Declaran prescriptas las cuotas alimentarias impagas mayores a dos años luego de la demanda

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El Juzgado de Familia n. 1 de Tigre hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por un obligado alimentario y, en consecuencia, declaró prescriptas las cuotas impagas mayores a dos años luego de interpuesta la demanda.

En el caso “A S. A. c/S. A. J. M s/ejecución de alimentos”, el 19 de agosto de 2020, una mujer promovió una demanda contra su exmarido por el incumplimiento de la cuota alimentaria acordada entre las partes y homologada el 22 de febrero de 2013 en el juicio de divorcio.

Intimado al pago en los términos del art. 645 del Código Procesal Civil y Comercial, el demandado contestó y opuso excepción de prescripción y de pago.

Negó lo relatado por la contraparte y afirmó que siempre abonó la escolaridad de su hijo, a quien le entregó el dinero de las cuotas correspondientes al año 2020 en mano para que haga los pagos en el colegio en efectivo dado que, por la cuarentena y el abultado monto, no era posible pagar la factura en pago fácil.

Reconoció no haber abonado las cuotas correspondientes al ciclo lectivo 2019. Agregó que los niños actualmente pasan tiempo en ambas casas, debiendo cada progenitor solventar sus gastos en dichos períodos y que, en forma periódica, les da dinero para viáticos, salidas, esparcimiento, vestimenta, etc.

Por otra parte, indicó que acordaron de palabra con su exesposa que la cuota alimentaria y el dinero correspondiente al pago de los colegios se lo daría en mano a ella o a sus hijos de forma indistinta.

Luego remarcó que ese acuerdo “funcionó perfectamente hasta el día de la fecha” pero que, a pesar de ello, la mujer pretendía reclamar cuotas prescriptas y dinero que ya abonó.

La actora pidió que se rechace la excepción opuesta ya que el demandado no ha acompañado ni un solo recibo o constancia de depósito, lo que daba cuenta de que no cumplió con la obligación alimentaria a su cargo.

En ese sentido, refirió que existen plazos en juego aún no prescriptos que entran bajo la vieja redacción del código ya que “la opinión mayoritaria durante la vigencia del Código Civil derogado señalaba que se aplicaba el plazo quinquenal dispuesto en el inciso primero del art. 4023” y que “en el nuevo Código resultan aplicables los arts. 2554 y cctes. y que el principio general, establecido en el art. 2560, dispone que el plazo de prescripción es de 5 años”.

Por último, adujo que la defensa de una prescripción de 2 años no resulta aplicable al supuesto de autos ya que se trata de cuotas alimentarias autónomas y no de cuotas periódicas y que a pesar de que la cuota alimentaria era de un valor muy exiguo y había sido fijada sin ningún tipo de índice inflacionario, el demandado eligió no pagar.

La prescripción

Al analizar el caso, la jueza Sandra Veloso explicó que el art. 2562 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación establece que "Prescriben a los dos años (...) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas".

El fundamento de la prescripción de las cuotas devengadas e impagas ante la inacción del acreedor "responde a la seguridad jurídica y a una realidad: aquel que no ha exigido el pago durante el plazo establecido por la ley, demuestra claramente que no lo necesita, y la necesidad es, en definitiva, la ratio última de toda prestación alimentaria".

"No hay duda de que las deudas por alimentos devengados y no percibidos se encuentran comprendidas en la fórmula 'todo' lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos", indicó la magistrada.

"Frente a los créditos alimentarios, (...) la posición quizás mayoritaria postula que en todos los casos en que los alimentos devengados y no percibidos han sido fijados en una sentencia, sea condenatoria u homologatoria de un acuerdo, el plazo de prescripción para reclamar los atrasos es el plazo especial previsto respecto de las prestaciones periódicas o fluyentes en el sistema vigente, dos años", agregó.

En lo relativo al derecho transitorio, el art. 2537 determina que "los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior".

Es decir, para la jueza, “el Código Civil derogado fijaba un plazo de prescripción quinquenal para las cuotas alimentarias (art. 4027 CC) y no contenía una norma expresa respecto de los reclamos por repetición de lo pagado en concepto de alimentos. En cambio, el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley 26.994, en vigencia desde el 1 de agosto de 2015 (ley 27.077), fija el plazo de prescripción de 2 años para el reclamo de los alimentos devengados y no percibidos y de 1 año para los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos”.

Por ello, se colige que con fecha 1 de agosto de 2017, han prescripto las cuotas reclamadas por la actora anteriores al 1 de agosto de 2015.

Por otra parte, y tomando en consideración que la demanda impetrada el 19 de agosto de 2020 ha interrumpido el curso de la prescripción (art. 2541 CCyCN), declaró prescriptas las cuotas reclamadas anteriores al 19 de agosto de 2018.

Pago documentado

En cuanto a la ejecución de alimentos, la jueza indicó que cuenta con un trámite específico, en cuyo marco la única defensa admisible es la del pago documentado.

“La excepción de pago en la ejecución de juicios de alimentos debe probarse documentalmente al deducirla, con exclusión de otros medios probatorios. Para obtener la ejecución forzada de la sentencia de alimentos, al beneficiario le basta con alegar la falta de pago de la cuota, quedando a cargo del obligado la aportación de prueba en contrario a través de la presentación de los respectivos comprobantes. Este criterio riguroso tiende a crear una cuidadosa tutela del derecho del alimentado”, enfatizó.

"En el caso de los alimentos, mientras no exista convenio o sentencia judicial, la obligación alimentaria es alternativa y puede satisfacerse tanto en dinero como en especie. Pero determinada la forma en que habrá de cumplirse con la prestación, cesa el derecho del alimentante a la elección, por lo que, a partir de ese momento, conforme lo prescripto por los arts. 374 y 825 del Código Civil, no pueden compensarse las erogaciones que pudieran haberse hecho en beneficio de los alimentados, las que se considerarán simples liberalidades".

“Lo cierto es que, una vez fijada judicialmente la cuota a abonar, el deudor se exime de su obligación únicamente cumpliendo lo debido, y no mediante otros pagos, aún cuando estos se hayan efectuado en beneficio de sus hijos”, remarcó la magistrada.

Y consideró que “lo referido a los pagos que ha hecho directamente a sus hijos ha sido una manifestación unilateral del Sr. S., que no ha sido consentida de ninguna forma por la Sra. A”.

“Esta manifestación unilateral no puede tomarse como una modificación a lo decidido judicialmente”, concluyó y ordenó llevar adelante la ejecución por el monto pactado en efectivo por el período comprendido entre septiembre de 2018 y julio de 2020.

Fuente: Erreius