Es nula cualquier renuncia de derechos de los consumidores en los contratos de tarjetas de crédito

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el pedido de ejecución de sumas de dinero solicitada por un banco ante la falta de pago de saldos deudores de la tarjeta de crédito por ser contraria a las leyes 25.065 y 24.240.

En el caso “Banco Santander Río S.A. c/Quintero, Marcelo Hernán s/Ejecutivo”, la entidad accionante apeló la resolución que rechazó su solicitud porque, entre otros puntos, argumentó que el cliente había firmado un contrato en el que se establecía la posibilidad de llevar a cabo ese juicio.

La decisión en la Cámara se dio por mayoría.

El voto mayoritario de la Sala F sostuvo que “el art. 42 de la Ley 25.065 establece imperativamente que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas "exclusivamente" a ese solo efecto, no serán susceptibles de cobro ejecutivo”, para lo cual “deberá la entidad emisora preparar la vía en el modo indicado en el art. 39 de la ley”.

En tal sentido, los camaristas destacaron que “cualquier renuncia de derechos impuesta en el contrato de apertura de la cuenta corriente bancaria o en el contrato de tarjeta de crédito que implique derechos derivados de la ley que regula esta última materia, configuraría una cláusula nula por receptar una renuncia de derechos indisponibles (cfr. art. 37 inc. b de la Ley 24.240, art. 14 inc. a Ley 25.065)”.

Por lo que los magistrados Alejandra Tevez y Rafael Barreiro añadieron que “el débito de cargos por resúmenes de tarjeta de crédito en saldos deudores en cuenta corriente deberá igualmente cumplimentar todas las disposiciones que las leyes antes referidas contienen tanto para obtener su cobro, como en lo relativo a los deberes de información”.

Luego agregaron que “ante el requerimiento efectuado, la entidad bancaria accionante manifestó que la cuenta corriente no tenía como único fin debitar los saldos de la tarjeta de crédito, declarando los montos correspondientes a tal concepto”.

Sobre la base de ello, y sumado a que “no fueron cuestionadas las formas extrínsecas del título que aparece emitido con sujeción a lo dispuesto por la ley y descartado apriorísticamente que nos encontremos frente a un supuesto de apertura de una cuenta corriente con el fin exclusivo de debitar el saldo de tarjeta de crédito -denominada "cuenta instantánea"”.

Por lo que resolvió que “el título en cuestión resulta prima facie hábil a fin de ser ejecutado mediante este trámite, apreciándose adecuada la exclusión del importe proveniente de operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses (compensatorios y punitorios) en tanto el certificado base de las presentes no cumple con los requisitos previstos por la Ley 25.065, arts. 39 y 41”.

En tanto, el voto en disidencia del juez Ernesto Lucchelli destacó que “siendo que la Ley 25.065, artículo 42 veda, solamente, la vía ejecutiva al saldo deudor en cuenta corriente abierta con el fin exclusivo de introducir en ellas liquidaciones de tarjetas de crédito, caso que asiste razón al recurrente en tanto, además, el documento base cumple, como se dijo, con los requisitos previstos por la ley”.

En el artículo “La cláusula abusiva sancionatoria por incumplimiento del consumidor en operaciones financieras y de crédito para el consumo. Supuestos de aplicación”, publicada en Erreius online, Diego S. González Vila explica que en esta clase de casos “se restringen ilícitamente los derechos del consumidor ampliando injustificadamente los derechos del proveedor lesionando de ese modo la dignidad, el trato equitativo y la tutela de los intereses económicos de raigambre constitucional del consumidor financiero (art. 42, CN)”.

Esas normas indican que el sistema de leyes regulatorio de las relaciones de consumo -como es el caso sub examine- deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección del consumidor y acceso al consumo sustentable (arg. art. 42, CN y 1094, CCyCo.)”, agregó el especialista.

Estas renuncias “permiten un desequilibrio ostensiblemente perjudicial e injustificadamente oneroso en detrimento del consumidor, conculcando no solo la normativa específica sobre las cláusulas abusivas”.

Además de ello, este tipo de cláusula es anatematizada por las disposiciones de la LDC y el CCyCo., que ordenan la interpretación del contrato de consumo en el sentido más favorable al consumidor, adoptando siempre aquella obligación menos gravosa para el adherente, por lo tanto, sin hesitación alguna puede afirmarse con toda contundencia que es menos gravoso para el consumidor la devolución del préstamo en cuotas que tener que restituir el crédito de contado y en un solo pago con los intereses y costas que se hubieran devengado.

Y agregó que, en esta clase de vínculos, hay tres puntos a tener en cuenta:

i) Los derechos del consumidor son de orden público (arts. 65, LDC y 12 del CCyCo.).

ii) La interpretación debe realizarse siempre a favor del consumidor, porque son derechos humanos esenciales y por expresa disposición de los artículos 1, 2, 1094 y 1095 del CCyCo. y 3 y 37 de la LDC.

iii) Se tendrán por no convenidas o se declarará la nulidad de las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte [arts. 13, 988 -inc. b)-, 1117, 1119 y 1122 del CCyCo. y 37 -inc. b)-, L. 24240].

Por último, advierte que “siempre los proveedores invocan la libre y determinada autonomía de la voluntad del consumidor para implementar renuncias a derechos reconocidos en el estatuto consumeril, pero nunca para aumentar su protección, razón por la cual, esas renuncias anticipadas en los contratos de consumo (y sus anexos contractuales) deben ser interpretadas restrictivamente, a punto tal de concluir que todas las renuncias -insertas a modo de autorización a favor del proveedor para exigir de pleno derecho el saldo pendiente de pago- en los contratos de consumo son nulas iure et de iure, además de que afectan la ubérrima buena fe contractual que debe primar en los contratos de consumo y son lesivas de la confianza y las legítimas expectativas del consumidor cuyo principio tiene reconocimiento normativo en el artículo 1067 del CCyCo”.

Fuente Erreius