Alimentos de menores: ordenan retener un porcentaje de los haberes del abuelo mientras el padre no tenga un empleo registrado

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La sala I del Tribunal de Familia de San Salvador de Jujuy hizo lugar a una acción de alimentos a favor de un niño de 10 años y estableció que una vez que el padre comience a trabajar en relación de dependencia y se encuentre debidamente registrado, se le a retenga el 30% de los haberes a favor de su hijo.

Además, se estableció que, en caso de incumplimiento del padre, se le retenga al abuelo paterno, el equivalente al 20% de sus haberes, que se destinarán a solventar los gastos del niño.

De acuerdo a la resolución del caso “S., M. T. c/B., R. D. y B., R. M. s/alimentos”, el padre, desde el momento de notificación la demanda, debe afrontar el 70% de los gastos de alquiler y expensas en las que deba residir su hijo, debiendo mantener el nivel de vida del niño a fin de asegurar su bienestar.

En este expediente, se presentó la madre del menor, que presentó una demanda de alimentos en contra del padre y el abuelo paterno de aquel.

La mujer relató que vivía en un inmueble que presuntamente alquilaba su expareja, y que luego de la separación la familia de este la habría intentado desalojar. Señaló que el demandado es arquitecto y propietario de varios inmuebles, que se encuentra inscripto en la Categoría C del Monotributo, con ingresos declarados de $25.000 y otros no declarados.

Indica que el menor tiene diversos problemas de salud que requieren tratamiento, por lo que solicitó una cuota alimentaria que no sea menor a $25.000. Requirió que en caso de incumplimiento del padre, se estipule una cuota alimentaria en contra del abuelo paterno. El demandado ofreció $8.000, más prestaciones en especie.

El demandado acompaña una certificación de ingresos personales, donde informa que percibe $32.231 en concepto de alquileres. En ese documento, el contador da cuenta que el informe no constituye auditoría alguna y que tampoco representa la emisión de un juicio técnico.

El contador indica que el informe está basado solo en la declaración preparada por el Sr. R B y que es de exclusiva responsabilidad del declarante. Por tal motivo, para los juezas María Julia Garay y Claudia Lamas Juárez, esto constiuía un indicio de ingresos mínimos, no máximos.

Para jugar el monto, tuvieron en cuenta que el demandado no denunció tener otras cargas de familia, ni gastos de vivienda y que las tareas cotidianas que realiza la madre, quien convive con el niño, tiene un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.

En consecuencia, establecieron una cuota alimentaria a favor del niño de $11.000. Esta suma deberá ser incrementada de acuerdo al tiempo, al modo, y al porcentual de los aumentos que otorgue el Poder Ejecutivo Provincial a los empleados públicos provinciales.

Y destacaron que, en caso que el principal obligado comience a trabajar en relación de dependencia y se encuentre debidamente registrado, se le procederá a retener el 30% de los haberes que por todo concepto perciba, con más sueldo anual complementario y asignaciones familiares que correspondan por su hijo. Ello, teniendo presente la situación de salud actual del menor al momento de dictar sentencia.

Por último, las partes hacen saber de un conflicto con relación al alquiler del inmueble donde reside el niño.

En este punto, el demandado acompañó una copia simple de un contrato de locación sin fecha cierta donde le alquila a su propio padre el inmueble en el que actualmente reside la actora y el niño. Allí se acuerda un precio de diez mil pesos mensuales, actualizable en un 7% de manera semestral.

Al analizar este ítem, las juezas indicaron que el abuelo del menor intimó a la actora, quien no es parte en el contrato de alquiler, a que desocupe el inmueble por falta de pago.

La actitud del padre del niño, al dejar de pagar la cuota de alquiler que él mismo firmó, y del abuelo paterno aquí demandado (ambos son parte del contrato adjuntado por el mismo demandado), constituye una vulneración de su interés superior, toda vez que reconocen que el menor padece de enfermedades, pero -a la vez- dejó de abonar la vivienda en la que residían. Se tiene presente que el abuelo paterno es parte co-locadora en el contrato de locación donde su propio hijo es el inquilino; mientras que ponen en cabeza del Sr. R A B, el otro locador, el trabajo de realizar las intimaciones”, especificaron las magistradas.

En este sentido, agregaron que del art. 659 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) surge que la vivienda es parte del concepto de obligación alimentaria, comprendida en la noción de manutención y asistencia.

Ello, porque debe ser concordado con lo establecido en el art. 541 del CCCN en cuanto dispone que “La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación”.

Desde el punto de vista de los Derechos Humanos, remarcaron que el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido y la vivienda (...)”. En el mismo sentido se explaya el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además tuvieron en cuenta que de la misma prueba aportada por el alimentante surge que cuenta con tres inmuebles que alquila a terceros.

Es prudente que el demandado asegure el derecho a la vivienda de su hijo no conviviente, cuyos problemas de salud se encuentran acreditados, abonando el 70% de los gastos de alquiler y expensas que surjan de dicho contrato, debiendo mantener el nivel de vida del niño a fin de asegurar su bienestar. Se aclara que el alquiler no implica la misma vivienda en que se encuentra residiendo el menor, sino que lo que se asegura es la cuota alimentaria a fin de abonar el alquiler de un inmueble que mantenga el nivel de vida del niño, en las mismas condiciones actúale”, agregaron.

Con relación al abuelo paterno, el art. 668 del CCCN establece que “los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado”.

En este expediente, si bien el demandado principal demostró voluntad de pago, también surge de las presentes conclusiones que la misma no es suficiente para cubrir las necesidades alimenticias del niño, en cuanto la situación de falta de pago del alquiler por parte del principal obligado, vulneró el derecho del niño. Ello, ante la actitud pasiva del abuelo paterno, quien también es locador del mismo inmueble que alquila su hijo y dejó de abonar ante la separación de los padres del niño”, indicaron las juezas.

Por ese motivo,  en caso de incumplimiento del padre del menor, ordenaron retener al abuelo paterno, el equivalente al 20% de sus haberes, con más sueldo anual complementario y asignaciones familiares que correspondan por su nieto.

Fuente: Erreius