Reglamentaron la “ley Brisa” que establece una reparación económica a hijos de víctimas de femicidio

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A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio.

El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora.
De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes.
b) La acción penal seguida contra su progenitor y/o progenitor afín, en la causa penal en la que se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte. Según el decreto, la muerte debe haber sido determinada por autoridad judicial competente.
c) Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines hayan fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género. Según la norma publicada este lunes 1 de octubre en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género.
 
Destinatarios
La ley sancionada por el Congreso a mediados de este año indica que son destinatarios de esa reparación las personas menores de 21 años o con discapacidad (en este caso, sin límite de edad) que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo mencionado más arriba;
b) Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género;
c) Ser argentino o residente de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la ley 25.871.
El monto deberá ser abonado por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417.
Será inembargable y se abonará por cada menor de 21 años o con discapacidad. Será retroactivo al momento de cometerse el delito, aunque este se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley.
De acuerdo al decreto, los requisitos y formalidades para acreditar el vínculo requerido para aplicación de los incisos a y b serán establecidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), en su carácter de autoridad de aplicación.
Las personas con discapacidad deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente, emitido por autoridad competente. Dicho estado se considerará al momento en que se produce el delito.
En tanto, los residentes referidos en el inciso c deberán acreditar residencia mínima de dos años de manera ininterrumpida y continua, presentando constancia de domicilio actualizada, emitida por la Policía Federal Argentina u organismo público jurisdiccional competente.
 
Percepción del beneficio
Según la Ley 27.452, la percepción solo se extinguirá en caso del sobreseimiento o la absolución del/la progenitor/a y/o progenitor/a afín procesado/a como autor/a, coautor/a, instigador/a o cómplice del delito de homicidio respecto de la progenitora y/o progenitora afín de los/as hijos/as en común.
En estos casos, la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos. Para los destinatarios contemplados en el inciso c del artículo 2 de ley (argentino o residente de acuerdo con el artículo 22 y 23 de la ley 25.871), la ausencia ininterrumpida y continua por más de 2 años del territorio hace caducar la prestación.
Esta reparación económica es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as.
De acuerdo al decreto, será indispensable que los destinatarios de la reparación económica cumplan con los requisitos formales establecidos en la reglamentación y su normativa complementaria al momento de promover su inclusión al régimen.
Además, la reparación económica será retroactiva a la fecha de la comisión del delito que la origina cuando este se produjo con posterioridad a la sanción de la Ley 27.452.
Y, para los supuestos en donde la comisión del delito que origina la reparación económica se haya producido con anterioridad a la sanción de la Ley 27.452, su aplicación será retroactiva a la fecha de la promulgación.
La autoridad de aplicación podrá determinar causales y plazos de suspensión de la percepción de la reparación económica, sin que ello implique la extinción del derecho.
De acuerdo a la ley, “los titulares de la reparación son las personas menores de 21 años o personas con discapacidad, destinatarios/as de la prestación y esta debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante. Al cumplir los 18 años, las/os titulares de la prestación la perciben directamente”.
Por ningún motivo la prestación puede ser percibida por quien haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra alguno de los progenitores y/o progenitores afines de las niñas, niños y adolescentes que resulten destinatarios de esta.
Para hacerla efectiva, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente.
El decreto indica que esa documentación debe ser emitida por autoridad judicial competente y aclara que el derecho a esa reparación económica es personalísimo y se extingue con el fallecimiento del titular, sin que genere derechohabientes de la prestación.
En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
Además, el decreto señala que la reparación económica del régimen es incompatible con beneficios otorgados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, que tengan carácter reparatorio originado en el mismo hecho.
En tal supuesto, el destinatario deberá ejercer su derecho a optar por uno de ellos.
Además, la ley señala que los recursos que demande el cumplimiento de la ley deben incorporarse a las partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional que correspondan, y se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y modificaciones pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.
 
Cobertura de salud
Con respecto a la cobertura de salud, la norma establece que los destinatarios tienen derecho a que el Estado Nacional les asigne una, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica.
Si ya se encuentran cubiertos por una empresa de medicina prepaga o de obras sociales, la siguen percibiendo en los términos de las leyes 23.660 y 26.682.
En su parte final, el texto indica que el Estado Nacional debe implementar en forma urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar en forma prioritaria su atención integral.
Según el decreto, la cobertura integral de salud a la que tienen derecho los destinatarios/as será brindada mediante el Sistema de Salud Público.
El funcionario o funcionaria que incumpla las acciones tendientes a asegurar la reparación económica es considerado/a incurso/a en el tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
Autoridad de aplicación
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo el seguimiento y control de la ley, y a tal fin pueden intervenir los organismos competentes en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con las disposiciones de la ley 26.061.
El decreto faculta al titular de la SENNAF a dictar las normas aclaratorias y complementarias y todas aquellas medidas que resultaren necesarias para su instrumentación, en el marco de sus respectivas competencias.
Además, tendrá a su cargo la administración de los recursos dispuestos para el cumplimiento de la misma, mientras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo la tramitación administrativa, liquidación y puesta al pago de la prestación.
Por otro lado, el decreto también crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Ley 27.452, que tendrá por finalidad el monitoreo y control del Régimen de Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes.
Dicha comisión será el órgano encargado de promover el seguimiento social de los menores, su ámbito familiar y de los/las guardadores/as, tutores/as, curadores/as, adoptantes, priorizando las solicitudes de los destinatarios/as que acrediten situación o riesgo de vulnerabilidad socio-económica y estará integrada por representantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el Instituto Nacional de las Mujeres y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La SENNAF deberá:
a. Informar mensualmente y certificar ante el organismo responsable de la liquidación y pago de las reparaciones económicas como, así también, actualizar la información brindada en caso de producirse variaciones o ajustes en la situación de la prestación.
b. Realizar un seguimiento periódico de la situación penal del progenitor/a procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio, debiendo informar a la ANSES cualquier situación que implique modificar lo concerniente al pago de la prestación.


Fuente: Erreius