tiene la posibilidad de captar capitales mediante diversos tipos de acciones o por medio del crowdfunding o financiamiento masivo por Internet.

Favier Dubois explica que la SAS “es una sociedad comercial personalista pero por acciones, que puede ser unipersonal y que combina la simplicidad de la SRL con ventajas propias de la SA, a las que suma flexibilidad y facilidades de constitución y actuación, bajos costos, posibilidad de acudir a la oferta pública de títulos valores,  y que no está sujeta a ninguna fiscalización de la Inspección General de Justicia, sino solo al control de legalidad del Registro Público de Comercio”.

Se encuentra regulada por los artículos 33 a 62 de la Ley de Emprendedores 27.349, con las modificaciones del Decreto 27/2018. También está regulada en CABA por la Inspección General de Justicia, en tanto autoridad a cargo del Registro Público de Comercio, por la Resolución General 6/2017, modificada por la RG 8/2017.

El Decreto 27/2018 modificó el art. 39 de la ley y admitió que puedan hacer oferta pública de títulos valores sin perder su condición de tales.

Desde lo tributario, se ha dictado una resolución conjunta entre la IGJ (4/17) y la AFIP (4098-E) para otorgar la CUIT.

En cuanto al régimen fiscal, la SAS tiene, luego de la reforma tributaria de la ley 27.430, el mismo tratamiento que la sociedad anónima.

Esta sociedad se declara como un nuevo tipo social, pero no se aplica la ley de sociedades sino en forma “supletoria” y siempre que sus normas no contradigan su finalidad.

Como excepción, sí se aplica la Ley General de Sociedades en materia de los derechos y deberes de los administradores, donde rigen las reglas de los gerentes de SRL, y en materia de liquidación.

O sea que las normas aplicables son:

- Lo previsto en el contrato social.

- Si no hay nada previsto en el contrato, lo previsto en la ley de SAS.

- Si nada se previó sobre algún tema ni en el contrato social ni en la ley de SAS, se aplica la ley de sociedades 19.550, siempre y cuando la solución no sea contraria a la finalidad de las SAS.

Por otro lado, este tipo societario “admite el objeto plural, con actividades no vinculadas entre sí, pero la sociedad no queda obligada por actos extraños al objeto, sino por los relacionados directa o indirectamente con el mismo”.

Además, permite pactar prestaciones accesorias por servicios de socios o terceros ya prestados o a prestarse, al valor que se determine, quedando claro que cuando corresponda, se aplica la Ley de Contrato de Trabajo.

Sobre la transferencia de acciones, la ley indica que se rige exclusivamente por el estatuto,  no se inscribe en el Registro Público sino en el Registro de Acciones que lleva la sociedad, y el contrato puede limitar las transferencias o prohibirlas por diez años.

Los administradores pueden fijarse por plazo indeterminado, con un suplente, si no hay órgano de fiscalización, debiendo inscribirse los cambios en el Registro Público.

La ley establece que la SAS puede tener un solo administrador, a pesar de que su capital supere los $ 10.000.000, y tiene libertad para organizar la administración, gobierno y fiscalización, pudiendo tener gerentes o directores, reuniones o asambleas, o prever órganos con distintas funciones.

En cuanto a la resolución de conflictos, da la posibilidad expresa de acudir al arbitraje.

 

Fuente: Erreius.