Puntos destacados de la “ley Brisa”, que establece una reparación económica a hijos de víctimas de femicidio

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El Congreso aprobó la denominada “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

La nueva normativa, aprobada por Diputados esta semana y por el Senado en mayo del año pasado, propone, entre otros puntos, que se cree un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.

Algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, ya tienen una norma similar. La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y, desde ese momento, el Poder Ejecutivo tendrá treinta días para reglamentarla y determinar cuál es la autoridad de aplicación.

El artículo 1 crea el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora;
b) La acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal en la que se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte;
c) Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género.

Asimismo, indica que son destinatarios de esa reparación las personas menores de 21 años o con discapacidad (en este caso, sin límite de edad) que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo mencionado más arriba;
b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género;
c) Ser argentino o residente de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la ley 25.871.

El monto deberá ser abonado por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417.

Será inembargable y se abonará por cada menor de 21 años o con discapacidad. Será retroactivo al momento de cometerse el delito, aunque este se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley.

Dicha percepción solo se extinguirá en caso del sobreseimiento o la absolución del/la progenitor/a y/o progenitor/a afín procesado/a como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio respecto de la progenitora y/o progenitora afín de los/as hijos/as en común.

En estos casos, la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos. Para los destinatarios contemplados en el inciso c del artículo 2 de ley (argentino o residente de acuerdo con el artículo 22 y 23 de la ley 25.871), la ausencia ininterrumpida y continua por más de 2 años del territorio hace caducar la prestación.

Esta reparación económica es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as.

“Los titulares de la reparación son las personas menores de 21 años o personas con discapacidad, destinatarios/as de la prestación y esta debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante. Al cumplir los 18 años, las/os titulares de la prestación la perciben directamente”, agrega el texto.
Por ningún motivo la prestación puede ser percibida por quien haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra alguno de los progenitores y/o progenitores afines de las niñas, niños y adolescentes que resulten destinatarios de esta.

Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente.

En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.

Además, señala que los recursos que demande el cumplimiento de la ley deben incorporarse a las partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional que correspondan, y se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y modificaciones pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

Con respecto a la cobertura de salud, la norma establece que los destinatarios tienen derecho a que el Estado nacional les asigne una, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica.

Si ya se encuentran cubiertos por una empresa de medicina prepaga o de obras sociales, la siguen percibiendo en los términos de las leyes 23.660 y 26.682.

En su parte final, el texto indica que el Estado Nacional debe implementar en forma urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar en forma prioritaria su atención integral.

El funcionario o funcionaria que incumpla las acciones tendientes a asegurar la reparación económica aquí prevista es considerado/a incurso/a en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo el seguimiento y control de la ley, y a tal fin pueden intervenir los organismos competentes en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con las disposiciones de la ley 26.061.

Fuente: Erreius